SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE RESPECTO DEL ACTUARIO O DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO PENAL, CUANDO SE LE ATRIBUYE ÚNICAMENTE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RECLAMADO.
AMPARO EN REVISIÓN 57/2000.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Este Tribunal Colegiado procede de oficio al estudio de una causal de improcedencia que no advirtió la Juez de Distrito, con fundamento en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia número 940, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y tesis comunes, página 1538, de rubro: "IMPROCEDENCIA.".
En efecto, del escrito por el cual los quejosos, ahora recurrentes, interpusieron la demanda de garantías, se aprecia que reclamaron del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a quien señalaron como autoridad responsable ordenadora, el auto de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual ratifica la detención de los quejosos; asimismo, le reclamaron el auto de formal prisión decretado en su contra, como probables responsables del delito de robo calificado cometido en agravio de Juan Tepatzi Zempoalteca, actos emitidos en el proceso 290/99; y del diligenciario adscrito a dicho Juez y del director del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Tlaxcala, reclamaron la ejecución y cumplimiento de dichos actos.
En tal situación, por lo que se refiere a los actos atribuidos al diligenciario adscrito al juzgado penal, el juicio de garantías es improcedente, porque en los actos reclamados, es decir, el acuerdo de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y el auto de formal prisión, el juzgador únicamente ordenó al mencionado diligenciario su notificación a las partes, siendo así, tal mandato no implica que dicho funcionario vaya a ejecutar los actos, tan solo los hará del conocimiento de los interesados a través de la notificación, de allí que al no existir acto de ejecución deba sobreseerse con apoyo en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.
Es aplicable al caso el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en la tesis que fue aprobada en sesión ordinaria de diez de agosto del año dos mil, que dice: "-Si en la demanda de amparo indirecto se señalan como autoridades tanto al Juez Penal responsable como al actuario o diligenciario adscrito, y como actos reclamados el auto de formal prisión y la notificación del mismo, respectivamente, pero de ese fallo se advierte que el juzgador sólo ordenó al mencionado actuario o diligenciario su notificación a las partes, entonces tal mandato no implica que dicho funcionario vaya a ejecutar el auto de bien preso, sino únicamente lo hará del conocimiento de los interesados, a través de la notificación respectiva, por lo que al no existir acto de ejecución por parte del precitado actuario o diligenciario, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dada la inexistencia de los actos que se le atribuyen.".
SÉPTIMO.-Los agravios hechos valer son infundados, sin que exista materia para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
En principio, cuando los recurrentes afirman que es erróneo el criterio del Juez Federal por haber sobreseído contra el acto que hicieron constar en el acuerdo que ratificó la detención, argumentan que la sentencia recurrida lesiona sus garantías individuales, más adelante, al referirse al fondo del asunto e inconformarse con el estudio que hizo el Juez de Distrito de las constancias, aseveran los inconformes que ello robustece la violación de las garantías individuales, consagradas en el artículo 19 constitucional, por parte de la responsable ordenadora y el Juez de Distrito.
Al respecto, debe decirse que los resolutores federales, actuando como autoridades de amparo, no violan garantías individuales, así como tampoco transgreden preceptos establecidos en la Carta Magna, cuenta habida que constitucionalmente tienen asignada, precisamente, la elevada responsabilidad de tutelar y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los gobernados consagrados en la Constitución Federal, por lo que resulta inoperante el agravio que orienta en tal sentido el ahora revisionista, resultando aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo V, de enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.".
Respecto al acto reclamado consistente en el auto de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictado por el Juez de la causa, mediante el cual ratificó la detención indebida de los quejosos ... y ... la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio porque consideró que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, según las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ya que de las constancias de los autos se desprendía que el Juez responsable decretó auto de formal prisión en contra de los quejosos, como probables responsables del delito de robo calificado, lo que actualiza el hecho que ha operado un cambio en la situación jurídica de los inculpados, por ende, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, ya que en el caso, "los efectos de la detención derivan de la prisión preventiva".
