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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO, LEGITIMACION DEL NUEVO PROPIETARIO PARA DEMANDAR LA TERMINACION DEL CONTRATO DE, PROVIENE DE LA ADQUISICION DEL DOMINIO DEL INMUEBLE ARRENDADO, Y NO DE LA INSCRIPCION DE SU TITULO EN EL REGISTRO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 5480/92. · Registro digital (IUS): 667
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARIA DEL CONSUELO HERNANDEZ VELAZQUEZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Enero de 1993, , Pág. 86.

AMPARO DIRECTO 5480/92. MARIA DEL CONSUELO HERNANDEZ VELAZQUEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- Los conceptos de violación aducidos por la quejosa son: "Primero.- La autoridad responsable viola en mi perjuicio las garantías individuales en los artículos 14 y 16 constitucionales, por la falta de aplicación y apego por lo dispuesto por los artículos 1792, 1797, 1851 y 2398 del Código Civil. En efecto, la violación a los preceptos legales antes invocados por parte de la autoridad responsable, es tan evidente en la sentencia que conforma el acto reclamado, y concretamente al estampar el considerando I de la sentencia definitiva de 28 de agosto del año en curso, en el que la responsable tiene por acreditada la relación contractual de que se trata, es decir, de arrendamiento con la escritura pública de compraventa exhibida por el actor, asimismo con tal documento tiene por acreditado el actor como subrogatario del inicial arrendador. Lo anterior a todas luces es ilegal, pues con tales documentos es decir con la escritura pública exhibida por el actor del juicio de origen, de ninguna forma se acredita la relación contractual de arrendamiento invocado por el ahora tercero perjudicado, pues como es de explorado derecho tal relación debe de acreditarse con el contrato de arrendamiento respectivo. Ahora bien, y suponiendo sin conceder que la responsable al estampar el considerando I de la sentencia en cuestión, se refiere a que se tiene por acreditada la relación contractual en términos del contrato de arrendamiento exhibido por el actor, tal argumento es infundado pues como se dijo al contestar la demanda la suscrita y el inicial arrendador manifestamos nuestra voluntad de celebrar contrato con fecha primero de abril de 1986, respecto del área comprendida del zaguán de la casa número 71, de las calles de Bolívar en la Col. Centro de esta ciudad, y no de la planta alta de dicho inmueble, pues la misma la ocupa el señor Francisco Saúl Favela Oláguez; situación que quedó debidamente acreditada en autos, y por tanto el contrato de arrendamiento exhibido por el actor del citado juicio se encuentra alterado y viciado de nulidad, por lo que también con tal documento de ninguna forma se acredita la relación contractual de arrendamiento de que se trata. Segundo.- Asimismo, la autoridad responsable viola en mi perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por la inobservancia y falta de apego a lo dispuesto por los artículos 81, 281 y 402 del Código de Procedimientos Civiles. En efecto, como se desprende de los considerandos I, II, III y puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto de la resolución que conforme al acto reclamado, se le nota claramente la violación a los preceptos legales invocados, pues la responsable al estamparlo, omite hacer un estudio minucioso de la litis planteada y mucho menos, decide todos y cada uno de los puntos controvertidos, siendo dicha sentencia incongruente con lo actuado por las partes e imprecisa. Lo anterior puede constatarse del considerando uno en el que la responsable textualmente señala: "Fue procedente... inicial arrendador..." (lo transcribe), lo anterior es inatendible, pues parece, según la responsable, que la cuestión planteada ante ella por el actor, es que a dicha persona se le reconozca como subrogatario del inicial arrendador, sin mencionar ni siquiera a qué relación contractual se refiere. Por otra parte, tiene por acreditada una relación contractual sin mencionar su nombre, supongo que la de arrendamiento, con la escritura pública de compraventa exhibida en juicio por la ahora tercero perjudicado, dándole pleno valor probatorio a las mismas, lo que a todas luces es infundado e improcedente, pues con tal documento de ninguna forma se acredita la relación de arrendamiento en cuestión, violando flagrantemente los artículos 281 y 402 del Código de Procedimientos Civiles. Lo anterior, a todas luces es ilegal y fuera de toda lógica jurídica, pues la resolución que conforma el acto reclamado, es imprecisa y obscura e incongruente con las constancias de autos, y sin hacer un estudio minucioso de la litis planteada, con clara violación a las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que este Tribunal deberá revocar la sentencia que conforma el acto reclamado ordenando se dicte otra en su lugar, y en donde se me restituyan las garantías individuales violadas."

