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RIESGOS PROFESIONALES. EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL POR INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, IGUAL O MENOR AL VEINTICINCO POR CIENTO, CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ABROGADA Y VIGENTE, NO IMPIDE OTORGAR AL ASEGURADO LAS PRESTACIONES EN ESPECIE, PUES A ÉSTAS TAMBIÉN TIENE DERECHO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2000-SS. · Registro digital (IUS): 6633
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEXTO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, , Pág. 116.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEXTO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997 de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de tesis, en materia de trabajo, suscitada entre el Primero, Sexto y Noveno Tribunales Colegiados, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los preceptos citados en el considerando anterior, toda vez que la formularon los Magistrados que integran el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se estima posiblemente contradictorio con los demás.

TERCERO. Como se observa, consta en autos que el treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 5429/96, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, determinó conceder el amparo solicitado contra el acto que hizo consistir en el laudo dictado por la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral 349/97 promovido por Roberto Reyes Rosas y para ello se apoyó en las consideraciones siguientes:

"TERCERO. Los conceptos de violación son infundados en parte y fundados en otra, atento a las siguientes consideraciones: Aduce el instituto quejoso, que la Junta indebidamente lo condena a otorgar una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiere correspondido a la actora, a pesar de que con la prueba pericial médica no se demostró el nexo de causalidad entre el padecimiento y las labores que desarrollaba, lo que le daría el carácter de profesional a la afectación. No le asiste razón al promovente del amparo en lo que argumenta, toda vez que en el dictamen de la perito tercero en discordia, en el cual se apoyó la responsable para decretar la condena respectiva, se asentaron los antecedentes laborales, haciéndose relato de que estuvo expuesta a polvos metálicos, solventes, sonidos de gran magnitud y agentes mecánicos en general, así como exposición a polvos de fibras de algodón y sintéticas (foja cincuenta y siete); de lo cual una vez hecha la exploración física, la experta médica determinó que el padecimiento de bronquitis química industrial que le confiere un veinte por ciento de disminución orgánico funcional, es del tipo profesional. De ahí, que la perito sí tuvo elementos suficientes para concluir como lo hizo. Pero aunado a lo anterior, el propio instituto dentro de sus excepciones, opuso la de pago, señalando al efecto que ya le otorgó y pagó a la accionante la pensión que reclama (foja veintinueve), de lo que se sigue que reconoce la existencia de la incapacidad. Ahora bien, dentro del material probatorio aportado por la institución quejosa se encuentra una resolución de su Subdirección General Técnica para el otorgamiento de pensión por incapacidad permanente (foja cuarenta y dos), en donde se describe que el padecimiento es bronquitis química ‘sec inhalación polvos de telas fibras sintéticas’, valuada en diez por ciento. Del análisis de dicha documental se obtiene que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya había reconocido que la afectación de la accionante es debido a un riesgo de trabajo, y en lo único en que no coincide con la determinación de la Junta es en el porcentaje, existiendo por tanto, confesión expresa en cuanto al origen profesional del multicitado padecimiento. No está por demás mencionar que el documento aludido fue presentado en copia fotostática, el cual fue objetado por este motivo y no fue perfeccionado; sin embargo, si por esa razón no puede beneficiar al oferente, sí puede probar en su contra, como en la especie. En otro concepto de violación afirma el peticionario de garantías que en el ‘laudo impugnado de manera indebida se ordena la apertura del incidente de liquidación, siendo que se cuenta con los elementos necesarios para efectuar la cuantificación correspondiente, dentro de las condenas se encuentra la del otorgamiento de los incrementos que sufra la cuantía en términos del artículo 75 de la Ley del Seguro Social, a partir de la fecha del presente laudo’ (foja sesenta y ocho). En tal virtud, al existir tal determinación por parte de la responsable, es indudable que se está en el supuesto del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que establece que sólo por excepción podrá ordenarse la apertura del incidente de liquidación. En otro apartado de su queja apunta el promovente del juicio constitucional, que la Junta indebidamente lo condena al pago de las prestaciones en especie contenidas en los artículos 63 y 92 de la Ley del Seguro Social; ello no obstante que la condena principal no consistió en el otorgamiento de una pensión, sino en una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la que le hubiese correspondido. Es fundado lo que se alega en tal sentido, ya que efectivamente al consistir la condena en una indemnización tiene como consecuencia que se dé por terminado el vínculo entre el asegurado o pensionado y el instituto; no estando dentro de la otra hipótesis, esto es cuando se otorga una pensión que es cubierta mes a mes, originándose que perdure la relación entre la institución y el beneficiario de la pensión, de tal suerte que a este último se le deban proporcionar las prestaciones en especie a las que se ha hecho alusión mientras dure el pago de la misma. En atención a las relatadas consideraciones, al resultar violatorio de garantías el laudo reclamado, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Junta responsable lo deje insubsistente y dicte otro en el que tomando en consideración que se condenó a cubrir una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido a la actora, absuelva del pago de las prestaciones en especie previstas en los artículos 63 y 92 de la Ley del Seguro Social; debiendo dejar intocados los restantes puntos de condena y absolución. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V de la Constitución General de la República; 44, 46, 158, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso d) y 41, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al Instituto Mexicano del Seguro Social contra los actos de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente y actuario de la misma que hizo consistir de la primera autoridad en el laudo de fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, dictado en el juicio laboral número 1013/95, seguido por Silvia Silva Hernández en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social; y de las otras autoridades, los actos de ejecución correspondientes. El amparo se concede para el efecto precisado en la parte final del último considerando. Notifíquese ..."

