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Modo: Corpus Pro

FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2000. · Registro digital (IUS): 6694
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Octubre de 2000, , Pág. 287.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 314/99, promovido por Fianzas Monterrey Aetna, Sociedad Anónima, en lo conducente, dice:

"QUINTO.-Por cuestión de técnica jurídica se examinan en primer lugar los motivos de inconformidad hechos valer por la afianzadora quejosa en el segundo concepto de violación, en contra de los argumentos expresados por la Sala responsable en el considerando tercero de la sentencia reclamada, para concluir que en el caso no opera la figura de la caducidad prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, los cuales se estiman infundados, como enseguida se verá.-La jurisprudencia ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.’, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es obligatoria tanto para la Sala responsable como para este Tribunal Colegiado, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, resolvió que la caducidad, que prevé el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, como medio de que las afianzadoras se liberen de su obligación de pago, es inaplicable en tratándose de las fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales de terceros, por lo que es obvio que la resolución de la Sala responsable apoyada en la jurisprudencia señalada es correcta y apegada a derecho y no es violatoria de los preceptos citados por la quejosa, ni mucho menos de sus garantías individuales.-En otro orden, la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia no puede ser materia del juicio de garantías, conforme al artículo 73, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que evidencia también lo infundado de los argumentos hechos valer al respecto.-En cambio, resultan esencialmente fundadas las alegaciones inmersas en el primero de los conceptos de violación, toda vez que la autoridad responsable, como afirma la quejosa, no tomó en cuenta que la remisión que hace el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas a las normas del Código Fiscal de la Federación, se agota en la aplicación de los preceptos relacionados con el cobro del crédito fiscal garantizado mediante fianzas, pues todo ello se circunscribe al ámbito procedimental o adjetivo, lo que significa que la figura jurídica de la prescripción que prevé el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que es de carácter sustantivo, queda al margen de la multicitada remisión, ya que partiendo de la base de que la prescripción constituye una figura jurídica que pertenece al derecho sustantivo, entonces la prescripción regulada por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, se refiere a la extinción de obligaciones fiscales a cargo de contribuyentes (impuestos, derechos, productos o aprovechamientos), que se encuentran contemplados en los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, lo cual permite corroborar que siendo la prescripción de naturaleza sustantiva, la que regula la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no tiene por qué ser incluida en la remisión al código tributario federal, en la hipótesis a que alude su artículo 95 de aquella ley especial, toda vez que tal remisión se limita al aspecto procesal relacionado con la forma en que debe hacerse efectiva la fianza, instituyéndose así un procedimiento excepcional que responde a los principios de que la autoridad hacendaria no necesita vencer jurisdiccionalmente a los causantes antes de liquidar sus obligaciones, ni acudir a otra autoridad para hacerlas efectivas, principios que se justifican por la situación privilegiada del Estado, que le permite determinar ante sí y asegurar desde luego los créditos fiscales, ya que el fisco no litiga despojado; siendo de añadir que la prescripción que contienen tanto el Código Fiscal de la Federación, como la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, atienden a distintas situaciones, ya que es inconcuso que la obligación de garantizar el cumplimiento de un adeudo fiscal a cargo del directo fiado, tiene su génesis directamente en un contrato de fianza, y esto es lo que liga inmediatamente a la prescripción contemplada en el artículo 120 de la ley especial de fianzas que opera precisamente para liberar a la empresa afianzadora de la obligación de seguir garantizando el cumplimento en el pago del crédito fiscal, adeudo este del contribuyente que en el evento de la prescripción sí está regida por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Resulta de aplicación la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en las páginas 753 y 754, del Tomo V, junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘FIANZAS. CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS (PARA LAS COMPAÑÍAS QUE EXPIDAN DICHAS FIANZAS).-El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que el procedimiento para hacer efectivos los créditos fiscales garantizados a favor de la Federación, mediante un contrato de fianza, se tramitará conforme a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación. Asimismo, el artículo 146 del aludido código tributario, contempla la figura jurídica de la extinción por prescripción de los créditos fiscales, en un término de cinco años, que se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; y que la prescripción de un crédito fiscal opera por vía de excepción, que deberá oponerse en los recursos administrativos correspondientes. Sin embargo, tratándose de la obligación de garantizar el cumplimiento de un adeudo fiscal a cargo del fiado, pactada en el contrato de fianzas respectivo, el término de la prescripción de esa obligación (la de la garantía) no es el fijado por el mencionado artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, sino que, atendiendo a que tal obligación deriva directamente del contrato de fianza, que a su vez está regulado por una ley especial, a saber, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, luego, la prescripción de esa obligación debe regirse por lo dispuesto en el artículo 120 de la citada legislación especial, que expresamente determina que las obligaciones derivadas del contrato de fianza prescriben en tres años. No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la materia de la garantía lo constituya un crédito fiscal, puesto que la obligación de garantizar, lo cual constituye la materia o sustancia del contrato de fianza, que a su vez es de naturaleza mercantil según lo dispone el artículo 2o. del ordenamiento legal en cuestión, es lo directamente ligado a la prescripción contemplada en el citado numeral 120 de la ley especial, que opera precisamente para liberar a la empresa afianzadora de la obligación de seguir garantizando el cumplimiento en el pago del crédito fiscal a cargo del directo fiado, sin importar que éste quede obligado al cumplimiento del crédito fiscal, cuya prescripción sí estará regida por el aludido artículo 146 del código tributario.’.-Consecuentemente, al no considerar lo anterior la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación, resulta obvio afirmar que con su proceder vulneró las garantías constitucionales a que alude la sociedad quejosa, por lo que se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable de mérito deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra, en la que analice la prescripción alegada en el juicio de nulidad a la luz de lo que dispone el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.-Finalmente, importa destacar que el criterio inmerso en esta ejecutoria ya fue reiteradamente sustentado por este tribunal siendo el último en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil, al resolver el amparo directo 262/99."

