AGRARIO. SON IMPRESCRIPTIBLES LAS TIERRAS EJIDALES DE USO COMÚN. TIERRAS EJIDALES DE USO COMÚN Y TIERRAS NO PARCELADAS. PARA EFECTOS DE LA LEY AGRARIA, LAS PRIMERAS SON EL GÉNERO Y LAS SEGUNDAS UNA ESPECIE. TIERRAS EJIDALES, SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2000-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ANTERIOR SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio que es materia de esta contradicción, sustentado por el anterior Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, está contenido en la ejecutoria pronunciada el ocho de febrero de mil novecientos noventa y cuatro en el amparo directo administrativo 901/93, promovido por Miguel Lucio Obregón, la que en lo conducente estableció:
"CUARTO. Es infundado el único concepto de violación que invoca el quejoso y este tribunal no advierte deficiencia que suplir. El artículo 48 de la Ley Agraria expresa textualmente lo siguiente: ‘Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente. La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia ante el Ministerio Público por despojo, interrumpirá el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo hasta que se dicte resolución definitiva.’. La acción de prescripción a que alude el artículo transcrito, se otorga a quienes fueren poseedores de tierras ejidales en concepto de titular de esos derechos. Esto es, que al mero poseedor de una parcela ejidal sin certificado de derechos agrarios, pero poseyendo en concepto de titular, se le otorga esa acción. Lo anterior implica que la sola posesión de una parcela o de tierras ejidales en general, salvo las destinadas al asentamiento humano, o que se trate de bosques o selvas, no otorga al poseedor la acción de prescripción. Como el avecindado no es poseedor en concepto de titular de derechos agrarios, resulta obvio que carece de acción para pedir la prescripción de una porción de tierra ejidal. Por otra parte, conforme al artículo 56 de la Ley Agraria la asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas para tal efecto en los artículos 24, 28 y 31 de esa ley, podrá determinar el destino de las tierras que no están formalmente parceladas, efectuar su aparcelamiento, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. De tal manera que no es dable el reconocimiento de derechos agrarios o de un ejidatario sobre tierras de uso común cuando la asamblea no ha determinado el destino de sus tierras y efectuado el aparcelamiento con las formalidades que la ley exige, ni por ende procede la acción de prescripción, pues esta acción exige que el actor sea poseedor en concepto de titular de derechos agrarios. En el caso a estudio, está demostrado que el quejoso posee las tierras de las que pretende prescribir, desde el año de mil novecientos setenta y dos, porque en el acta de investigación general de usufructo parcelario ejidal, levantada el veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro, la asamblea solicitó el reconocimiento de derechos agrarios a los campesinos, dentro de los cuales, con el número setenta y cuatro, se incluyó al quejoso Miguel Lucio Obregón, y la razón de esa solicitud fue que habían abierto tierras al cultivo y haberlas trabajado quieta y pacíficamente desde hace más de dos años. Tan sólo de tal documental, que es en la que fundó sus argumentos a manera de concepto de violación el quejoso, se desprende que no se trata de la posesión de una parcela regular sino de tierras abiertas al cultivo, por tanto, para que pueda solicitarse el reconocimiento de derechos agrarios es menester que previamente la asamblea, con las formalidades que mencionan los artículos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria, hubiese destinado esas tierras comunes a nuevos parcelamientos, y si tal asamblea no efectuó el aparcelamiento de tierras comunes abiertas al cultivo, es evidente que no puede ejercitarse la acción de prescripción sobre una parcela inexistente, pues la tierra que pretende el quejoso sigue siendo de uso común del poblado y por lo mismo nunca ha ejercido una posesión en concepto de titular de una parcela. En consecuencia, aun reconociendo la posesión que ha tenido el quejoso y que ha trabajado esa superficie, lo cierto es que tal posesión no ha sido en concepto de titular de una parcela, sino como un mero aspirante a que cuando la asamblea destine las tierras comunes del ejido a nuevas parcelas, sea considerado con mejor derecho que otras personas; lo que implica que no reúne la calidad que la Ley Agraria exige para el ejercicio de la acción de prescripción como correctamente lo aprecia la sentencia reclamada. Por tanto, aun cuando en la sentencia reclamada se haya dado valor probatorio pleno al acto de veinticinco de abril de mil novecientos setenta y cuatro, lo cierto es que de su contenido se desprende que se solicitó el reconocimiento de derechos agrarios de tierras de uso común, que el quejoso, entre otros, había abierto al cultivo, y a ello se debió que la responsable resolviera contra los intereses del quejoso, expresando que era improcedente la acción por referirse a tierras de uso común que no se habían destinado al aparcelamiento por la asamblea de ejidatarios y siguiendo las formalidades que la ley exige. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado." (fojas 65 a 81 de este cuaderno de contradicción de tesis).