En contra de tales consideraciones, los recurrentes aducen que no existe causal de improcedencia alguna respecto a la ratificación de la detención, porque no encuadra en el supuesto previsto por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo; que no tienen aplicación al caso las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, ya que la Juez Federal pasa por alto que la Ley de Amparo, antes de la reforma, obligaba al Juez de Distrito, a entrar al estudio de la orden de aprehensión o del auto que ratifica la detención, así que no asiste razón, agregó, a la Juez de Distrito al decir que por el hecho de que el Juez responsable decretó auto de formal prisión ha operado un cambio de la situación jurídica.
No tienen razón los inconformes, en virtud de que el acto reclamado al Juez de la causa consistente en la ratificación de la detención de los quejosos, se llevó a cabo el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (los hechos delictivos sucedieron el dieciséis de ese mes y año), en consecuencia fue con posterioridad a la reforma del artículo 73, fracción X, ya que tal reforma se hizo por decreto de dos de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y entró en vigor al siguiente día, cuyo texto ya reformado, pasó a establecer lo siguiente:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.-Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. ..."
Con anterioridad a la expresada reforma, la fracción X del invocado numeral, prevenía que cuando por vía de amparo indirecto se reclamaran violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución General de la República, solamente la sentencia de primera instancia determinaría que se consideraran irreparablemente consumadas las transgresiones a dichos preceptos constitucionales, para los efectos de la improcedencia prevista en la fracción X, del referido artículo 73 de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando por virtud de la indicada reforma, el artículo 16 constitucional que regula la ratificación de la detención, pasó a quedar excluido del texto del multirreferido precepto, ello vino a significar que respecto a dicho acto de molestia, se determine que el acto procesal subsecuente, consistente en el auto de formal prisión, haga que se entiendan irreparablemente consumadas las violaciones que se hubieren reclamado con respecto a la ratificación de la detención, en cuyo supuesto rige estrictamente, en sus términos literales, el primer párrafo de la fracción X del artículo 73 en cita, toda vez que la reclamación de la ratificación de la detención no corresponde al reclamo de violaciones a los artículos 19 o 20 constitucionales, puesto que se encuentra regulada constitucionalmente por el artículo 16 de la Carta Magna, mas no por aquellos preceptos; y en tal virtud, ante el cambio de situación jurídica que se surte cuando el sujeto inculpado, cuya detención fue ratificada en su contra, y que, por efecto de una nueva determinación dictada igualmente en su contra, pasa a quedar en calidad de formalmente preso, con la diferente condición legal de procesado; misma modificación jurídica procedimental, por virtud de la cual, se hace procedente tener por consumadas, de forma irreparable, las violaciones reclamadas respecto al acto de retención, pues es lógico y natural que ya no sea posible decidir en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica ya establecida, en tanto que el acto inicialmente reclamado cesó en sus efectos, por cuanto a sus consecuencias jurídicas se refiere, toda vez que dentro de la secuela del procedimiento penal, cada forma de restricción a la libertad humana clausura a la anterior, a la cual sustituye, bajo un orden lógico y progresivo.
En la especie, como se indica en el resultando primero de la presente ejecutoria, los impetrantes de garantías ... y ... plantearon su demanda de amparo mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, o sea que su promoción fue hecha con posterioridad al nueve de febrero del citado año en que entró en vigor la referida reforma a la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia; así mismo, a fojas 101 vuelta a 107 de los autos del expediente en revisión, consta que el Juez de la causa, señalado como autoridad responsable dictó la resolución de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que cambió la situación jurídica de los referidos impugnantes, al dictárseles auto de formal prisión o preventiva, como probables responsables del delito de robo calificado, en agravio de Juan Tepatzi Zempoalteca, de lo cual se sigue que, por el cambio de situación jurídica sobrevenido a virtud del referido hecho superveniente, se actualizó en el juicio de amparo la causal de improcedencia prevista en el texto actual, ya reformado, de la fracción X del artículo 73 de la ley de la materia.
