NOTIFICACIONES PERSONALES. CUÁNDO SURTEN SUS EFECTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).
AMPARO DIRECTO 420/2000. FRANCISCO ROMÁN ARCE ALARCÓN Y OTRA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Consta en el toca civil número 245-II/99, que la sentencia reclamada se notificó personalmente a los quejosos, por conducto de su autorizado para tal efecto Antonio Ríos de la Hoya, el miércoles veinticuatro de mayo del año dos mil, por ende, dicha notificación surtió sus efectos ese mismo día, según se infiere del contenido del artículo 163 del Código Procesal Civil local.
En efecto, el artículo 163 del Código Procesal Civil para esta entidad federativa establece que, si las partes o sus procuradores no ocurren al juzgado o tribunal a notificarse en los días y horas a que se refiere el artículo 160 (debe leerse 161), las notificaciones se darán por hechas y surtirán sus efectos a partir de las dieciocho horas del día siguiente al que se fijó la cédula en la tabla de avisos del juzgado. Sin embargo, dicha legislación no prevé la forma en que deban surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal, por lo que, ante tal omisión debe estarse a la manera lógica y natural en que la parte interesada tiene conocimiento del proveído o resolución notificados, atento a que no puede darse a este acto, un efecto que la ley no establece; de donde se concluye que la notificación hecha de manera personal al interesado o a su representante legal autorizado para ello, se debe tener por hecha y surtir sus efectos ese mismo día, de tal modo que en el caso, el término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de garantías, transcurrió del día jueves veinticinco de mayo del año dos mil al jueves quince de junio del presente año; descontándose el día veintiséis de mayo del año dos mil, por no haber laborado la Sala responsable, los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como los días tres, cuatro, diez y once de junio mencionados, por ser sábados y domingos, esto es, días inhábiles, de conformidad con la certificación secretarial asentada al pie de la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley de Amparo; y, como la demanda de garantías fue presentada el jueves quince de junio del año en curso, es evidente que su presentación se hizo en el plazo de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, y por tanto, dicha demanda fue presentada en tiempo.
Sustenta lo anterior, la tesis aislada sostenida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3210 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVII, Quinta Época, IUS 2000, registro 354,101, del rubro y literalidad siguiente:
"NOTIFICACIONES, CUÁNDO SURTEN EFECTOS.-En el Distrito y Territorios, sólo puede tenerse por hecha una notificación, cuando ésta ha surtido efectos; y de acuerdo con los artículos 123 y 125 del Código de Procedimiento Civiles, las notificaciones hechas por el Boletín Judicial surten efectos al día siguiente, lo cual significa que la notificación debe tenerse por hecha, no el día de la publicación del acuerdo o resolución en el boletín, sino el siguiente. Esta interpretación se confirma con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, que da las reglas para computar los términos en el juicio de garantías y dispone que comenzarán a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. Por otra parte, el artículo 21 de la misma ley, ha seguido el criterio de que el término para la interposición del amparo, debe contarse desde el día siguiente a aquel en que el quejoso tiene conocimiento de los actos que reclama. Es claro que cuando el acto reclamado es conocido por el quejoso, mediante notificación personal, ésta surte efectos desde el momento y el mismo día en que se hace, pero cuando la notificación no es personal, la misma surte efectos el día siguiente de publicada, que es cuando se tiene por hecha."
De igual forma, es aplicable la tesis sostenida por este propio cuerpo colegiado al resolver el amparo directo número 353/2000, en sesión de veinticuatro de agosto próximo anterior, que dice:
"-El artículo 163 del Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, establece que si las partes o sus procuradores no ocurren al juzgado o tribunal a notificarse en los días y horas a que se refiere el artículo 160 (debe leerse 161), las notificaciones se darán por hechas y surtirán sus efectos a partir de las dieciocho horas del día siguiente al que se fijó la cédula en la tabla de avisos del juzgado. Sin embargo, dicha legislación no prevé la forma en que deban surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal, por lo que, ante tal omisión debe estarse a la manera lógica y natural en que la parte interesada tiene conocimiento del proveído o resolución notificados, atento a que no puede darse a este acto, un efecto que la ley no establece; de donde se concluye que la notificación hecha de manera personal al interesado o a su representante legal autorizado para ello, debe tenerse por hecha y surtir sus efectos el mismo día en que se practica, que es cuando tiene conocimiento de la resolución respectiva."
