CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. AL OPERAR POR INACTIVIDAD PROCESAL ÉSTA PUEDE ACTUALIZARSE DESDE EL DICTADO DEL PRIMER AUTO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SIN NECESIDAD DE QUE SE HAYA ADMITIDO O, EN SU CASO, AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO A LA DEMANDADA, HASTA ANTES DE QUE SE CITE A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, TERCERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y TERCERO DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario número 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que la materia que involucra la referida denuncia es competencia de este órgano colegiado.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por los Magistrados y secretaria en funciones de Magistrada, integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, órgano jurisdiccional que participa en la posible contradicción de criterios.
TERCERO. Las consideraciones y voto particular que sirvieron de sustento para el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver por mayoría de votos, en sesión de siete de agosto de dos mil ocho, el amparo directo agrario DA. ********, en la parte que interesa para esta contradicción, son los siguientes:
"... SÉPTIMO. Asiste razón al quejoso al sostener de manera esencial en el primer concepto de violación, que el tribunal responsable de manera incorrecta declaró la caducidad de la instancia en el juicio de antecedentes, por considerar que desde el tres de octubre de dos mil seis en que se notificó al ejido actor, aquí quejoso, el acuerdo relativo a la prevención para que subsanara su demanda inicial; toda vez que, si dentro del mencionado juicio aún no se había emplazado a la parte demandada, no puede computarse el término para que opere la caducidad, dado que el demandado no se encuentra sujeto a seguir el juicio. En efecto, el artículo 190 de la Ley Agraria, establece lo siguiente: ‘Artículo 190. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad.’. Por su parte el artículo 178 de la Ley Agraria, y el diverso 328, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado, establecen, en lo conducente, lo siguiente: ‘Artículo 178. La copia de la demanda se entregará al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento respectivo. El demandado contestará la demanda a más tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia ...’. ‘Artículo 328. Los efectos del emplazamiento son: ... II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el tribunal que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación;’. De los preceptos legales transcritos se desprende que la caducidad en los juicios agrarios se actualiza por la inactividad procesal o falta de promoción del actor que impulse el trámite de dicho juicio durante el plazo de cuatro meses; debiendo entenderse por juicio, el debate, litigio o contradicción que se realiza entre el actor y el demandado, ante el Juez de la causa; es decir, para que exista ‘juicio’, resulta indispensable que se realice el emplazamiento al demandado, pues de no ser así, no se constituye la relación jurídica procesal, y por ello no puede operar la caducidad de la instancia del juicio agrario. Por lo anterior, si en el caso particular el tribunal responsable, en la resolución que constituye el acto reclamado, declaró la caducidad de la instancia del juicio agrario, por estimar que el mismo estuvo inactivo por más de cuatro meses, porque ‘... desde el día tres de octubre de dos mil seis, en que se notificó a la parte actora por conducto de su autorizado, el acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil seis, que contiene la prevención formulada para que subsanara las omisiones de su demanda, no ha tenido lugar actuación que impulse el proceso y sin que el promovente de la vía haya demostrado interés en su seguimiento ...’; debe concluirse que la resolución reclamada resulta violatoria de la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, en perjuicio del ejido quejoso, toda vez que, si la demanda inicial aún no ha sido admitida y por consecuencia no se ha emplazado al demandado, éste no se encuentra sujeto a seguir el juicio, por no haberse integrado la relación jurídica procesal, por lo que al no existir propiamente juicio, no puede operar la caducidad de la instancia del juicio agrario a que se refiere el artículo 190 de la ley de la materia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada XVIII.3o.1A., del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, y que este tribunal hace suya, visible en la página 2034, del Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: ‘CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. OPERA HASTA QUE LA DEMANDA HA SIDO ADMITIDA Y EMPLAZADA LA PARTE DEMANDADA.’ (se transcribe) ... . Con base en lo expuesto, al resultar fundado uno de los conceptos de violación, resulta procedente conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y continúe con el procedimiento del juicio agrario de antecedentes. Resulta innecesario proceder al estudio del resto de los argumentos que como conceptos de violación formula el quejoso, pues lo hasta aquí analizado es suficiente para conceder la protección constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 168, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala lo siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe) ... Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Para los efectos que se precisan en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ejido La Unión, Municipio de Torreón, Coahuila, en contra de la resolución dictada el doce de febrero de dos mil siete, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio agrario **********. ... ‘Voto particular que formula el Magistrado Ezequiel Neri Osorio. No coincido con el criterio de la mayoría en cuanto a que, para que se actualice la caducidad de la instancia del juicio agrario, resulte necesario que se emplace a la parte demandada, atento a lo siguiente: Analizados los conceptos de violación que formula el quejoso, resultan infundados por las consideraciones siguientes: En principio debe precisarse, que la caducidad de la instancia, es una institución por medio de la cual se extingue la relación procesal sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo; a consecuencia de la inactividad del actor, del demandado, así como del órgano jurisdiccional; resultando que el artículo 190 de la Ley Agraria la estatuye en los siguientes términos: «Artículo 190. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad.». El fundamento de la institución de la caducidad de la instancia, se apoya principalmente en dos motivos distintos, los cuales son a saber: el primero de orden subjetivo, que se traduce en la intención de las partes de abandonar el proceso, reflejado en el desinterés de las mismas en continuar y culminar con el mismo; y, el segundo, de orden objetivo, el cual descansa en la necesidad de evitar que la solución de los procesos quede de manera indefinida, lo que acarrearía una falta de seguridad jurídica. De esta manera, la caducidad de la instancia, según lo previene la disposición que se estudia, opera de pleno derecho, pues para su configuración, basta la falta de promoción de la actora y la inactividad procesal durante el plazo de cuatro meses; de lo que se sigue que el determinar si se ha producido o no la caducidad de la instancia en el juicio agrario, es fácil, porque la perención de la instancia depende de un hecho cierto, preciso y tangible, como es el del transcurso de cuatro meses, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, pues bastará contar a partir de esa fecha, los cuatro meses, para saber si se ha producido la caducidad. Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que el tribunal responsable estuvo en lo correcto al declarar la caducidad de la instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley Agraria; toda vez que, el hecho de que no se hubiere admitido la demanda y por consecuencia no se haya emplazado al demandado, como acontece en la especie, ello no constituye un impedimento jurídico para que se actualizara la caducidad de la instancia, pues si la finalidad de dicha figura procesal, es la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes, como quedó señalado en párrafos anteriores, debe concluirse entonces que la palabra «juicio» utilizada en el precepto legal citado, debe entenderse como sinónimo de «instancia», y por ello que la caducidad opera en cualquier etapa del procedimiento, es decir, desde el primer auto que se dicte con motivo de la presentación de la demanda (como es el que previene al actor para que aclare o subsane su demanda), hasta que se cite a las partes para oír sentencia, pues el emplazamiento a juicio en todo caso es un requisito para que se conforme la relación jurídica procesal, esto es, para la