MAQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACION FISCAL. SU IMPOSICION NO VIOLA EL ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL.
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CONSIDERANDO:
SEXTO.- Argumenta la recurrente en su primer agravio que el a quo violó los artículos 77 a 80 de la Ley de Amparo en virtud de que en el concepto de violación se planteó la infracción al principio de generalidad de la ley, no es función de una contribución, sino del concepto mismo de la ley, así como que la sentencia resulta totalmente infundada e inmotivada al señalar que el principio mencionado en la ley tributaria se encuentra en el artículo 30 constitucional y que si quiso referirse al 31, en el caso sí se está frente a una contribución derivada del pago de los derechos previstos en el artículo 53-C reclamado y, por último que el artículo 29 del Código Fiscal viola el referido principio al no obligar a los contribuyentes con locales semifijos y a los vendedores ambulantes.
Este órgano colegiado considera parcialmente fundado lo anterior.
En el primer concepto de violación textualmente se argumentó:
"PRIMERO.- Inconstitucionalidad de la LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1985, específicamente en la parte que reformó y adicionó los artículos 28, 29 y 55, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, mismos que resultan violatorios de los artículos 14, 16, 28 y 31 fracción IV, de la Constitución General de la República, al no respetarse el principio de generalidad de la ley tributaria".
"El artículo 14 constitucional señala:"
'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho'.
"El artículo 16 constitucional señala:"
'Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento'.
"Por su parte el artículo 28 constitucional señala:"
'En los Estados Unidos Mexicanos, quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria'.
"Y finalmente el artículo 31, fracción IV, señala:"
'Son obligaciones de los mexicanos:...'
'IV.- Contribuir para los gastos públicos así de la Federación como del Estado y Municipio, en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.'
"Ahora bien, se considera que una ley es general, cuando comprende a todas las personas físicas y morales que se encuentran o lleguen a encontrarse dentro de la situación jurídica abstracta, impersonal y previamente prevista por la norma".
"En relación a lo anterior, debemos manifestar que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, es contrario al principio de generalidad de la ley, porque únicamente señala como obligados a utilizar las máquinas registradoras de comprobación fiscal, a los contribuyentes con locales semifijos y a los vendedores ambulantes, quienes pueden en todo momento obtener ingresos muy superiores a los de muchos contribuyentes con local fijo".
"Dicha excepción es totalmente antijurídica y contraria al principio de generalidad, puesto que el legislador olvida por completo dar las razones lógicas y jurídicas para exceptuar de dicha obligación a quienes no tengan local fijo."
Deriva de lo anterior, que la quejosa si bien no invocó el artículo 13 constitucional, que consagra el principio de generalidad de la ley, sino los artículos 14, 16, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución, razonó en qué consistía este principio y que el mismo resultaba violado por el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación porque al exceptuar de la obligación de implantar las máquinas registradoras a los causantes con locales semifijos y a los vendedores ambulantes crea a su favor un privilegio sin que el legislador dé las razones lógicas y jurídicas que lo justifiquen. Por tanto, al desestimar lo anterior basándose en que el precepto secundario citado no establece una contribución, sino una obligación y, por ello, no puede infringir el principio de generalidad de la ley respecto de contribuciones, que consagra el artículo 31 constitucional, en realidad no examina el planteamiento de la agraviada, pues el mismo no se hizo en función de una contribución sino de la obligación prevista por la norma reclamada, siendo que toda norma legal, no sólo aquellas que establecen contribuciones, pueden llegar a ser violatorias del principio de generalidad de la ley y, además, las que prevén obligaciones a cargo de los contribuyentes tienen su origen y fundamento precisamente en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, que establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público.
Se sigue de lo expuesto que le asiste la razón a la recurrente en cuanto sostiene que es incorrecto el razonamiento en que se basó la Juez Federal para desestimar el concepto de violación; sin embargo, lo anterior resulta insuficiente en virtud de que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación no infringe el principio de generalidad de la ley.