En el mismo sentido fueron resueltos los diversos juicios de amparo directo DT. 349/97, 3189/97, 9479/97 y 8329/99, promovidos, el primero por Roberto Reyes Rosas y los restantes por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las ejecutorias dictadas en los amparos mencionados no se transcriben por ser innecesario en obvio de repeticiones inoficiosas, al apoyarse, en esencia en las consideraciones anteriormente reproducidas.

De las ejecutorias dictadas en los amparos de mérito, emergió la jurisprudencia, cuyos datos de localización y título son:

"Novena Época

"Instancia: Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, septiembre de 1999

"Tesis: I.9o.T. J/38

"Página: 757

"SEGURO SOCIAL. PRESTACIONES EN ESPECIE EN CASO DE RIESGO PROFESIONAL. El grado de incapacidad en un porcentaje del veinticinco por ciento o menor de disminución de la capacidad orgánico-funcional, conforme a la fracción III del artículo 65 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, hace acreedor a quien la padece, a que en sustitución de una pensión, se le otorgue una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. El artículo 63 del mismo ordenamiento legal dispone que quien sufra un riesgo de trabajo tendrá derecho a prestaciones en especie consistentes en asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; servicio de hospitalización; aparatos de prótesis, de ortopedia, y a rehabilitación. Ahora bien, debe entenderse que estos beneficios se proveen a quienes se encuentran dentro del régimen de seguridad social mediante la asignación de una pensión que les da la calidad precisamente de pensionados, en cuyo caso perdura la relación entre la institución y el beneficiario de la pensión; pero no en aquellos casos en que el porcentaje de incapacidad determinado da lugar a una indemnización global, pues en esta hipótesis como se extingue el vínculo entre asegurado e instituto el indemnizado no tendrá derecho a las prestaciones en especie mencionadas."

CUARTO. De las copias certificadas de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo 7001/99 promovido por Guadalupe Ibarra Rosas, contra el acto de la Junta Especial Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se advierte que negó el amparo solicitado y para ello consideró lo siguiente:

