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Modo: Corpus Pro

DELITOS FISCALES. PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR AQUELLOS ILÍCITOS, SE REQUIERE LA MANIFESTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE QUE EL INTERÉS FISCAL SE ENCUENTRA GARANTIZADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/99. · Registro digital (IUS): 16992
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 196.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 40/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la contradicción, se estima conveniente transcribir, en la parte que interesa, los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales contendientes.

a) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo número 1005/97-I, promovido por ... el veintidós de abril de mil novecientos noventa y ocho, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. ... Por último, el concepto de violación relacionado con la negativa a otorgar el beneficio de la sustitución de la pena o condena condicional es igualmente infundado, pues la interpretación armónica de los artículos 101, 94 y 17-A del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 45 de la Ley Aduanera, permite establecer que tratándose de delitos fiscales, para que proceda la condena condicional, la sustitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, como en el caso que ocupa nuestra atención, es necesario que se justifique, además de los requisitos señalados en el artículo 90 del Código Penal Federal, comprobar que los adeudos fiscales estén cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que los Jueces Federales no pueden sustituirse a la opinión de dicha dependencia del Ejecutivo que es la única facultada para ello e incluso para otorgar el perdón al inculpado. Lo anterior es así porque, en estos casos, no procede la condena a la reparación del daño ni tampoco la imposición de multas, lo que queda bajo el resorte competencial de las autoridades exactoras (artículo 94) quienes en términos del artículo 17-A, ya citado, están facultadas para determinar el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido y los cambios de precios que hubiere sufrido la mercancía en el país, de acuerdo con el procedimiento allí detallado; por lo que no basta que las mercancías estén afectas directamente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales como se pretende, pues se reitera que es necesario calcular el importe de cada uno de los conceptos regulados por el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, lo que de ninguna manera podrían hacer los Jueces Federales por carecer de competencia para ello. De sostener el criterio del promovente, llevándolo al absurdo, tendría que aceptarse que dichos juzgadores también estarían facultados para fijar las multas que procedan y condenar a la reparación del daño causado al Estado, previa cuantificación de éste. Luego entonces, si en el caso concreto no consta en el expediente la manifestación expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que los adeudos fiscales de referencia estén cubiertos o garantizados a su satisfacción, es inconcuso que al haberlo considerado así el Magistrado responsable, se apega a lo ordenado por la ley y no viola en perjuicio del quejoso ninguna de las garantías individuales que invoca. Por cuanto a la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, que el promovente invoca en apoyo de sus conceptos de violación, debe decirse que, si bien es respetable, este cuerpo colegiado no la comparte por los motivos y fundamentos antes expuestos; máxime si se considera que se apoya en apreciaciones personales y subjetivas que en cada caso concreto el órgano jurisdiccional tendría que hacer para establecer el valor de las mercancías, lo que se aparta de los normativos legales ya analizados, por lo que debe hacerse la denuncia de contradicción correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación." (100 vuelta y 103 vuelta).

Por lo que hace a los juicios de amparo directo 20/98-I y 85/98-I, ambos resueltos el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, y 556/98-I fallado el seis de noviembre del mismo año, resulta innecesaria su transcripción, pues las consideraciones vertidas en dichas resoluciones, en la parte relativa al tema de la presente contradicción, coinciden literalmente con las expuestas en la resolución que ha quedado transcrita en el párrafo precedente.

Las anteriores resoluciones, junto con el diverso amparo directo número 832/98, fallado el trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que no obra en autos al haberse dictado con posterioridad al requerimiento que se le hiciera al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, dieron lugar a la tesis jurisprudencial, cuyos datos de identificación, contenido y precedentes, a la letra dicen:

"Novena Época

"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, octubre de 2000

"Tesis: XIX.1o. J/13

"Página: 1126

"CONDENA CONDICIONAL, PROCEDENCIA DE LA. DELITOS FISCALES. Una interpretación armónica de los artículos 101, 94 y 17-A del Código Fiscal de la Federación en relación con el 45 de la Ley Aduanera, permite establecer que, tratándose de delitos fiscales, para que proceda la condena condicional es necesario justificar, además de los requisitos señalados en el artículo 90 del Código Penal Federal, que los adeudos fiscales estén cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que los Jueces Federales no pueden sustituirse a la opinión de dicha dependencia del Ejecutivo que es la única facultada para ello e incluso para otorgar el perdón al inculpado. Lo anterior es así porque, en estos casos, no procede la condena a la reparación del daño ni tampoco la imposición de multas, lo que queda bajo el resorte competencial de las autoridades exactoras (artículo 94), quienes en términos del diverso 17-A ya citado, están facultadas para determinar el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido y los cambios de precios que hubiere sufrido la mercancía en el país de acuerdo con el procedimiento allí detallado; por lo que no basta que la mercadería secuestrada quede afecta directamente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales, para considerar que ha quedado cubierto el interés fiscal, pues se reitera que es necesario calcular el importe de cada uno de los conceptos regulados por el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación; lo que de ninguna manera podrían hacer los Jueces Federales por carecer de competencia para ello. De sostener el criterio del promovente, llevándolo al absurdo, tendría que aceptarse que los Jueces Federales también estarían facultados para fijar las multas que procedan y condenar a la reparación del daño causado al Estado, previa cuantificación de éste.