Efectivamente, en la tesis jurisprudencial que transcribe la recurrente, que lleva por rubro: "LEYES PRIVATIVAS", esta Suprema Corte ha establecido que una ley es privativa cuando falte a las características de generalidad y abstracción y al principio de igualdad por aplicarse en consideración de especie o personas determinadas y extinguirse su validez después de haberse aplicado al caso concreto y determinado de antemano.
El artículo 29, penúltimo y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación, establece:
"Los contribuyentes con local fijo tendrán obligación de registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general, en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, cuando se las proporcione la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; expedir los comprobantes respectivos; tenerlas en operación y cuidar que cumplan con el propósito para el que fueron proporcionadas; cuando el adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reúna requisitos para efectuar deducciones o acreditamiento de contribuciones deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo."
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el registro de los contribuyentes a quienes proporcione máquinas registradoras de comprobación fiscal y éstos deberán presentar los avisos y conservar la información que señale el reglamento de este código".
El precepto transcrito no viola el principio de generalidad de la ley porque no establece situaciones concretas que afectan a personas determinadas y designadas individualmente, que es lo que califica la naturaleza privativa de un ordenamiento legal sino que, por el contrario, establece las obligaciones relativas de forma general, abstracta y permanente.
En efecto, dicho dispositivo comprende todas las personas que se encuentren o puedan encontrarse en el supuesto legal y no desaparece después de aplicarse a algún caso concreto, pues determina la obligación para toda una categoría de contribuyentes y no para un caso previsto y determinado de antemano.
El hecho de que la obligación relativa sólo haya sido establecida para los contribuyentes con local fijo y no así para aquellos que carezcan del mismo, aun cuando en términos de los expuesto por la agraviada también realicen operaciones con el público en general y puedan llegar a tener ingresos superiores a los primeros, no implica que el dispositivo reclamado falte a los principios de generalidad, abstracción e igualdad, pues la obligación relativa está prevista por igual para toda una categoría de contribuyentes y no para casos concretos y determinados de antemano en debido respeto a esos principios; es decir, la obligación respectiva fue consignada por igual para toda una categoría de contribuyentes y el hecho de que no se establezca para otras categorías diversas como son las que menciona la recurrente, a saber, los que carecen de local fijo, no trae consigo que el dispositivo legal en análisis no sea general y abstracto pues, como se señaló, comprende a toda una categoría indeterminada de personas y no a casos concretos y determinados previamente, ni puede de ello derivarse que falte al principio de igualdad por crear un privilegio a favor de los contribuyentes que carecen de local fijo, primero, porque la obligación se establece, por igual, para todos aquéllos que se ubiquen en el supuesto legal, sin hacer distinción alguna y, segundo, porque los causantes sin local fijo constituyen una categoría de contribuyentes diversa a la que los preceptos reclamados obligan en tanto que, por sus propias características, están imposibilitados para dar cumplimiento a la obligación de implantar las máquinas registradoras por carecer precisamente de un local fijo donde instalarlas. Además, del solo hecho de que un precepto legal esté dirigido a una categoría de contribuyentes no puede considerarse que se otorguen prerrogativas a todos los demás contribuyentes que no se ubiquen dentro de la hipótesis legal, pues precisamente tal falta de ubicación es lo que determina que no queden comprendidos dentro de la hipótesis, máxime cuando, como es el caso, la categoría de contribuyentes no considerada dentro de la hipótesis legal, por las características propias que posee, no está en posibilidad de cumplir con la obligación; una consideración contraria llevaría a estimar inconstitucionales todas las normas impositivas especiales dirigidas a determinadas categorías de contribuyentes por no incluir a todos los causantes en general.
