REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. ES INNECESARIO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE MOTIVE EL PORQUÉ SE ATRIBUYE AL SUJETO REQUERIDO LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, RESPONSABLE SOLIDARIO O TERCERO RELACIONADO CON ELLOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia relativa corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Juan Manuel Rodríguez Gámez, Arcelia de la Cruz Lugo y José Fernando Guadalupe Suárez Correa, en su carácter de Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo órgano jurisdiccional resolvió las revisiones fiscales 81/2003, 86/2004 y 183/2006, así como los amparos directos 512/2003, 108/2004, 24/2005 y 345/2005.
De ahí que si la denuncia fue hecha por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvieron diversos asuntos materia de la posible contradicción, es evidente que la misma proviene de parte legítima.
Sin que obste a lo anterior, que el Tribunal Colegiado de Circuito en comento haya pronunciado su criterio, motivo de la denuncia de contradicción, entre otros asuntos, en revisiones fiscales; lo anterior, conforme a las tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, agosto de 2003
"Tesis: 2a./J. 65/2003
"Página: 330
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, marzo de 2000
"Tesis: 2a. XVIII/2000
"Página: 379
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10, sostuvo el criterio de que carece de facultades para resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia de contradicción es la que debe prevalecer, tratándose de las pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse el criterio anterior, toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos de esa naturaleza, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y es inobjetable que en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, lo que deriva de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal de la República y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió las revisiones fiscales 81/2003, 86/2004 y 183/2006, así como los amparos directos 512/2003, 108/2004, 24/2005 y 345/2005, resultando únicamente necesario transcribir las consideraciones del primero de ellos, por coincidir, en esencia, con las de los otros asuntos.
Revisión fiscal 81/2003.
"QUINTO. ... Ahora bien, la autoridad recurrente, en el segundo agravio que expresa, se duele de la violación a los artículos 42, primer párrafo, y fracción II, 237, 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, el primero por indebida interpretación y los restantes por inobservancia, pues dice que de manera contraria a derecho, la Sala Fiscal consideró que en el oficio de solicitud de datos y documentos con que se dio inicio a la revisión de gabinete practicada a la actora, era necesario que se señalara, además de la calidad con que se le requirió, si era sujeto directo, responsable solidario, o tercero relacionado con ellos, las razones por las que le requería documentación en su carácter de responsable solidario, ya que a su juicio, se debió precisar respecto de qué sujetos directos era responsable solidario, así como la causa legal de dicha responsabilidad, cuando el artículo 42, primer párrafo, y fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no establece como requisito de legalidad para la solicitud de información y documentación, lo establecido por la Sala Fiscal en la sentencia recurrida; que la Sala Fiscal indebidamente considera que no bastó que se señalara que se le requería como sujeto directo y como responsable solidario, sino que debió motivarse tal determinación de la autoridad, por tratarse del objeto de la visita, ya que de lo contrario, podría provocar un estado de inseguridad al particular, por no tener éste la certeza de los términos en que se debe cumplir el mandato de autoridad, pero que en la especie, en el oficio controvertido, se señaló claramente que se emitió con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la persona destinataria, como sujeto directo y como responsable solidario, por los impuestos federales y por los periodos que en él se especifican, y que la autoridad no se encontraba obligada a manifestar los motivos por los cuales se consideraba como responsable solidario de los impuestos a revisar, pues precisamente del procedimiento de revisión, la autoridad determinaría en qué casos y por qué motivos se determinaron créditos a cargo de la actora como responsable solidario, de acuerdo a los resultados obtenidos de la revisión; que por otra parte, y contrariamente a lo considerado por la Sala Fiscal, lo dispuesto en el artículo 38, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, únicamente se refiere a la liquidación que se emita con motivo de la revisión de gabinete, en la que sí se debe señalar la causa legal de la responsabilidad solidaria y no en la solicitud de documentación e información, invoca como apoyo a su argumento la jurisprudencia 2a./J. 116/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 98/2002-SS, de rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZÓN POR LA QUE SE ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, SOLIDARIO O TERCERO.’