HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL EN PLENO.
AMPARO EN REVISION 1795/91. GRUPO PYPSA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- No es el caso de insertar el agravio aducido por el recurrente, toda vez que en la especie esta Tercera Sala de oficio advierte una causal de improcedencia y que se invoca por tratarse de una cuestión de orden público, con fundamento en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo y en el jurisprudencia número 158, consultable en la página 262 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que el rubro dice: "IMPROCEDENCIA". Esta causal de improcedencia que resulta operante en el presente juicio, es la que señala al artículo 73 fracción IV, de la Ley de Amparo.
En primer lugar, debe precisarse que dicho precepto textualmente señala:
"El juicio de amparo es improcedente".
"IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior".
De tal precepto se desprende que para que se actualice dicha causal de improcedencia de la acción constitucional, la ley o acto reclamado, en un juicio de garantías, debió ser materia de una ejecutoria en otro juicio.
Ahora bien, debe precisarse que en el diverso juicio de amparo 1214/91 del cual conoció al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de Monterrey, el mismo promovente de este juicio de garantías, Grupo Pypsa, Sociedad Anónima de Capital Variable señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:
"AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tienen tal carácter las siguientes: a) El H. Congreso del Estado Libre Soberano de Nuevo León. b) El C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. c) El C. Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. d) El C. Secretario General de Finanzas y Tesorero General del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. e) Los C.C. Presidente Municipal, Tesorero Municipal y H. Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León. f) C. Notificador J. M. Ríos B., de la Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, con residencia todos ellos en sus respectivos recintos oficiales".
"LEYES Y ACTOS RECLAMADOS.- Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León se reclama: La expedición de los decretos números 86 y 171 publicados en los periódicos oficiales de Nuevo León del viernes 29 de diciembre de 1989, número 156, y del lunes 31 de diciembre de 1990, número 157, por lo que hace a la fracción V del artículo 64 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. Así como los decretos números 82 y 161 que aparecen publicados en los periódicos oficiales del Estado del viernes 29 de diciembre de 1989 y del lunes 31 de diciembre de 1990 respectivamente, en tanto que el artículo primero, fracción III, punto 8 establece que la Hacienda Pública de los Municipios del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1990 y 1991 se integrará por derechos que se ocasionen por la expedición de licencias. De los C.C. Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se reclama: La promulgación, publicación y ejecución de los decretos números 82 y 86 que a su vez se reclaman de H. Congreso del Estado de Nuevo León. Del C. Secretario General de Gobierno del Estado de Nuevo León, también se reclama: La publicación en el periódico oficial del Estado de fecha viernes 29 de diciembre de 1989, de los decretos números 82 y 86 aludidos, titular responsable de dicho periódico. Del C. Secretario de Finanzas y Tesorero del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se reclama: Su refrendo e intervención en los decretos números 82 y 86 que a su vez se reclaman del H. Congreso del Estado. De los C.C. Presidente Municipal, Tesorero Municipal, H. Ayuntamiento y C. Notificador de San Pedro Garza García, Nuevo León, se les reclama: 1o. La aplicación de la inconstitucional fracción V del artículo 64 de la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León. 2o. Las órdenes dadas y las que giren para cobrar por sí o por subalternos derechos por licencia para anuncios, apoyándose para ello en la fracción V del artículo 64 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León. De todas las responsables se reclaman la fracción V del artículo 64 en comento en el que se exigen petición y obtención de licencia para anuncios, con facultada implícita de negación y arbitrio de autoridad contra la libertades que establecen los artículos que en el apartado correspondiente dispone el pacto federal, así como el refrendo, la publicación y promulgación de dicha ley, su aplicación y demás efectos y consecuencias. El C. Notificador responsable requirió a la ahora quejosa, del pago de las sumas que contiene el mandamiento que se acompaña."
Dicho juicio se resolvió el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, por el citado Juez de Distrito, concediendo el amparo solicitado. Inconforme con dicha sentencia el Gobernador de dicho Estado interpuso recurso de revisión, el cual se radicó en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número 2068/91 y se resolvió por el Tribunal Pleno el tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, confirmando la sentencia recurrida.
En relación con lo anterior, cabe señalar que la circunstancia de que el toca 2068/91 se resolviera por el Tribunal Pleno en la fecha indicada, constituye un hecho notorio que puede ser invocado de oficio por esta Sala.
Al respecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles expresamente señala:
"Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados, ni probados por las partes".
Así pues, del contenido de este precepto se desprende que los hechos notorios no están sujetos a la comprobación que de manera expresa se aplica para los hechos en general.
