RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESE RECURSO ES EL MEDIO PROCESAL IDÓNEO PARA ANALIZAR LOS ACTOS EMITIDOS POR EL MINISTRO INSTRUCTOR AL DICTAR DETERMINACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y AL OBRAR PARA HACERLAS CUMPLIR, NO OBSTANTE QUE SEAN INATENDIBLES LAS VIOLACIONES QUE SE ALEGUEN A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 129/99, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4/99. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
CUARTO. La parte recurrente aduce en sus agravios, en síntesis, que:
a) El auto impugnado es violatorio de los artículos 19, 25, 39, 41, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los diversos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en tanto que el Ministro instructor omitió fundar y motivar:
1. La negativa de la suspensión que se solicitó para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban antes de la existencia del acto reclamado, y evitar así que los eventuales cambios al uso de suelo en el polígono territorial correspondiente al Ejido de Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, Estado de México, se apliquen al Plan del Centro de Población Estratégico del Municipio de Tultitlán, México;
2. La consideración que hace respecto a que la zona de conflicto corresponde al territorio del Municipio de Tultitlán, México, no obstante que con las pruebas que obran en el expediente relativo a la controversia 20/98 y al en que se actúa se demuestra que dicho polígono pertenece al territorio de la actora, y ésta, por conducto de su Ayuntamiento, ha realizado el ejercicio gubernativo a plenitud hasta antes de que se emitieran los actos cuya invalidez se demanda en el procedimiento del que deriva este recurso.
b) En el proveído recurrido no se analizó la argumentación que planteó la ahora recurrente, consistente en la necesidad de otorgarse la suspensión solicitada para ser congruente con las concedidas en las controversias constitucionales 20/98 y 26/98, y tampoco se tomaron en consideración las pruebas que al efecto se aportaron;
c) El auto recurrido violó lo establecido en los artículos 19, fracción II, y 25 de la ley de la materia, dada la omisión en que incurrió el Ministro instructor de analizar la naturaleza jurídica que guardan los actos impugnados, no obstante que en la demanda se encuentran claramente planteados;
d) Al negarse la suspensión bajo el argumento de que el proceso legislativo que dio origen al acto reclamado es un acto consumado, se deja de tomar en cuenta que el decreto impugnado se encuentra vigente y que es a partir de la vigencia de éste cuando el codemandado municipal podrá, en todo tiempo y lugar, considerar al polígono de referencia como parte de su territorio, sin que exista a su favor trámite y resolución firme y definitiva, por inatacable, en términos del artículo 61, fracción XXV, de la Constitución Política del Estado de México y sus correlativos de la ley para creación de Municipios de la propia entidad;
e) Los actos materia de la suspensión no tienen el carácter de consumados, porque el plan no tiene un principio de definitividad, ya que la misma ley local establece el mecanismo para revertir los efectos del proceso legislativo, observando el mismo procedimiento que se siguió para su emisión, por lo que de concederse la suspensión no sólo no se violentaría la decretada en las controversias 20/98 y 26/98, sino que se preservaría la materia de éstas, a fin de que puedan resolverse los reclamos de inconstitucionalidad planteados respecto de los actos impugnados;
f) El auto recurrido viola los artículos 19, 25, 39 y 41 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, así como los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, toda vez que con la negativa de la suspensión se permite que la codemandada municipal, con la anuencia de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatales, se apodere de la fracción territorial en cita, al incluirla dentro del Plan del Centro de Población Estratégico de Tultitlán, México, que se aprueba en el Decreto Número 98 impugnado, violando con ello las garantías de audiencia, legalidad y certeza jurídica;
g) Contrariamente a lo que considera el Ministro instructor no está a discusión el cambio o no de uso de suelo, sino el hecho de que se considera a una parte del territorio de la recurrente como integrante del territorio de la codemandada;
h) En el plan impugnado se debió excluir al polígono de referencia o, en su caso, aplicar un plan parcial en términos del artículo 21 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, a fin de no violar la suspensión otorgada en la controversia constitucional 20/98;
i) Debe otorgarse la medida cautelar respecto de los actos en controversia, para el único efecto de inhibir la referencia al polígono como zona de conflicto, que se hace en el decreto impugnado;
j) Al ser evidente la violación en que incurre el auto impugnado, por inobservancia de las disposiciones legales en cita, procede revocar el auto recurrido y otorgar la medida cautelar solicitada, para el efecto de que se restituya a la quejosa, aunque sea de manera provisional, en el ejercicio gubernativo del polígono territorial de referencia.