CUARTO.-Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al fallar las revisiones fiscales números 11/97, 17/97, 20/97, 57/97 y 2/98 emitió, en todas, un criterio esencialmente igual que en lo conducente, dice:

"CUARTO.-De los conceptos de agravio antes transcritos, se considera bastante y suficiente para revocar la sentencia recurrida el que se precisa con el ordinal primero, atentas las razones siguientes:

"De la lectura integral de las constancias que integran el juicio de nulidad de donde emana la sentencia impugnada y, en especial, el examen practicado a esa resolución definitiva de primer grado, se desprende que en el caso concreto la Sala Fiscal anuló el acto administrativo que la afianzadora actora recurrió en dicho enjuiciamiento, por estimar que en la especie operó la prescripción de las facultades de la autoridad hacendaria para realizar el cobro; es decir, se declara la nulidad del requerimiento de pago por operar la prescripción de las facultades de la exactora, señalando en ese contexto la Sala a quo, que el término de tres años a que refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, había expirado ventajosamente, subrayando de manera enfática que en la especie no son aplicables las reglas que en materia de prescripción previene el Código Fiscal de la Federación, por cobrar aplicación en ese ámbito el dispositivo legal que antes se menciona. Cabe añadir, que en esa tesitura la aludida resolutora fiscal textualmente indica, que si bien el artículo 95 de la invocada ley especial, ordena que tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, se debe estar a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación, no debía perderse de vista que tal disposición sólo tiene relación con el hecho de que se haga efectiva la fianza, esto es, a la forma y modo en que el órgano de tributación debe hacer efectiva la fianza y no a la aplicación de reglas que conciernen a la prescripción, pues en esto último, es operante lo que establece la ley especial a través de su numeral 120.-La autoridad hacendaria no está de acuerdo con esta interpretación y para ello aduce, en síntesis, en el primero de sus agravios, que la Sala Regional que emitió la controvertida sentencia, inobserva que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, implementa diversos métodos o sistemas para hacer efectivas las fianzas, distinguiendo las que se otorgan a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y los Municipios y aquellas otras que se otorguen, siempre a favor de la Federación, pero a cargo de terceros; que cuando se actualiza esta última hipótesis, es aplicable el Código Fiscal de la Federación, por disposición expresa del numeral ulteriormente citado, resultando en consecuencia aplicable analógicamente la tesis de jurisprudencia número 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el rubro de: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.’.-Como se ve, la cuestión jurídica a resolver en esta instancia, consiste en dilucidar si en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, resulta aplicable o no el término prescriptivo a que refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues a ese respecto la resolutora de origen considera aplicable dicho precepto, lo que contrasta con la opinión de la autoridad recurrente, ya que ésta estima que en ese supuesto debe estarse a lo que prevé el Código Fiscal de la Federación.-Como quedó establecido al principio de este considerando, son fundadas las argumentaciones hechas valer en el primero de los agravios, si se toma en cuenta lo siguiente: Es cierto que el artículo 95 de la pluricitada ley especial, de manera literal hace referencia a que las fianzas que se otorguen a favor de la Federación, para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, debe estarse a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación; en otras palabras, en dicho ordenamiento el legislador implementa una salvedad o excepción para las fianzas de la naturaleza que menciona, remitiendo al ámbito del citado código tributario para efectos de los trámites y procedimientos correspondientes y que guarda relación directa con el cobro, esto es, con el hecho de hacer efectivas las fianzas a favor del beneficiario.-También debe ponerse de manifiesto que el criterio jurisprudencial, cuya aplicación analógica pretende la autoridad fiscalizadora, de manera categórica señala que la caducidad prevista en el artículo 120, del polinombrado ordenamiento especial, es inaplicable tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a favor de terceros, esto de conformidad al numeral 95 de la susodicha ley, que remite al Código Fiscal de la Federación, específicamente en lo que atañe al procedimiento que estatuye el artículo 143 del código que antes se nombra.-Ahora bien, aparentemente la jurisprudencia en cuestión no es aplicable al caso particular de que se trata, simplemente porque dicho criterio se sustenta en relación al tema de la caducidad y no propiamente al de la prescripción; empero, aunque textual y literalmente no se ajusta a las características de este evento, sin embargo, por motivos de carácter analógico sí es operante dicho criterio.