Por otra parte, la resolutora federal, en el considerando cuarto, estimó infundados los conceptos de violación esgrimidos en contra del auto de formal prisión, toda vez que la responsable fundó y motivó su determinación, ya que invocó el artículo 19 constitucional, para continuar enunciando la tipificación del delito de robo, previsto y sancionado por los artículos 285 y 288, fracción I, del Código Penal, cuya corporeidad acertadamente tuvo por comprobada el Juez responsable con la denuncia del agraviado y con la diligencia de fe ministerial, ya que con ésta acreditó la existencia de la bicicleta (objeto material del delito), y tales pruebas las vinculó con las declaraciones de Eleazar y Francisco de apellidos Tepatzi Zempoalteca, quienes declararon que el propietario de la bicicleta es Juan Tepatzi Zempoalteca; y eso también se adminiculó con el parte informativo de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, emitido por el policía primero de seguridad pública Alberto Sánchez Suárez, medios de prueba con los que el Juez del proceso arribó a la conclusión que a los inculpados se les encontró en su poder la cosa robada (bicicleta tipo montaña, color gris, rodada 24 x 1) y éstos no justificaron la procedencia de dicha bicicleta, así que quedó acreditado que el apoderamiento del bien fue hecho sin derecho, y que el propietario de la misma es el agraviado, quien pidió auxilio a la policía cuando fue desapoderado; agregó la resolutora federal que el Juez del proceso estableció las calificativas en términos del artículo 289, fracciones I y VII del Código Penal, dada la violencia de que se valieron los inculpados al desplegar la conducta delictiva, así como la cantidad de infractores; más adelante, la Juez de Distrito estimó que existen pruebas suficientes para tener por acreditada la probable responsabilidad de los quejosos, porque de las deposiciones de los inculpados y del agraviado se desprende que éstos aceptaron haber estado en el lugar de los hechos en el momento en que ocurrieron los acontecimientos y coinciden con la declaración del agraviado en el sentido de que abordaron una de las bicicletas, sin que exista prueba de que se tratara de una diversa de la robada, cuenta habida que los señalamientos del agraviado y del agente aprehensor permiten concluir que estaban acreditados los elementos del cuerpo del delito de robo calificado como la probable responsabilidad de los quejosos.
Los inconformes manifiestan que no le asiste razón a la Juez de Distrito cuando analiza el acto reclamado, porque el agraviado no señaló que los quejosos fueran de aquellos tres que lo interceptaron o uno de aquellos que le pidieron dinero o uno que le pidió el reloj y se lo quitó o uno de aquellos que le quitó la bicicleta o que hicieron señas en el momento en que ocurrieron los hechos o que estuvieron dentro de los tres sujetos que lo habían interceptado o dentro de los cuatro sujetos que cometieron los hechos; que para ello basta la lectura de las actuaciones, concretamente del desahogo de las pruebas ofrecidas en el término constitucional, al ser interrogado el agraviado y el policía primero de seguridad pública Alberto Sánchez Suárez.
Estos motivos de inconformidad son infundados, ya que el ofendido sí atribuyó a los hoy inconformes los hechos delictivos investigados, pues en su declaración ministerial dijo que iba a bordo de su bicicleta y su amigo Samuel Flores caminando, cuando se acercaron tres individuos del sexo masculino, uno de éstos le dijo préstame diez pesos "güey, pendejo", a lo que él respondió que no traía dinero, que otro le indicó que le diera su reloj, y el declarante le contestó que no se lo iba a dar, y dicho sujeto se lo quitó, otro de ellos estaba parado y sólo hacía señas, y después se acercó otro individuo, quien llegó por atrás del denunciante y le dijo que se bajara de la "bici", lo jaloneó de la playera rasgándola, lo tiró al piso y lo golpeó, en eso dos de los sujetos se subieron a la bicicleta del compareciente y los otros dos echaron a correr, razón por la cual el denunciante pidió auxilio a los policías que iban en una patrulla quienes de inmediato lo auxiliaron, se dirigieron al lugar en donde lo asaltaron y allí estaban los sujetos agresores, y el denunciante los reconoció y los señaló como quienes lo habían agredido, en esos momentos fueron asegurados por los policías y el de la voz ahora sabe que se llaman ... .