"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

"Amparo directo 1005/97. 22 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Javier Valdez Perales.

"Amparo directo 20/98. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Santiago Gallardo Lerma.

"Amparo directo 85/98. 26 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Santiago Gallardo Lerma.

"Amparo directo 556/98. 6 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Aurelio Sánchez Cárdenas. Secretario: Javier Valdez Perales.

"Amparo directo 832/98. 13 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretario: Pedro Gutiérrez Muñoz."

b) El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito resolvió el juicio de amparo número 143/94-VI, en ejecutoria de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con base en las consideraciones que se insertan en la parte relacionada con este asunto:

"SEXTO. ... Se irroga también dicha violación de garantías al demandante al resultar fundado, asimismo, el concepto de violación que endereza a combatir la negativa a obtener el beneficio de la sustitución de la pena corporal impuesta, toda vez que aunque es verdad que no obran en el sumario constancias que justifiquen que se haya efectuado el pago de los impuestos omitidos en términos de lo que dispone el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, también es cierto que conforme lo prevé el propio dispositivo, dichos impuestos se encuentran garantizados, habida cuenta que el vehículo y la mercancía asegurados quedaron a disposición del administrador de la aduana fronteriza de la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cubrir los impuestos omitidos, por lo que en tales condiciones puede estimarse cubierta, en el caso, la condición que para la procedencia del beneficio solicitado requiere el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, en lo relativo a la comprobación de que el adeudo fiscal se encuentra garantizado y, por ende, resolver, en consecuencia, lo que al respecto proceda atendiendo a lo dispuesto en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal. En consecuencia, procede conceder a ... el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que reiterando la plena responsabilidad del ahora quejoso en la comisión del delito de contrabando y su equiparable, con plenitud de jurisdicción reindividualice la pena y resuelva lo que en derecho proceda respecto la solicitud del beneficio de sustitución de la misma." (foja 34 del cuaderno respectivo).

En el juicio de amparo directo 726/94-II, el trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco resolvió:

"QUINTO. ... En cambio, por lo que toca a la negativa de concederle al quejoso alguno de los beneficios que contempla la ley para sustituir la pena de prisión, este tribunal estima que sí se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 101 del Código Fiscal Federal, ya que en autos obran constancias de las cuales se advierte que el interés fiscal se encuentra suficientemente garantizado. A fojas siete se localiza el acta de embargo precautorio de mercancía (diecinueve pacas de ropa usada), así como del vehículo en que se transportaba; de igual modo, a fojas cuatro de autos obra la clasificación arancelaria de mercancía de la cual se advierte que el valor de la misma es de siete mil seiscientos ochenta y dos nuevos pesos, mientras que el impuesto omitido asciende a dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho nuevos pesos con veinticuatro centavos. De acuerdo con lo anterior, no puede soslayarse que el interés fiscal está garantizado suficientemente, con independencia de que exista o no una declaratoria específica de la autoridad tributaria, atento que por disposición del artículo 45 de la Ley Aduanera ‘Las mercancías están afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales ...’. Así lo anterior, se estima incorrecta la negativa por parte de la responsable de otorgarle al sentenciado el beneficio de la sustitución de la pena de prisión, toda vez que este tribunal considera que el artículo 101 del código tributario en que funda su determinación, sólo obliga a la autoridad judicial previamente a otorgar cualquier beneficio a los sentenciados por la comisión de delitos fiscales, a cerciorarse de que los adeudos de la misma naturaleza estén cubiertos o garantizados a fin de que en el último de los casos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con arreglo a las leyes fiscales, pueda resarcirse a satisfacción de las contribuciones omitidas, recargos y sanciones que pudieran surgir con cargo al sentenciado y que sólo en el supuesto excepcional de que los bienes secuestrados en garantía de dichos créditos resultaran notoriamente insuficientes para los fines señalados, serían improcedentes los citados beneficios. En las relacionadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección constitucional que solicita, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada exclusivamente en lo que se refiere al estudio de la sustitución de la pena y considerando lo expuesto en este fallo resuelva con plenitud de jurisdicción lo que en derecho proceda." (foja 59 vuelta del respectivo toca).