TERCERO.-La autoridad responsable, en su informe justificado, reconoce la existencia del acto que se le atribuye.
CUARTO.-Las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, son del tenor siguiente:
"III.-Han quedado transcritos en el considerando que antecede, los agravios que refieren los apelantes Eva Glendia Texta Gómez y Francisco Román Arce Alarcón, mismos que al ser analizados por los Magistrados que integran este tribunal de alzada, los califican de infundados y por ende improcedentes, para estar en condiciones de modificar o revocar la sentencia de primer grado impugnada, llegando a la firme convicción por las razones que a continuación se detallan.
"En primer lugar, esta alzada da respuesta a la primera inconformidad que refieren los recurrentes en la forma siguiente: Es infundado el agravio que aquí nos ocupa, toda vez de que contrario a lo que ahí expresan los apelantes, debe decirse que la sentencia impugnada es congruente con la demanda y contestación a la misma, es decir, el Juez resolvió todos y cada uno de los puntos litigiosos que fueron propuestos por las partes, además de que ésta se encuentra debidamente fundada y motivada. También es preciso señalar, que el Juez estuvo en lo correcto al concederle valor probatorio pleno al contrato de crédito base de la acción, en términos de lo dispuesto por el artículo 350 del Código Procesal Civil en vigor, y tener por justificada la acción intentada por la sociedad actora, puesto que efectivamente con dicha documental se acredita que los demandados aquí apelantes, dispusieron de la totalidad del crédito que les fue abierto por la banca actora; lo anterior se corrobora con lo señalado por ambas partes contratantes en la cláusula tercera del documento en estudio, en donde sostuvieron lo siguiente: ‘Tercera. Disposición del crédito.-El cliente dispone en este acto del crédito abierto, mediante el abono realizado en las cuentas indicadas por el cliente, o bien por la entrega que el banco le hace del (los) cheque (s) de caja expedidos a favor de las diversas personas indicadas por éste de conformidad a su solicitud de aplicación de crédito y por el abono realizado o la entrega de los cheques respectivos otorga en este acto el recibo más eficaz que en derecho corresponda.’. De lo anterior se aprecia que los demandados dispusieron del crédito que les fue abierto por la institución crediticia actora, el mismo día en que se celebró el contrato base de la acción y dicha disposición la hicieron en la forma y términos especificados en su solicitud de aplicación del crédito, otorgando en ese acto el recibo más eficaz que en derecho corresponde, por lo que, con tal documento queda justificada la procedencia de la acción hipotecaria ejercitada en términos de lo dispuesto en el numeral 604 del código adjetivo civil del Estado y, por lo tanto no existe infracción alguna a los preceptos legales que citan los inconformes.
"Ahora bien, este tribunal de apelación procede a dar respuesta al segundo de los agravios que refieren los apelantes en la forma siguiente: Es también infundado el agravio que se analiza, puesto que no le asiste la razón a los inconformes respecto a que el natural en la combatida haya violado lo preceptuado en los artículos 349, 356, 357 y 359 del Código Procesal Civil del Estado, ya que en contra de lo que aducen los impugnantes en dicho agravio, cabe decir que el Juez primario estuvo en lo correcto al sostener en la sentencia definitiva impugnada, que aun cuando los documentos privados que exhibieron los demandados en el juicio principal, tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 349 de la ley antes invocada, por no haber sido impugnado por la contraria; empero, tal y como lo dijo el a quo en la combatida, dichos documentos son insuficientes para tener por justificadas las defensas y excepciones que los inconformes hicieron valer al contestar la demanda que fue instaurada en su contra, puesto que, con esos documentos lo que se justifica es que los apelantes tienen celebrado con la actora aquí apelada, diversos contratos de crédito y de fideicomiso, mas no prueban que el banco actor no les haya depositado el crédito motivo de este juicio en alguno de ellos, por lo que, por lo anterior, resultan insuficientes e irrelevantes las documentales privadas que fueron exhibidas en vía de prueba por los inconformes, luego entonces, al no acreditar los reos sus excepciones y defensas y estar plenamente justificado con el documento fundatorio de la acción, la disposición que hicieron del crédito que les fue otorgado, es claro que no existe infracción alguna a los dispositivos legales que invocan los apelantes.