"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación, conduce a determinar lo siguiente: Alega la peticionaria de amparo, que la Junta responsable vulnera en su perjuicio garantías individuales al dictar un laudo incongruente, pues condenó al instituto demandado a otorgarle una pensión por incapacidad parcial permanente del 20% (veinte por ciento), sin que se encuentre facultada para oponer de manera oficiosa excepciones y defensas que no opuso el demandado en su contestación. Lo alegado es infundado, pues aun cuando el instituto demandado no se excepcionó en esos términos, la determinación de la Junta responsable de sustituir el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente determinada en un 20% (veinte por ciento), no resulta ilegal, habida cuenta que por disposición legal procede la indemnización global cuando el porcentaje de incapacidad determinado no exceda del porcentaje a que se refiere el último párrafo, fracción III del artículo 65, de la anterior Ley del Seguro Social, supuesto en el que la pensión se sustituirá por el pago de cinco anualidades. En otro aspecto, arguye la quejosa que la Junta responsable omite incorrectamente condenar al otorgamiento de las prestaciones en especie a que se refieren los artículos 63, 65 y 92, de la anterior Ley del Seguro Social, así como al incremento de las prestaciones en especie a que se refiere el artículo 75 de dicha ley. Es infundado lo alegado, habida cuenta de que en la especie, el grado de incapacidad determinado a la quejosa lo fue en un porcentaje del veinte por ciento de disminución de la capacidad orgánico funcional, por tanto, si conforme a la fracción III del artículo 65 de la Ley del Seguro Social, lo procedente es que en sustitución de una pensión, se le otorgue una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido, no le corresponden las prestaciones en especie a que se refiere el artículo 63 del mismo ordenamiento legal, que dispone que quien sufra un riesgo de trabajo tendrá derecho a prestaciones en especie consistentes en asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; servicio de hospitalización; aparatos de prótesis de ortopedia y rehabilitación; beneficios que se proveen a quienes se encuentran dentro del régimen de seguridad social mediante la asignación de una pensión que les da la calidad precisamente de pensionados, en cuyo caso perdura la relación entre la institución y el beneficiario de la pensión; pero no en este caso en que el porcentaje de incapacidad determinado da lugar a una indemnización global, pues en esta hipótesis como se extingue el vínculo entre asegurado e instituto, el indemnizado no tiene derecho a las prestaciones en especie mencionadas. Lo mismo ocurre en relación con las prestaciones relativas al aguinaldo, incremento a las pensiones y seguro de enfermedades a que se refieren los artículos 65, fracción IV, 75 y 92, respectivamente, de la anterior Ley del Seguro Social, pues con relación al aguinaldo, éste se otorga a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo del cincuenta por ciento de incapacidad, en tanto que el derecho al incremento de las pensiones y seguro de enfermedades, se otorgan a los pensionados, calidad que no tiene la ahora quejosa al extinguirse el vínculo entre asegurado e instituto, pues como se vio, se le sustituyó la pensión determinada por la indemnización global. En otro aspecto, alega la quejosa que la Junta responsable no estableció la base salarial para la cuantificación de la pensión reclamada, pese a que en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, del veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, manifestó que el salario diario era de $33.57 (treinta y tres pesos, con cincuenta y siete centavos), sin que el instituto demandado hubiere acreditado el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización, a pesar de contar con los elementos suficientes y a su alcance para determinar el referido promedio salarial; por tanto, al no haberlo hecho tenía la obligación de tener por cierto el salario señalado, y con base en el mismo cuantificar la pensión reclamada. Lo alegado es infundado, porque aun cuando el instituto demandado no acreditó durante el procedimiento el promedio de las cincuenta y dos semanas de cotización, el que la Junta responsable señalara que dicha determinación se hará durante la tramitación del incidente de liquidación a que se refiere el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, no le irroga perjuicio alguno, pues la cantidad señalada en la demanda no constituye el promedio a que alude la ley. Por último, esgrime la quejosa que la Junta responsable en el laudo reclamado equivocadamente asentó como nombre el de Guadalupe Ibarra Rojas, cuando su nombre es el de Guadalupe Ibarra Rosas. Lo alegado es infundado, habida cuenta de que ni de la parte considerativa ni resolutiva del laudo reclamado, se desprende el error en la cita del nombre a que alude la peticionaria de garantías. Por lo antes considerado y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión niega el amparo solicitado por Guadalupe Ibarra Rosas, contra actos de la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en el laudo dictado con fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el expediente laboral número 1830/95, seguido por el citado quejoso, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Notifíquese ..."

En la ejecutoria pronunciada el seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve en el amparo directo DT. 7741/99, promovido por Mercedes González Torres, en contra del acto de la Junta Especial Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo dictado el once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en relación al otorgamiento de las prestaciones en especie que prevé el artículo 63 de la Ley del Seguro Social, se sostuvieron similares consideraciones a las insertas en el párrafo precedente; por esa razón no se transcriben aquí.

De las ejecutorias dictadas en los amparos directos DT. 7001/99 y 7441/99, surgió la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, octubre de 1999

"Tesis: I.1o.T.119 L

"Página: 1289

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. RIESGOS DE TRABAJO. LAS PRESTACIONES EN ESPECIE A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, SÓLO SE CONCEDEN A PENSIONADOS. Las prestaciones en especie a que se refería el artículo 63 de la abrogada Ley del Seguro Social (artículo 56 de la actual), para el asegurado que sufra un riesgo de trabajo, son beneficios que se proveen a quienes se encuentran dentro del régimen de seguridad social, mediante la asignación de una pensión que les da la calidad de pensionados, debido a que continúa vigente la relación entre la institución y el beneficiario de la pensión; pero no ocurre lo mismo tratándose de los casos a que se refería el párrafo segundo de la fracción III del artículo 65 (58 actual) del ordenamiento legal invocado, en cuya hipótesis se extingue el vínculo entre asegurado e instituto y, por ello, el otorgamiento de una indemnización global impide el goce de las prestaciones en especie previstas por los citados numerales."