De lo anterior se derivó la siguiente tesis aislada:
"Octava Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XIII, abril de 1994
"Página: 416
"PRESCRIPCIÓN AGRARIA. NO PROCEDE RESPECTO DE TIERRAS NO PARCELADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Conforme al artículo 56 de la Ley Agraria, la asamblea de cada ejido con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24, 28 y 31 de esa ley, podrá determinar el destino de las tierras que no están formalmente parceladas, efectuar su aparcelamiento, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. De tal manera que no es dable el reconocimiento de derechos agrarios o de un ejidatario sobre tierras de uso común cuando la asamblea no ha determinado el destino de sus tierras y efectuado el aparcelamiento con las formalidades que la ley exige, ni por ende procede la acción de prescripción pues esta acción exige que el actor sea poseedor, en concepto de titular de derechos agrarios."
CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito al resolver el juicio de amparo directo 242/2000, promovido por César Ramírez Martínez, fallado por mayoría de votos en sesión de catorce de junio de dos mil, sostuvo en lo conducente lo siguiente:
"SÉPTIMO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación formulados por el inconforme, en los que dice que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la sentencia que impugna no está pronunciada en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, pues la responsable omitió tomar en consideración todos los elementos de convicción existentes en el juicio y la ley no la faculta para dictar resolución sin sujetarse a regla alguna sobre estimación de pruebas. En efecto, el quejoso César Martínez Ramírez en el escrito inicial de demanda dedujo como acción principal, el reconocimiento por sentencia del Tribunal Unitario Agrario de su calidad de ejidatario, en términos del artículo 48, en relación con el 16, fracción III, ambos de la Ley Agraria, sobre una parcela perteneciente al ejido, manifestando detentar la posesión de la misma desde hace más de diez años, bajo las condiciones que marca el primero de los preceptos mencionados; por tanto, es notorio que acude a la jurisdicción agraria como aspirante y no como ejidatario, porque acude a ella para que en proceso de cognición se emita resolución que declare que de poseedor se ha convertido en ejidatario. Por su parte, el tribunal responsable en el considerando cuarto de la resolución impugnada, esencialmente estableció que la resolución presidencial de veinte de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, que benefició al poblado de que se trata, con 89-59-08 (ochenta y nueve hectáreas, cincuenta y nueve áreas, ocho centiáreas), por concepto de ampliación de ejido, decretó la explotación colectiva de los mismos y que conforme con lo dispuesto en los artículos 8o. y 134 de la Ley Federal de Reforma Agraria, no se hará la adjudicación individual de parcelas, porque son inmodificables, a cuyo efecto invoca una tesis de jurisprudencia por la que declaró improcedente la acción ejercida. Ahora bien, los artículos 16, fracción III y 48 de la mencionada ley, disponen: ‘Artículo 16. La calidad de ejidatario se acredita: I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario.’. ‘Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente. ...’. Ahora bien, para acreditar sus aseveraciones, el quejoso ofreció como pruebas de su parte las siguientes: la testimonial, la presuncional y la instrumental de actuaciones, la confesional a cargo del comisariado ejidal del núcleo agrario ‘Agua Prieta’, ubicado en el Municipio de Motozintla, Chiapas, la inspección judicial a cargo de la responsable a desahogarse en la parcela en cuestión, la documental consistente en el croquis de localización de la parcela de mérito, original de su acta de nacimiento y constancia de vecindad de siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. El testigo Olegario Soto Vázquez, en su calidad de colindante de la fracción de terreno en litigio, en audiencia celebrada el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete (foja 14 del expediente agrario), dijo: ‘que conoce personalmente al actor de este juicio, toda vez que es ejidatario del poblado «Agua Prieta», en la ampliación del ejido y que su parcela precisamente colinda con la del promovente, además de Adelfo Pérez, David López Pérez, Sebastián Sánchez Pérez; fundando la razón de su dicho en que es ejidatario del poblado anteriormente señalado y que conoce personalmente el problema de este asunto.’ (foja 22). Alfredo Hernández Ortiz, en la referida fecha, manifestó: ‘que sabe que radica en la ampliación de ejido del poblado «Agua Prieta» y que es posesionario de una superficie de terreno ejidal materia de esta controversia, de la que precisamente viene a imponerse a estas diligencias; fundando la razón de su dicho en que es el presidente del comisariado ejidal de dicho ejido.’ (foja 23). La confesional a cargo del presidente del comisariado ejidal, la cual se desahogó en la fecha antes mencionada, bajo el pliego de preguntas formuladas por la parte actora que se calificaron de legales, asentándose únicamente las respuestas dadas por el absolvente, resulta incompleta, pues en autos no obra el cuestionario respectivo para conocer el resultado de dicha prueba (foja 23). Asimismo, en audiencia celebrada el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se recepcionó (sic) el testimonio de Pablo Martínez Sánchez, padre del quejoso, quien manifestó: ‘que efectivamente soy ejidatario con derechos legalmente reconocido (sic) en la ampliación de «Agua Prieta», y la superficie de tierras que actualmente trabaja mi hijo César Martínez Ramírez, estoy de acuerdo en que él la siga trabajando y yo trabajaré mis diez cuerdas, siguiendo yo como ejidatario, ya cuando yo muera a él le quedarán mis derechos y mis diez cuerdas, que es todo lo que deseo manifestar.’ (foja 253). Con la inspección judicial verificada el ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete por la actuaria adscrita a la responsable, adminiculada con las pruebas restantes, se acredita que la superficie en conflicto consta de dos polígonos, mismos que se encuentran cultivados de café, en posesión del actor, con las medidas y colindancias que se especifican en el acta respectiva (foja 77). La documental consistente en el croquis que obra a foja 4, demuestra la ubicación, medidas y colindancias de la superficie materia de la litis. La documental relativa a la constancia de siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, expedida por el agente municipal del poblado de que se trata (foja 245), relacionada con la testimonial y acta de nacimiento (foja 230) que obran en autos, comprueba que el amparista es originario y vecino del ejido ‘Agua Prieta’. Cabe precisar que el desahogo de la testimonial y confesional fue deficiente por causas imputables a la propia responsable, pues de los testimonios rendidos en autos, no se conoce la fecha exacta en que el oferente entró a detentar el referido inmueble para computar el término de la prescripción solicitada, pues si éste manifestó que la posesión de la parcela en cuestión databa de hace más de diez años, era incuestionable que el tribunal agrario debió perfeccionar dichas probanzas, ya que las mismas son conducentes para conocer la verdad respecto del tiempo que el oferente de las mismas ha detentado la parcela de la litis, de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley Agraria, que en su parte conducente dice: ‘... el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. ...’. Como se aprecia de la resolución impugnada, la autoridad responsable omite de manera arbitraria el estudio de las pruebas mencionadas con anterioridad, que fueron admitidas y desahogadas durante el juicio, con las que el oferente de las mismas pretende acreditar su derecho, con notoria violación al artículo 189 de la Ley Agraria. Por otra parte, es conveniente precisar que en la ejecutoria emitida por este órgano colegiado, el nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, dentro del juicio de amparo directo 245/99 (foja 208), se estableció que el planteamiento hecho por el promovente fue el reconocimiento de titular de derechos de ejidatario sobre la parcela que ha venido poseyendo, a cuyo efecto se debían de acreditar en el juicio los presupuestos exigidos en el artículo 15 de la Ley Agraria, toda vez que si en la especie se acreditara la posibilidad del amparista a ser titular de derechos de ejidatario, de acuerdo con lo previsto por la legislación agraria vigente, podría ser tomado en cuenta para la correspondiente delimitación del ejido. Lo que motivó que el amparista, mediante escrito de seis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 229) exhibiera original de su acta de nacimiento con la que demuestra ser hijo de Pablo Martínez Sánchez, quien a su vez en la audiencia celebrada el diecinueve de noviembre del mencionado año, manifestó ser ejidatario del poblado de que se trata, con derechos legalmente reconocidos, aseveración que si bien se encuentra corroborada con la resolución presidencial de veinte de mayo de mil novecientos setenta y cuatro (de la foja 68 a la 71), en la que se aprecia que entre los nombres de los cuarenta y nueve capacitados se encuentra el de Pablo Martínez, marcado con el número diecisiete de la relación respectiva, en autos no obra el certificado de derechos agrarios expedido a favor de Pablo Martínez Sánchez, a fin de conocer con precisión si efectivamente se trata de la misma persona y si sus derechos se encuentran vigentes, para que a su vez esté facultado legalmente para otorgar el uso y usufructo de la superficie en cuestión, también para que la responsable tome en cuenta que la posesión que detenta el quejoso no sea en perjuicio de tercero; por tanto, el tribunal responsable debió solicitar al Registro Agrario Nacional la constancia respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 148, 150, 151 y 152 de la Ley Agraria, pues al no haberlo hecho así, viola de igual forma lo preceptuado en el diverso 186 de la referida ley. Asimismo, le asiste la razón al amparista cuando dice que la resolución impugnada no está fundada ni motivada porque no se apreciaron las pruebas que ofreció, sino que únicamente se señala que cuando se adopte el régimen de explotación colectiva no