V.- Los conceptos de violación propuestos por la quejosa se estudian en conjunto, por la estrecha relación que guardan entre sí y resultan infundados en atención a las consideraciones siguientes.

Alega sustancialmente la inconforme que la autoridad señalada como responsable viola en su perjuicio las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, por la falta de aplicación y apego a lo dispuesto en los artículos 1792, 1797, 1851, y 2398 del Código Civil, al tener por acreditada la relación contractual de arrendamiento, con la escritura pública de compraventa exhibida por el actor, y con tal documento también tener por acreditado al actor como subrogatario del inicial arrendador, cuando debe de acreditarse con el contrato de arrendamiento respectivo; aparte de que desde que se contestó la demanda claramente se indicó que María del Consuelo Hernández Velázquez y el inicial arrendador manifestaron su voluntad de celebrar contrato el primero de abril de mil novecientos ochenta y seis, respecto del área comprendida del zaguán de la casa número 71, de las calles de Bolívar en la Colonia Centro de esta ciudad, y no de la planta alta de dicho inmueble, al estar ocupada por Francisco Saúl Fabela Oláguez, de ahí que el contrato de arrendamiento exhibido por el actor se encuentre alterado y viciado de nulidad, y con tal documento de ninguna forma se acredita la relación contractual de arrendamiento; además dejó de aplicar lo dispuesto por los artículos 81, 281 y 402 del Código de Procedimientos Civiles, al no hacer un estudio minucioso de la litis planteada, no decidir todos los puntos controvertidos resultando su sentencia imprecisa, obscura e incongruente con las constancias de autos, ya que de la simple lectura del considerando primero se advierte que según la autoridad responsable, la cuestión planteada ante ella por el actor, es que se le reconozca como subrogatario del inicial arrendador, sin mencionar siquiera a qué relación contractual se refiere y la tiene por acreditada sin mencionar su nombre.

En principio, debe decirse que contrariamente a lo que sostiene la inconforme la autoridad responsable justamente determinó procedente la vía en la que se promovió el juicio y acreditada la relación contractual existente entre las partes, en virtud de que en la escritura pública respectiva (a la que le otorgó pleno valor probatorio, de acuerdo a la fracción I, del artículo 327 del Código de Procedimientos Civiles) se acredita que el actor es subrogatario del inicial arrendador, independientemente de los efectos legales que puedan derivarse de la situación que respecto del derecho del tanto pudiera tener la inquilina. Que como el actor demandó, la terminación del contrato de arrendamiento, basándose en que tenía vigencia indefinida y notificó la terminación y, de las constancias de autos, particularmente de los atestados, que exhibió el propio actor con su demanda, (instrumentos públicos, que les otorgó plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 327, fracción VIII y 403 de la Ley Procesal Civil) tuvo por satisfecho el requisito, que exige para el efecto el artículo 2478 del Código Civil y estimó acreditada la causa que generó el ejercicio de la acción en el principal. Que el contrato de arrendamiento que refiere la demandada celebró con Federico Gertz, no desvirtúa ninguno de los efectos de la subrogación, ya que el arrendador, precisamente es el causante del derecho que adquirió el actor por la compraventa del inmueble en el que se encuentra el bien rentado a la demandada. Que "por cuanto a la denuncia del pleito a tercero por las razones que menciona, el auto que proveyó la contestación de la demanda, no se obsequió esa petición y tampoco fue admitida.". Que con las pruebas aportadas no se logró acreditar la existencia del contrato de arrendamiento de primero de septiembre de mil novecientos noventa y uno, pues la confesional a cargo de la actora en lo principal no le produce beneficio alguno, ya que el absolvente, negó la totalidad de las posiciones calificadas de legales, y no rindió ninguna de las demás ofrecidas incluso fue declarada confesa de las posiciones que su contraparte le articuló, de ahí que concluyó que la reconvencionista no acreditó la causa generadora de la acción que ejercitó.