"Por otra parte, se procede a dar respuesta al tercer agravio que refieren los recurrentes en la siguiente manera: El tercer agravio, en su primer párrafo, es parcialmente fundado pero insuficiente para estar en condiciones de modificar o revocar la sentencia de primer grado recurrida, lo anterior se afirma así, en virtud de que contrario a lo que aduce el Juez en la combatida, de autos se desprende que los demandados aquí apelantes, mediante escrito que fue exhibido ante el Juez del conocimiento con fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve, objetaron el certificado de estado de cuenta que fue exhibido como prueba por la parte demandada; empero, es de hacer notar, que dicha objeción no fue justificada por los demandados, dado que, si bien es verdad éstos negaron haber dispuesto del crédito que les fue abierto, tal circunstancia no la probaron con ningún medio de prueba de las permitidas por la ley y la actora por el contrario sí probó con la documental base de la acción, que sí dispusieron del crédito el mismo día en que se celebró dicho acto jurídico, otorgando los inconformes el recibo más eficaz que en derecho correspondía, tampoco desvirtuaron con prueba alguna la aseveración que la accionante hace en dicho certificado, en el sentido de que los demandados aquí apelantes, solamente le cubrieron las mensualidades marcadas de la uno a la nueve, por lo tanto, al no demostrarse la objeción aludida, el documento en comento tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el numeral 349 de la ley procesal civil del Estado, resultando por ende fundada pero insuficiente la parte del agravio que se analiza.
"El segundo párrafo del tercer agravio que aquí nos ocupa, es también parcialmente fundado pero insuficiente para estar en condiciones de modificar o revocar la sentencia definitiva impugnada. Es fundado el agravio que se analiza, en razón de que efectivamente el valor probatorio pleno que el a quo le otorgó a la prueba pericial rendida con cargo al contador público Héctor Apolinar Martínez, no es correcto, pero no por lo manifestado por los recurrentes, sino porque la prueba aludida no es la idónea para justificar la forma en que se abrió el crédito a los demandados y si existen documentos contables que acreditan la disposición del crédito por parte de los demandados, pues en todo caso, la prueba idónea para justificar tales puntos lo era la inspección judicial; por todo lo antes apuntado, esta Sala no le concede valor probatorio alguno a la prueba aludida; por lo que respecta a lo manifestado por el perito a preguntas que le fueron formuladas por los apelantes en la audiencia celebrada ante el Juez del conocimiento, con fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en el sentido de que abrir un crédito y el otorgamiento del mismo son dos cosas diferentes, el a quo estuvo en lo correcto al manifestar que esto en nada les beneficiaba a los recurrentes, dado que si bien es verdad que el abrir y otorgar son dos cosas diferentes, cierto es también que en el contrato base de la acción se aprecia que en forma simultánea se abrió el crédito y en ese mismo acto los inconformes dispusieron de él, por lo que se concluye que no existe infracción alguna al respecto.
"El tercer párrafo del tercer agravio es insuficiente, dado que si bien el valor probatorio que el natural le otorgó a la prueba pericial es incorrecto, cierto es también que en autos sí quedó probado que los demandados dispusieron del crédito que les fue abierto por la institución bancaria actora, y si bien es verdad que esto no se justifica plenamente con el estado de cuenta certificado, sí se prueba coaligando éste con el contrato base de la acción y en forma específica con lo señalado por las partes en la cláusula tercera de dicho contrato, sin que para esto tenga nada que ver con el estudio de viabilidad económica a que se refiere el natural en su sentencia.
"Seguidamente se da respuesta al cuarto agravio que expresan los apelantes, el cual resulta también infundado, en virtud de que el juzgador estuvo en lo correcto al haber declarado improcedente la objeción planteada en contra de la certificación contable del estado de cuenta bancario, pues para que tal documento adquiera valor probatorio, no es necesario acreditar que quien lo certifica sea contador, como equivocadamente lo pretende hacer valer el recurrente, ya que tal requisito no lo exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, dado que tal numeral precisa que dicha certificación hará fe salvo prueba en contrario, cosa que en el caso concreto no ocurrió; resultando aplicable al respecto la jurisprudencia por contradicción de tesis, consultable en la página 289 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Novena Época, del mes de marzo de 1997, que bajo el rubro: ‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITOS (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’ (la transcribe).