Consta en autos que la ahora recurrente demandó, vía controversia constitucional, la invalidez de:
1. El proceso legislativo que concluyó con la aprobación del Decreto Número 98 expedido por el Poder Ejecutivo del Estado de México, por medio del cual se aprueban modificaciones al Plan del Centro de Población Estratégico de Tultitlán, México, publicado en la Gaceta de Gobierno de esa entidad federativa, el trece de enero de mil novecientos noventa y nueve;
2. La exposición de motivos de la iniciativa del mencionado decreto (como acto destacado);
3. El dictamen presentado por las comisiones respectivas con motivo de la iniciativa señalada (como acto destacado);
4. El plan en sí mismo.
Ahora bien, debe estimarse infundado el agravio a que se refiere el inciso a), en el que se aduce la falta de fundamentación y motivación del proveído recurrido, por las siguientes razones:
En primer término, conviene destacar que los artículos 19, 25, 39 y 41, fracciones I y II, de la ley reglamentaria de la materia, y 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se estiman violados por la supuesta falta de fundamentación y motivación del proveído recurrido, disponen:
(De la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)
"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"I. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
"II. Contra normas generales o actos en materia electoral;
"III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez;
"IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
"VI. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;
"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21, y
"VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley. ..."
"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."
"Artículo 39. Al dictar sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
"II. Los preceptos que la fundamenten; ..."
Del análisis de las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia que han quedado transcritas se advierte que el artículo 19 se refiere a las causas de improcedencia de la acción de controversia constitucional; el 25 a la facultad del Ministro instructor de desechar la demanda de plano; el 39 a la obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y de examinar en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada y el 41 a los requisitos que deben contener las sentencias, en particular la fijación breve y precisa de las normas generales o actos impugnados y la apreciación de las pruebas aportadas por las partes (fracción I) y los preceptos que la fundamenten (fracción II).
Por su parte, los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles disponen:
"Artículo 219. En los casos en que no haya prevención especial de la ley, las resoluciones judiciales sólo expresarán el tribunal que las dicte, el lugar, la fecha y sus fundamentos legales, con la mayor brevedad, y la determinación judicial, y se firmarán por el Juez, Magistrados o Ministros que las pronuncien, siendo autorizadas, en todo caso, por el secretario."
"Artículo 220. Las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio."
"Artículo 221. Los decretos deberán dictarse al dar cuenta el secretario con la promoción respectiva. Lo mismo se observará respecto de los autos que, para ser dictados, no requieran citación para audiencia; en caso contrario, se pronunciarán dentro del término que fije la ley, o, en su defecto, dentro de cinco días. La sentencia se dictará en la forma y términos que previenen los artículos 346 y 347 de este ordenamiento."
Del análisis de los preceptos legales transcritos se advierte que el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles define lo que debe entenderse por decretos, autos y sentencias y el artículo 221 señala el momento en que deberán dictarse cada una de las resoluciones judiciales señaladas, y precisa que la sentencia se dictará en la forma y términos que previenen los artículos 346 y 347 de este ordenamiento legal.
El artículo 219, por su parte, señala que toda resolución judicial deberá contener, entre otros requisitos, sus fundamentos legales y la determinación judicial.
Por tanto, al tratarse el auto recurrido de una resolución judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 220 del ordenamiento legal citado, que no tiene prevención especial en la ley de la materia, en cuanto a los requisitos que debe contener, debe atenderse entonces a lo dispuesto por el artículo 219 en mención.
Ahora bien, de la lectura del auto recurrido se observa que las razones que el Ministro instructor tomó en consideración para negar el otorgamiento de la medida cautelar solicitada son las siguientes:
1. El proceso legislativo impugnado es un acto consumado, en tanto que el decreto con que aquél culminó se encuentra vigente desde el catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve;
2. El dictamen que emitieron las comisiones respectivas sobre la procedencia de la iniciativa del decreto en cita es también un acto consumado, al ser parte del proceso legislativo;
3. El artículo 4o. transitorio del decreto impugnado excluye de su observancia a la zona que ocupa el polígono territorial en conflicto, a la que se le seguirá aplicando la normatividad urbana que tiene en la actualidad, por lo que de otorgarse la medida cautelar, que sólo podría operar respecto de la zona señalada, se suspendería la referida exclusión, que tiene como finalidad evitar la aplicación del decreto.