integración de la litis, pero no para que inicie la instancia, pues ésta inicia a partir de que el órgano jurisdiccional se pronuncia en relación con la demanda presentada por el actor, por lo que la falta de emplazamiento a juicio no releva al actor de impulsar el procedimiento, pues si la intención del legislador hubiese sido limitar la caducidad de la instancia para que operara a partir del emplazamiento, entonces así lo hubiere establecido; siendo también por ello intrascendente que el tribunal responsable no se hubiere pronunciado expresamente en cuanto a su competencia, pues lo relevante es que emitió un acuerdo (en el que ordenó formar y registrar el expediente y ordenó prevenir al actor), con el cual se inició la instancia del juicio agrario; razón por la cual en manera alguna puede considerarse que el tribunal responsable haya dejado de aplicar la ley, aunado a que la tesis aislada que cita el quejoso emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, no resulta obligatoria para este tribunal, toda vez que no se actualizan los supuestos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXIX.2o.4 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, y que este tribunal hace suya, visible en la página 1641, del Tomo XXV, marzo de 2004 (sic), Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: «CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA AGRARIA. SE CONFIGURA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.» (se transcribe). Por otra parte, de ninguna manera puede considerarse que el tribunal responsable, al declarar la caducidad de la instancia y ordenar que se archivara el asunto como total y definitivamente concluido, se hubiere excedido en los efectos otorgados a la mencionada caducidad; pues dicha determinación en manera alguna trastoca el derecho sustantivo del ejido actor, aquí quejoso, pues al no haber un pronunciamiento expreso por parte del tribunal responsable, en cuanto a dicho derecho, el actor válidamente puede ejercitar la acción respectiva, si se encuentra en posibilidad jurídica de hacerlo, de ahí que la resolución reclamada no sea violatoria de la garantía contenida en el artículo 17 constitucional. De la misma manera, y contrario a lo aducido por el quejoso, la resolución reclamada no es violatoria de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales. Lo anterior es así, ya que de las constancias que integran el juicio agrario de antecedentes, se desprende que por auto de treinta de junio de dos mil seis (foja 27), el tribunal responsable ordenó prevenir al ejido actor, para que precisara las colindancias del inmueble que pretende su restitución, proporcionara un plano sobre su ubicación, así como para que proporcionara copia del escrito aclaratorio de demanda para correr traslado a la demandada; auto que fue notificado al ejido actor, por conducto de su apoderado jurídico, promovente del juicio agrario, como de la demanda de garantías que dio lugar a este asunto, el tres de octubre de dos mil seis (foja 28); y con fecha doce de febrero de dos mil siete (foja 29), dictó la resolución mediante la cual declaró la caducidad de la instancia, por considerar que el proceso quedó inactivo por más de cuatro meses, no obstante la prevención efectuada al actor para que subsanara su demanda; esto es, el tribunal responsable cumplió con las formalidades que para declarar la caducidad de la instancia establece el artículo 190 de la Ley Agraria. Asimismo, de la lectura de la resolución reclamada, se advierte con claridad que el tribunal responsable expresó las razones particulares por las cuales estimó que en el caso particular se actualizaba la caducidad de la instancia, esto es, por haber transcurrido más de cuatro meses sin impulso procesal por parte del actor, no obstante de que fue prevenido para que subsanara su escrito de demanda, apoyando su determinación en lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley Agraria; siendo congruentes las consideraciones expresadas, con lo establecido en el precepto legal citado, así como con las constancias procesales que integran el juicio agrario de antecedentes; cumpliendo así la resolución reclamada con los requisitos de congruencia y de la debida fundamentación y motivación. ...’."
Por ser esencialmente iguales a lo antes transcrito, las consideraciones y votos particulares vertidos en los amparos directos administrativos agrarios números **********, no se transcriben.