En las relacionadas circunstancias, si la autoridad responsable tuvo por acreditada la relación contractual habida entre las partes, además del contrato de compraventa, con los otros instrumentos públicos que exhibió el actor junto con su demanda, no se advierte qué perjuicio le puede deparar a la quejosa tal determinación, ya que efectivamente a la demanda el actor acompañó tanto al contrato de arrendamiento base de la acción, celebrado entre María del Consuelo Hernández Velázquez y el licenciado Federico Gertz Manero de fecha primero de abril de mil novecientos ochenta y seis, respecto del zaguán y planta alta, de la calle de Bolívar número 71, Colonia Centro de esta ciudad; así como el contrato de compraventa de fecha cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, realizada por una parte con los señores Alejandro y Federico Gertz Manero y por la otra con el señor Rodolfo Díaz Contreras, respecto del mismo inmueble, entonces el accionante quedó legitimado para intentar la acción de terminación del contrato de arrendamiento, ello es así, porque la legitimación en la causa del actor, resulta de la causahabiencia con el arrendador original, en cuanto adjudicatario del inmueble arrendado, por lo que es evidente que su legitimación proviene de ese acto jurídico constituido. Al respecto, resulta aplicable el criterio pronunciado por este propio Tribunal, en la tesis publicada en la página 132 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, octubre de 1991, Octava Epoca, del rubro: "ARRENDAMIENTO, LEGITIMACION DEL NUEVO PROPIETARIO PARA DEMANDAR LA TERMINACION DEL CONTRATO DE, PROVIENE DE LA ADQUISICION DEL DOMINIO DEL INMUEBLE ARRENDADO Y NO DE LA INSCRIPCION DE SU TITULO EN EL REGISTRO.". Respecto a que el contrato celebrado sólo comprendía el zaguán y no la planta alta por vivir en ésta el señor Francisco Saúl Fabela Oláguez, debe precisarse que en el propio contrato aparece que se celebró tanto por el zaguán como por la planta alta.

Cabe advertir, por una parte, que la peticionaria de garantías no indica cuáles puntos de la litis no fueron estudiados por la autoridad responsable, ni cuáles fueron aquellos controvertidos no analizados, por lo que ante su imprecisión este Tribunal no puede hacer pronunciamiento alguno al respecto; y, por la otra, el juez natural siempre se refirió a la relación contractual habida entre las partes, con motivo del arrendamiento del inmueble cuya desocupación se solicitó, y la relación se hizo manifiesta desde el momento en que el actor exhibió el contrato de compraventa, el cual por ficción legal se ligó a María del Consuelo Hernández Velázquez estableciéndose así la relación que refirió la autoridad judicial.

En ese orden de ideas, encontrándose la sentencia reclamada apoyada en consideraciones jurídicas y en preceptos legales aplicables, y no siendo violatoria de las garantías invocadas por la quejosa, procede negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 al 78, 158, 188 y 190 de la ley de la materia, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María del Consuelo Hernández Velázquez contra actos del Juez Segundo del Arrendamiento Inmobiliario en esta ciudad, consistentes en la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil número 326/92, seguido por Rodolfo Díaz Contreras contra la propia quejosa.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad responsable y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

ASI, por unanimidad de votos, de los señores Magistrados, Efraín Ochoa Ochoa, José Luis Caballero Cárdenas y Adriana Alicia Barrera Ocampo, lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente la tercera de los nombrados. Firman los CC. Magistrados con intervención del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

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Nota: La siguiente ejecutoria del amparo directo 5480/92, se publicó en el Tomo IX-Mayo de 1992, página 196.

Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo 1497/92.

México, Distrito Federal, a treinta de abril de mil novecientos noventa y dos.

VISTO, para resolver el juicio de amparo directo D.C. 1497/92, promovido por Francisca Sotelo Avila, contra la sentencia dictada por el Juez Primero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, en el juicio ordinario civil 799/91, seguido contra la quejosa por Anastasio Saldaña Adame; y, la ejecución de dicha resolución a cargo del director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores del Tribunal Superior de Justicia en esta capital. Actos que estimó violatorios en su perjuicio de los artículos 14 y 16 constitucionales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante escrito presentado el dos de agosto de mil novecientos noventa y uno, el cual correspondió conocer al Juez Primero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, Anastasio Saldaña Adame inició juicio ordinario civil en el que demandó de Francisca Sotelo Avila: a). La terminación del contrato de arrendamiento que Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez y/o Enrique Rodríguez como arrendadores celebraron con Francisca Sotelo Avila como arrendataria el primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro respecto del local comercial ubicado en el edificio número 78, de la calle de Valladolid, colonia Condesa, en esta ciudad; b). La desocupación y entrega de la localidad arrendada; c). El pago de la cantidad de novecientos mil pesos, por concepto de rentas adeudadas y no cubiertas, correspondientes a los meses de abril a diciembre de mil novecientos noventa, y enero a julio de mil novecientos noventa y uno, cada una por la cantidad de sesenta mil pesos moneda nacional, más las que se sigan causando hasta la solución del conflicto; y d). El pago de gastos y costas que se originaran en el juicio.

Como hechos fundatorios de su demanda expresó: 1. El primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez y/o Enrique Rodríguez como arrendadores y Francisca Sotelo Avila como arrendataria celebraron contrato de arrendamiento, respecto de la localidad comercial mencionada. 2. En dicho contrato se convino una renta mensual por la cantidad de dos mil doscientos cincuenta pesos, misma que se incrementó en el mes de abril de mil novecientos noventa a la cantidad de sesenta mil pesos. 3. También se pactó un término de duración de once meses. 4. Al concluir el plazo convenido, el arrendamiento continuó en las mismas condiciones pactadas en el documento base de la acción, operando la tácita reconducción, por tanto, el once de febrero de mil novecientos noventa y uno se notificó judicialmente a la inquilina la voluntad de la arrendadora de dar por terminada la relación contractual, concediéndole un plazo de dos meses para que desocupara y entregara el inmueble arrendado. 5. El siete de marzo de mil novecientos noventa, el demandante adquirió por contrato privado de compraventa la casa marcada con el número 78, de la calle de Valladolid y el lote de terreno en que se encuentra edificada, en la colonia Condesa en esta ciudad, motivo por el cual la parte actora se subrogó a los derechos y obligaciones de los arrendadores. 6. No obstante que han transcurrido los dos meses que le fueron concedidos a la arrendataria para que desocupara y entregara la localidad arrendada, la demandada no la ha realizado, por tanto, se le demanda la terminación del contrato base de la acción, así como la desocupación y entrega de dicha localidad, y el pago de las rentas causadas desde el mes de abril de mil novecientos noventa a la fecha de presentación de la demanda, a razón de sesenta mil pesos mensuales, más las mensualidades que se sigan venciendo hasta la total solución del conflicto.