. Dice que la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 22/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e invocada por la Sala Fiscal, si bien hace referencia a la fundamentación y motivación de la orden de revisión de gabinete, en que se debe señalar la categoría que se atribuye al sujeto a revisar, lo cierto es que dicho requisito de fundamentación y motivación, no se extiende al señalamiento de la causa de la responsabilidad solidaria, ni a precisar respecto de qué sujeto directo se es responsable solidario, invocando como apoyo a sus argumentos las tesis de rubros: ‘MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD. PARA QUE SE DEN ESOS REQUISITOS BASTA QUE QUEDE CLARO EL RAZONAMIENTO SUSTANCIAL.’, ‘MOTIVACIÓN.’ y ‘GARANTÍA DE MOTIVACIÓN, SU CUMPLIMIENTO EN LAS ÓRDENES DE VISITA.’. Se afirma que lo anterior es fundado, en virtud de que en la solicitud de información y documentación fiscal, contenida en el oficio número 252/2000, de veintiuno de agosto de dos mil, localizable a fojas ciento veintitrés (123) y ciento veinticuatro (124) del expediente anexo, que constituye el acto a través del cual la autoridad fiscal ejerció sus facultades de comprobación, con fundamento en los artículos 42, fracciones II, y 48, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, se establece como objeto o propósito, la comprobación del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la contribuyente requerida como sujeto directo y como responsable solidario en materia del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto al activo, además señala que la revisión abarcará el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre del mismo año, así como el periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio de dos mil, siendo irrelevante cualquier otra manifestación, como que se justifique que el visitado, en el caso concreto, tiene el carácter de sujeto directo y responsable solidario, lo cual no es una facultad de la autoridad para ejercer actos de fiscalización; que por el contrario, esa facultad debe ejercerse en el desarrollo y culminación del procedimiento, en donde se fundamentará y motivará esa circunstancia, por lo que es suficiente haber precisado como objeto o propósito del acto de molestia, la comprobación del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales como sujeto directo y responsable solidario, quedando plenamente salvaguardada la garantía de seguridad jurídica del contribuyente a verificar. Para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, la Sala Fiscal se apoyó en el hecho de que en la solicitud de información y documentación que nos ocupa, no se cumplió con la obligación de motivar la misma, pues de dicho oficio número 254/2000, se advierte que la autoridad solicitante, le señala al contribuyente, que el ejercicio de sus facultades, es con el objeto de comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto al activo, como sujeto directo y como responsable solidario, pero que en ningún momento motiva la calidad de responsable directo y obligado solidario que le atribuye al destinatario de la solicitud, y al no justificar dicha calidad, le provoca estado de inseguridad al particular, apoyando el sentido de su resolución en la jurisprudencia 22/2000 (sic), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sic) ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO, Y EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.’. Concluyó la Sala Fiscal, que al resultar ilegal la orden de revisión de gabinete contenida en el oficio número 254/2000, de fecha veintiuno de agosto de dos mil, siendo ésta el primer acto de las facultades de comprobación que se notifica al contribuyente, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, entonces no ha iniciado legalmente el procedimiento de comprobación del que deriva la resolución impugnada y, por tanto, ésta carece de sustento legal, por lo cual debe anularse de conformidad con la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, la consideración de la Sala Fiscal es incorrecta, pues para que la solicitud de documentación e información se considere debidamente fundada y motivada, es suficiente que en el documento que la contenga se invoquen los preceptos legales que facultan a la autoridad fiscal para ejercer los diversos actos de comprobación del cumplimiento de las obligaciones de las disposiciones fiscales del contribuyente, como ocurrió en el presente caso mediante la emisión del oficio número 254/2000, donde se señalan las facultades de la emisora para ordenar proceder a dicha comprobación, requisitos que se cumplen en el documento que obra a fojas ciento veintitrés (123) y ciento veinticinco (125) de los autos del juicio fiscal, pues en el mismo se