se hará la adjudicación individual de parcelas, además, por el hecho de que se le reconozcan sus derechos de posesión no significa que se modifique la resolución presidencial de mérito. En efecto, debe decirse que, en principio, el artículo 134 de la Ley Federal de Reforma Agraria que la propia responsable invoca, establecía lo siguiente: ‘Cuando se adopte el régimen de explotación colectiva, no se hará la adjudicación individual de parcelas, pero deberán definirse y garantizarse plenamente los derechos de los ejidatarios que participen en la explotación. ...’; el cual, con independencia de que en el mismo se dispone que deben garantizarse los derechos de los ejidatarios que participan en la explotación de las parcelas, se estima que no es aplicable al presente asunto, puesto que la cuestión que se dirime se plantea bajo la vigencia de la nueva Ley Agraria, la cual contempla la posibilidad de que quien posea tierras ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatarios, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de esta última ley. De la redacción del artículo 48 de la Ley Agraria se aprecia que no procede la prescripción sobre tierras destinadas al asentamiento humano, ni de los bosques o selvas, pero sí de los terrenos parcelados y de uso común, como puede apreciarse del contenido del segundo párrafo, que establece: ‘El poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario para que, previa audiencia de los interesados, del comisariado ejidal y de los colindantes, en la vía de jurisdicción voluntaria o mediante el desahogo del juicio correspondiente, emita resolución sobre la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate, lo que se comunicará al Registro Agrario Nacional, para que éste expida de inmediato el certificado correspondiente.’. En relación con lo previsto en el artículo 44 de la citada ley, que dice: ‘Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso común; y III. Tierras parceladas.’. De las disposiciones antes transcritas se advierte que la procedencia de la acción de prescripción adquisitiva no es limitativa para los terrenos parcelados, sino que se hizo extensiva también para los de uso común o colectivo. En efecto, el segundo párrafo del artículo 48 de la ley en cita, dispone expresamente que el tribunal emitirá resolución sobre la adquisición de los derechos sobre ‘la parcela o tierras de que se trate’; por su parte, el párrafo primero excluye las tierras para el asentamiento humano, por ende, la referencia a ‘tierras de que se trate’ debe estar referida, por exclusión, a las de uso común mencionadas en la fracción II del artículo 44 antes transcrito. Además, lo anterior es conforme con la realidad del campo mexicano, pues es del conocimiento público la existencia de parcelamientos de hecho que la propia ley reconoce, según se advierte del artículo 56 de la Ley Agraria que en su parte conducente dispone: ‘La asamblea de cada ejido ... podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. ...’. Lo que resulta acorde con la costumbre del campesino, pues aun en los ejidos como el que nos ocupa, en donde se determinó en la resolución presidencial que las tierras dotadas eran para uso colectivo, la gran mayoría no se explota de esa manera, incluso en el caso particular, el testigo Olegario Soto Vázquez hizo referencia a que las tierras que poseen están divididas en parcelas (de hecho). Al respecto, debe decirse que contrario a lo sostenido por la responsable, el reconocimiento que como ejidatario se efectúe a favor de la parte actora no implica necesariamente la modificación a la resolución presidencial que benefició por concepto de ampliación al ejido multicitado, puesto que en forma alguna se sustrae del régimen ejidal el terreno en conflicto, ni se altera el plano de ejecución definitivo respectivo; máxime cuando en el resolutivo cuarto de la propia resolución presidencial se establece que se dejan a salvo los derechos de los cuarenta y nueve capacitados que arrojó el censo en lo que a tierras de uso individual se refiere, por lo que no es aplicable la tesis que cita la responsable. Es aplicable a la anterior consideración la tesis visible en la página 416, Tomo XIII, correspondiente al mes de abril, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, que dice: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA AGRARIA. ACCIÓN DE. La correcta interpretación del artículo 48 de la Ley Agraria en vigor, conduce a establecer que el ejercicio de la acción de prescripción en virtud de la posesión de tierras ejidales por quien se considere titular de los derechos respectivos, mientras no se trate de las destinadas al asentamiento humano, bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública, tiene por fin regularizar las situaciones de hecho generadas por la invocada posesión. Así, respecto de dichas tierras, es factible jurídicamente reconocer la titularidad de derechos agrarios atento a la citada prescripción, una vez que sean demostrados los requisitos preindicados, expidiéndose por consecuencia el certificado que lo justifique, sin afectarse el régimen ejidal con la declaración respectiva, pues de ninguna manera se sustraen las tierras del núcleo agrario correlativo.’, la cual comparte este tribunal. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el que los integrantes del comisariado ejidal de ‘Agua Prieta’, en el escrito de contestación a la demanda, de cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete (foja 28), se hubieren opuesto al reconocimiento solicitado, porque según dijeron, no ha sido reconocido como ejidatario ante la asamblea general del poblado en cuestión, mas no porque las tierras de que se trata sean terrenos de asentamiento humano, bosques o selvas, pues como se ha dicho, el promovente solicita el reconocimiento como ejidatario, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, fracción III, de la Ley Agraria, es decir, mediante sentencia o resolución relativa del tribunal agrario. Además, el precepto 23, fracciones II, VIII, XIII y XIV, de la misma ley, dispone lo siguiente: ‘La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: ... II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones ... VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios ... XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva.’. Como se ve, en principio corresponde a la asamblea determinar el destino de las tierras que no están formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes; por tanto, si la asamblea general no se ha pronunciado al respecto, corresponde al Tribunal Unitario determinar el derecho que reclama el quejoso, de acuerdo con su competencia y con apoyo además, en el artículo 3o., fracción II, del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, así como el 78 de la Ley Agraria, que establecen: ‘Artículo 3o. Son tierras formalmente parceladas aquellas que han sido asignadas individualmente a los ejidatarios mediante: I. Resolución agraria administrativa; II. Resolución jurisdiccional; o III. Resolución de la asamblea, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la ley. Las demás tierras ejidales, independientemente del régimen de explotación a que estén sometidos, siempre que no se trate de tierras donde se ubique el poblado ejidal o que hayan sido expresamente destinadas por la asamblea al asentamiento humano, se considerarán tierras no formalmente parceladas. El parcelamiento que exista en estas tierras, tendrá el carácter de económico o de hecho.’. ‘Artículo 78. Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de esta ley. En su caso, la resolución correspondiente del tribunal agrario hará las veces de certificado para los efectos de esta ley.’. De las disposiciones antes mencionadas, se arriba a la conclusión de que la asignación de parcelas no corresponde única y exclusivamente a la asamblea, sino que también el tribunal puede pronunciarse al respecto, pues de estimarse lo contrario se contravendrían los preceptos transcritos con anterioridad. Sobre el particular, debe decirse que este tribunal se aparta del criterio sustentado en la ejecutoria pronunciada el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dentro del juicio de amparo número 385/99, promovido por Ernestina Verdugo López, en la que se dijo: ‘... Ahora bien, con independencia de que se estime acertado o no, lo referido por el tribunal agrario responsable, en relación a que es innecesario reconocer derechos agrarios en favor de quien ya es titular de aquéllos, pues así se advierte de la resolución presidencial de veinte de mayo de mil novecientos setenta y cuatro, que dotó de tierras al ejido del cual forma parte la accionante; las anteriores alegaciones son infundadas, pues si bien es cierto se reconoció a la amparista, expresamente, como titular de derechos agrarios del poblado «Agua Prieta», Municipio de Motozintla, Chiapas, esto es, se le tuvo por satisfecho uno de los requisitos que al efecto establece el numeral 48 de la Ley Agraria para la procedencia de la prescripción adquisitiva, también lo es que aun en el caso de que se hubiese acreditado que la posesión de las tres hectáreas que dijo tener la hoy quejosa, fuera en forma pacífica, continua, pública y por cierto tiempo (según buena o mala fe), ello de ninguna manera puede derivar en que pudiera realizarse la adjudicación individual de la parcela, tal como lo pretendía la aludida quejosa, pues tal hipótesis sólo puede actualizarse cuando, además de justificarse los citados elementos, se demuestre un diverso presupuesto, como lo es que se lleve a cabo la asamblea y el procedimiento para la delimitación y destino de las tierras ejidales a que se refiere el artículo 56 de la Ley Agraria, el cual, en lo que interesa, estipula: «La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. ...», debiéndose entender al respecto, como tierras formalmente parceladas, aquellas que han sido asignadas individualmente a los ejidatarios, en tanto que las no parceladas son las demás tierras ejidales, independientemente del régimen de explotación a que estén sometidas, tal y como lo describe el numeral 3o. del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y T
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6997-3503dfce/agrario-son-imprescriptibles-las-tierras-ejidales-de-uso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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