SEGUNDO.- La demandada Francisca Sotelo Avila dio contestación a la demanda instaurada en su contra, negando que su contrario tuviera derecho a las prestaciones que reclama. En relación a los hechos, manifestó: 1. El hecho correlativo ni lo afirma ni lo niega en virtud de que el actor no precisa ni ubica el inmueble que refiere; además, manifiesta que efectivamente celebró contrato de arrendamiento con Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez y/o Enrique Rodríguez, pero no con su demandante. 2. El hecho que contesta lo afirma con las aclaraciones a que se refiere en el punto anterior. 3. El hecho que contesta lo afirma, aclarando que en el año de mil novecientos ochenta y nueve celebró contrato verbal de arrendamiento con Maclovia Ruelas González, el cual empezó a partir del primero de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, y la duración del mismo sería de tres años, con una renta mensual de sesenta mil pesos. 4. El hecho correlativo lo afirma, aclarando que la tácita reconducción operó respecto de los arrendadores Maclovia Ruelas González y/o Enrique Rodríguez, ya que jamás ha celebrado contrato con el actor, ni ha sido enterada de que Anastasio Saldaña Adame tenga el carácter de arrendador del inmueble que ocupa, pues tenía celebrado contrato verbal de arrendamiento con sus originales arrendadores por el término de tres años, además, no se le hizo saber su derecho del tanto que como arrendataria le correspondía sobre el inmueble de referencia. 5. El hecho correlativo ni lo afirma ni lo niega por no ser propio, pero de acuerdo a lo que manifiesta su demandante, la venta a que se refiere éste debe declararse nula, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2448-J del Código Civil, se le debió notificar su derecho del tanto y en el último de los casos, notificarle el cambio de arrendador. 6. El hecho que contesta lo afirma, aclarando que su relación contractual es con Maclovia Ruelas González y/o Enrique Rodríguez y, por tanto, el actor carece de personalidad para reclamar las prestaciones que refiere. Opuso como excepciones y defensas: 1. Sine actione agis, ya que su demandante carece de acción y derecho para reclamarle las prestaciones que menciona, ya que nunca ha celebrado con él contrato de arrendamiento, ni se le ha notificado el cambio de propietario del inmueble que ocupa. 2. La falta de legitimación activa y pasiva de Anastasio Saldaña Adame, pues del contrato base de la acción se desprende que el demandante carece de tal calidad, tomando en cuenta que el contrato de arrendamiento lo celebró con las personas a que ha hecho mención. 3. La imprecisión y falta de identificación del inmueble arrendado. 4. El derecho del tanto que le corresponde, en virtud de que su relación contractual es con Maclovia Ruelas González y/o Enrique Rodríguez, además de que no se le notificó su derecho del tanto, siendo procedente que se declare nula la compraventa que hizo Anastasio Saldaña Adame. 5. La excepción de pago. 6. La falsedad con que se conduce el actor.

TERCERO.- La demandada reconvino: a). La declaración judicial de su derecho del tanto respecto del inmueble arrendado; b). Que se le reconozca el contrato verbal del arrendamiento que celebró con Maclovia Ruelas González, el primero de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, respecto de la accesoria "A", del edificio 78, de la calle de Valladolid, colonia Condesa de esta ciudad; c). El pago de las mejoras materiales que ha realizado en el inmueble aludido; y, d). El pago de gastos y costas que se originaran en dicha acción.

Como hechos fundatorios de su reconvención manifestó: 1. El primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, celebró contrato de arrendamiento con Maclovia Ruelas viuda de Rodríguez y/o Enrique Rodríguez, respecto del local comercial que menciona. 2. En dicho contrato se estipuló una renta mensual por la cantidad de dos mil quinientos pesos. 3. El término del arrendamiento sería de once meses a partir del primero de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, pero con posterioridad, el primero de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, celebró contrato verbal de arrendamiento, por el término de tres años, con una renta mensual de sesenta mil pesos, el cual fenecería el treinta de abril de mil novecientos noventa y dos. 4. Asimismo, en dicho contrato verbal de arrendamiento se convino que los arrendadores cubrirían los gastos que se realizaran en el inmueble arrendado, por tanto, como la reconvencionista ha efectuado reparaciones al inmueble de referencia y que ascienden a la cantidad de quince millones de pesos, toda vez que se han resanado paredes y techo, se ha pintado, arreglado las puertas, coladeras, lavabos, etcétera 5. Es el caso que Anastasio Saldaña Adame, le demanda la terminación del contrato de arrendamiento sin que se le haya notificado su derecho del tanto. 6. Asimismo, a Anastasio Saldaña Adame le constan las reparaciones materiales que se han realizado en dicho inmueble.