-Se dice lo anterior, porque tanto la caducidad como la prescripción constituyen formas o modos de extinción de las obligaciones fiscales; la primera (caducidad) se genera cuando la exactora no determina dentro del término previamente fijado el crédito fiscal; y la segunda (prescripción) acontece cuando ya determinado el crédito no se realizan gestiones de cobro. De esto se sigue, que la prescripción en materia fiscal se interrumpe con cada diligencia o gestión de cobro que se le haga al sujeto pasivo de la relación tributaria; en cambio, la caducidad se traduce meramente en la omisión de la autoridad, quien durante el término o periodo que fija la ley, no establece o determina el crédito fiscal.-En base a estas consideraciones, es dable manifestar que la prescripción requiere de la existencia del crédito fiscal, de lo que no precisa la caducidad, pues ésta se produce por el simple transcurso del tiempo, sin que la autoridad determine el crédito, lo que responde obviamente a la garantía de seguridad jurídica que impera en nuestro orden constitucional, pues transcurrido el término específico previsto por la ley, los particulares tendrán la certeza de la extinción de las facultades de la autoridad para establecer el crédito.-No obstante estas diferencias, este tribunal revisor considera que ambas instituciones participan de un mismo atributo, que es la omisión de la autoridad, dado que en el caso de la caducidad se omite determinar el crédito, mientras que en el supuesto de la prescripción se omite gestionar el cobro; luego entonces, es patente que ambas figuras tienen como denominador común una actitud de carácter omisivo. En consecuencia, es inexacto lo que asevera la Sala Fiscal en el cuerpo del fallo recurrido, pues si bien es verdad que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al remitir al Código Fiscal de la Federación, en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, textualmente indica que dicha remisión es para el efecto de que se hagan efectivas dichas fianzas a favor del beneficiario; tal disposición no excluye y mucho menos nulifica la inaplicabilidad de las reglas que en materia de prescripción estatuye dicho código tributario, pues ‘hacer efectiva’ la fianza, propiamente significa gestionar su cobro, o sea, efectuar las diligencias que tiendan a materializar el cobro de la misma.-Consecuentemente, si el numeral en comento, de manera categórica dispone que las fianzas de la naturaleza precisada, se harán efectivas en términos de los procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación, es inconcuso que la prescripción de las facultades de la autoridad hacendaria, indefectiblemente se regirá por lo que expresamente ordena el Código Fiscal de la Federación, por tratarse de una cuestión que atañe directamente al cobro del importe de la fianza, cuyo procedimiento lo regula el aludido código impositivo; es decir, si el cobro de la fianza debe efectuarse dentro de los parámetros y procedimientos establecidos por el Código Fiscal de la Federación, es lógico y jurídico que la prescripción de dicho cobro (requerimiento de pago), también debe ventilarse en esa misma vía.-Una interpretación contraria resultaría ilógica, pues aunque se trata de una fianza, de ningún modo hay que olvidar, que por su naturaleza debe hacerse efectiva a la luz de los procedimientos instituidos por el Código Fiscal de la Federación, lo que evidencia la inaplicabilidad del artículo 120, de la ley especial. Y sería absurdo computar el término de la prescripción acorde a lo que estatuye el numeral en comento, pues aceptar tal posibilidad, sería tanto como someter el cobro de la fianza al imperio de procedimientos que no corresponden al que expresamente hace referencia la ley, para el caso de fianzas de esa índole. Por lo demás, si las gestiones de cobro de la fianza por disposición legal deben realizarse dentro de un procedimiento económico-coactivo que previene el Código Fiscal de la Federación, lógico y jurídico resulta concluir, que la prescripción está en relación directa con ese procedimiento y, por ello, la prescripción se sujeta a los requisitos y reglas que establece dicha codificación.-Ninguna importancia tiene para el caso, la cuestión que atañe a la reforma legislativa que experimentó el artículo 120 de la Ley de Instituciones de Fianzas, pues el criterio que se sostiene en esta resolución resulta aplicable tanto en el precepto derogado, como en el que actualmente se encuentra en vigor. En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado considera que en el evento a estudio, no es aplicable el aludido dispositivo legal; y por las razones que se emiten con antelación, cobra aplicación analógica el criterio jurisprudencial que invoca la recurrente en su pliego en revisión, razón por la cual debe estimarse esencialmente fundado el primero de los agravios y, por ende, obvio es que en el caso no opera la causal de nulidad que menciona la Sala Fiscal para declarar procedente la acción ejercitada en el juicio natural; por lo tanto, debe estimarse que en el caso no ha operado la prescripción que se aduce; y en ese sentido lo que procede aquí en la revisión, es dejar insubsistente la sentencia recurrida y, en consecuencia, se ordena la devolución de los presentes autos a la resolutora de primera instancia, a fin de que ésta, en lo que ve al tema de la prescripción, emita nuevo fallo, en los términos y con estricto apego a los lineamientos que se precisan en esta resolución; y estudie además los conceptos de nulidad que hizo valer la parte actora en su escrito de demanda.-Únicamente queda agregar, que siendo bastante y suficiente para su objetivo el primer agravio que formula la autoridad recurrente, se torna ocioso el estudio del segundo de los agravios."