"Por lo que, al tener apoyo lo anterior en una jurisprudencia por contradicción de tesis, no existe violación alguna al precepto que los apelantes invocan, siendo también incorrecto que dicha prueba no tenga valor probatorio pleno, por haberse presentado en un juicio hipotecario y no en un ejecutivo mercantil, ya que como se dijo con antelación, para que tal documento dejara de tener valor, era necesario que se presentara prueba en contrario que desvirtuara el contenido del mismo, situación que en el asunto en comento no acontece.
"Ahora bien, este tribunal de alzada da respuesta al quinto agravio que esgrimen los apelantes, el cual resulta también infundado, en virtud de que el a quo estuvo en lo correcto al precisar que la codemandada Eva Glendia Texta Gómez, se encuentra obligada a devolver la cantidad del crédito recibido, así como las demás prestaciones que le fueron reclamadas, toda vez de que, del documento base de la acción se aprecia que esta persona es acreditada y no garante hipotecaria como erróneamente pretenden hacerlo valer los inconformes, más aún, en caso de que así fuera, para que fuera necesario la exigencia de la autorización judicial a que se refiere el artículo 443 del Código Civil, era necesario que se acreditara en el juicio que dicho crédito fue realizado para el beneficio personal del codemandado Francisco Román Arce Alarcón, de ahí que no exista la infracción de la que se duelen los recurrentes, aun cuando se le haya otorgado valor probatorio pleno al acta de matrimonio de los inconformes y que en ella aparezca que tal matrimonio haya sido celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal.
"Finalmente y por las razones que han quedado precisadas con antelación, resulta infundado lo expuesto por los apelantes en su sexto agravio, dado que las presunciones que ahí refiere se encuentran desvirtuadas con el documento base de la acción, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 350 del Código Procesal Civil del Estado. En ese orden de ideas, se llega a la firme convicción de confirmar en sus términos la sentencia definitiva impugnada, por encontrarse ésta ajustada conforme a derecho."
QUINTO.-Los quejosos expresaron los siguientes conceptos de violación:
"Primer concepto de violación:
"Los preceptos constitucionales cuya violación se reclama: artículos 14 y 16 constitucionales.
"La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse: Los artículos 350, así como 355 al 359 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
"Parte de la sentencia que causa el concepto de violación: El considerando III que en su parte conducente a la letra dice:
"‘... Es infundado el agravio que aquí nos ocupa, toda vez de que contrario a lo que ahí expresan los apelantes, debe decirse que la sentencia impugnada es congruente con la demanda y contestación de la misma, es decir, el Juez resolvió todos y cada uno de los puntos litigiosos que fueron propuestos por las partes, además de que ésta se encuentra debidamente fundada y motivada. También es preciso señalar, que el Juez estuvo en lo correcto al concederle valor probatorio pleno al contrato de crédito base de la acción en términos de lo dispuesto por el artículo 350 del Código Procesal Civil en vigor, y tener por justificada la acción intentada por la sociedad actora, puesto que efectivamente con dicha documental se acreditó que los demandados aquí apelantes, dispusieron de la totalidad del crédito que les fue abierto por la banca actora; lo anterior se corrobora, con lo señalado por ambas partes contratantes en la cláusula tercera del documento en estudio, en donde sostuvieron lo siguiente: «Tercera. Disposición del crédito.-El cliente dispone en este acto del crédito abierto, mediante el abono realizado en las cuentas indicadas por el cliente, o bien por la entrega que el banco le hace del (los) cheque (s) de caja expedidos a favor de las diversas personas indicadas por éste de conformidad a su solicitud de aplicación de crédito y por el abono realizado (s) o la entrega de los cheques respectivos otorga en este acto el recibo más eficaz que en derecho corresponda.».’