Por su parte, la doctrina considera que son notorios por el Tribunal, los hechos de que el Juez tenga conocimiento por razón de su propia actividad.
Ahora bien, en relación al juicio de amparo, aunque en la ley de la materia no existe disposición expresa reguladora sobre los hechos notorios, lo cierto es que en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la misma, resultan aplicables al respecto, en forma supletoria, las prevenciones establecidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Habida cuenta de lo anterior, en el caso concreto, efectivamente como se señaló con antelación, la resolución del toca 2068/91 por parte del Tribunal Pleno en la fecha indicada, reviste el carácter de hecho notorio para los Ministros de esta Sala, en virtud de que también intervinieron en la citada sesión de pleno y emitieron su voto al respecto, y por lo tanto, es válido invocar tal precedente en el presente asunto, aunque no haya sido alegado ni probado por las partes, de acuerdo con lo previsto en el transcrito artículo 88 del código procesal invocado.
Los puntos resolutivos de la citada son los siguientes:
"PRIMERO.- En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Grupo Pypsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del Congreso, Gobernador, Secretarios General de Gobierno y de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, Tesorero Municipal, H. Ayuntamiento y Notificador de San Pedro Garza García, Nuevo León, respecto de los actos que reclama, consistentes en la expedición, refrendo y publicación de los decretos números 86 y 171 por lo que se refiere a la fracción V del artículo 64 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, así como de los decretos números 82 y 161 en cuanto a su artículo primero, fracción III, punto 8, publicados en el Periódico Oficial de dicho Estado y su ejecución. Notifíquese".
TERCERO.- Así pues, de la transcripción de los actos reclamados y de las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de garantías y en el diverso 1214/91, se deriva que las autoridades señaladas como responsables en ambos juicios son las mismas; así como los ordenamientos cuya inconstitucionalidad se reclama, los cuales son: Los Decretos números 86 y 171 publicados en los Periódicos Oficiales de Nuevo León del viernes veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y del lunes treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa, por lo que hace a la fracción V del artículo 64 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; y los Decretos números 82 y 161 que aparecen publicados en los Periódicos Oficiales del citado Estado, del viernes veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y del lunes treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa, y en lo que corresponde al artículo Primero, fracción III, punto 8 de la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de referencia; aunque los actos de aplicación de tales ordenamientos reclamados, en uno y otro juicio, no son iguales, pues si bien genéricamente en los dos juicios, se reclama "la aplicación inconstitucional del precepto combatido, así como las órdenes dadas y las que giren para cobrar por sí o por subalternos, derechos por licencia para anuncios", sin embargo, en cada uno de ellos se exhibió para acreditar el interés jurídico de la quejosa para combatir los referidos preceptos, las actas de notificación de liquidación de derechos por licencia para anuncios de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y uno, emitidas por el Tesorero Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por virtud de las cuales se requiere a la quejosa en su carácter de propietaria de los anuncios ubicados en la Avenida Lázaro Cárdenas acera Sur número ciento diez a nombre de "La Ciudad de París" y "Mercantil de México".
Al respecto cabe precisar, que como se señaló con antelación, en el juicio de amparo 1214/91, que motivó el toca 2068/91, ya se dictó ejecutoria por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, en el que se concedió el amparo solicitado respecto a los actos y autoridades mencionados.
Ahora bien, debe señalarse, en cuanto a los alcances de dicha resolución, que de acuerdo con la fracción II del artículo 107, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, "las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivaron".
Tal principio de relatividad de las sentencias significa que en el amparo contra leyes, la sentencia que en su caso, otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión, tendrán un alcance relativo, en virtud de que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo, mas no así a personas ajenas al mismo. Por tal razón, no procede en un juicio de amparo hacer una declaración general respecto de la ley, entendiendo esta limitación en el sentido de que sólo podrá declararse inconstitucional la ley respecto del quejoso, sin beneficiar a otras personas.
Habida cuenta de lo anterior, los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo, consisten en proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si ésta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también los de ampararle contra una futura aplicación de dicha ley, lo que significa que la misma ya no podrá serle válidamente aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad administrativa implicaría una violación a la sentencia de amparo.
En efecto, el principio de relatividad en el juicio de amparo no puede entenderse en el sentido de que el amparo contra una ley sólo abarcará el acto de aplicación de la misma en el juicio respectivo en el que se haya reclamado, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes.
La intención concreta del legislador en relación con el principio de relatividad se deriva de la interpretación congruente y relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo, entre otras, de las que concretamente se refieren al amparo contra leyes.
