Corpus
Modo: Corpus Pro

PENA, REDUCCIÓN DE LA. LA FACULTAD QUE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE DURANGO OTORGA A LOS JUZGADORES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIAS PARA EFECTUARLA POR CONFESIÓN ESPONTÁNEA DEL ACUSADO EN RELACIÓN CON LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN, PUEDE EJERCERSE CUANDO SE EMITE EN FORMA LISA Y LLANA, O BIEN, CALIFICADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/99. · Registro digital (IUS): 2824
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, , Pág. 160.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en los amparos directos 294/98 y 244/98 promovidos, respectivamente, por los quejosos ... resueltos el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho y veintidós de enero de mil novecientos noventa y nueve, sustenta lo siguiente:

Amparo directo 294/98:

"CUARTO.-Son esencialmente fundados los anteriores conceptos de violación.-De acuerdo con las pruebas que obran en autos, se condenó a ... por existir pruebas suficientes para demostrar los elementos del tipo del delito de actos deshonestos y la plena responsabilidad penal del activo en su comisión, ya que de acuerdo a la misma confesión del sentenciado, el día tres de junio de mil novecientos noventa y siete, aproximadamente a las ocho quince de la mañana, en una de las calles de la colonia Del Valle de la ciudad de Durango, sin consentimiento de la menor ... ejecutó en ella un acto sexual tocándole los glúteos sin el propósito de llegar a la cópula.-Por ello se le impuso una pena privativa de libertad de (3) tres años (6) seis meses de prisión y multa por la cantidad de quinientos sesenta y dos pesos, que fue confirmada en apelación por el tribunal de alzada.-En sus conceptos de violación sostiene el quejoso que debió suplirse la deficiencia de la queja, porque no obstante que confesó la comisión del delito, no se le redujo la pena en una tercera parte, como lo dispone el artículo 67 del Código Penal.-En primer término, debe señalarse que en cuanto a los elementos del tipo imputado y la plena responsabilidad penal del inculpado en su comisión, no se expresan argumentos en su contra, pues de acuerdo a las constancias de autos, como la misma confesión del activo se encuentran plenamente acreditados dichos extremos; de ahí que el mismo quejoso no impugne esta parte de la sentencia reclamada y, en relación a la misma, no se advierte deficiencia de la queja que suplir.-El artículo 67 del Código Penal del Estado de Durango textualmente dispone: ‘Artículo 67. Si se trata de un delincuente primario, de escaso desarrollo intelectual, de indigente situación económica y de mínima peligrosidad, especialmente en el caso de que el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrá el Juez, según la naturaleza del delito, en el momento de dictar sentencia, reducir hasta la mitad de la pena que le correspondiera conforme a este código.-Si el inculpado al rendir su declaración preparatoria confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan, o en ese mismo acto ratifica la rendida en indagatoria, o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final del juicio, el Juez podrá reducir hasta un tercio la pena que le correspondería conforme a este código.-La sentencia que reduzca la pena deberá ser confirmada por el tribunal de alzada correspondiente, para que surta efectos. Entre tanto, la pena se entenderá impuesta sin la reducción autorizada por este artículo.’.-De acuerdo con el párrafo segundo de dicho artículo, la potestad para otorgar el beneficio de la reducción de la pena, es suficiente con que se vierta confesión en los tres diversos momentos que señala, sin especificar sobre si se trata de una confesión divisible o no.-En la especie, el Juez de primera instancia, cuyos razonamientos confirmó el tribunal de apelación, expuso que la plena responsabilidad penal del inculpado se demostró con la propia confesión que hizo ante el representante social y que ratificara en preparatoria, y con valor probatorio de acuerdo con el artículo 297 del código procesal penal del mismo Estado.