"El concepto de la violación:
"El artículo 14 constitucional establece:
"‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’
"Por su parte el artículo 16 de la Carta Magna ordena:
"‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’
"Sin embargo, la Sala responsable transgredió el artículo 14 constitucional en sus partes transcritas, porque violó los artículos que contienen las normas a las que debe sujetarse el dictado de las sentencias; y al violar tales artículos, la sentencia que se reclama carece de la debida motivación y fundamentación que previene el artículo 16 constitucional.
"Por ejemplo, transgredió el artículo 359 del código procesal cuando establece:
"‘359. Reglas para la redacción de las sentencias. En la redacción de las sentencias se observarán las siguientes reglas: ... En la sentencia se estimará el valor de las pruebas, fijándose los principios y reglas en que el juzgador se apoye.’
"Lo anterior, en relación con el artículo 350 del propio código, cuando ordena:
"‘350. Fuerza probatoria de los documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funden.’
"En el propio considerando III, se transcribe la parte de la escritura pública siguiente:
"‘Tercera. Disposición del crédito. El cliente dispone en este acto del crédito abierto, mediante el abono realizado en las cuentas indicadas por el cliente, o bien por la entrega que el banco le hace del (los) cheque (s) de caja expedidos a favor de las diversas personas indicadas por éste de conformidad a su solicitud de aplicación de crédito y por el abono realizado (s) o la entrega de los cheques respectivos otorga en este acto el recibo más eficaz que en derecho corresponda.’
"De tal modo, quedó plenamente acreditado que la disposición sólo podría hacerse mediante:
"*Abono realizado en las cuentas indicadas por el cliente.
"*Entrega que el banco le hubiere hecho a los hoy quejosos de uno o varios cheques de caja a favor de las personas que los propios quejosos hubieren indicado.
"De tal modo, de conformidad con la escritura pública que como documento público debe tener valor probatorio pleno, para acreditar los extremos de la acción intentada debieron quedar acreditados también los dos puntos que anteriormente aparecen en el recuadro.
"La Sala responsable tuvo por probados los presupuestos de la acción hipotecaria a pesar de que jamás quedaron probados los puntos que aparecen en el recuadro; es decir, la tercera perjudicada nunca acreditó un abono realizado a favor de los quejosos ni la entrega de ningún cheque a favor de alguien que los quejosos hubieran indicado.
"Con lo anterior violó los artículos adjetivos del código de procedimientos transcritos en este agravio; y al violar éstos transgredió también los artículos 14 y 16 constitucionales en las partes antes copiadas.
"Segundo concepto de violación:
"Los preceptos constitucionales cuya violación se reclama: artículos 14 y 16 constitucionales.
"La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse: Los artículos 233, fracción II, 251 y 350, del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
"Parte de la sentencia que causa el concepto de violación: El considerando III de la resolución impugnada en vía de amparo, que en su parte conducente a la letra dice: (lo transcribe).
"El concepto de la violación:
"El artículo 14 constitucional establece que: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"‘...
"‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios general del derecho.’
"Por su parte el artículo 16 de la Carta Magna ordena:
"‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.’
"Sin embargo, la Sala responsable transgredió el artículo 14 constitucional en sus partes transcritas, porque violó los artículos adjetivos invocados.
"Y consecuentemente las normas esenciales del procedimiento al considerar acreditada la acción con la sola escritura pública en comento, y al violar tales artículos la sentencia que se reclama carece de la debida motivación y fundamentación que previene el artículo 16 constitucional.
"La Sala responsable transgredió los artículos 233, fracción II, 251 y 356 del código de procedimientos civiles, que establecen que:
"‘Artículo 233. Documentos que deben acompañarse a la demanda. Con toda demanda deberán acompañarse:
"‘...
"‘II. Con la demanda debe presentar el actor los documentos en que funde la acción ...’
"‘Artículo 251. Carga de la prueba de afirmaciones y negaciones. El actor debe probar los hechos en que funde su acción ...’
"‘Artículo 356. Congruencia. Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la contestación y con las demás acciones deducidas oportunamente en el pleito y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto del debate. Cuando sean varios los puntos litigiosos, se hará la debida separación de cada uno de ellos.’
"Lo anterior en relación con el artículo 350 del propio código, cuando ordena: ‘350. Fuerza probatoria de los documentos públicos. Queda exceptuada de la disposición anterior la apreciación de los documentos públicos, los que tendrán valor probatorio pleno, y por tanto no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde.’.