Las referidas ejecutorias originaron la jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se transcriben a continuación.

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VII, mayo de 1998

"Tesis: XIV.2o. J/18

"Página: 920

"FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. SIMILITUDES ENTRE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 33/96, ha establecido que la caducidad que prevé el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es inaplicable tratándose de fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues en el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación, que prevé la hipótesis de las fianzas en comento, se contienen normas especializadas que configuran un procedimiento de excepción, congruente con la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas, el interés social y las facultades de ejecutividad propias del fisco. Ahora bien, esta jurisprudencia también es aplicable, por analogía, cuando la cuestión a dilucidar tiene relación con la prescripción de las facultades de la autoridad hacendaria para realizar el cobro de las fianzas otorgadas en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, si se tiene en cuenta que la caducidad se genera cuando la exactora no determina dentro del término previamente fijado el crédito fiscal y la prescripción aparece cuando ya determinado el crédito, no se realizan gestiones de cobro; es decir, ambas instituciones participan de un mismo atributo, ya que tienen como común denominador una actitud de carácter omisivo por parte de la autoridad, en relación con las gestiones de cobro de la fianza: en el caso de la caducidad, se omite determinar el crédito, mientras que en el supuesto de la prescripción, se omite gestionar el cobro."

QUINTO.-Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias antes transcritas, las cuales motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.

Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal ha estimado que para que exista materia sobre la cual deba pronunciarse tratándose de contradicción de tesis, es decir, para que se pueda dirimir cuál debe prevalecer, debe existir discrepancia de criterios jurídicos respecto de una misma situación legal, debiéndose suscitarse, además, entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que provenga del examen de los mismos elementos.