Para resolver los juicios de amparo directo 247/95-IV, 455/95-X y 127/96-IV, de fechas veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, once de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, respectivamente, el tribunal en cita se apoyó en las mismas consideraciones expuestas en la resolución que antecede, por lo que, de igual forma, resulta innecesaria su transcripción.

De las anteriores resoluciones derivó la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: V, marzo de 1997

"Tesis: XIX.2o. J/8

"Página: 746

"SUSTITUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES. En términos de lo dispuesto en el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, para que proceda la condena condicional, la sustitución de la pena o cualquier otro beneficio respecto de los delitos fiscales, además de los requisitos señalados en el Código Penal Federal, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, cuando en los autos del proceso penal relativo existen constancias que acreditan fehacientemente la existencia de un embargo precautorio o aseguramiento de bienes bastantes en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este tribunal estima que la negativa del beneficio en favor del sentenciado fundada en tal precepto y en el hecho de que la autoridad hacendaria no ha emitido una declaratoria sobre el extremo inicialmente apuntado, resulta violatoria de garantías, pues la autoridad judicial no puede soslayar que el interés fiscal se encuentra garantizado, con independencia de que exista o no una declaratoria específica de la autoridad tributaria, atento que por disposición del artículo 60 de la Ley Aduanera ‘Las mercancías están afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales ...’; por tanto, una recta interpretación del artículo 101 del Código Fiscal de la Federación, conduce a establecer que el mismo sólo obliga a la autoridad judicial, previamente a otorgar cualquier beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, a cerciorarse de que los adeudos de la misma naturaleza estén cubiertos o garantizados a fin de que en el último de los casos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con arreglo a las leyes fiscales aplicables, pueda resarcirse a satisfacción, de las contribuciones omitidas, recargos y sanciones que pudieran surgir con cargo al sentenciado y que sólo en el presupuesto excepcional de que los bienes secuestrados en garantía de dichos créditos resultaran notoriamente insuficientes para los fines señalados, serían improcedentes los citados beneficios.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

"Amparo directo 143/94. 21 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Terrazas Salgado. Secretaria: Gina Esthela Ceccopieri Gómez.

"Amparo directo 726/94. 13 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Méndez Hernández. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

"Amparo directo 247/95. 20 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Terrazas Salgado. Secretaria: Gina Esthela Ceccopieri Gómez.

"Amparo directo 455/95. 11 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo González. Secretario: Arturo Ortegón Garza.

"Amparo directo 127/96. 5 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Terrazas Salgado. Secretaria: Gina Esthela Ceccopieri Gómez."

CUARTO. Es procedente que esta Primera Sala realice el análisis de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución que corresponda, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

Al respecto, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, junio de 2001

"Tesis: P./J. 76/2001

"Página: 5

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda.

"Contradicción de tesis 25/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 14 de noviembre de 1991. Unanimidad de quince votos. Ausentes: Noé Castañón León, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, Atanasio González Martínez y Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa.

"Contradicción de tesis 5/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 23 de mayo de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juan Díaz Romero y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.

"Contradicción de tesis 18/98-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero del Cuarto Circuito. 7 de junio de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés.

"Contradicción de tesis 20/98. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 13 de junio de 2000. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.

"Contradicción de tesis 58/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juventino V. Castro y Castro; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan N. Silva Meza. Secretario: Felipe Cerecedo Díaz."

QUINTO. Por cuestión de orden, conviene determinar si en la especie existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, ya que sólo en tal supuesto es dable determinar cuál criterio es el que debe prevalecer.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que existe materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, si existe al menos, formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, las tesis jurisprudenciales que sustentan los órganos jurisdiccionales contendientes.

En otros términos, se da la contradicción anterior, cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Al resolver los asuntos, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) La diferencia de criterios se presente en las consideraciones, interpretaciones o razonamientos jurídicos de las sentencias respectivas; y,

c) Los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia de referencia, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes, son las siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

Para determinar sobre la posible existencia de contradicción de criterios entre los citados tribunales, se estima necesario mencionar, brevemente, los antecedentes que se aprecian en cada uno de ellos.