QUINTO. De las copias fotostáticas certificadas de la ejecutoria pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, el amparo directo 216/2000 promovido por Teodoro Nicolás Guerrero, contra el acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se advierte que concedió el amparo solicitado, y éste lo sustentó en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Aduce el quejoso en su concepto de violación que la responsable violó los artículos 63 y 92 de la Ley del Seguro Social al no condenar por las prestaciones en especie a que tiene derecho. Es fundado el anterior concepto de violación. En efecto, de la lectura del laudo combatido se desprende que la responsable condenó al demandado al pago de una cantidad por concepto de indemnización global, absolviendo entre otras prestaciones, de las prestaciones en especie que reclamó el actor en el inciso E) de su demanda, siendo que de acuerdo con lo que estipula el artículo 63 de la Ley del Seguro Social, comprendido en la sección segunda del capítulo III de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de 1997, que regula ‘El seguro de riesgos de trabajo’ y ‘De las prestaciones en especie’, dispone que quienes sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a prestaciones en especie consistentes en asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis, de ortopedia, y a rehabilitación. Ahora bien, de la lectura del precepto en comento se desprende que el derecho a percibir tales prestaciones no limita a la calidad o no de pensionados, sino que establece como condición sine qua non que el asegurado haya sufrido un riesgo de trabajo, en cuyo caso, demostrado este requisito, su derecho a recibirlas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, debe declararse procedente, con independencia de otras prestaciones como podrían ser la pensión o la indemnización global que como ‘prestaciones en dinero’ sección tercera, capítulo III, le corresponda de acuerdo al grado de incapacidad que le reporte el riesgo sufrido, pues tampoco en los artículos de esta última sección comprendidos del 65 al 74 se contempla tal restricción. Por tanto, independientemente de las prestaciones en dinero a que tenga derecho un asegurado que sufra un riesgo de trabajo, deberá contar con el otorgamiento de las prestaciones en especie, puesto que la Ley del Seguro Social en comento no especifica que el riesgo de trabajo se ampare en relación a un determinado y específico supuesto, sino a todos aquellos a los que el trabajador esté expuesto en ejercicio o con motivo de su trabajo. Consecuentemente, si en el caso habiendo considerado la responsable que: ‘Por lo tanto en virtud de que se trata de un estudio detallado en cuanto a los padecimientos del actor, al dictamen del perito tercero en discordia se le da plena validez para resolver ese asunto, considerando que efectivamente el actor presenta una incapacidad parcial permanente que ha sido valuada también objetivamente por el perito designado al demandante en un 20%; en consecuencia, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana benefician al actor, ya que tienen relación con las otras pruebas aportadas de su parte; por consiguiente se condena al IMSS a cubrirle al actor una indemnización global equivalente a 5 anualidades de la pensión, conforme al artículo 65, fracción III, de la Ley del Seguro Social, considerando como el promedio de las últimas 52 semanas de cotización el que menciona el actor en su escrito inicial de demanda y que es de $46.99, salario que se deberá considerar para cuantificar la condena antes señalada, en atención a la contradicción de tesis 32/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: «SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.».’, lo que debió la Junta era declarar procedente el pago de las prestaciones en especie, contenidas en el artículo 63 de la Ley del Seguro Social, pues se cumplió el supuesto generador de su derecho, esto es, haber sufrido un riesgo de trabajo que le produjo una incapacidad parcial y permanente. A mayor abundamiento, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que en el caso el Instituto Mexicano del Seguro Social en su contestación respecto de esa prestación sólo se excepcionó como sigue: ‘d y e. Se niega acción y derecho al actor para demandar de mi representado el otorgamiento y pago de las prestaciones contenidas en los incisos que se contestan, en razón de que las mismas son accesorias a las pensiones reclamadas, por lo que en base al principio jurídico de que «lo accesorio corre la suerte de lo principal» al no acreditar su derecho a las pensiones reclamadas, no lo tiene tampoco a las prestaciones que de éstas se deriven.’ y ya se vio que la acción principal resultó procedente. Al no haberlo considerado así la Junta, es evidente que violó en perjuicio del quejoso las garantías derivadas de los artículos 14 y 16 constitucionales. En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el único efecto de que la Junta, dejando insubsistente el laudo combatido, dicte uno en el que sin perjuicio de las cuestiones que no son materia de esta ejecutoria, considere que sí procedía la reclamación del actor marcada con el inciso E) de su demanda, consistente en las prestaciones en especie que establecen a su favor los artículos 63 y 92 de la Ley del Seguro Social, resolviendo lo que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Teodoro Nicolás Guerrero, contra el acto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dictado en el expediente laboral número 3210/96, seguido por el propio quejoso en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. El amparo se concede para los actos precisados en la parte final del considerando que antecede. Notifíquese ..."