invocan, entre otros preceptos, los artículos 42, fracción II, y 48, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, además de que se indica el motivo de la orden, que es la comprobación del correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la destinataria, como contribuyente directo y como responsable solidario, señalándose como rubros sujetos a revisión el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuesto al activo del ejercicio fiscal comprendido del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre del mismo año, así como el periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio de dos mil, y si bien no se mencionan los motivos por los cuales se considera a la empresa actora como contribuyente directo y responsable solidario, ello no le agravia, porque no es necesario que esas circunstancias se precisen en la orden de revisión de escritorio o gabinete, pues es suficiente que se indique en cuál de los supuestos de los que establece el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, se encuentra el contribuyente requerido, ya que será, en todo caso, durante el desarrollo de la revisión, cuando tendrá la oportunidad de probar que no tiene el carácter que le atribuye la autoridad fiscal. Por tanto, contrariamente a lo aducido en la sentencia recurrida, la orden de revisión impugnada en el juicio de nulidad, sí cumple con las exigencias previstas en los artículos 38 del Código Fiscal de la Federación y 16 constitucional. Esta conclusión tiene apoyo, por analogía y mayoría de razón, en la jurisprudencia número 116/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 98/2002-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de dos mil dos, página 391, que es del tenor literal siguiente: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. ES INNECESARIO QUE EN LA ORDEN RELATIVA SE PRECISE LA RAZÓN POR LA QUE SE ATRIBUYE AL SUJETO VISITADO LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE DIRECTO, SOLIDARIO O TERCERO.’ (se transcribe). Consecuentemente, procede revocar la sentencia recurrida, para que la Sala responsable dicte una nueva y aplicando el criterio de esta resolución, declare infundados los conceptos de impugnación primero y segundo que expresó la demandante, y proceda al estudio de los restantes conceptos de nulidad cuyo estudio omitió, resolviendo, respecto de estos últimos, con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis jurisprudencial 6/91, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48 del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: ‘REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)."
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito resolvió la revisión fiscal 137/2003 y el amparo directo 392/2003, siendo únicamente necesario transcribir las consideraciones del primero de ellos, por su coincidencia, en lo toral, con el otro.
Revisión fiscal 137/2003.
"QUINTO. Los argumentos hechos valer por la autoridad recurrente, son por una parte infundados y por otra fundados. En la primera parte de su único agravio, aduce el recurrente que la Sala violó en su perjuicio por la indebida aplicación del artículo 42, primer párrafo, y por inobservancia de los artículos 237, fracción II, 238 y 239, todos del Código Fiscal de la Federación, toda vez que la Sala Fiscal en forma indebida declaró la nulidad de la resolución impugnada, al considerar que la autoridad en la solicitud de datos y documentos debió motivar la categoría del contribuyente, es decir, si la solicitud de documentos e información se hacía en su carácter de contribuyente directo o como responsable solidario y justificar porqué le daba ese carácter, apoyando dicha declaratoria en la jurisprudencia número 2a./J. 68/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que dicha jurisprudencia únicamente señala que la facultad de revisión puede referirse a tres tipos de sujetos, que son, el causante directo, el responsable solidario y el tercero relacionado con aquellos, pero que de ninguna manera establece que se deba motivar el carácter de contribuyente de gravámenes por los que ordena la revisión el del contribuyente, el de responsable solidario o el de tercero con ellos relacionados, como indebidamente lo resolvió el a quo. Con el objeto de estar en aptitud de conocer cuáles son las facultades de verificación de las autoridades hacendarias, es necesario conocer lo que, sobre el particular, prevé el Código Fiscal de la Federación: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). De la transcripción anterior se advierte que las autoridades fiscalizadoras, con el objeto de comprobar que los causantes obligados, los responsables solidarios o, en su caso, los terceros con quienes se relacionen han cumplido con sus cargas tributarias, así como para determinar los impuestos omitidos o los créditos fiscales y para comprobar la comisión de ilícitos en la materia de que se trata, tienen, entre otras, la facultad de requerir a aquéllos