1. En los juicios de amparo directo 1005/97-I, 20/98-I, 85/98-I y 556/98-I, seguidos ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, están constituidos por resoluciones dictadas por Tribunales Unitarios del mismo circuito, que confirmaron o modificaron en el recurso de apelación, las pronunciadas por Jueces Federales, que a su vez declararon penalmente responsables a diversos sujetos por los delitos, entre otros, de contrabando y su equiparable, previstos y sancionados, respectivamente, en los artículos 102, 104 y 105 del Código Fiscal de la Federación; y de igual forma, se confirmaron las consideraciones del a quo en torno a la negativa de otorgar a los sentenciados la sustitución y conmutación de la pena de prisión o el beneficio de la condena condicional.

En contra de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Unitarios, cada uno de los sentenciados, en momentos distintos, promovió juicio de amparo directo, mismos que a la postre serían negados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

2. Los antecedentes que se advierten de las resoluciones dictadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en los juicios de amparo directo 143/94-VI, 726/94-II, 247/95-IV, 455/95-X y 127/96-IV, están constituidos, de igual manera, por sentencias dictadas en el recurso de apelación por Tribunales Unitarios del Décimo Noveno Circuito, que confirmaron o modificaron las sentencias de condena impuestas por Jueces Federales a diversas personas por los delitos, entre otros, de presunción y equiparación de contrabando, previstos en los artículos 103 y 105 del Código Fiscal de la Federación y sancionados en el diverso 104 del mismo ordenamiento; asimismo, en dichas resoluciones se confirmó la decisión del a quo de no otorgar a los sentenciados la sustitución y conmutación de la pena corporal o el beneficio de la condena condicional.

Al resolver los juicios de amparo promovidos por cada uno de los sentenciados en contra de las sentencias de alzada, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito concedió el amparo a los quejosos únicamente por lo que hace a la negativa de la responsable de otorgarles el beneficio de la sustitución de la pena de prisión con base en las consideraciones por ella expuestas.

Ahora bien, conforme a los requisitos previstos en la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno antes citada, y de acuerdo al examen de las ejecutorias relatadas y de las tesis jurisprudenciales que de ellas derivaron, se concluye que sí existe contradicción de tesis, por lo siguiente:

Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito sostiene el criterio consistente en que de la interpretación armónica de los artículos 101, 94 y 17-A del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 45 de la Ley Aduanera, se desprende que para la procedencia de la condena condicional es necesario justificar, además de los requisitos señalados en el Código Penal Federal, que los adeudos fiscales estén cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que los Jueces Federales no pueden sustituirse a la opinión de dicha dependencia del Ejecutivo que es la única facultada para ello.

Que lo anterior es así, pues tratándose de delitos fiscales no procede la condena a la reparación del daño ni tampoco la imposición de multas, lo que queda bajo el resorte competencial de las autoridades exactoras, quienes en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, están facultadas para determinar el monto de las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, tomando en cuenta el tiempo transcurrido y los cambios de precios que hubiere sufrido la mercancía en el país de acuerdo con el procedimiento allí detallado; por lo que no basta que la mercancía secuestrada (merced al delito cometido) quede afecta directamente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales, para considerar que ha quedado cubierto el interés fiscal, pues es necesario calcular el importe de cada uno de los conceptos regulados por el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, lo que de ninguna manera podrían hacer los Jueces Federales por carecer de competencia para ello.

En tanto que el Segundo Tribunal del mismo circuito sostiene que cuando en los autos del proceso penal relativo existan constancias que acrediten fehacientemente la existencia de un embargo precautorio o aseguramiento de bienes bastantes en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la negativa de la responsable de otorgar a los sentenciados los beneficios de la sustitución y conmutación de sanciones o la condena condicional, fundada en el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación y en el hecho de que la autoridad hacendaria no ha emitido una declaratoria en el sentido de que se encuentra garantizado el interés fiscal, resulta violatoria de garantías, pues la autoridad judicial no puede soslayar que el interés fiscal se encuentra garantizado, con independencia de que exista o no una declaratoria específica de la autoridad tributaria, atento que por disposición del artículo 60 de la Ley Aduanera: "Las mercancías están afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales ...".

Que una recta interpretación del artículo 101 del Código Fiscal de la Federación conduce a establecer que el mismo sólo obliga a la autoridad judicial, previamente a otorgar cualquier beneficio a los sentenciados por delitos fiscales, a cerciorarse de que los adeudos de la misma naturaleza estén cubiertos o garantizados a fin de que en el último de los casos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con arreglo a las leyes fiscales aplicables, pueda resarcirse a satisfacción de las contribuciones omitidas, recargos y sanciones que pudieran surgir con cargo al sentenciado y que sólo en el presupuesto excepcional de que los bienes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16992-7c5fc1b8/delitos-fiscales-para-la-procedencia-de-la-sustitucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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