En efecto, los artículos 116, fracción III y 11, de la Ley de Amparo establecen:
"116.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:
"...III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes".
"11.- Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado".
Por su parte, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la siguiente jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, página 211:
"LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDADES RESPONSABLES NO SEÑALADAS". Cuando se impugna la constitucionalidad de una ley a través de actos de aplicación, sin señalar como autoridades responsables al Congreso que la haya expedido y al Ejecutivo que la haya promulgado, aunque se surte la competencia del Tribunal Pleno, debe sobreseerse porque no fueron llamadas a juicio las responsables de la ley cuya constitucionalidad ha de analizarse".
De los anteriores preceptos y jurisprudencia transcritos se deriva que en un amparo contra leyes, el Congreso o legislatura relativa tiene el carácter de autoridades responsables, porque la constitucionalidad de la Ley por ellos expedida es lo que está controvirtiendo. Consecuentemente, si la ley constituye en si el acto reclamado y el Congreso o Legislatura que la expidió tiene el carácter de autoridad responsable, la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre al constitucionalidad de este acto reclamado en sí mismo considerando, lo que implica que si se otorga el amparo al quejoso ya no podrá volvérsele a aplicar válidamente la ley respectiva porque ya está amparado contra ella.
Esto es, una ejecutoria que otorgue el amparo respecto de una ley que es impugnada con motivo de un acto concreto de aplicación, no sólo protege al quejoso respecto de este acto concreto, sino también, para que esa ley no le sea aplicada en el futuro.
Criterio similar ha sostenido el Tribunal Pleno, en la tesis visibles en las páginas 588-590 del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar el año de 1989, Primera Parte, Tribunal Pleno, que dice:
"AMPARO CONTRA LEYES. LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACION PRESENTE Y FUTURA.- El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II constitucional y 76 de la Ley de Amparo, conforme al cual "las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas y oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo, mas no así a personas ajenas al mismo, circunscribiéndose, por tanto, la declaración de inconstitucionalidad de la ley, al caso concreto. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si ésta fue impugnada como heteroaplicativa, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente serle aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría violación de la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso, por el contrario si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo, como son los artículos 114 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de ese acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada la declaración de inconstitucionalidad que, en se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro".
Consecuentemente, en el caso concreto, en virtud de que la acción constitucional se ejerció en contra de ordenamientos que han sido materia de una diversa ejecutoria (AR 2068/91), en la cual se concedió el amparo al quejoso respecto de tales ordenamientos, y sus efectos abarcan a sus actos de aplicación presentes y futuros respecto del quejoso, el presente juicio de garantías es improcedente de acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, y por lo tanto procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 74 fracción III del mismo ordenamiento legal.
Al respecto resulta aplicable la tesis visible en la página 190, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que dice:
"AMPARO IMPROCEDENCIA DEL, POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (Artículo 73, fracción IV de la Ley de Amparo).- La causa de improcedencia que establece la fracción IV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse, sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quieran referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución".
Por otro lado, para evitar el diferimiento de la administración de justicia de hacer efectiva la concesión del amparo de obtuvo el quejoso respecto de los preceptos reclamados, como ya se mencionó, en el diverso toca 2068/91, atendiendo a la íntima vinculación que se da entre éstos y el acto de aplicación, esta Tercera Sala ejerce la facultad de atracción prevista en la fracción III del artículo 84 de la Ley de Amparo y se hace cargo del acto de aplicación.
En efecto, la quejosa reclamó el acto de aplicación consistente en el acta de notificación de liquidación de derechos por licencia para anuncios, emitida por el Tesorero Municipal de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, por apoyarse en el citado artículo 64 fracción V de la Ley de Hacienda para los Municipios del citado Estado. En consecuencia, como existe en favor del quejoso la declaratoria de inconstitucionalidad del citado precepto combatido, resulta que la aplicación de éste a través de la referida acta de notificación, es violatoria de la garantía de seguridad jurídica que tutela el artículo 16 constitucional, porque el efecto inmediato de la sentencia de amparo que la protege es nulificación de la validez jurídica de esa ley respecto a la propia quejosa; en consecuencia, debe de concederse el amparo para dejar sin efectos la multicitada acta de notificación y evitar así la aplicación del precepto reclamado, toda vez que no es posible constreñir al quejoso a que lo acate, en virtud del amparo que obtuvo, toda vez que la fundamentación del acta con base en el aludido precepto en nula y no puede afectar su esfera jurídica.