Por último, debe señalarse que tampoco puede considerarse violado el principio de generalidad, según señala la agraviada, porque "el legislador olvida por completo dar las razones lógicas y jurídicas para exceptuar de dicha obligación a quienes no tengan local fijo", pues el principio mencionado no puede estimarse acatado o contrariado porque el legislador dé o no las razones que lo llevaron a expedir una norma legal. Además, el artículo 29 del Código Fiscal sólo establece una obligación a cargo de los causantes con local fijo, mas no prevé excepción alguna; lo que sucede es que los causantes que carecen de local fijo no se colocan en la hipótesis normativa, y ello no constituye privilegios para ellos según se determinó con anterioridad.
SEPTIMO.- Señala la recurrente en su segundo agravio que el Juez de Distrito violó en su perjuicio los artículos 77 a 80 de la Ley de Amparo, pues en su concepto de violación planteó que los preceptos reclamados obligan a llevar un sistema contable que va más allá de lo establecido por la Constitución en su artículo 16, sin dar la oportunidad de demostrar que se cumple con el registro adecuado exigido por el propio dispositivo constitucional, y la sentencia resulta incongruente al contestar a lo anterior que los artículos combatidos no impiden a los causantes demostrar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Resulta infundado lo anterior. En el segundo concepto de violación se alegó:
"SEGUNDO.- Inconstitucionalidad de la LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES PARA 1986, en la parte relativa a la reforma y adición a los artículos 28, 29 y 55 fracción V, del Código Fiscal de la Federación, para establecer la obligatoriedad del uso de las máquinas registradoras de comprobación fiscal, lo que resulta violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales".
"El artículo 14 en su segundo párrafo, establece expresamente que: `Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho'."
"El precepto en cuestión, contempla en favor de los gobernados, la garantía de audiencia, que en el caso a estudio se viola, porque la obligatoriedad del uso de las máquinas registradoras de comprobación fiscal, que se pretende imponerme, viola la garantía de audiencia que consagra el artículo en comento, porque no nos da la oportunidad de demostrar que se llevan los registros contables de conformidad con lo que la propia Constitución establece en su artículo 16, segundo párrafo, que se refiere a LOS LIBROS Y PAPELES INDISPENSABLES, que son los únicos que las autoridades administrativas, como lo son las fiscales, pueden exigir para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. En este artículo para nada se menciona que esté obligado al uso de máquina alguna, que es lo que pretende obligarnos la autoridad mediante el oficio que cito como primer acto de aplicación, por lo que los artículos 28, 29 y 55 fracción V, del Código Fiscal de la Federación, resultan contrarios al artículo 16 constitucional, al pretender imponernos la obligación de llevar una máquina de registro de comprobación fiscal".
"Es decir, se pretende obligarnos a manejar el sistema de contabilidad de acuerdo a disposiciones genéricas, cuando todo sistema de control y registro debe adaptarse a las necesidades y a la situación económica del contribuyente".
"Para un contribuyente con local fijo, pero de escasa capacidad económica, resulta sumamente gravoso el manejar la máquina registradora de comprobación fiscal, que para otro contribuyente con mayores recursos puede no ser un desembolso considerable".
"Por ello se está violando el principio de equidad tributaria, porque se están imponiendo obligaciones iguales a sujetos desiguales, es decir la misma carga, sin considerar la capacidad económica de los contribuyentes, a más de que sufren un menoscabo en su patrimonio, por la pérdida de las máquinas actualmente en uso, que pierden su valor de mercado, y dicha inversión ya no podrá ser recuperada por los particulares".
Deriva de lo anterior que en el concepto de violación relativo la agraviada planteó: a) violación a la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional porque se obliga a los contribuyentes a implantar las máquinas registradoras de comprobación fiscal sin darles la oportunidad de demostrar que llevan sus registros contables de conformidad con lo exigido por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución; b) infracción al último precepto de la Carta Magna citado porque el mismo no menciona el uso de máquina alguna y los preceptos reclamados imponen la obligación de llevar máquinas registradoras de comprobación fiscal; y c) violación al principio de equidad tributaria porque se impone una obligación igual a sujetos desiguales, sin considerar la capacidad económica de los contribuyentes.
