POLICÍA FISCAL. LOS ACTOS QUE REALIZA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, NO CONSTITUYEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA. REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones que sentaron el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en lo que es materia de la contradicción, están contenidas en las revisiones fiscales siguientes: RF. 597/97; RF. 1020/97; RF. 136/98 y RF. 486/98.
I. En la ejecutoria dictada el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho en la revisión fiscal RF. 597/97, promovida por el administrador local jurídico de Ingresos No. 15, en Torreón, Coahuila, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resuelta por unanimidad de votos, se tuvieron los siguientes antecedentes:
a. Mediante verificación realizada en recinto fiscal de la Aduana fronteriza de Piedras Negras por el subadministrador de dicha oficina, se inició un procedimiento administrativo en materia aduanera contra una persona con motivo de un procedimiento aleatorio de reconocimiento aduanero; a raíz de dicho procedimiento se trabó secuestro aduanero y se fincó un crédito fiscal a cargo de la persona revisada.
b. Inconforme con tales decisiones, el afectado interpuso recurso administrativo de revocación ante la Administración Local Jurídica de Ingresos 15 de Torreón, Coahuila, formándose el expediente 210/96, en el que a la postre se resolvió confirmar tanto el embargo como el crédito.
c. Con motivo de lo anterior, el particular afectado promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación.
d. Seguido el juicio contencioso administrativo, la Sala Fiscal del conocimiento declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada sosteniendo, en esencia, que el subadministrador de la aduana había iniciado defectuosamente el procedimiento administrativo en materia aduanera, ya que en ningún momento se exhibió orden u oficio alguno a través del cual se le autorizara para la práctica de tales procedimientos.
e. Inconforme con tal decisión, el administrador local jurídico de Ingresos 15, interpuso recurso de revisión fiscal cuyo conocimiento tocó al Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el que seguidos los trámites, resolvió declarar fundado el recurso, con base en las siguientes consideraciones:
"... TERCERO. Los agravios que han quedado transcritos resultan ser fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa, según se demostrará más adelante. En principio, resulta pertinente destacar a manera de antecedentes, que la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 325-A-II-4-1860, fechado el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis, por medio del cual la Administración Local Jurídica de Ingresos de Piedras Negras, Coahuila, resolvió el recurso de revocación número 210/96, principalmente apoyada en que el subdirector de la aduana fronteriza ubicada en dicha ciudad, al momento de levantar el acta impugnada no exhibió oficio u orden alguna que le autorizara para practicar el embargo precautorio sobre las mercancías de procedencia extranjera revisadas, ni para iniciar el procedimiento en materia aduanera, con motivo del reconocimiento efectuado al contribuyente, lo que a su parecer, atenta contra la garantía de debida fundamentación y motivación, contenida en el artículo 16 constitucional. Por su parte, la administración local recurrente sostiene en sus agravios, que la verificación realizada en el recinto de la autoridad fiscal no requiere de orden previa de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, como sucede tratándose de las visitas domiciliarias que refiere la Sala Regional en su sentencia, ya que en aquellos casos, se requiere únicamente que el verificador de la mercancía se ajuste a las prevenciones que para tal efecto establece el artículo 29 de la legislación aduanera, es decir, que si al activarse el mecanismo de selección aleatoria se determina la práctica del reconocimiento aduanero, entonces el verificador se cerciorará del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, y si resultan irregularidades en la misma, entonces debe proceder a levantar el acta de hechos correspondiente y a decretar el secuestro precautorio de la mercancía, dando así inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera. Ahora bien, se dice que las afirmaciones anteriores resultan fundadas, en atención a que, tal y como lo aduce la autoridad recurrente, en la especie no puede estimarse que la verificación aduanera constituya un acto de molestia que deba estar precedido por una orden