CUARTO.- El actor en el juicio principal dio contestación a la reconvención instaurada en su contra, negando que su contraria tuviera derecho a las prestaciones que contrademanda. En relación a los hechos manifestó: 1. El hecho correlativo lo afirma, aclarando que en el contrato base de la acción se menciona como objeto de dicha relación contractual el local pero no la accesoria. 2. El hecho correlativo lo afirma. 3. El hecho que contesta lo afirma, pero aclara que es falso que se haya celebrado contrato verbal de arrendamiento entre Maclovia Ruelas González y su contraria, pues el treinta de marzo de mil novecientos noventa, se entrevistó con su contrademandante, para informarle sobre el cambio de propietario del inmueble arrendado, y que a partir del mes de abril de dicho año, se incrementaría la renta, quedando de acuerdo en que se pagara por el alquiler de dicha localidad la cantidad de sesenta mil pesos mensuales, pero nunca se vio en la necesidad de reclamar las rentas en forma judicial. 4. El hecho correlativo que contesta lo niega. 5. También niega el hecho que contesta, aclarando que no era necesario que se le notificara respecto al derecho del tanto, puesto que no se está en presencia de una copropiedad, ya que no se pretende vender dicho inmueble. 6. El hecho sexto de la reconvención lo niega. Opuso como excepciones y defensas la falta de acción y de derecho, y las que se deriven del contenido de la contestación a la reconvención.

QUINTO.- Seguido el juicio por su cauce legal, el Juez Primero del Arrendamiento Inmobiliario mencionado, dictó sentencia el diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, en la que resolvió: Primero.- Procedente la vía en la que el actor probó su acción y la demandada no acreditó sus excepciones, defensas ni su demanda reconvencional de las que se absuelve al arrendador. Segundo.- Declaró terminado el contrato de arrendamiento base de la acción. Tercero.- Condenó a Francisca Sotelo Avila, a desocupar y entregar a la actora o a quien sus derechos represente el inmueble arrendado. Cuarto.- Condenó a la arrendataria al pago de las rentas que resultaren insolutas hasta que se desocupe y entregue el bien arrendado. Quinto.- Sin hacer especial condena en costas. Dicha resolución se notificó a la demandada el once del mismo mes de febrero, surtiendo sus efectos el doce siguiente.

SEXTO.- Esta es la sentencia reclamada en el presente juicio de garantías, cuya demanda se presentó el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos ante el Juez responsable, quien la remitió junto con su informe justificado, constancia del emplazamiento practicado al tercero perjudicado, y las actuaciones del juicio natural, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este circuito, de donde se turnó al que actúa, en el que se admitió a trámites por auto de doce de marzo; se corrió traslado con una copia de la demanda de amparo al agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló pedimento; y, por proveído de diecinueve del propio mes, se turnó el asunto al Magistrado relator, con lo que quedó en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este tribunal es competente para conocer del presente negocio, conforme a lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley de Amparo; 44, fracción I, inciso c), 45, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, por reclamarse una sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario civil, por una autoridad jurisdiccional, residente en este circuito.

SEGUNDO.- La existencia de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado que rindió el Juez responsable y con las actuaciones del juicio natural que éste remitió.