CUARTO. Por su parte, las consideraciones sostenidas por unanimidad de votos, por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito al resolver en sesión de nueve de febrero de dos mil siete, el amparo directo administrativo ********** en la parte que interesa son las siguientes:
"... SEXTO. Son fundados los conceptos de violación que se vierten en la demanda, y aunque para estimarlo así se supla la queja deficiente de la parte quejosa en términos de lo dispuesto por los artículos 76 Bis, fracción III, y 227, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, es fundado lo que se alega en el sentido de que la demanda presentada, no había sido admitida a trámite por el Tribunal Unitario Agrario, de ahí que no podía aplicarse la caducidad. Lo anterior es así, en tanto que de las constancias de autos se observa que *********, en escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario, demandó la nulidad del traslado de derechos sucesorios que realizó **********, en el certificado parcelario número *********. Por su parte, la autoridad responsable mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil seis, sin admitir la demanda, previno a la promovente, para que exhibiera el original del documento en el cual constara el traslado referido y en el proveído de seis de diciembre del año en cita, decretó de oficio que se produjo la caducidad en el proceso. Ahora bien, la lectura del artículo 178 de la Ley Agraria permite entender que, el término juicio supone no sólo la admisión de la demanda, sino el consecuente emplazamiento al mismo, toda vez que este precepto es claro en establecer que el escrito inicial se entregará al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento respectivo; de ahí que es dable inferir que el juicio inicia una vez que la autoridad del conocimiento dicta el acuerdo que determina el llamamiento al juicio, se ordena expresamente que se corra traslado mediante la entrega de la copia respectiva de la demanda y, se verifica la diligencia de cumplimiento a tal acuerdo, haciéndose constar de manera clara la entrega física material de la misma. Lo anterior si se toma en cuenta que tocante al emplazamiento, el artículo 328, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia en términos del numeral 2 de la Ley Agraria, establece que el llamamiento al juicio tiene por efectos entre otros, sujetar al emplazado a seguir el juicio, ante el tribunal que lo emplazó, siendo competente al tiempo de la citación, de donde se deduce que es a partir de que el demandado queda sujeto a la secuela procesal, cuando inicia propiamente el juicio. Debido a lo cual si en la especie, la autoridad responsable mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil seis, sin admitir la demanda, previno a la promovente, para que exhibiera el original del documento en el cual constara el traslado de derechos sucesorios que realizó **********, en el certificado parcelario número **********, es evidente que si el juicio agrario no comenzó, no puede producirse la caducidad que decretó la autoridad del conocimiento en el acuerdo de seis de diciembre del año en cita, basada en el artículo 190 de la Ley Agraria, en tanto que aún no había sido admitida la demanda por el Tribunal Unitario Agrario, pues se insiste, no bastó la presentación de la demanda ante ese órgano jurisdiccional, para que iniciara el juicio agrario y sobre el mismo se produjera la caducidad, en el expediente agrario número **********, sino que el demandado debió de (sic) quedar sujeto a la secuela procesal, para que iniciara el juicio; de ahí que la autoridad del conocimiento en el proveído de seis de diciembre del año en cita, incorrectamente decretó de oficio que se produjo la caducidad en el proceso. Por otra parte, es fundado lo que expone la inconforme, en relación a que el tribunal responsable incorrectamente acordó en proveído de diez de junio de dos mil seis, que una vez que el Registro Agrario Nacional, le proporcionara el documento que requirió, debería de (sic) exhibirlo, por ser base de la acción, siendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley Agraria, el Tribunal Unitario tuvo que requerirlos. Así es, de las constancias de autos se observa que el veintisiete de junio de dos mil seis, la autoridad del conocimiento previno a ********** para que en el término de ocho días ‘... exhiba en original el documento en donde conste el traslado de derechos sucesorios que realizó **********, en el certificado «parcelario» número **********, que perteneciera a *********, cuya nulidad se demanda ...’ (folio 35). Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil seis, la actora exhibió ante la autoridad, la solicitud que presentó ante la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, a fin de que ésta le expidiera copia autorizada del traslado de derechos sucesorios reseñado, para lo cual pidió a la resolutora girara oficio al órgano registral para que le expidiera la documentación aludida (folios 37 a 40). El diez de junio de dos mil seis, la responsable omitió proveer respecto de la solicitud en comento y solamente le dijo que una vez que el Registro Agrario Nacional le proporcionara la documentación tendría que exhibirla, por ser la base de su acción (folio 41). Con fecha cuatro de diciembre de dos mil seis, la accionante reiteró su petición basada en el artículo 187 de la Ley Agraria, dado que el Registro Agrario Nacional aún no obsequiaba su solicitud (folio 42). En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil seis, la responsable decretó que operó la caducidad en el procedimiento número 215/2006, en términos del artículo 190 de la Ley Agraria. La anterior conducta procesal desplegada por la autoridad del conocimiento es desapegada a lo establecido en el artículo 187 de la Ley Agraria, el cual dispone que: ‘Artículo 187. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerara que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder; para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos.’. Del precepto en cita se advierte que el Tribunal Unitario se encontró compelido a ejercer su facultad que le otorga el precepto transcrito a fin de girar oficio al delegado estatal del Registro Agrario Nacional, para que expida el documento, consistente en copia autorizada del traslado de derechos sucesorios que realizó **********, en el certificado ‘parcelario’ número **********, que perteneciera a **********, el cual le fue oportuna y previamente solicitado por **********, en el escrito de siete de junio de dos mil seis (folio 38), pues la resolutora estaba obligada a ello, dado que en los proveídos de veintisiete de junio y diez de julio de dos mil seis, estimó que el mismo constituía la base de la acción incoada; por ello, al considerar que este documento era esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, su obligación era girar oficio a la autoridad para que expidiera el mismo. En consecuencia, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la autoridad responsable, deje sin efectos el proveído de seis de diciembre de dos mil seis, dictado dentro del expediente agrario **********, y en su lugar dicte otro, en el que prosiga la secuela procedimental, y de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley Agraria gire oficio al delegado estatal del Registro Agrario Nacional, a fin de que expida, a la actora copia autorizada del traslado de derechos sucesorios que realizó **********, en el certificado ‘parcelario’ número ***********, que perteneciera a **********."
La tesis aislada que derivó de la anterior ejecutoria dice lo siguiente:
"CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. OPERA HASTA QUE LA DEMANDA HA SIDO ADMITIDA Y EMPLAZADA LA PARTE DEMANDADA. Para que opere la caducidad de la instancia en el juicio agrario, de conformidad con el artículo 190 de la ley de la materia, es necesario que no exista actividad de la parte legítima ni del órgano jurisdiccional que impulse el juicio, lo que no acontece si la autoridad sin admitir la demanda previene a la promovente y posteriormente decreta la caducidad, pues aún no está sujeto el demandado a seguir el juicio, de conformidad con los artículos 178 de la Ley Agraria y 328 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este último de aplicación supletoria en términos del numeral 2o. de aquel ordenamiento." (No. Registro: 172,597. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, mayo de 2007. Tesis XVIII.3o.1 A. Página 2034).
QUINTO. Por su parte, las consideraciones en las que se basó el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito al resolver en sesión de diecisiete de enero de dos mil siete, el amparo directo administrativo (agrario) número de expediente *********, son en la parte que interesa las siguientes:
"... SEXTO. ... En otro sentido, resulta infundado lo alegado por el accionante del amparo en la parte que señala que no podía operar la caducidad por no haberse realizado emplazamiento alguno, siendo que éste resulta por ministerio de ley y no a petición de parte. A fin de hacer evidente lo infundado de tal argumento, es conveniente analizar cuál es la esencia y naturaleza de la caducidad. Etimológicamente la palabra caducidad proviene del vocablo latino caducus, que significa decrépito, poco estable, cercano a caerse y acabarse. A la caducidad también se le conoce con el nombre de perención, palabra que procede del verbo latino perimere peremptuni, que quiere decir extinguir, destruir, anular. La caducidad tiene sus orígenes en el derecho romano, donde se instituyó con la finalidad de impedir que los litigios entre particulares se eternizaran por la inacción de sus derechos. Eduardo Pallares, en su obra Diccionario de Derecho Procesal Civil, páginas 119 y 120, vigésimo sexta edición, Editorial Porrúa, al igual que José Becerra Bautista, en su obra ‘El Proceso Civil en México’ mencionan que fue Justiniano