de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su proceder, como si se tratara de una visita domiciliaria, puesto que dicho procedimiento de verificación se encuentra plenamente reglamentado por lo que establecen los artículos 3o., 29, 45, 116, fracciones II, III, X y XI, de la legislación aduanera vigente en el año en que se generaron los hechos; teniendo así que al presentarse el contribuyente, en el recinto oficial (sic) de la Aduana fronteriza de Piedras Negras, Coahuila, las mercancías que pretendía introducir al país, resultaba obligatorio para el funcionario revisor, someterlas al mecanismo de selección aleatoria que determinó la práctica de la verificación aduanera; asimismo, se encontraba obligado ante las irregularidades descubiertas, a secuestrar las mercancías afectas y a iniciar el procedimiento administrativo en materia aduanera, levantando el acta respectiva en la que se hizo constar entre otras cosas, la identificación de la autoridad que practicó la verificación, que en este caso lo fue el subadministrador, el requerimiento hecho al contribuyente para que designara dos testigos y domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento relativo; facultades todas las anteriores, que desde luego no requieren para su ejecución de orden previa o de oficio de comisión que emita el titular de la aduana, puesto que es la propia legislación aduanera, en sus artículos 3o., 29, 45 y 116, fracciones II, III, X y XI, la que dispone que en el supuesto de que el interesado presente ante la autoridad aduanera, la mercancía que pretenda introducir al país, activará por sí mismo el mecanismo de selección aleatoria que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero, y en caso afirmativo, éste por (sic) la persona ante quien se presente la mercancía en el recinto oficial, y que si se encuentran irregularidades que impliquen infracción a las disposiciones fiscales, como sucedió en la especie, entonces el funcionario revisor tendrá que levantar el acta correspondiente, haciendo constar los hechos u omisiones observados, secuestrar las mercancías cuya legal estancia no se acreditó, así como dar inicio al procedimiento administrativo en materia aduanera; procedimiento éste que efectivamente se siguió en sus términos, según se constata del acta correspondiente; fue de ahí que, si en la especie en el acta de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se hizo constar en lo conducente, que Juan Diego Beristáin Ávila, en su carácter de subadministrador de la Aduana fronteriza de Piedras Negras, Coahuila, según constancia de identificación número 4127-V-3561, expedida por el administrador de la citada aduana, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con apoyo en los artículos 16 constitucional, 3o., 45, 116, fracciones II, III, VII, X, XI, XIV y XXX, de la legislación aduanera y 114, fracciones VIII y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procedió a ejercer sus facultades de inspección y verificación de la mercancía de procedencia extranjera, a secuestrarlas precautoriamente (sic) en virtud de las irregularidades encontradas, así como a requerir al interesado para que nombrara dos testigos de asistencia y domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la localidad, haciendo constar los hechos que a su parecer constituían infracciones a las disposiciones contenidas en los artículos 127, 128, 130 y 134 de la legislación aduanera, entonces debe concluirse que su actuación se encuentra plenamente justificada, ya que se apegó en todo momento a las obligaciones y facultades que prevén los artículos que le sirvieron de fundamento. No impide llegar a la anterior conclusión, la afirmación de que el único funcionario competente para ejercer las facultades de verificación aduanera, lo es el administrador de la aduana correspondiente, y que en todo caso el subadministrador que la efectuó, debió justificar con la orden u oficio respectivo que estaba autorizado para sustituir al titular en sus funciones; en virtud de que si bien el artículo 114, inciso C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispone que cada aduana está a cargo de un administrador, lo cierto es que la propia disposición reglamentaria dispone que para el despacho de los asuntos de la aduana, la oficina contará con diversos funcionarios, entre otros, los subadministradores, quienes desde luego se encuentran facultados para ejercer las actividades correspondientes; porque de sostener su criterio de la Sala Regional, de que única y exclusivamente el administrador de la aduana puede desempeñar las funciones inherentes