TERCERO.- Las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada, son las que a continuación se transcriben: "III. Los elementos de la acción de terminación de contrato son los siguientes: a). La existencia de un contrato de arrendamiento; b). Que dicho contrato de arrendamiento sea voluntario para las partes respecto de su terminación de contrato, o sea en su caso, que haya transcurrido el término en lo pactado; c). Que una de las partes haya notificado a la otra con oportunidad pactada o legal en su caso que es su deseo dar por terminada la relación contractual; y, d). Que el término concedido para desocupar la localidad arrendada haya transcurrido sin que voluntariamente ocurra la desocupación. IV. El primer elemento de la acción intentada, o sea la existencia de un contrato de arrendamiento celebrado entre las partes se encuentra acreditado fehacientemente con el documento exhibido por la parte actora en el cual consta que las partes en el juicio celebraron un contrato de arrendamiento respecto del inmueble materia de esta controversia, documento al cual el suscrito le concede valor probatorio pleno en virtud de no haber sido objetado por la parte demandada y por así disponerlo el código adjetivo en sus artículos 402 y 403. V. El segundo elemento de la acción consistente en que el contrato de arrendamiento es voluntario para las partes con el contenido del mismo queda acreditado, pues en él consta que el término fijado al contrato fue voluntario para ambas partes, por lo cual como siguió ocupando la localidad arrendada operó la tácita reconducción y el contrato de arrendamiento se convirtió en voluntario o indefinido respecto de su terminación. VI. El tercer elemento de la acción consistente en el aviso de desocupación dado con la oportunidad debida, queda plenamente acreditado en autos mediante la copia certificada expedida por el Juzgado Décimo del Arrendamiento Inmobiliario, en el cual consta que el día once de febrero de mil novecientos noventa y uno, el notificador correspondiente hizo saber a la demandada que la voluntad de la actora era la de dar por terminado el contrato de arrendamiento entre ellos celebrado y que disponía de treinta días para desocupar la localidad, conforme a lo pactado en el contrato, documento éste que tiene el carácter de prueba plena por tratarse de una actuación judicial en los términos del artículo 403 del código adjetivo. VII. El cuarto elemento de la acción queda acreditado con el mero transcurso del tiempo en virtud de que, a partir de la fecha en que se practicó el aviso de terminación de contrato por conducto del notificador correspondiente y el día de la presentación de la demanda, el día dos de agosto de mil novecientos noventa y uno, transcurrió el término concedido para desocupar. VIII. Las probanzas rendidas por las partes, se valoran en su conjunto conforme dispone el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles y de su resultado se concluye que las excepciones, defensas y demanda reconvencional opuestas por la arrendataria deberán declararse improcedentes e injustificadas, absolviendo de esta última al arrendador; las excepciones de falta de legitimación, la de falsedad y la de sine actione agis, resultan improcedentes, en virtud de que la actora comparece a juicio como causahabiente de la arrendadora, derivado del contrato privado de compraventa del inmueble del que forma parte la localidad arrendada, que obra a fojas cuatro a siete de autos; la de imprecisión e identificación de la localidad arrendada resulta también improcedente en virtud de que la arrendataria reconoció la existencia de la relación arrendaticia al desahogar la prueba confesional ofrecida por la actora, además de que la actora exhibió el contrato de arrendamiento respecto del cual demanda su terminación, el cual no fue objetado por la parte demandada; la excepción de "derecho del tanto" derivada del artículo 2448 J del Código Civil para adquirir la localidad resulta improcedente, en virtud de que dicho dispositivo legal tutela los derechos de preferencia de los arrendatarios tratándose de casa habitación, y en el caso a estudio se trata de un local comercial; y si bien el artículo 2447 del Código Civil otorga un derecho de preferencia en favor del arrendatario, el mismo reenvía a lo dispuesto por los artículos 2304 y 2305 del código sustantivo, de acuerdo con los cuales, la venta realizada con violación a ese derecho preferencial queda válida y sólo genera en favor del arrendatario una acción de daños y perjuicios que no fue in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/667-c5d3fc18/arrendamiento-legitimacion-del-nuevo-propietario-para-demandar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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