Los razonamientos antes precisados los apoyó el Ministro instructor en los artículos del 14 al 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regulan lo relativo a la suspensión en las controversias constitucionales.
Consecuentemente, contrario a lo que aduce la recurrente en el agravio a que se refiere el inciso a), ya precisado, el Ministro instructor sí fundó y motivó la negativa de la suspensión de los actos impugnados, como lo ordena el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.
Por otra parte, resulta inexacto que el Ministro instructor hubiese hecho consideración alguna en el sentido de que "la zona en conflicto corresponde al territorio del Municipio de Tultitlán", pues basta la lectura del auto recurrido para corroborar que no hizo pronunciamiento alguno en ese sentido. Por lo que, toda vez que los agravios expuestos por la recurrente parten de una premisa inexacta, los razonamientos tendientes a desvirtuar dicha afirmación, resultan inatendibles.
Por cuanto al agravio contenido en el inciso b), debe estimarse infundado, en virtud de que de la lectura del acuerdo recurrido se advierte que el Ministro instructor sí se hizo cargo del planteamiento propuesto por la ahora recurrente, en el escrito en que solicitó la suspensión de los actos impugnados, consistente en que la suspensión debía concederse "... para hacerla acorde a la suspensión que se ha concedido en las diversas 20/98 y 26/98 en comento, cuenta habida que, de acuerdo a las constancias procesales que se relacionan como prueba en el principal ...".
En efecto, sobre el particular, en el auto que se examina se sostiene:
"... En tercer lugar, con relación al decreto reclamado, menciona el delegado del Ayuntamiento promovente de la controversia, que en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se están tramitando las diversas controversias constitucionales 20/98 y 26/98, respecto de las cuales los Ministros instructores otorgaron la suspensión de los actos reclamados, por lo que en el presente asunto también deberá accederse a otorgar la medida cautelar; con relación a lo anterior, dígasele que, con el propósito de no violentar la suspensión decretada en los expedientes antes citados, la Legislatura del Estado de México al expedir el decreto ahora impugnado, en el artículo cuarto transitorio señaló que a la zona del Ejido de Santiago Teyahualco, se le seguirá aplicando la normatividad urbana que tenía al momento de conceder la medida cautelar y, sobre el particular, se debería estar a la resolución que dicte esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de hacer las precisiones pertinentes al efecto; por tanto, si en el decreto que impugna la actora ya se prevé lo correspondiente a la suspensión de los actos reclamados en las aludidas controversias constitucionales, excluyendo a la zona que ocupa el polígono territorial en conflicto, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado..."
Por consiguiente, es evidente que el Ministro instructor sí analizó el argumento antes indicado que propuso la ahora recurrente en su escrito de solicitud de la suspensión, así como las pruebas que con el mismo se relacionan, relativas al otorgamiento de la medida cautelar en los incidentes de suspensión correspondientes a las controversias constitucionales 20/98 y 26/98, concluyendo, como ha quedado precisado, que esa circunstancia fue tomada en consideración por la Legislatura del Estado de México para no violentar la suspensión decretada en los indicados expedientes, al establecer en el artículo cuarto transitorio del decreto impugnado, que a la zona de conflicto (sujeta a la resolución de la controversia 20/98) se le seguiría aplicando la normatividad urbana que tenía al momento en que se le concedió dicha medida.
El agravio a que se refiere el inciso c), en el que se aduce que en el proveído recurrido no se analizó la naturaleza jurídica que guardan los actos impugnados, es también infundado, ya que, por una parte, los artículos 19 y 25 de la ley reglamentaria de la materia son ajenos al incidente de suspensión, según se ha visto al analizar su contenido, y, por otra, el Ministro instructor consideró que el proceso legislativo (que comprende a la exposición de motivos y al dictamen emitido por las comisiones) que culminó con la emisión del Decreto Número 98 impugnado, es de naturaleza consumada, lo que hace evidente que sí analizó la naturaleza jurídica de dicho acto.