al servicio aduanero, llegaríamos al absurdo de afirmar que dicho titular debe desarrollar personal e invariablemente la totalidad de las funciones y actuaciones con motivo del ejercicio de las facultades contenidas en el citado artículo 114 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no tendría sentido el contenido de la propia norma en estudio, cuando propone que para el despacho de los asuntos se contará además con diversos empleados como lo son los subadministradores de la aduana. Resulta conveniente destacar, que las facultades de inspección, vigilancia y demás actos inherentes al servicio aduanero, que ejerció el subadministrador de la aduana, están avaladas en la constancia de identificación personal expedida por el administrador de la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, extendida en uso de la facultad que le confiere la fracción XVII (sic) del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que dicha norma refiere, entre otras cosas, que el administrador de la aduana puede expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que autorice para la práctica de inspecciones, vigilancias o demás actos que correspondan al servicio aduanero; de ahí que, si en la especie en el acta de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se hizo constar también que el subadministrador, Juan Diego Beristáin Ávila, mostró al revisado la constancia de identificación número 4127-V-3561, vigente del primero de agosto de mil novecientos noventa y cinco al treinta y uno de octubre del propio año, que lo autoriza a ejercer las facultades de inspección, verificación de mercancías y vehículos de origen y procedencia extranjera, reconocimiento aduanero, incluso para asegurar, embargar y secuestrar las citadas mercancías, así como los medios de transporte y los vehículos en tránsito cuya legal tenencia, transporte, manejo o estancia en el país no se acredite, entonces debe entenderse que su actuación se encuentra plenamente justificada en términos del artículo en estudio; circunstancias todas las anteriores que desde luego robustecen los razonamientos que en párrafos anteriores sostuvo este Tribunal Colegiado, en el sentido de que el funcionario que inició el procedimiento administrativo en materia aduanera, se encontraba plenamente facultado para efectuar la verificación de las mercancías de procedencia extranjera, así como para decretar el embargo precautorio de las mismas, ante las irregularidades descubiertas, mismas que implican infracción a las disposiciones fiscales en materia de comercio exterior. En mérito de lo anterior, y en virtud de que la sentencia que se revisa, le causa a la recurrente los invocados agravios, lo procedente es revocarla, para el efecto de que la Sala responsable dicte una nueva sentencia en la que declare infundado el concepto de anulación que se refiere a la ausencia de facultades de la autoridad que practicó la verificación aduanera, y examine el resto de los conceptos de anulación expuestos por la actora, resolviendo con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que corresponda a derecho. Tiene aplicación al caso, con esto último la tesis de jurisprudencia No. 6/91 consultable en las páginas 759 y 760 del Tomo III, Segunda Sala, de la Jurisprudencia por contradicción de tesis de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (la transcribe)."
II. En la ejecutoria dictada el veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho en la revisión fiscal RF. 1020/97 promovida por el administrador local jurídico de Ingresos de Torreón, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras, se tuvieron los siguientes antecedentes:
a. Mediante acta 58/96 de trece de agosto de mil novecientos noventa y seis levantada por un agente de la Policía Fiscal adscrito a la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, se hizo constar lo que técnicamente ha de considerarse como el inicio de un procedimiento administrativo en materia aduanera, al momento que el oficial actuante practicó reconocimiento aduanero de un vehículo de procedencia extranjera y lo trasladó a los patios de dicha aduana; de esa acta, se derivó un crédito fiscal a cargo del conductor de dicho vehículo.
b. Inconforme, el afectado promovió juicio de nulidad que tocó conocer a la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, y seguido el juicio contencioso administrativo, la Sala Fiscal del conocimiento declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por considerar que el agente de la Policía Fiscal que inició el procedimiento aduanero, carecía de competencia.