"En el propio considerando III, se transcribe la parte siguiente de la escritura pública de hipoteca: (la transcribe).
"Por tanto, de conformidad con la escritura pública que, como documento público, debe tener valor probatorio pleno para acreditar los extremos de la acción intentada, debieron quedar acreditados también los dos puntos que anteriormente se señalaron; esto es, era necesario que la actora, ahora tercera perjudicada, para acreditar los hechos constitutivos de su acción exhibiera con su escrito de demanda los documentos justificativos de la decisión del importe del crédito, por ser documentos integrantes de su acción, esto es, exhibir los estados de cuenta en que apareciera que la actora le hizo uno o varios depósitos en sus cuentas que tiene con la tercero perjudicado, o bien, exhibir o acreditar que la tercero perjudicado expidió uno o varios cheques a favor de los quejosos o de terceros de acuerdo a lo señalado en la cláusula tercera del contrato de apertura de crédito de fecha 14 de enero de 1994.
"La Sala responsable tuvo por probados los supuestos de la acción hipotecaria a pesar de que jamás exhibió los documentos justificativos de la disposición del importe del crédito, ni abonos, ni depósitos aludidos, ni la entrega de ningún cheque a favor de alguien que los quejosos hubieren indicado.
"Con lo anterior violó los artículos adjetivos del código de procedimientos: la fracción II del artículo 233, porque no exhibió la actora los documentos justificativos de la disposición que hubiéremos hecho los quejosos; el 251, porque la tercero perjudicado no acreditó como lo mandaba la escritura las disposiciones de las cantidades que se nos habían transmitido a los quejosos; y el 356, porque la sentencia no es congruente con las acciones deducidas, porque en las escrituras claramente dice que las disposiciones del dinero deben acreditarse mediante el cheque o el depósito a otra cuenta.
"Al violar tales artículos adjetivos, transgredió también los artículos 14 y 16 constitucionales en las partes transcritas en este concepto de violación, porque no se siguieron las normas del procedimiento ni se sentenció conforme a la letra de la ley y, por tanto, la resolución careció de motivación y fundamentación.
"Tercer concepto de violación:
"Los preceptos legales cuya violación se reclama:
"Artículos 14 y 16 constitucionales.
"La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicar: los artículos 349, 359, fracción III, del código de procedimientos civiles de Guerrero.
"Parte de la sentencia que causa el concepto de violación.
"El considerando III de la resolución impugnada en vía de amparo, que en su parte conducente a la letra dice: (la transcribe).
"El concepto de la violación:
"La Sala responsable en su resolución consideró ilegalmente que los suscritos quejosos dispusimos del importe del crédito al afirmar, y dicha disposición la hicieron en la forma y términos especificados en su solicitud de aplicación del crédito ...’, esto es, le da valor probatorio pleno a una documental que no existe en autos, ni fue ofrecida como prueba, ni admitida como tal, esto es, la del crédito como la acción ejercitada por la institución bancaria.
"Los artículos 349, 359, fracción III, del código de procedimientos civiles de Guerrero, disponen:
"‘349. Valoración conforme a la sana crítica. Los medios de prueba aportados y admitidos, serán valorados por el juzgador, con base en las reglas de la lógica y de la experiencia. ...’
"‘359. Reglas para la redacción de las sentencias. En la redacción de las sentencias se observarán las siguientes reglas:
"‘...
"‘III. En la sentencia se estimará el valor de las pruebas, fijándose los principios y reglas en que el juzgador se apoye.’
"La Sala responsable al darle valor legal a una prueba inexistente, violó los preceptos anteriores, por las siguientes razones.
"Porque el artículo 349 sólo autoriza a valorar al Juez las pruebas aportadas y admitidas, en el caso que nos ocupa la solicitud de aplicación de crédito fue una prueba que no sólo no fue ofrecida, tampoco fue aportada ni admitida, luego no podía ser tomada en cuenta por la Sala responsable. Por otra parte, según la fracción III del artículo 359, la Sala responsable debió valorar las pruebas y fijar los pri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6682-65aec0a9/notificaciones-personales-cuando-surten-sus-efectos-legislacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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