-De ahí pues que si la declaración del inculpado fue suficiente para acreditar su plena responsabilidad, y el Juez de primera instancia ni la responsable motivan los argumentos jurídicos por los cuales no era aplicable dicha reducción, lo que implica que la sentencia no cumplió con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación, sin que sea óbice para ello, el que no se hayan formulado agravios al respecto por parte del reo, pues de acuerdo al artículo 350 del código adjetivo citado debió suplir la deficiencia de dichos agravios, acorde a dicho precepto legal que textualmente dispone: ‘Artículo 350. En el caso de que el Ministerio Público omitiere expresar agravios dentro del término señalado en el artículo anterior, o los expresare omitiendo alguno o algunos de los requisitos señalados en el propio artículo, el tribunal declarará desierto el recurso. Pero si es el defensor o el procesado quienes omitieren la expresión de agravios, o los expresaren deficientemente por no contener el escrito respectivo, los requisitos de la parte final del artículo anterior, el tribunal podrá suplir la deficiencia de ellos en la sentencia.’.-En los mismos términos debe resolverse respecto a la imposición de la retención, pues también el Juez de primera instancia, al condenar y señalar la pena privativa de libertad, dispuso que era en calidad de retención hasta por una mitad más de su duración, pero no citó el fundamento legal para ello, y sin que el tribunal de alzada haya subsanado tal omisión.-En los anteriores términos, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso para efectos de que la responsable, dejando intocada la parte del tipo y la plena responsabilidad penal del inculpado, se ocupe de la pena privativa de libertad y señale si existe fundamento para la retención, hasta por una mitad de la pena de prisión, y también exponga la motivación mediante la cual determine la aplicación o no, en ejercicio de su potestad, de la reducción de la misma pena privativa de libertad; hecho lo cual resuelva, en relación únicamente a esa parte de la sentencia, lo conducente."

Amparo directo 244/98:

"CUARTO.-Son sustancialmente fundados los conceptos de violación, los cuales, en la medida que lo requieren, se suplen en su deficiente exposición, con fundamento en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.-Los actos reclamados se hicieron consistir en la sentencia dictada el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, dictada en el toca número 564 PC/96, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la diversa sentencia dictada el siete de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el proceso penal 240/94, seguido contra ... a quien se consideró penalmente responsable de los delitos de lesiones y daño en los bienes, cometidos en agravio de Juan Gerardo Morales Aguirre; como consecuencia, la orden de reaprehensión girada contra ... como consecuencia de la sentencia reclamada; y su ejecución.-Asiste la razón al quejoso, al afirmar que se infringió en su perjuicio el artículo 67 del Código Penal.-En efecto, el artículo de que se trata establece: ‘Artículo 67. Si se trata de un delincuente primario, de escaso desarrollo intelectual, de indigente situación económica y de mínima peligrosidad, especialmente en el caso de que el inculpado pertenezca a un grupo étnico indigente, podrá el Juez, según la naturaleza del delito, en el momento de dictar sentencia, reducir hasta la mitad de la pena que le correspondiera conforme a este código.-Si el inculpado al rendir su declaración preparatoria confiesa espontáneamente los hechos que se le imputan, o en ese mismo acto ratifica la rendida en indagatoria, o la formula con posterioridad hasta antes de la celebración de la audiencia final del juicio, el Juez podrá reducir hasta un tercio la pena que le correspondería conforme a este código.-La sentencia que reduzca la pena deberá ser confirmada por el tribunal de alzada correspondiente, para que surta efectos. Entre tanto, la pena se entenderá impuesta sin la reducción autorizada por este artículo.’.-De las constancias que integran el juicio penal de origen, destacan las siguientes: Declaración del ahora quejoso ... rendida ante el agente investigador del Ministerio Público de Ciudad Lerdo, Durango, en la que expuso: ‘... que el día del accidente el de la voz había salido de la cantina Guadalajara ya para dirigirme a mi casa; que prueba de ello es que el accidente ocurrió cerca de mi casa, pues cuando ya me dirigía a mi casa cerca de ahí donde fue el accidente hay una alcantarilla la cual está destapada y que le pusieron una llanta, que cuando yo me dirigía a mi casa, que al ver la alcantarilla y la llanta, quise evitar la llanta y me desvié y fue cuando me fui contra la tienda, que quise meter el freno pero pisé el acelerador y fue como sucedió el accidente ya que me impacté en la casa ...’ (foja 27).