c. Inconforme con dicho fallo, el administrador local jurídico de Ingresos 15 en Torreón, Coahuila, interpuso recurso de revisión fiscal que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, quien a la postre declaró fundado dicho recurso con base en las siguientes consideraciones:
"... IV. Los agravios que se expresan resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia que se revisa. En efecto, consta en autos que el 13 de agosto de 1996, Arturo López Hernández, agente de la Policía Fiscal Federal adscrito a la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, levantó acta de hechos número 58/96, en la que hace constar que al estar cumpliendo con el servicio de vigilancia permanente en el Centro Táctico Puente Internacional de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, se presentó un vehículo marca Mercury Grand Marquis, modelo 1982, serie 1MEBP85F5CZ629624, placas de circulación CBW-88S Texas, color crema, conducido por Felipe Flores Delgado, y tras de obtener reconocimiento aduanero pasó al área de inspección (sic), mismo que no comprobó la legal estancia y tenencia en el país de dicho vehículo, motivo por el cual se hizo el traslado de la unidad a los patios fiscales (sic) de la aduana donde se inició el acta de hechos correspondiente (sic); asimismo se advierte que el día antes señalado el administrador de la Aduana fronteriza de Piedras Negras, Coahuila, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 114, apartado A, fracciones VIII y XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 1o., 2o., 3o., 60, 144, fracciones II, X, XV y XVI, 150, 151 y 153 de la Ley Aduanera, inició el procedimiento administrativo en materia aduanera en contra de Felipe Flores Delgado, porque al practicarse la inspección del vehículo que conducía, no presentó la documentación que acreditara la legal estancia y tenencia del mismo en el país, levantándose al respecto el acta correspondiente (sic) y concediéndole el plazo de diez días hábiles para que ofreciera las pruebas y alegatos que a su derecho conviniera; que transcurrido el plazo del periodo probatorio respecto de la notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera y sin que Felipe Flores Delgado ofreciera pruebas y argumentos, la autoridad administrativa determinó un crédito fiscal en su contra por la cantidad total de $15,823.28. Por escrito presentado ante la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, Felipe Flores Delgado interpuso juicio de nulidad y, entre otros conceptos de anulación controvirtió las facultades del agente de la Policía Fiscal adscrito a la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, para decretar la retención y el embargo precautorio del vehículo de procedencia extranjera; por su parte, la Sala Fiscal en su sentencia, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada porque consideró que el agente de la Policía Fiscal que llevó a cabo la revisión y secuestro del vehículo no tenía competencia para practicar el embargo precautorio en el procedimiento administrativo en materia aduanera del que deriva la resolución combatida. Ahora bien, puntualizado lo anterior, debe decirse que la recurrente esencialmente alega que la sentencia de la Sala Fiscal le causa agravios porque dicha autoridad aplica inadecuadamente el artículo 114, apartado A, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y deja de observar lo dispuesto por los artículos 143 y 144 de la Ley Aduanera, pues conforme a dicha ley, la autoridad aduanera tiene facultades para practicar la inspección y vigilancia permanente en los recintos fiscales, con objeto de cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y gravan la entrada al territorio nacional y salida del mismo de mercancías de procedencia extranjera y sus medios de transporte, que se trata de una facultad de comprobación diversa a la visita domiciliada, y por tanto no existe una intromisión al domicilio del particular sino únicamente un examen de mercancía de procedencia extranjera que puede introducirse a territorio nacional. Los argumentos de la recurrente se estiman fundados, pues debe tomarse en cuenta que el artículo 114, apartado A, fracciones VIII, IX y XVII, y apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en el momento en que se levantó el acta de hechos, establece que compara (sic) las aduanas ejercer (sic) las facultades de ordenar y practicar la retención, persecución, embargo o secuestro de las mercancías de comercio exterior, incluidos los vehículos, notificar (sic) el embargo precautorio de aquellas mercancías respecto de las cuales no se acredita su legal internación al país (sic), así como remitir de inmediato las actas a la Administración Local de Auditoría Fiscal dentro de cuya circunscripción territorial se encuentre el lugar de los hechos, sustanciar y resolver el procedimiento relacionado con la determinación provisional a que se refiere la Ley Aduanera, llevada a cabo así como notificada; la facultad de realizar la inspección y vigilancia permanente en el manejo, transporte o tenencia de las mercancías de