para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de dichas autoridades la contabilidad, los datos, otros documentos o los informes que se le requieran a efecto de llevar a cabo su revisión; y, además, que las autoridades fiscales pueden ejercer la totalidad de sus facultades de manera conjunta, indistinta y sucesiva, a partir del primer acto que se notifique al causante. Ahora bien, para estar en aptitud de conocer si lo manifestado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia emitida al resolver la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Vigésimo Primer Circuito, así como Primero del Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Sexto Circuito (actualmente Segundo y Tercero en Materia Civil), en sesión de siete de julio de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de dos mil, página 261, bajo la voz: ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO, Y EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.’; se refiere únicamente a tres tipos de sujetos, que son el causante directo, el responsable solidario y el tercero relacionado con aquéllos, o como lo estimó la Sala Fiscal, que la autoridad demandada no cumplió con el requisito de una debida motivación, ya que no se motiva en la revisión de escritorio, porqué se le dirigió como sujeto directo y porqué como representante solidario, lo que la torna genérica. De los motivos que la Segunda Sala del más Alto Tribunal tuvo para resolver la contradicción de tesis que surgió de los Tribunales Colegiados de Circuito, fijó su verdadero sentido y alcance, al que acogió un tercer criterio, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de los artículos 16 constitucional, 38, fracción III, y 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. El artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, establece que las autoridades fiscales, con el objeto de comprobar que los causantes obligados, los responsables solidarios o, en su caso, los terceros con quien se relacionen han cumplido con sus cargas tributarias, así como para determinar los impuestos omitidos o los créditos fiscales y para comprobar la comisión de delitos en la materia de que se trata, tienen, entre otras, la facultad de requerir a aquéllos para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de dichas autoridades la contabilidad, los datos, otros documentos o los informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión. Luego, conforme al dispositivo anterior, es evidente que la facultad de revisión se refiere a tres tipos de sujetos obligados, siendo éstos los siguientes: 1. El causante directo; 2. El responsable solidario; y, 3. El tercero relacionado con los anteriores. De igual manera, se establece que dicha facultad puede ejercerse por distintos motivos: I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales; II. Determinar tributos omitidos; III. Determinar créditos fiscales; IV. Comprobar la comisión de delitos fiscales; y, V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas. Precisado lo anterior, también resulta necesario recordar el contenido de los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución, y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, así como la interpretación que el Alto Tribunal dio respecto al cumplimiento de la garantía de fundamentación y motivación que deben cumplir las autoridades en la emisión de los actos de molestia. Así, respecto al artículo 16, primer párrafo, de la Ley Suprema, se dijo que prevé que todo acto de molestia debe estar contenido en un mandamiento escrito expedido por autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. En tanto que, como ya se mencionó, el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, establece que los actos administrativos a notificar deben reunir, ‘por lo menos’, los requisitos de que consten por escrito, que señalen la autoridad emisora y, según la fracción III, ‘estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate’, bastando lo anterior para entender que este precepto pormenoriza la exigencia constitucional de que todo acto de autoridad, para seguridad jurídica del gobernado, debe estar fundado y motivado. Finalmente, por lo que hace a esta garantía de fundamentación y motivación, la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sustentó la jurisprudencia 260, publicada en la página 175 del Tomo VI, correspondiente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe). En ese contexto, de lo hasta aquí narrado, es dable estimar que para que las autoridades fiscales emitan una orden de verificación de escritorio o gabinete, en ejercicio de las facultades concedidas en el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el contenido de los artículos 16, párrafo primero, constitucional, y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, así como en el criterio fijado por el Alto Tribunal, deben emitir un mandamiento por escrito, en el que además de fundar su competencia, deben precisar con qué