-Declaración preparatoria del propio peticionario del amparo, quien ante el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de Gómez Palacio, Durango, manifestó: ‘... Que ratifica en todas y cada una de sus partes su declaración que rindió ante el agente investigador del Ministerio Público y reconoce la firma que la misma calza por ser puesta de su puño y letra y ser la que usa en todos sus negocios y que, efectivamente, al salir de la cantina denominada Guadalajara y ya cuando a bordo del vehículo se dirigía a su domicilio se encontraba en estado de ebriedad, ya que en dicha cantina se había tomado, aproximadamente, doce copas de brandy presidente y, en efecto, se sentía en bastante estado de ebriedad y que al llegar a su domicilio no encontró a su familia, pero un vecino le informó que habían salido al centro de la ciudad, y por ese motivo volvió a pasar por la calle de nombre Alcatraz por donde se encuentra la miscelánea propiedad del ofendido Juan Gerardo Morales Aguirre, y como no encontró de nuevo a su familia se regresó de nueva cuenta a su domicilio, y que conducía el vehículo en cuestión a una velocidad de treinta a cuarenta kilómetros por hora, y para evitar una alcantarilla que se encuentra por la calle por la que circulaba y tapada con una llanta, la cual ya había advertido con anterioridad, puesto que es la calle por donde debe pasar para dirigirse a su domicilio, y como dice al tratar de evitarla y al pisar el freno se le resbaló el pie y pisó el acelerador debido al estado de embriaguez en que se encontraba y fue de tal manera que se impactó contra la finca propiedad del ofendido a la que causó daños y lesiones a éste ...’ (foja 35).-Como se advierte, tal como lo asevera el peticionario del amparo, al rendir su declaración preparatoria confesó espontáneamente los hechos que se le imputan, ratificando lo depuesto ante el representante social, lo que se adecua al segundo supuesto jurídico que establece el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal para el Estado de Durango, sin que sea obstáculo que tal precepto contenga el enunciado ‘podrá el Juez’, ya que ello no le impide a la autoridad responsable cumplir con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional y, como toda autoridad, la facultad discrecional ínsita en el precepto punitivo de que se trata, debe ejercitarse en función de un juicio de valoración en el que se aprecie si se cumplió con la confesión espontánea a que alude el numeral pluricitado, determinando de manera fundada y motivada la procedencia de la reducción de la pena.-Luego, si se configura uno de los supuestos jurídicos del segundo párrafo del primero de los artículos transcritos, debe aplicarse en beneficio del quejoso dicho precepto legal, sin que se oponga a ello, que al confesar los hechos imputados pretenda atenuar su responsabilidad, puesto que la norma no condiciona el acceso al beneficio aludido, que deba admitir el hecho o hechos imputados en los términos que lo hace el órgano técnico persecutor, sino su finalidad es que el inculpado no eluda su responsabilidad.-Sobre lo expuesto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia VIII.2o. J/2, de este Tribunal Colegiado, visible en la página 468, Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘PENA, REDUCCIÓN DE LA. ES UNA FACULTAD POTESTATIVA DEL JUZGADOR, MAS NO OMNÍMODA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO).-Si bien es verdad que el beneficio de la reducción de la pena establecida por el párrafo segundo del artículo 67 del Código Penal en vigor para el Estado de Durango constituye una facultad potestativa del juzgador aplicarla o no, también lo es que dicha facultad no es omnímoda, esto es, en principio, no escapa a las reglas que rigen el arbitrio judicial en cuanto a la imposición de la pena y, por ende, debe estar adecuada y suficientemente fundada la resolución que niegue ese beneficio, es decir, el resolutor debe invocar las razones y fundamentos mediante los cuales llegue a la conclusión de que no opera a favor de la quejosa la reducción de la pena a fin de cumplir con el imperativo constitucional consagrado por el artículo 16 de la Carta Magna, máxime que en la especie la responsable ningún pronunciamiento hizo no obstante que le fue sometido a su potestad vía agravios, con motivo de la apelación que interpuso la quejosa en contra de la sentencia de primer grado.’.-Por otra parte, también es fundado el argumento de que la autoridad resolutora no razonó debidamente la negativa a otorgar la suspensión condicional de la pena prevista en el artículo 83 del Código Penal para el Estado de Durango.