comercio exterior, en los lugares y en las zonas señaladas legalmente para ello; ordenar y practicar inspecciones, vigilancias, así como los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados en materia de impuesto al comercio exterior (expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que autoricen para la práctica de las inspecciones, clausuras, vigilancias y demás actos antes mencionados); y que cada aduana estará a cargo de un administrador del que dependerán los subadministradores de la aduana 1 y 2, el jefe de la Policía Fiscal adscrito de la aduana, los inspectores, verificadores, agentes de la Policía Fiscal y el personal que las necesidades del servicio requieran. Por su parte, los artículos 60, 140, 143 y 144, fracciones III, IX, X y XIV de la Ley Aduanera, vigente en 1996, establecen que las mercancías están afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generados por su entrada o salida del territorio nacional, en los casos previstos por esta ley, las autoridades aduaneras procederán a retenerlas o embargarlas, en tanto se comprueba que han sido satisfechas dichas obligaciones y créditos, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá puntos de revisión en los lugares que se fijen, cerca de los límites de la franja o región fronteriza, para que los pasajeros y las mercancías procedentes de dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio confieren (sic) en otras leyes, el Poder Ejecutivo Federal en materia aduanera tendrá la atribución de establecer o suprimir aduanas fronterizas, así como designar su ubicación y funciones; que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público además de las atribuciones conferidas en el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes tendrá la facultad de requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, los documentos e informes sobre la mercancía de importación o exportación y, en su caso, sobre el uso que hayan dado a las mismas, practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación en los recintos fiscales y fiscalizados, inspeccionar y vigilar permanentemente el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, así como en cualquier otra parte del territorio nacional, perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los casos a que se refiere el artículo 151 de esta ley, así como en el caso de infracciones cometidas por los pasajeros, en este último supuesto sólo se podrá proceder al embargo del medio de transporte cuando se trate de vehículo de servicio particular, y establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación. De todo lo expuesto puede advertirse, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al través de la autoridad aduanera, cuenta con facultades para comprobar el exacto cumplimiento a las disposiciones fiscales y que tal facultad que se confiere tanto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como en el artículo 144 de la Ley Aduanera, conducen a estimar que para llevar a cabo esas facultades lo hacen por medio de personal que las necesidades del servicio requieran. Es así, que conforme a lo anterior debe decirse que cuando el agente de la Policía Fiscal Federal elabora un acta de hechos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuestos al comercio exterior, no hace otra cosa que ejercer las facultades de comprobación que le corresponden y a que se refiere el artículo 114, apartado A, fracciones IX y XVII, y apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de ahí entonces que es de concluirse que el agente de la Policía Fiscal Federal, adscrito a la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, que realizó la inspección al vehículo de procedencia extranjera y levantó el acta de hechos No. 58/96, resulta competente para realizarla y practicar la retención administrativa de ese automóvil. En el mismo orden de ideas, es pertinente precisar que cuando la autoridad administrativa acatando lo dispuesto por el artículo 114, apartado A, fracciones VIII, IX y XVII, y apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el artículo 60 de la Ley Aduanera, expidió la credencial o constancia de identificación del personal que autoriza para la práctica de la inspección y retención de vehículos, no hace otra cosa que ejercer las facultades de comprobación, por lo que es obvio que éstas conllevan la posibilidad de autorizar a los agentes de la Policía Fiscal que las necesidades del servicio requieran y que no tienen más objetivo que el comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; máxime que del análisis al acta de hechos No. 58/96, se llega al conocimiento que Arturo López Hernández, agente de la Policía Fiscal Federal, adscrito a la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, se identificó mediante el gafete No. 3642 expedido por la Administración General de Aduanas, documento que resulta apto para demostrar que la persona que intervino en la elaboración de esa acta estaba facultada para ello, pues debe tenerse en cuenta que el administrador general de Aduanas, al expedir tal gafete lo autorizó