Al respecto, la a quo expresamente sostuvo que "en ningún momento los preceptos tildados de inconstitucionales le impiden o restringen a la parte quejosa a comprobar ante las autoridades fiscales que han cumplido con sus obligaciones fiscales, pues solamente obliga el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación a registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, lo cual no constituye impedimento alguno de acreditar su situación fiscal ni violación a la garantía de audiencia", así como que "la expresión que utiliza la ley de 'libros y papeles' no se debe entender o interpretar gramaticalmente a la manera que propone la quejosa como una prohibición de que por medios modernos se lleve el registro de las operaciones como son las máquinas registradoras de comprobación fiscal, sino que debe ser una interpretación amplia en el sentido de todos aquellos objetos, con los que se acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, como pueden ser las máquinas registradoras de comprobación fiscal" y, por último, que la ley combatida no viola el principio de equidad "en virtud de que no se grava ningún acto o hecho generador de algún tributo, sino que su finalidad es registrar el valor de los actos de contribuyentes, para comprobar sus obligaciones fiscales".
Se sigue de lo anterior que la Juez Federal se refirió expresamente a los planteamientos de la agraviada y dio las razones por las que consideró infundados tales planteamientos, razones que se refieren al concepto de violación y que, además, lo contestan íntegramente, de suerte tal que no resulta incongruente el fallo recurrido en la parte que se examina, incongruencia que, sostiene la recurrente, resulta clara y, por ello, omite manifestar en qué consiste, cuando que tal incongruencia no deriva ni se aprecia de la comparación entre lo alegado en la demanda y lo razonado por la juzgadora, no presentándose, por ende, la violación a los artículos de la Ley de Amparo que invoca la recurrente.
OCTAVO.- En el tercer agravio aduce la recurrente que la a quo violó los artículos 77 a 80 de la Ley de Amparo, pues aplicó inexactamente el artículo 16 constitucional porque éste no autoriza a que se establezca en el domicilio de los contribuyentes, aun para un mejor control de los impuestos, máquinas registradoras de comprobación fiscal, pues únicamente autoriza un control sobre libros y papeles y, por tanto, los artículos 29 del Código Fiscal de la Federación, 29-A de su reglamento, 53-C y 53-E de la Ley Federal de Derechos riñen con el precepto citado de la Carta Magna al obligar a implantar las máquinas mencionadas, ya que, además, con el pretexto de que se están efectuando los registros en las máquinas, la autoridad se constituiría en el domicilio de los causantes sin reunir los requisitos exigidos constitucionalmente, estableciéndose así un acto de molestia permanente.
En primer lugar, debe señalarse que el artículo 29-A del Reglamento del Código Fiscal de la Federación no tiene el carácter de acto reclamado, pues no se señaló como tal en la demanda de garantías, ni en ella se planteó concepto de violación alguno en su contra y, además, la a quo no se refirió al mismo en la sentencia recurrida, por lo que el agravio resumido debe desestimarse por inoperante respecto del precepto reglamentario mencionado.
Por otro lado, el agravio de referencia resulta infundado. El artículo 16 constitucional en la parte que invoca la recurrente dispone:
"La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos".
La interpretación del párrafo reproducido debe hacerse tomando en cuenta la garantía constitucional con la que se encuentra relacionado y que es la que doctrinalmente se ha calificado como inviolabilidad domiciliaria y que se deriva de la prohibición consignada en el propio dispositivo constitucional de que no se debe molestar a las personas en su domicilio, que es la regla general a la que debe atenderse. De esto se infiere que del anterior precepto constitucional, en la parte transcrita, deriva, como excepción a la regla general mencionada, la facultad de las autoridades fiscales para comprobar el debido acatamiento a las disposiciones en tal materia, es decir, el debido cumplimiento a la obligación que el artículo 31, fracción IV, constitucional, impone a los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y esa comprobación puede hacerse aun causando molestias en el domicilio de los contribuyentes. Por tal motivo, no puede desvincularse de esta facultad de comprobación que se otorga a las autoridades fiscales, la obligación consignada en el último precepto constitucional citado a cargo de los mexicanos, pues dicha obligación es la que da origen a al facultad correlativa de la autoridad de verificación del cumplimiento de la misma.