De la ejecutoria dictada en el amparo directo de mérito derivó la tesis cuyo rubro y texto son:

"SEGURO SOCIAL. PRESTACIONES EN ESPECIE EN CASO DE RIESGO PROFESIONAL. El artículo 63 de la Ley del Seguro Social, comprendido en la sección segunda del capítulo III de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de 1997 que regula ‘El seguro de riesgos de trabajo’ y ‘De las prestaciones en especie’, dispone que quien sufra un riesgo de trabajo tendrá derecho a prestaciones en especie consistentes en asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis, de ortopedia, y a rehabilitación. Ahora bien, de la lectura del precepto en comento se desprende que el derecho a percibir tales prestaciones no lo limita a la calidad o no de pensionados, sino que establece como condición sine qua non que el asegurado haya sufrido un riesgo de trabajo, en cuyo caso, demostrado este requisito, su derecho a recibirlos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social debe declararse procedente, con independencia de otras prestaciones como podrían ser la pensión o la indemnización global que como ‘prestaciones en dinero’ sección tercera, capítulo III, les corresponda de acuerdo al grado de incapacidad que les reporte el riesgo sufrido, pues tampoco en los artículos de esta última sección comprendidos del 65 al 74 se contempla tal restricción. Por tanto, independientemente de las prestaciones en dinero a que tenga derecho un asegurado que sufra un riesgo de trabajo, deberá contar con el otorgamiento de las prestaciones en especie, puesto que la Ley del Seguro Social en comento no especifica que el riesgo de trabajo se ampare en relación a un determinado y específico supuesto, sino a todos aquellos a los que el trabajador esté expuesto en ejercicio o con motivo de su trabajo."

SEXTO. Atendiendo a los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado transcritos.

Para ello es necesario tener presente, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.

Es aplicable la jurisprudencia número 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, tomo 58, octubre de 1992, página 22 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

SÉPTIMO. Sentado lo anterior, para decidir sobre la existencia de la contradicción denunciada, debe realizarse un extracto de las consideraciones fundamentales en que se sustentan las ejecutorias en examen.

1. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos números DT. 5429/96, 349/97, 3189/97, 9479/97 y 8329/99, promovidos el primero, tercero, cuarto y quinto por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el segundo por Roberto Reyes Rosas, respecto al tema que interesa esencialmente sostuvo lo siguiente:

a) La condena a la indemnización global prevista en el artículo 65, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social derivada de una incapacidad permanente parcial produce la consecuencia de dar por terminado el vínculo entre el asegurado o pensionado y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) La inexistencia del vínculo que une al asegurado o pensionado con el Instituto Mexicano del Seguro Social da por concluida la obligación de éste de otorgar al primero las prestaciones en especie, contempladas en el artículo 63 de la Ley del Seguro Social, ya que para gozar de éstas, es presupuesto necesario tener la calidad de asegurado, es decir, que el individuo se encuentre dentro del régimen de seguridad social por medio de la asignación de una pensión.

c) El derecho a recibir las prestaciones en especie, previstas en el artículo 63 de la Ley del Seguro Social, subsiste cuando se concede una pensión que es cubierta mes a mes, es decir, durante la vigencia de la relación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el beneficiario de la pensión.

2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver los DT. 7001/99 y 7741/99 en relación al tema de la posible contradicción sostuvo fundamentalmente lo siguiente:

a) La indemnización global prevista en el artículo 65, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social extingue el vínculo entre el asegurado y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Al asegurado que conforme a lo ordenado en el artículo 65, fracción III, segundo párrafo, de la Ley del S

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6633-26a7cf4c/riesgos-profesionales-el-pago-de-la-indemnizacion-global · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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