Por lo que hace a los efectos del decreto, si bien el Ministro instructor no hizo un pronunciamiento expreso sobre la naturaleza de aquéllos, es evidente que sí la analizó y los consideró susceptibles de ser suspendidos, en tanto que previó las consecuencias que podría acarrerar el otorgamiento de la medida, señalando al efecto que sólo podría operar respecto de la zona de conflicto por ser ésta la materia de la litis y no los demás aspectos que prevé, por lo que de concederse "... implicaría suspender la propia exclusión del polígono territorial que al efecto hace la legislatura, que tiende a evitar precisamente la aplicación del decreto en la zona de conflicto ...".
Son infundados los agravios a que se contraen los incisos d) y e), en los que esencialmente se aduce que los actos materia de la suspensión no tienen el carácter de consumados.
En primer término, conviene destacar que la suspensión únicamente obra sobre actos futuros y no pasados, en tanto que su objeto es impedir la realización de ciertos actos, lo que lógicamente sólo puede evitarse cuando no se han materializado. Por tanto, la medida cautelar resulta improcedente contra actos de naturaleza consumada, al no existir materia susceptible de paralización.
Partiendo de esta premisa, debe estimarse correcta la negativa de la suspensión respecto del proceso legislativo impugnado, ya que, como bien lo consideró el Ministro instructor, es un acto de naturaleza consumada, en tanto que culminó con la expedición del decreto que se encuentra vigente desde el catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve y, por ende, de otorgarse la suspensión ya no podría evitarse la conclusión del proceso.
Además, la materia de la suspensión es la ejecución o la aplicación del decreto con que concluyó el proceso legislativo impugnado, que es lo que, en todo caso, podría afectar a la recurrente de no suspenderse, y no el decreto en sí o su proceso legislativo, cuyo análisis es materia del fondo del asunto.
En cuanto a que los actos del proceso legislativo impugnado no tienen el carácter de consumados, porque la ley local establece el mecanismo para revertir los efectos del proceso legislativo, observando el mismo procedimiento que se siguió para su emisión, resulta ineficaz, porque tal circunstancia no significa que tales actos no se hayan realizado y, además, de otorgarse la medida cautelar en contra de ellos equivaldría a darle a dicha medida efectos restitutorios que no son propios siquiera de la sentencia que se dicte en la controversia constitucional respectiva, ya que por disposición expresa del artículo 45 de la ley de la materia, la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia, excepción que en la especie no se actualiza.
En efecto, el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
Por consiguiente, si conforme a la disposición legal transcrita la sentencia de fondo que se dicte en la controversia constitucional no tiene efectos retroactivos, menos podría tenerlos la resolución que se pronuncie en el incidente de suspensión.
Así, la pretensión de la parte recurrente en el sentido de que se le conceda la suspensión del proceso legislativo para el efecto de que se elimine del decreto impugnado la mención del territorio que a su juicio le pertenece es a todas luces improcedente, pues la suspensión en controversia constitucional no puede tener dichos alcances.
Por último, por su íntima vinculación, deben estudiarse conjuntamente los agravios que se sintetizan en los incisos f), g), h), i) y j), que se refieren a la negativa de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del decreto impugnado.
En primer término, resulta conveniente precisar que resultan inatendibles las violaciones que se alegan a los artículos 14, 16 y 17, en que dice la recurrente que incurrió el Ministro instructor al negar la suspensión solicitada, porque el recurso de reclamación derivado de una controversia constitucional no es un medio de control constitucional autónomo, que tenga por objeto proteger constitucionalmente a las partes de actos contrarios a la Carta Magna, como sucede con el juicio de controversia constitucional, sino que se trata de un medio de defensa que tiene como finalidad analizar si los actos del Ministro instructor se ajustaron a los lineamientos establecidos en la ley de la materia.