Ahora bien, el precepto constitucional en análisis expresamente faculta a las autoridades para practicar visitas domiciliarias en las que podrá exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, pero ello en nada infringe al numeral constitucional en análisis, pues éste expresamente faculta a las autoridades para practicar visitas domiciliarias en las que podrá exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, pero ello sólo significa que frente a la garantía general de inviolabilidad del domicilio se admitan las excepciones consignadas expresamente en el artículo 16 de la Constitución.
La interpretación relacionada de los artículos 16 y 31, fracción IV, constitucionales, permite concluir que frente a la obligación de contribuir a los gastos públicos se encuentra la facultad de verificación de las autoridades del debido cumplimiento a las disposiciones fiscales, facultad que al importar una molestia en el domicilio, papeles y posesiones de las personas, debe sujetarse al cumplimiento de determinados requisitos para que su ejercicio no sea arbitrario, ni entrañe una violación a la garantía establecida por el primero de los numerales citados de la Carta Magna, sujetándose, por tal motivo, a determinadas formalidades y a lo que la ley respectiva establezca. Es decir, al artículo 16 constitucional reconoce la facultad de verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales que tiene la autoridad, pero establece una serie de requisitos para que en el ejercicio de la misma no se violen los derechos de la persona, sujetando las visitas domiciliarias a las formalidades prescritas para los cateos y a lo dispuesto por las leyes respectivas, de lo que deriva que su espíritu es el de que la facultad de la autoridad frente a la obligación de los particulares se realice con el debido respeto a sus derechos.
Lo anteriormente expuesto permite concluir que la correcta interpretación que al artículo 16 constitucional se le debe dar es la de que reconoce expresamente la facultad de verificación de las autoridades frente a la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos, pero sujeta dicha facultad al cumplimiento de las formalidades establecidas en las leyes respectivas para el debido respeto a los derechos de los gobernados estableciendo, en tratándose de visitas domiciliarias, los requisitos básicos de éstas.
Ahora bien, no debe confundirse la facultad de verificación a que se ha hecho referencia, con los sistemas de registro contable que puedan llegar a ser objeto de dicha verificación. Las máquinas registradoras de comprobación fiscal no constituyen propiamente un acto de fiscalización, entendido éste como aquel a través del cual los funcionarios competentes realizan actos concretos destinados a determinar si los contribuyentes cumplen con las disposiciones fiscales, a través del cual los funcionarios competentes realizan actos concretos destinados a determinar si los contribuyentes cumplan con las disposiciones fiscales, a través de la revisión de libros y papeles. La implantación de las máquinas mencionadas es un mecanismo de prevención, pues en ellas quedan asentadas las diversas operaciones a que se refiere el código y reglamento reclamados y, desde luego, en el caso de que lleguen a realizarse actos de fiscalización en relación a un contribuyente, los respectivos visitadores podrán utilizar los elementos derivados de las máquinas, pero precisamente para conocer con exactitud la situación del contribuyente, lo que incluso a él le resultaría benéfico si su actuación se ha ajustado a las disposiciones legales aplicables.
Debe destacarse que la implantación de las máquinas registradoras como sistema contable no permite, necesariamente, por sí solo, conocer la situación de un contribuyente, pues en tanto son operadas por los contribuyentes o sus subordinados es posible que éstos registren con fidelidad sus operaciones, o bien omitan su registro o lo hagan incorrectamente, de lo que se sigue que mientras los funcionarios o autoridades hacendarias no efectúen actos de revisión de los datos y operaciones registradas no se da el acto de fiscalización.