Los recurrentes dicen que es inatendible la apreciación de la Juez de Distrito, porque comete el mismo error que la responsable al darle fe pública y credibilidad al dicho de Juan Tepatzi Zempoalteca al tener por cierto que fueron los quejosos los autores del delito, por el simple hecho de que el policía primero de seguridad pública dice que Juan Tepatzi Zempoalteca los reconoció como aquellos que momentos antes lo habían agredido, si éste dicho no está robustecido con otro medio de prueba, para tener la certeza de lo manifestado por Juan Tepatzi Zempoalteca, y si en la diligencia desahogada en el término constitucional este policía manifestó que ninguno de los quejosos tenía la bicicleta, pues ésta se encontraba cerca de ellos; que tampoco quedó demostrado que ellos hubieran abandonado el bien o los hubieran desapoderado de él, que además, tanto el agraviado como el policía en su informe aseguran que después de solicitar el auxilio se trasladaron al lugar de los hechos, sin embargo, el denunciante aseguró que después de cometer el ilícito los asaltantes echaron a correr, dos a bordo de la bicicleta, lo que quiere decir que los agresores se fueron del sitio y cuando llegó la policía lo lógico es que ya no estuvieran, así que los quejosos no fueron los autores.
Los anteriores conceptos de violación son infundados, ya que ni la Juez de Distrito ni el Juez responsable otorgaron "fe pública" al dicho de Juan Tepatzi Zempoalteca, tan solo consideraron su declaración, en la que, entre otras cosas, imputó el hecho delictivo a los quejosos, hoy recurrentes, para adminicularla con los otros datos, y tener por acreditada la probable responsabilidad, además, no sólo el policía primero de seguridad pública dijo que Juan Tepatzi Zempoalteca los reconoció como aquellos que momentos antes lo habían agredido, sino que el propio ofendido los señaló expresamente, y desde luego que ese dato está robustecido con otros medios de prueba, ya que los inconformes admitieron haber estado en el lugar de los hechos el día y hora en que acontecieron, y precisamente porque el bien sustraído estaba cerca de los indiciados cuando fueron detenidos, aunado al señalamiento que hizo en su contra el sujeto pasivo, en el sentido de afirmar que los reconocía como aquellos que le quitaron el bien, ello hace creíble que sean los probables responsables; por otro lado, es cierto que el denunciante refirió que después de que le quitaron la bicicleta dos de los sujetos activos echaron a correr y dos se fueron a bordo de la bicicleta, y que cuando regresó con la policía al lugar de los hechos estaban allí; sin embargo, ello no es suficiente para desvirtuar el señalamiento que hace el ofendido, pues de no haber reconocido a sus agresores no los hubiera señalado, tanto más que tenían el bien que había sido robado, además, en ese aspecto es subjetivo lo que dicen los recurrentes.
Igualmente aducen que fue incorrecta la apreciación de la Juez Federal porque sostuvo que a los inculpados se les encontró la cosa robada, que sin embargo, con el interrogatorio formulado por la defensa tanto al inculpado como al policía se prueba que ninguno de los quejosos tenía en su poder la bicicleta del ofendido, que ésta se encontraba en el suelo cerca de ellos, según diligencia de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve; que también se demostró que ninguno de los dos quejosos participó en los hechos ni formaron parte del grupo de los cuatro sujetos que intervinieron en los hechos; que esto ocurrió con la respuesta que dio el agraviado a la pregunta veintisiete, formulada de la siguiente manera "Que diga el agraviado si el día en que según su dicho ocurrieron los hechos que se investigan alguna persona lo auxilió interceptando al chavo que se llevaba su bicicleta el día de los hechos", y contestó que fue uno de ellos, que se lo dijo verbalmente, esto es, fue el dueño de la bicicleta tipo Cross; y que en la respuesta que dio a la pregunta veintiocho describe a la persona que lo auxilió, correspondiendo esta descripción a uno de los quejosos, luego, no pudieron ser éstos, quienes cometieron el ilícito.