-El precepto legal de que se trata establece: ‘Artículo 83. Se confiere a los tribunales la facultad de suspender la ejecución de la pena de prisión, si concurren las siguientes circunstancias: I. Que el inculpado haya delinquido por primera vez; II. Que tenga modo honesto de vivir y haya observado buena conducta con anterioridad al delito, probada por hechos positivos; III. Que durante el proceso no se haya sustraído a la acción judicial; IV. Que la duración de la pena no exceda de tres años; y V. Que haya pagado la reparación del daño y la multa.’.-En la sentencia reclamada, los Magistrados de la Sala Penal del conocimiento, en lo que interesa, sostuvieron lo siguiente: ‘... Asimismo, por lo que se refiere al agravio expresado por el defensor de oficio en el cual manifiesta que a su defenso no se le otorgó el beneficio previsto en el artículo 83 del Código Penal anexando en su escrito de expresión de agravios, una carta de recomendación para acreditar la buena conducta del acusado, a juicio de esta Sala el mismo resulta infundado e inoperante en razón de que la buena conducta de su defenso debió ser acreditada durante el proceso, ya que esta Sala considera que las mismas no son materia de estudio en este momento procesal en virtud de que no se trata de pruebas supervenientes.’ (sic) (foja 15 del toca).-Del artículo 83 transcrito, se advierte que el legislador estableció el otorgamiento de la sustitución condicional de la condena como facultad discrecional del Juez que, encontrándose también regida por la garantía de legalidad, debe ejercitarse en función de un juicio de valoración en el que se aprecien las diversas peculiaridades y condiciones establecidas en la ley para su posible otorgamiento, determinando de manera fundada y motivada la procedencia o improcedencia de la medida; por lo que no es dable jurídicamente negar la procedencia del beneficio en comento basándose en que la defensa del sentenciado ofreció extemporáneamente una carta de recomendación para acreditar la buena conducta de éste, ya que no es el único medio que existe para demostrar tal hecho, sino que se debe apreciar a la luz de los medios de prueba existentes en el sumario en relación con el procesado, su medio y las circunstancias del hecho punible; lo que igualmente debe observarse respecto de los demás requisitos previstos en la norma de referencia.-Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 45/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 188 y 189, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto: ‘PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. PROCEDE LA SUSTITUCIÓN AUN CUANDO LA CONDENA SEA POR UN DELITO CALIFICADO COMO GRAVE.-De lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal Federal se desprende que la concesión o negativa de la sustitución de la pena entraña el ejercicio de una facultad discrecional para el Juez que, encontrándose regida por la garantía de legalidad, como todo acto de autoridad, debe ejercitarla en función de un juicio de valoración en el que se aprecien las circunstancias de ejecución del delito y las peculiaridades del delincuente, determinando de manera fundada y motivada la procedencia o improcedencia de la medida, encontrándose limitado ese ejercicio sólo por la cuantía de la pena impuesta y por la circunstancia de que el sujeto haya sido previamente condenado en sentencia ejecutoria por delito doloso que se persiga de oficio, pero no por el hecho de que el delito, cuya pena es materia de la sustitución, sea uno de los calificados como graves, de conformidad con lo que establece el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.’.-En las condiciones apuntadas, toda vez que la autoridad responsable infringió en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, en relación con los arábigos 67, párrafo segundo y 83, ambos del Código Penal para el Estado de Durango, procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que deje insubsistente la sentencia reclamada del veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, dictada en el toca 564 PC/96, y en su lugar dicte otra en la que analice de nueva cuenta, fundada y motivadamente, la procedibilidad de los beneficios contenidos en los preceptos legales indicados del código punitivo de Durango, quedando intocado el resto de la sentencia, ya que de su examen no se advierte queja deficiente que deba suplirse.-La concesión del amparo se hace extensiva respecto de la orden de reaprehensión y su ejecución reclamadas, ya que no se hacen valer propiamente vicios de éstas, sino que su constitucionalidad se hace depender de la sentencia considerada inconstitucional.-Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 103, publicada en la página 67, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.’ (se transcribe)."

TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en el amparo directo penal número 165/98, promovido por ... resuelto el tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, sustentó lo siguiente:

"CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso.-Como antecedentes del caso podemos señalar que la autoridad responsable, para tener por acreditados los elementos del delito de homicidio previsto por el artículo 254 del Código Penal de Durango, así como la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión, tomó en cuenta los siguientes medios de prueba: 1) Fe ministerial de cadáver practicada por el agente investigador del Ministerio Público, en la persona que en vida llevara el nombre de Jesús Almaraz Mendoza, en la que hace constar tener a la vista a una persona del sexo masculino, que se trataba de un verdadero cadáver que presentaba las siguientes lesiones: un orificio de entrada producido por proyectil de arma de fuego en la cara anterior del cuello, sin orificio de salida; herida producida por instrumento punzocortante, localizada en la cara lateral izquierda del tórax a nivel del décimo espacio intercostal, así como heridas quirúrgicas, una en la cara anterior del cuello y otra en la cara lateral izquierda del tórax.-2) Declaraciones de los testigos de identificación de cadáver, Julio Antonio Almaraz Mendoza y Soledad Mendoza Casillas, quienes manifestaron que corresponde a la persona que en vida respondió al nombre de Jesús Almaraz Mendoza, dando como razón de su dicho, que el ahora occiso era hermano e hijo, respectivamente, de los comparecientes.-3) Certificado de autopsia practicado por los doctores Armando Castillo González y Rodrigo Soto Saldaña, quienes concluyeron que la causa de muerte de Jesús Almaraz Mendoza fue shock hipovolémico, hemorragia interna producida por proyectil de arma de fuego e instrumento cortante.-4) Denuncia formulada por María Soledad Mendoza Casillas, del diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en la que expuso que era madre del ahora occiso, Jesús Almaraz Mendoza; que el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y tres, se encontraba trabajando cuando, aproximadamente a las diez horas con cuarenta y cinco minutos de la noche, se presentó su hijo Julio Antonio Almaraz en su trabajo, manifestándole que acababa de balacear a su hermano Jesús Almaraz, el hoy denunciado; que al día siguiente, aproximadamente a las dos o tres de la tarde, falleció por la lesión que le produjo ... Que de los anteriores elementos de prueba, estimó la responsable, al ser valorados conjuntamente, en términos de lo dispuesto por el artículo 296 del Código de Procedimientos Penales de Durango, surten efectos probatorios plenos para tener plena y legalmente comprobado que alguien el día veintidós de mayo de mil novecientos noventa y tres, aproximadamente a las veintidós treinta horas causó las lesiones que quedaron precisadas en el certificado de autopsia de ley, en el cuerpo de Jesús Almaraz Mendoza, que posteriormente le causaron la muerte, actualizándose así la figura típica de homicidio.-Asimismo, consideró la responsable que por lo que toca a la responsabilidad penal de ... en la comisión del delito de homicidio que se le imputa, se encuentra plenamente comprobada con los mismos medios de prueba que sirvieron de base para tener por acreditados los elementos que integran el tipo penal del delito de referencia, además del contenido de la declaración confesoria rendida por el propio sentenciado, la cual fue en los siguientes términos: Que el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y tres, aproximadamente a las diez treinta horas de la noche, se dirigía a la casa de una tía que vive en la calle Flores Magón en la colonia Rubén Jaramillo, en Gómez Palacio, Dgo.; que al ir en la bicicleta y pasar por enfrente del domicilio donde vivía el hoy occiso, estaba afuera de dicho lugar una