para la práctica de la inspección, vigilancia y levantar las actas que contengan cualquier presunta infracción, como así lo dispone el artículo 72 fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; lo que lleva a considerar, que aun cuando físicamente no se encuentre la orden de verificación expedida a nombre del policía fiscal federal, de ninguna manera significa que carezca de facultades para realizar la inspección de mercancía de procedencia extranjera y, en su caso, proceder a la retención administrativa de la misma, toda vez que por disposición de la ley, la autoridad fiscal autoriza personal para que realice tales actos, ya que al disponerse en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que la Administración General de Aduanas tiene las facultades de ordenar y practicar inspecciones y retenciones de mercancía extranjera, así como expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que se autorice para las prácticas de esos actos y que en auxilio de tales facultades contará con los agentes de la Policía Fiscal Federal, que las necesidades del servicio fiscal requiera, es obvio que la autoridad fiscal puede designar personal de su adscripción para que lleve a cabo la inspección de vehículos de procedencia extranjera y la retención administrativa cuando así se requiera, como sucedió en el presente asunto, en que al expedirse el gafete de identificación No. 3642 a favor de Arturo López Hernández, agente de la Policía Fiscal Federal, adscrito a la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, se le autorizó para ello; por consiguiente, carece de razón la responsable al estimar que el mencionado policía fiscal que realizó la inspección y retención del vehículo carecía de competencia para hacerlo, precisamente porque a dicha persona se le expidió el gafete de identificación por la autoridad administrativa para esos efectos. Asimismo, conviene precisar que en relación con la retención administrativa del vehículo de procedencia extranjera y el hecho de ponerlo a disposición del administrador general de Aduanas de Piedras Negras, Coahuila, se hizo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley Aduanera y 114, apartado A, fracción VIII y apartado C, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los cuales se conceden facultades a las autoridades aduaneras, para retener las mercancías afectas, pues ahí se dispone respectivamente que: Las mercancías están afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generados por su entrada o salida del territorio nacional, en los casos previstos por esta ley, las autoridades aduaneras procederán a retenerlas o embargarlas, en tanto se comprueba que han sido satisfechas dichas obligaciones y créditos; y que compete a las aduanas, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, en los términos, números, nombre y estructura, ejercer las facultades entre otras, de ordenar y practicar la retención, persecución, embargo o secuestro de las mercancías de comercio exterior incluido los vehículos o de sus medios de transporte; y que cada aduana estará a cargo de un administrador del que dependerán los subadministradores de la aduana 1 y 2, el jefe de la Policía Fiscal Federal de la aduana, los inspectores, verificadores, notificadores, agentes de la Policía Fiscal y el personal que las necesidades del servicio requieran; luego entonces, de lo expuesto se infiere, que la autoridad aduanera actuó conforme a las facultades conferidas tanto en la Ley Aduanera como en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en consecuencia, la retención administrativa del vehículo de procedencia extranjera por no haberse demostrado la legal estancia en el país al través de la documentación correspondiente en el momento en que fue requerido para ello el conductor del vehículo, debe considerarse que tales actos resultan acordes a derecho. No se opone a lo estimado, el argumento de la autoridad responsable, en el sentido de que en el artículo 114, apartado A, fracciones VIII, IX, XVII y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se establecen las facultades del administrador de aduanas para ordenar la revisión y secuestro de vehículos de procedencia extranjera, debiendo ejercerse por su titular, y que por ello, la autoridad administrativa debió designar al personal subalterno para llevar a cabo la revisión y secuestro del vehículo, pues al respecto cabe decir, que la Sala Fiscal deja de tomar en cuenta que en el mismo artículo 114, apartado A, fracciones VIII y XVII y apartado C, del reglamento interior, se establece que las aduanas cuentan con las facultades de ordenar y practicar la inspección y retención de mercancía de procedencia extranjera, así como expedir las credenciales o constancias de identificación del personal que autorice para la práctica de esos actos, y que del administrador general de la aduana,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6361-34f36b04/policia-fiscal-los-actos-que-realiza-en-ejercicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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