Son inexactas estas afirmaciones de los recurrentes, pues la apreciación de la Juez Federal, en donde sostuvo que a los inculpados se les encontró la cosa robada, fue correcta y que en contra de lo que dicen los inconformes, en la diligencia en la que fue interrogado el policía Alberto Sánchez Flores, verificada el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (fojas 74 y 77), las preguntas que más interesan fueron formuladas de la siguiente forma: "4. Que diga el declarante el lugar preciso donde se encontraban los cuatro indiciados que según su dicho la persona afectada los identificó", a la cual dio como respuesta: "en la calle vecinal a la altura de (sic) donde en la parte de atrás hay una fábrica, en la parte de enfrente pasa el río de Los Negros, a un costado pasa la carretera a Ocotlán"; "5. Que diga el declarante qué hacían los cuatro individuos en el momento en que éste los privó de su libertad", respondió: "no hacían nada, estaban parados"; "6. Que diga el declarante el lugar preciso donde se encontraban las dos bicicletas que según su dicho tenían en su poder los cuatro individuos que privó de su libertad el día dieciséis de noviembre del año en curso", contestó: "donde se encontraban ellos"; "7. Que diga el declarante a qué distancia se encontraban las dos bicicletas de los cuatro individuos en el momento en que los privó de su libertad el día dieciséis de noviembre del año en curso", a ello respondió: "no sabía decir exactamente, están entre ellos"; "8. Que diga el declarante cuál de los cuatro individuos, que según su dicho, tenía en su poder la bicicleta tipo montaña color gris", la respuesta fue: "las bicicletas estaban paradas, ninguno de ellos tenía en su poder las bicicletas"; de la diligencia anterior se desprende que los inculpados sí tenían el objeto robado, ya que se encontraba cerca, entre ellos, aunque ninguno en especial lo tuviera materialmente, la bicicleta robada estaba parada junto, por lo cual, ese dato, adminiculado con las demás pruebas, concretamente la imputación que hizo en su contra el ofendido, por el momento son bastantes para tener por acreditada la probable responsabilidad; por otro lado, tampoco es verdad que esté probado que los ahora inconformes no formaron parte del grupo de los cuatro sujetos que intervinieron en los hechos, pues aun cuando la pregunta veintisiete fue formulada al ofendido en los términos que indican los recurrentes y también dio la respuesta que señalan, o sea, "uno de ellos pero sólo se lo dijo verbalmente, esto es, el dueño de la bici tipo Cross", es obvio que de acuerdo con la "respuesta dada", el ofendido refirió que el dueño de la "bici" Cross sólo se lo dijo verbalmente, es decir, el sujeto pasivo no aseguró de manera contundente que realmente lo hubiera auxiliado interceptándo al que se llevaba la bicicleta; por lo demás, aunque es cierto que al responder la pregunta veintiocho, para que dijera las características de la persona que lo ayudó a interceptar al que se llevaba la bicicleta, dijo que "güerito, de ojos claros, como de unos diecisiete o dieciocho años", la afirmación de los inconformes de que tal descripción corresponde a uno de los quejosos, es una manifestación dogmática.
Dicen los recurrentes que lo argumentado por la resolutora federal, en el sentido de que el Juez de la causa estableció las calificativas, según el artículo 289, fracciones IV y VII, del Código Penal, que se hacen consistir en la fe de lesiones practicada a Juan Tepatzi Zempoalteca, y el dictamen médico, que fue exhibido siete días después de haberse practicado el examen, y después de haber certificado la responsable que hasta las catorce horas cuarenta minutos del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, no existía el peritaje médico, es una circunstancia que no tomó en cuenta el Juez responsable ni la Juez de Distrito, pues de haberlo hecho se darían cuenta que no coincide con la fe que hace la representante social y con lo argumentado por el agraviado en su declaración ministerial, y al dar respuesta a la pregunta número veintidós, ya que la representación social dio fe de lesiones que el agraviado no presentó y no coinciden con las del médico legista, además de que este dictamen no fue ratificado como lo establece el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales, para tener validez en términos del 818 del mismo ordenamiento legal; que tampoco se demuestra la segunda de las calificativas porque los quejosos no formaron parte de las personas que agredieron al ofendido, ni se acreditó que efectivamente fueron cuatro quienes lo agredieron.