prima de dicho sujeto, de quien no recuerda su nombre, que únicamente sabe que le dicen la negra, por lo que entablaron conversación, diciéndole ella que se fueran a otro lugar y que al llegar a la esquina, en frente de la calle Patoni, es decir, entre la calle Flores Magón y Patoni, siguieron conversando, dándose cuenta que Jesús Almaraz y otra persona que desconoce su nombre, se pararon enfrente de ellos; que el citado sujeto le empezó a hacer señas con las manos, dándole a entender que sí traía pistola y le decía ‘que puto si traes sácala’, al momento en que seguía haciendo señas con las manos; que el declarante no le hizo caso y de nueva cuenta le dijo ‘hijo de tu pinche madre si traes sácala’, por lo que la prima de Jesús Almaraz le dijo que no le hiciera caso porque andaba muy drogado, que mejor se fueran de ahí, por lo que él se subió a su bicicleta, dando vuelta en la esquina, avanzando otros cien metros, y en dicho lugar le salió al paso el sujeto que estaba acompañando a Jesús Almaraz, cuando le estaba haciendo las señas de que sacara la pistola y se le abalanzó sobre su persona, tumbándolo de la bicicleta, dándose cuenta que atrás de él iba el hoy occiso Jesús Almaraz; que ambos empezaron a agredirle y una vez que estaba tirado el declarante en el suelo, Jesús Almaraz estaba inclinado como queriendo agredirle por la espalda, por lo que sacó la pistola que traía y tiró un balazo alcanzando a escuchar que se quejaba, y se fue hacia atrás, por lo que hizo nuevamente otros disparos, ya que el otro sujeto de quien desconoce su nombre seguía agrediéndole, quien también resultó lesionado, por lo que el declarante se asustó y salió corriendo; agregando que al momento en que estaba inclinado a sus espaldas, Jesús Almaraz a su vez lo estaba agrediendo; que no es cierto que el sujeto que acompañaba al fallecido le haya pedido un cigarro o que hubiera tenido problemas con él, ya que a la primera persona a la que le disparó fue al hoy occiso, con quien tuvo el problema; que no es cierto que hubiere huido a bordo de la bicicleta, ya que se fue corriendo; que él traía la pistola y que si disparó fue porque le dio miedo, ya que dichos sujetos lo estaban agrediendo, teniendo el temor de que fueran a sacar algún filerillo o alguna otra arma, que la única arma que portaba era la pistola calibre 25 tipo escuadra de su propiedad; que únicamente actuó en defensa propia y que la prima del hoy occiso, Jesús Almaraz, sabe cómo sucedieron los hechos.-Respecto a la citada declaración confesoria, la consideró la responsable como calificada divisible, por lo que se tomó en cuenta únicamente en lo que le perjudicaba, ya que el sentenciado no probó las circunstancias que lo benefician, por lo que se estimó que la misma surte efectos probatorios plenos conforme a lo dispuesto por los artículos 220, fracción I, 221 y 297 del Código de Procedimientos Penales, al estar plenamente comprobada la existencia del delito de homicidio; que la confesión fue hecha por persona no menor de dieciséis años en su contra, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia física o moral; que fue hecha ante el Juez de la causa, en presencia de su defensor y que se trata de hechos propios y no existen datos que la hagan inverosímil; que, por el contrario, existen en contra las declaraciones rendidas por los testigos presenciales Ana Isabel Almaraz Mendoza y Julio Antonio Almaraz Mendoza, quienes hacen imputaciones a ... como activo del delito, coincidiendo al sostener que dicho sujeto sacó la pistola de su cintura y le apuntó a Gabino Dávila (que acompañaba al fallecido), quien se encontraba tirado en el suelo, haciendo tres detonaciones con las cuales hirió a Gabino, dándole dos en la pierna y otro en el hombro derecho, por lo que en esos momentos Jesús Almaraz al agarrar a ... por la espalda sosteniéndole los brazos, este último efectuó otra detonación hiriendo a Jesús Almaraz