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia que esta Segunda Sala comparte, cuyos datos de identificación, rubro y texto se transcriben a continuación.

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia previamente transcrita, por virtud de lo cual es de señalar que de lo antes reproducido, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

1. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito resolvió el juicio de amparo directo número 314/99, promovido por Fianzas Monterrey Aetna, Sociedad Anónima. En ese juicio de garantías se reclamó la sentencia definitiva emitida por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación en la que si bien se declaró la nulidad del requerimiento de pago (por indebida fundamentación y motivación), se determinó que no procedía declarar prescrita "la facultad de la autoridad fiscal para hacer efectiva la fianza". El Tribunal Colegiado determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al estimar, en síntesis:

a) Que es correcta y apegada a derecho la resolución de la responsable en el sentido de que no opera la figura de la caducidad prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en atención a lo dispuesto en la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.".

b) Que en cambio, resulta aplicable la figura jurídica de la prescripción prevista en el citado artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues la remisión que hace el artículo 95 del mismo ordenamiento legal a las normas del Código Fiscal de la Federación se circunscribe al ámbito procedimental o adjetivo, o sea, se limita al aspecto procesal relacionado con la forma en que debe hacerse efectiva la fianza, sin que se incluya lo relativo a la prescripción por ser una figura jurídica de naturaleza sustantiva.

c) Que la figura de la prescripción prevista en el Código Fiscal de la Federación atiende a situaciones distintas de la estipulada en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues la obligación de garantizar el cumplimiento de un adeudo fiscal a cargo del fiado tiene su origen en un contrato de fianza y esto es lo que lo liga a la prescripción contemplada en el citado artículo 120, pues opera precisamente para liberar a la afianzadora de la obligación de seguir garantizando el cumplimiento en el pago del crédito fiscal, en tanto que, respecto del adeudo del contribuyente la prescripción sí está regida por el Código Fiscal de la Federación.

2. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, resolvió los recursos de revisión fiscal números 11/97, 17/97, 20/97, 57/97 y 2/98, promovidos por el administrador local jurídico de Ingresos de Mérida, Yucatán. En esos recursos se impugnaron las resoluciones emitidas por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación en las que se declaró la nulidad de los requerimientos de pago formulados contra las empresas afianzadoras. El Tribunal Colegiado determinó declarar fundados los recursos de revisión fiscal, dejar insubsistentes las sentencias recurridas y ordenar la devolución de los autos a la Sala Regional a fin de que emitiera un nuevo fallo, al estimar, en síntesis:

a) Que la cuestión jurídica a resolver consiste en dilucidar si en el caso de fianzas otorgadas a favor de la Federación para garantizar obligaciones a cargo de terceros, resulta aplicable o no el término prescriptivo a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

b) Que si bien el artículo 95 del citado ordenamiento legal remite al Código Fiscal de la Federación para el efecto de que se haga efectiva la fianza, no excluye las reglas que en materia de prescripción estatuye ese código tributario, pues hacer efectiva la fianza significa gestionar su cobro, o sea, efectuar las diligencias que tiendan a materializar el cobro de la misma.

c) Que como la prescripción de las facultades de la autoridad es una cuestión que atañe directamente al cobro del importe de la fianza, debe regirse por lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, pues aceptar la posibilidad de computar el término de la prescripción conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, sería tanto como someter el cobro de la fianza al imperio de procedimientos que no corresponden al que expresamente hace referencia la ley.

d) Que tiene aplicación analógica la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.", pues si bien se sustenta en relación al tema de la caducidad y no al de la prescripción, ambas instituciones participan de un mismo atributo que es la omisión de la autoridad.

Los antecedentes de los casos resueltos y las consideraciones emitidas por los referidos Tribunales Colegiados que se sintetizaron anteriormente, permiten concluir que existe contradicción de criterios, por lo siguiente:

Las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes tienen como antecedentes: a) el otorgamiento de una fianza a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros; b) el requerimiento de pago a la empresa afianzadora porque el fiado incumplió con las obligaciones garantizadas; y c) el planteamiento de la actualización de la figura de la prescripción prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas por haber transcurrido más de tres años d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6694-e920d936/fianzas-otorgadas-en-favor-de-la-federacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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