Estos agravios son infundados, pues la Juez Federal advirtió que las calificativas del delito que nos ocupa, se establecen en las fracciones I y VII (mas no en la fracción IV) del artículo 289 del Código Penal, por haberse ejecutado con violencia en el ofendido y por la cantidad de infractores (eran más de dos); ahora bien, el mismo día de los hechos, el agente del Ministerio Público dio fe (foja 20) de la lesión que presentaba Juan Tepatzi Zempoalteca, esto es, escoriación dermoepidérmica en antebrazo derecho, de aproximadamente tres centímetros, asimismo dio fe que la playera que traía puesta el denunciante, de color gris, marca Champion, estaba rasgada a la altura del cuello del lado derecho, en aproximadamente doce centímetros, datos que corroboran la denuncia en la parte donde se refiere que el apoderamiento del bien se llevó a cabo a través de la violencia física en el ofendido; es cierto que el dictamen médico de lesiones practicado a Juan Tepatzi Zempoalteca, aunque está fechado el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 100), fue remitido por el agente del Ministerio Público al Juez de la causa siete días después, además, en ese certificado médico se determina que el denunciante presentó escoriaciones dermoepidérmicas en ambos codos y en rodilla izquierda, edema por contusiones en las regiones ciliar y occipital a la derecha de la línea media; equimosis por contusiones en cara lateral de hemitórax y en región escapular del mismo lado; de lo anterior se desprende que el Ministerio Público sólo dio fe de la escoriación dermoepidérmica en antebrazo derecho que presentaba el denunciante, mas no de las otras lesiones que advirtió el médico legista; sin embargo, ello no le causa agravio a los recurrentes, puesto que la escoriación dermoepidérmica de la que dio fe el representante social sí coincide con el dictamen médico legista, aunque éste, dado que es perito en la materia, lógicamente determinó las demás lesiones del pasivo; por lo que hace a que dicho dictamen no fue ratificado, debe decirse que ello era innecesario, ya que se trataba del médico legista, o sea un perito oficial, y de acuerdo con el artículo 142 del Código de Procedimientos Penales, el perito oficial no tiene obligación de protestar el fiel desempeño del cargo, por lo tanto, es obvio que tampoco está obligado a ratificar sus dictámenes; tampoco tienen razón los inconformes cuando aseveran que no se demostró la segunda de las calificativas porque ellos no formaban parte de las personas que agredieron al ofendido; sin embargo, lo cierto es que el artículo 289, fracción VII, dispone que se considerará calificado el delito de robo, entre otras cosas, cuando sean los ladrones dos o más, y en el caso sí está acreditado ese supuesto, como ya se vio.
Afirman los recurrentes que tampoco asiste razón a la Juez de Distrito, al sostener que la responsable tuvo por acreditados los elementos del cuerpo del delito, puesto que de acuerdo al análisis realizado no existió apoderamiento de cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de quien podía disponer de ella con arreglo a la ley.
Este motivo de inconformidad es infundado porque de acuerdo al análisis de los anteriores agravios sí existió el apoderamiento de la bicicleta propiedad del ofendido, sin derecho y sin consentimiento de éste, de modo que sí se acreditó el cuerpo del delito como ya se determinó anteriormente.
Igualmente dicen que no le asiste razón a la Juez Federal, ya que precisamente por haberlos detenido en el momento en que ocurrieron los hechos y cerca de donde se encontraba el objeto del delito, eso no quiere decir que fueron los que ejecutaron el delito, porque en el término constitucional probaron que persona distinta de los inculpados fue quien quitó la bicicleta al agraviado y en su huida la abandonó, por esta razón estaba cerca de los quejosos; que es cierto que el robo se consuma cuando el agente se apodera del objeto aun cuando después lo abandone, pero para que se tenga por cierto que hubo apoderamiento debe existir un señalamiento directo del agraviado, y que su dicho esté corroborado con otro medio que lo haga creíble y que personas dignas de fe afirman haber visto el hecho, lo que no ocurrió en el caso, en cambio se demostró que personas distintas a los indiciados fueron quienes ejecutaron el ilícito, que basta leer las pruebas ofrecidas por la defensa en el término constitucional, que además, de las descripciones que realiza el agraviado ninguna corresponde a los indiciados; agregan que la transcripción que hace la Juez de Distrito de la pregunta dieciséis, formulada al agraviado, éste dijo que prácticamente estaban juntas a un metro, y que en otra pregunta manifestó que la bicicleta estaba entre ellos, lo que no es congruente; que asimismo, contrario a lo argumentado por la Juez de Distrito no tiene aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, porque además de que se requiere un señalamiento directo del ofendido y que sea corroborado con otro medio de prueba, el policía no dijo haber visto que los quejosos se hubieran apoderado, de lo contrario se entendería que Juan Tepatzi Zempoalteca tiene fe pública.
Los anteriores argumentos son infundados porque no únicamente fueron detenidos en el lugar de los hechos y cerca de donde estaba la cosa robada, sino también porque f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6854-1c85ef70/sobreseimiento-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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