El hecho de que el párrafo transcrito del artículo 16 constitucional sólo hable de visitas domiciliarias en que se exija la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, no significa que el legislador ordinario no puede establecer otros métodos de registro contable que deban aplicar los contribuyentes para determinar su situación fiscal diversos a los libros y papeles, sino que lógicamente debe entenderse que al aludir a éstos el constituyente se refirió en forma general a la facultad de verificación de la autoridad administrativa sobre cualquier tipo de sistema contable que legalmente tengan implantados los contribuyentes. Una interpretación contraria, limitaría el sentido y alcance de esta disposición constitucional, coartando la posibilidad de que los adelantos que proporcione el avance de la ciencia se utilicen en la simplificación de los sistemas contables en beneficio de los contribuyentes y que coadyuven, a su vez, a facilitar el ejercicio de las facultades de verificación.
Por tanto, lógicamente debe interpretarse que es al legislador ordinario a quien corresponde, de acuerdo con los avances de la época, establecer tanto los sistemas de fiscalización que se estimen idóneos como aquellos métodos, como el relativo a las máquinas registradoras, que faciliten precisar si los contribuyentes cumplen con las disposiciones fiscales cuando realicen actos tendientes a ello. Además, el constituyente no tenía por qué referirse a todas las maneras conforme a las cuales los contribuyentes deben registrar sus operaciones a fin de determinar su situación fiscal o de alcanzar precisión en el conocimiento de sus obligaciones, puesto que el único sentido del artículo 16 de la Constitución en el aspecto que se estudia, fue establecer situaciones de excepción frente a la garantía de inviolabilidad del domicilio que en el mismo se reconoce, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución al determinar que los individuos gozarán de las garantías que en ella se establecen con las restricciones que se consignan, y los sistemas contables no constituyen una excepción a la garantía de inviolabilidad domiciliaria por no ser el acto de verificación a que específicamente se refiere el artículo 16 constitucional, a saber, la visita domiciliaria, pues con la implantación de las máquinas registradoras de comprobación fiscal no se introduce la autoridad fiscal en el domicilio de los contribuyentes a fin de verificar si se han acatado las disposiciones fiscales, ya que, como se señaló, no constituye en sí mismo un acto de fiscalización sino una obligación que aquéllos deben cumplir en su domicilio.
Por último, tampoco le asiste la razón a la recurrente, en cuanto afirma que los artículos reclamados violan los requisitos que para la práctica de las visitas domiciliarias exige el artículo 16 constitucional porque con el pretexto de que se lleven a cabo los registros en las máquinas de comprobación fiscal, la autoridad puede en cualquier momento constituirse en el domicilio de los causantes sin cumplir con las exigencias previstas para ello en la norma constitucional invocada, pues los dispositivos impugnados sólo establecen una obligación que los contribuyentes deben cumplir en su domicilio pero ni implican una intrusión en dicho domicilio por parte de la autoridad fiscal, ni autorizan a ésta para que se introduzca en ese domicilio en cualquier momento y sin acatar las exigencias constitucionales previstas para las visitas domiciliarias, por lo que si en un momento dado la autoridad, con el pretexto de esa obligación, practica visitas domiciliarias sin cumplir los requisitos constitucionales y legales exigidos para tal efecto, se está ante un problema de ilegalidad en la actuación de la autoridad, mas no de inconstitucionalidad de las normas combatidas porque éstas no autorizan tal proceder.
NOVENO.- Por otro lado, también resulta infundado lo argumentado en el cuarto agravio respecto a que los preceptos reclamados violan la libertad de comercio.
Efectivamente, el artículo 29 del Código Fiscal establece la obligación a cargo de los causantes con local fijo de registrar el valor de los actos o actividades que se realicen con el público en general en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, cuando se las proporcione la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, los artículos 28, último párrafo, y 55, fracción V, del propio código disponen:
"En los casos en que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por los registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales".
"ARTICULO 55.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes, así como el valor de los actos o actividades por los que deban pagar contribuciones, cuando: ."
"V.- Tengan la obligación de utilizar las máquinas registradoras de comprobación fiscal que les haya proporcionado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no lo hagan o las destruyan,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/70-b2bc4354/maquinas-registradoras-de-comprobacion-fiscal-su-imposicion-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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