Similar criterio ha sostenido esta Tercera Sala en al tesis visible en la página 113, del Informe Anual de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al concluir el año de 1989, que dice:
"ATRACCION, FACULTAD DE, DEBE EJERCERSE POR LA SUPREMA CORTE. RESPECTO DEL ACTO DE APLICACION DE UNA LEY SI SOBRESEE EN CUANTO A ESTA POR DEMOSTRARSE QUE LA RECLAMO EN JUICIO ANTERIOR EN EL QUE SE OTORGO EL AMPARO.- Para evitar el diferimiento en la administración de justicia y hacer efectiva la concesión del amparo que en un juicio anterior obtuvo la quejosa, respecto de una ley, la Suprema Corte debe ejercer su facultad de atracción prevista en la fracción III del artículo 84 de la Ley de Amparo, respecto de aplicación si en un nuevo juicio decreta el sobreseimiento en cuanto a la ley, por estar demostrando en autos que el quejoso, promovió un amparo anterior en contra de ella, en el que se le concedió la protección constitucional, pues por la íntima vinculación de estas cuestiones, independientemente de los vicios propios que pudieran tener los actos de aplicación, debe otorgarse el amparo como consecuencia de la inconstitucionalidad de la ley aplicada, respecto al quejoso, declaración en su beneficio en el juicio anterior".
Asimismo, resulta aplicable la tesis igualmente sustentada por esta Sala, visible en la página 158 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo V, Primera Parte, Pleno y Salas, Enero-Junio 1990, que señala.
"ATRACCION. FACULTAD DE. PUEDE EJERCITARSE POR LA TERCERA SALA AL RESOLVER RECURSOS DE REVISION EN MATERIA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O DE REGLAMENTOS.- En los casos en que la Tercera Sala conozca de recursos de revisión en materia de constitucionalidad de leyes o reglamentos, puede ejercitar la facultad de atracción que le confiere el segundo párrafo del inciso b), de la fracción VIII del artículo 107 constitucional y la fracción III del artículo 84 de la Ley de Amparo, a efecto de dar cumplimiento a la garantía de expedida impartición de justicia contemplada en el artículo 17 constitucional, y al principio de economía procesal que de tal precepto deriva. La condición para ejercitar esta modalidad de la facultad de atracción, consiste en la estrecha relación entre las materias de la legalidad y constitucionalidad, así como en la efectiva posibilidad de garantizar el principio de economía procesal".
Por otro lado, resulta exactamente aplicable en la especie, el criterio sustentando por el Tribunal Pleno, en la tesis visible en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo III, Enero-Junio 1989, Pleno y Salas, Primera Parte, que dice:
"ACTOS DE APLICACION AL QUEJOSO DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES PARA EL. EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LOS ULTERIORES, DEBE OTORGARSE LA PROTECCION CONSTITUCIONAL.- Habiéndose obtenido la protección federal en contra de la ley reclamada por el quejoso con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y demostrando este extremo en el juicio de garantías que se llegue a promover en contra del segundo o ulteriores actos de aplicación, la consecuencia lógica y jurídica es que se le conceda el amparo solicitado en contra de dichas aplicaciones posteriores porque carecen de fundamentación y, por ende, del requisito de la debida motivación".
No obsta para establecer la anterior el hecho de que mediante escrito sin fecha la parte quejosa se haya desistido de las acción constitucional y que por acuerdo de la Presidencia de la Tercera Sala, de diez de diciembre de mil novecientos noventa y dos se le haya concedido el término de tres días siguientes a que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo para que ratificara tal desistimiento, de conformidad con lo que señala el artículo 30 fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que no efectuó la citada ratificación dentro del término concedido, por lo que en diverso proveído de tres de febrero del presente año, se le tuvo por no desistida.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio respecto de los decretos 86 y 171 y 82 y 161 publicados en los Periódicos Oficiales del Estado de Nuevo León, del veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa, respectivamente, por lo que hace a la fracción V del artículo 64 de la Ley de Hacienda para los Municipios del citado Estado y artículo primero, fracción III, punto 8 de los Decretos 82 y 161 mencionados.
TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Grupo Pypsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del acto de aplicación consistente en el acta de notificación de liquidación de derechos por licencia para anuncios, de fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y uno, emitida por el Tesorero Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García. Fue ponente primero de los señores Ministros antes mencionados.
Firman el presidente y ponente de la Sala con el secretario de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/311-2c55ca58/hecho-notorio-lo-constituye-para-una-sala-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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