Sin embargo, la circunstancia de que en el recurso de reclamación derivado de una controversia constitucional no puedan analizarse las violaciones a las garantías individuales, porque con tal proceder se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional, no significa que no puedan ser analizados los actos que el Ministro instructor emita al dictar determinaciones de cumplimiento obligatorio y al obrar para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, dentro de un proceso, sino que precisamente el recurso constituye el medio procesal idóneo para analizar este tipo de resoluciones. Por ello, la falta de estudio de ese tipo de agravios no implica dejar en estado de indefensión a la recurrente, debido a que ésta puede alegar violación a disposiciones de la ley reglamentaria respectiva, y si no lo hace, este tribunal puede suplir la deficiencia de los agravios y hacerse cargo de las violaciones que advierta a las disposiciones legales secundarias respectivas, en términos de los artículos 39 y 41 del propio ordenamiento legal, y de esta manera lograr la restitución de sus derechos.
Sirve de apoyo a la consideración anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación número 2/97, visible en la página cinco del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Sobre el particular debe reiterarse que los artículos 19, 25, 39 y 41 de la ley reglamentaria de la materia y 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles que también se estiman violados con la negativa de la suspensión, no guardan relación alguna con la litis planteada, por referirse a supuestos distintos, como se advierte del análisis de su contenido, que se realizó en párrafos precedentes.
Sin embargo, en suplencia de la queja deficiente, esta Segunda Sala advierte que en los artículos del 14 al 18 de la ley reglamentaria de la materia se establece la normatividad aplicable al incidente de suspensión, a la que debe ajustar sus actos el Ministro instructor al proveer sobre la solicitud de la suspensión y, por ende, debe analizarse la legalidad de la negativa de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del decreto impugnado a luz de las disposiciones contenidas en los invocados preceptos legales.
Ahora bien, previamente al análisis de los agravios antes precisados, en que se controvierte la negativa de la suspensión, deben hacerse las siguientes precisiones:
Mediante escrito presentado el cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve la actora, ahora recurrente, solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que "... las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de su emisión, específicamente para que no tenga vigencia el Decreto Número 98 impugnado; y por ende, para que no se reconozca y no se aplique como afectos al Plan del Centro de Población Estratégico del Municipio de Tultitlán, México, los polígonos territoriales y de población denominados Ejido de Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, México, colonia ejidal 10 de junio, fraccionamiento Hacienda Real de Tultepec, ubicado en el Municipio de Tultepec, fraccionamiento de tipo habitacional popular San Pablo, ubicado en el Municipio de Tultepec y fraccionamiento Arcos Tultepec, Municipio del mismo nombre ...".
El Ministro instructor negó la suspensión solicitada respecto del Decreto 98 impugnado, con base en las siguientes consideraciones:
"... con relación al decreto reclamado, menciona el delegado del Ayuntamiento promovente de la controversia, que en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se están tramitando las diversas controversias constitucionales 20/98 y 26/98, respecto de las cuales los Ministros instructores otorgaron la suspensión de los actos reclamados, por lo que en el presente asunto también deberá accederse a otorgar la medida cautelar; con relación a lo anterior, dígasele que, con el propósito de no violentar la suspensión decretada en los expedientes antes citados, la Legislatura del Estado de México al expedir el decreto ahora impugnado, en el artículo cuarto transitorio señaló que a la zona del Ejido de Santiago Teyahualco, se le seguirá aplicando la normatividad urbana que tenía al momento de conceder la medida cautelar y, sobre el particular, se debería estar a la resolución que dicte esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de hacer las precisiones pertinentes al efecto; por tanto, si en el decreto que impugna la actora ya se prevé lo correspondiente a la suspensión de los actos reclamados en las aludidas controversias constitucionales, excluyendo a la zona que ocupa el polígono territorial en conflicto, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, además de que, de otorgarse la medida cautelar, la que únicamente podría operar respecto de la zona de conflicto, por ser ésta materia de la litis y no los demás aspectos que prevé el decreto, implicaría suspender la propia exclusión del polígono territorial que al efecto hace la legislatura, que tiende a evitar precisamente la aplicación del decreto en la zona en conflicto."
De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 26 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, los Planes de Centros de Población Estratégicos son instrumentos legales que contribuyen a ordenar y regular los asentamientos humanos, que establecen los lineamientos para alcanzar los objetivos de ordenamiento urbano, ecológico, de crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población.
En efecto, los preceptos legales en mención disponen:
"Artículo 21. La ordenación y regulación de los asentamientos humanos se llevará a cabo a través de:
"I. El Plan Estatal de Desarrollo Urbano.
"II. L
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6664-12bfcf2b/reclamacion-en-controversia-constitucional-ese-recurso-es-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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