carácter solicitan al gobernado la documentación que requieren, dado que el dispositivo de referencia establece tres hipótesis; asimismo, deben señalar cuál documentación es la requerida y cuál es la facultad que se ejerce, ya que como el propio precepto lo señala, pueden revisar diversas cuestiones con finalidades distintas; y, finalmente, deben citar expresamente los preceptos aplicables al caso y señalar, con claridad, las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para la emisión de tal orden, lo cual, desde luego, obliga a la autoridad fiscal a citar la denominación de las contribuciones y el periodo que debe abarcar la verificación, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante y así evitar el ejercicio indebido o excesivo de la facultad de revisión de escritorio o gabinete en perjuicio de los causantes. En esa tesitura, la Segunda Sala emitió la tesis que como jurisprudencia debe prevalecer en este caso, bajo el rubro y texto literal siguiente: ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR, NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.’ (se transcribe). De lo anterior claramente se desprende, que si bien es cierto que de la ejecutoria no se advierte que la autoridad responsable deba motivar la razón por la cual estimó el carácter que designe al gobernado; también es verdad que en el caso a estudio la demandada le aplicó al gobernado dos categorías -sujeto directo y responsable solidario-, con relación a las contribuciones federales y estatales, siendo que en atención a que se trata del objeto de la revisión, la autoridad tributaria debió motivar el por qué le atribuía tales categorías, resultando la misma genérica, provocando un estado de inseguridad al particular. Se afirma lo anterior, en virtud de que si la autoridad hacendaria requiere al gobernado con más de un carácter, en este caso, es indispensable especificar en la orden del por qué se le determina cada carácter, dado que el dispositivo de referencia establece tres hipótesis; en atención a que se trata del objeto de la revisión y si se atiende a que la autoridad hacendaria puede ejercer su facultad por distintos motivos, esto es, ya sea para verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales, determinar tributos omitidos, determinar créditos fiscales, comprobar la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a autoridades hacendarias, esto provoca que el contribuyente no tenga la certeza de los términos en que se debe cumplir el mandato de autoridad, ni los alcances que tiene la actuación del personal autorizado para la práctica de la diligencia; por ello, si la autoridad tributaria le aplicó al gobernado dos categorías (sujeto directo y responsable solidario) con relación a las contribuciones federales y estatales, siendo que, en atención a que se trata del objeto de la revisión, ésta debió ser precisa, resultando la misma genérica, provocando un estado de inseguridad al particular, por no tener la categoría en los términos en que debe cumplir el mandamiento de autoridad, ni los alcances que tiene la actuación del personal autorizado para la práctica de la diligencia, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, en el que se tutelan los bienes jurídicos relativos a su persona, domicilio, papeles y posesiones, de posibles excesos o abusos por parte de la autoridad; de ahí que la Sala del conocimiento estuvo en lo correcto al estimar que debe la autoridad tributaria, necesariamente justificar la calidad que atribuye al sujeto destinatario de la orden relativa, esto es, precisar el por qué le da el carácter de contribuyente directo de los gravámenes por los que ordena la revisión, o el de responsable solidario con ellos relacionado, especificando así un aspecto de los objetos que se buscan con ese mandamiento, por lo que si la autoridad no cumple con ello, resulta ilegal su actuación."
Las ejecutorias de mérito, dieron origen a la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, enero de 2004
"Tesis: VIII.3o.36 A
"Página: 1610
"REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE. ES INDISPENSABLE QUE EN LA ORDEN PARA PRACTICARLA SE MOTIVE LA CATEGORÍA QUE SE ATRIBUYE AL GOBERNADO CUANDO SE LE DESIGNA CON MÁS DE UNA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció en la jurisprudencia número 2a./J. 68/2000, de rubro: ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN RELATIVA, QUE SE RIGE POR EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, CONSTITUCIONAL, DEBE SEÑALAR NO SÓLO LA DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERE, SINO TAMBIÉN LA CATEGORÍA DEL SUJETO (CONTRIBUYENTE, SOLIDARIO O TERCERO), LA CAUSA DEL REQUERIMIENTO Y, EN SU CASO, LOS TRIBUTOS A VERIFICAR.’, que la orden de revisión de escritorio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20171-9332daa3/revision-de-escritorio-o-gabinete-es-innecesario-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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