en el cuello, cayendo al suelo, por lo que ... agarró la bicicleta y huyó del lugar, declaraciones a las que les concedió pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales de Durango. Concluyendo la responsable que los anteriores medios de prueba, al ser valorados conjuntamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 296 del citado cuerpo legal, surten efectos probatorios plenos con los que quedó plena y legalmente comprobado que ... el día de los hechos, causó las lesiones en la persona que respondía al nombre de Jesús Almaraz Mendoza, que horas después le causaron la muerte.-Afirma el amparista, que la sentencia combatida transgrede sus garantías individuales al haberlo considerado como responsable del delito de homicidio simple intencional, al no apreciar debidamente las circunstancias en que se cometió el delito, ya que si bien está probado que le disparó al hoy occiso, sin embargo, existen pruebas de que lo hizo en legítima defensa, toda vez que del certificado de autopsia practicado a la persona fallecida, se desprende que la víctima, aparte de la lesión inferida por el arma de fuego, presentó una lesión producida por instrumento punzocortante, por lo que es ilógico que el activo hubiere utilizado al mismo tiempo las dos armas, es decir, el arma de fuego y el instrumento punzocortante, lo que hace suponer la existencia de otra persona distinta a la del hoy quejoso que utilizó el instrumento punzocortante, así como que de los hechos acreditados en autos se desprende que intervinieron tres personas: el hoy occiso, otro individuo de nombre ... (de quien no se encuentra ningún dato de declaración o de lesiones que hubiere presentado), además de la intervención del hoy quejoso, quien en su declaración preparatoria manifestó que tanto el fallecido como su acompañante lo empezaron a agredir y al ver la superioridad numérica y el que sus agresores se encontraban en un estado de drogadicción y dispuestos a seguir atacándolo, el sentenciado sacó un arma de fuego que traía y disparó, defendiéndose de una agresión actual, violenta, sin derecho y con el riesgo de sufrir daños en su integridad física, incluso la muerte, máxime que el fallecido presentaba dos tipos de lesiones, lo que significa que alguno de sus agresores traía un instrumento punzocortante, que conforme a la mecánica de los hechos, era el compañero del hoy fallecido, quien no pudo lesionarse solo, en tanto que el amparista no pudo portar a su vez los dos tipos de armas, por lo que si alguno de ellos traía el arma, la podía utilizar en su contra.-Lo anterior es infundado, toda vez que, en contra de lo alegado, la excluyente de responsabilidad alegada no se encuentra en autos debidamente acreditada en la forma y términos que lo adujo el hoy quejoso, al rendir su declaración preparatoria, al sostener que obró en legítima defensa porque fue agredido por dos individuos, es decir, Jesús Almaraz y su acompañante, lo que trajo como consecuencia que el activo produjera un disparo en contra del primero de dichos sujetos, que además efectuó posteriormente varios disparos (de los que se infiere fueron en contra de la otra persona a la que también lesionó), precisando que tal acción la efectuó porque además de la agresión de que fue objeto, le dio miedo de que trajeran un ‘filerillo’. Las anteriores afirmaciones exculpatorias del amparista no se encuentran debidamente probadas en autos ya que, por una parte, la agresión de que afirma fue objeto no se encuentra acreditada en autos, ya que en contra de tal aseveración obran las declaraciones rendidas por los testigos presenciales Ana Isabel Almaraz Mendoza y Julio Antonio Almaraz Mendoza, quienes coincidieron al sostener que el día de los hechos empezaron a discutir Gabino D

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2824-b3e1ba88/pena-reduccion-de-la-la-facultad-que-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.