quien en el año 530 estableció el remedio de dicho mal en la Constitución denominada Properandum, pues, agrega Pallares ‘... el código, Ley 11, del título I, cap. II, dice: «Temeroso de que los procesos se hagan casi eternos, y para que no sobrepasen la vida humana (como ya anteriormente nuestra ley ha fijado para la decisión de los negocios criminales dos años, y como los civiles son más numerosos y frecuentes dan origen a los primeros), nos ha parecido necesario para apresurar su tramitación, establecer en todo el universo la presente ley que no será restringida en ningún caso y en ningún lugar: 1o. Es por causa de ello por lo que ordenamos que todos los procesos intentados, sea sobre bienes, sea cual fuere su valor, sobre acciones personales, sobre los derechos de las ciudades y de los particulares, sobre la posesión, la servidumbre, etcétera ... se terminen en el espacio de tres años a contar de la litis contestatio ...».’. De acuerdo con lo anterior, el derecho romano estableció, por un lado, la esencia y naturaleza de la caducidad, o sea, la instituyó como una figura extintiva del proceso cuando las partes no promovieran en él después de transcurrido cierto lapso de tiempo, características que acepta la doctrina generalizada, pues la considera como la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes, lo que, dicho sea de paso y a manera de comparación, se asemeja al desistimiento de la demanda en cuanto a que este implica el abandono expreso del proceso y aquélla su abandono tácito, por el desinterés presumido en la falta de impulso procesal. Por otro lado, el propio derecho romano, en la mencionada constitución, consideró que el inicio de la caducidad fuera a partir de la litis contestatio (que es el estado que guarda el proceso después de que ha sido contestada la demanda), o sea, con posterioridad a la práctica del emplazamiento. Giuseppe Chiovenda en su obra ‘Curso de Derecho Procesal Civil’, expresa que la caducidad es un modo de extinción de la relación procesal que se produce después de cierto periodo de tiempo, en virtud de la inactividad de los sujetos procesales, ya que cierra la relación procesal con todos sus efectos procesales y sustantivos. Así, la caducidad es una figura procesal cuya finalidad es la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes. La sanción es para las partes. Por otro lado, de acuerdo a la doctrina y a la mayoría de las legislaciones que la adoptan, lo que caduca es la instancia (aunque algunas legislaciones aluden a proceso o juicio) de ahí que se hace necesario señalar que significa instancia. Según la define Eduardo Pallares, la palabra instancia ‘tiene dos acepciones, una general con la que se expresa cualquier petición, solicitud o demanda que se hace a la autoridad, y otra especial, que quiere decir el ejercicio de la acción judicial desde la demanda hasta la sentencia definitiva. La primera instancia se lleva a cabo ante el Juez inferior, y la segunda ante el tribunal de apelación ... algunos Códigos Procesales utilizan el término juicio como sinónimo de instancia y dicen ‘se tendrá por abandonado el juicio y por perdido el derecho de las partes ...’, pero se entiende que el abandono del juicio es precisamente una de las características de la perención de la instancia, y por ello debe tenerse como tal.". De lo anterior se tiene que la instancia se inicia con la presentación de la demanda. La demanda de manera general se define como el acto jurídico mediante el cual se inicia el ejercicio de la acción. Así, uno de los efectos procesales de la presentación de la demanda es el de señalar el principio de la instancia. Tales consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 113/2002-PS, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 22/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, página 149, que si bien refiere a la materia mercantil, sin embargo, el análisis que se realizó en esa parte corresponde a la caducidad como figura procesal propia de cualquier proceso. La citada jurisprudencia a la letra dice: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.’ (se transcribe). Ahora bien, no obstante que la Ley Agraria ha acogido la caducidad y acepta su esencia, naturaleza y características, no establece el momento procesal en que tiene inicio; esto es, dicha ley no contiene disposición específica sobre que dicha figura sólo pueda configurarse después del emplazamiento, como sí lo hacen algunas legislaciones locales. Retomando el análisis del artículo 190 de la Ley Agraria que prevé que en los juicios agrarios operará la caducidad por la inactividad procesal durante el plazo de cuatro meses, se advierte que no hace referencia expresa al momento específico de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21534-b3b0a506/caducidad-en-materia-agraria-al-operar-por-inactividad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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