RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, denunciante, al resolver por mayoría de votos, en sesión de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis el recurso de revisión 125/96, interpuesto por Paulino González Trujillo y otro, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO.-Este tribunal considera que en el caso se actualiza una causal de improcedencia del juicio de garantías, por lo que se impone analizarla de oficio en cumplimiento de lo previsto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo; y en acatamiento a la jurisprudencia 244 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164 del Tomo VI, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’, que es obligatoria para este Tribunal Colegiado en términos de lo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo.-De acuerdo con lo que establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio, siempre que tengan una ejecución que sea de imposible reparación.-Se ha estimado sobre este particular, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues atendiendo al derecho sustantivo de que se trate, la violación subsistiría irremediablemente.-Este criterio está expuesto en la jurisprudencia antes mencionada, que establece: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen «ejecución irreparable» los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto a cualquier acto dentro del juicio.’.-En la demanda de amparo que obra en los autos del juicio origen de esta revisión, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de segunda instancia que revocó el proveído pronunciado en el juicio natural y estableció que no ha lugar a tener por contestada la demanda ni por planteada la reconvención hecha valer por el quejoso.-Conforme al criterio expuesto anteriormente, no puede estimarse que el acto reclamado, en su primer aspecto, tenga una ejecución de imposible reparación, ya que no produce como consecuencia inmediata la afectación de algún derecho sustantivo del quejoso, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses; así, la resolución que se reclama únicamente tiene efectos de carácter formal o intraprocesal, e incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable, por lo que, de lograrse este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguirán en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos del peticionario de garantías y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica.-En efecto, es posible que la afectación al derecho sustantivo no llegue a concretizarse, ya que la sentencia definitiva puede ser favorable al peticionario de garantías a pesar de la resolución que ordena tener por no contestada la demanda, y por lo mismo los efectos o consecuencias de tal violación se extinguirían en la realidad de los hechos sin dejar alguna huella en su esfera jurídica.-En las relatadas condiciones, si el perjuicio que eventualmente cause la violación que se reclama sólo podrá actualizarse, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a los intereses del quejoso, tal infracción no debe reclamarse por ende en el juicio de amparo indirecto, sino en el directo que en su caso y oportunidad se promueva contra la sentencia de segunda instancia, ya que sólo en ella podrá advertirse si la resolución reclamada afectó las defensas del quejoso al trascender o no al resultado del fallo, en términos de lo previsto por los artículos 158, 159, fracción XI y 161 de la Ley de Amparo.-Cabe destacar, por otro lado, que el desechamiento de la reconvención tampoco afecta ningún derecho sustantivo del quejoso. En efecto, el denominado derecho a la jurisdicción que consagra el artículo 17 de la Constitución General de la República, en modo alguno constituye un derecho de la naturaleza apuntada, ya que el peticionario de garantías conserva expedito en todo caso el derecho de ejercitar la acción de que se trate mediante un juicio autónomo, en el efecto de que al promover amparo directo contra el fallo definitivo que le sea adverso, no le fuera reparada la violación derivada del desechamiento de la reconvención en el juicio natural.-En efecto, el denominado derecho a la jurisdicción, que en su aspecto activo se conoce como derecho de acción, puede ejercitarse mediante la iniciación de un juicio autónomo o a través de la reconvención; de esta manera, cuando se desecha esta última, no se priva al gobernado de ningún derecho sustantivo pues, según se ha visto, tal desechamiento no impide de ninguna manera que el demandado ejercite la acción mediante la iniciación de un nuevo juicio, con independencia de que obtenga o no sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el diverso procedimiento en que se hubiere desechado.-El derecho sustantivo o materia está consagrado como la potestad de decidir con interés propio los fines de la norma; en tal virtud, no puede sostenerse que al ejercitar el derecho a la jurisdicción se esté haciendo uso de un derecho sustantivo, porque éste es el bien jurídico tutelado, mientras aquél es el instrumento que la ley pone en manos de la persona para obtener su respeto, para constituirlo o para declararlo, con vida independiente y principios propios; en este sentido, entonces, la acción (derecho a la jurisdicción) tiene como fin la consecución o la satisfacción de lo que protege la ley, a través del Estado, que presta la función jurisdiccional para evitar el hacerse justicia por propia mano.-Entonces, la desestimación per se de la acción reconvencional, por causas formales, sin analizar la validez de las reclamaciones planteadas en cuanto derechos sustantivos (patrimoniales, del estado civil, personales) no puede considerarse de ninguna manera como acto de imposible reparación dentro de juicio, en la medida que deja intocada esa gama de atributos y potencias de la persona; dicho de otra manera, todos pueden ejercitar el derecho a la jurisdicción, pero no todos serán eventualmente titulares del derecho sustantivo cuya preservación, constitución o declaración pretenden, en tanto pueden carecer de interés jurídicamente tutelado; de ahí que pueda válidamente sostenerse que el derecho a la jurisdicción no es otra cosa que la facultad del individuo para provocar la intervención de los tribunales en la defensa de sus derechos. Con derecho material o sin él, la acción (cristalización del derecho a la jurisdicción) existe y su ejercicio es un poder erga omnes.-Por lo demás, el derecho a la jurisdicción se asemeja más a la garantía individual que al derecho sustantivo, pues así como el derecho de petición no garantiza inexorablemente la consecución de lo pedido, así tampoco el ejercicio de la acción (principal o reconvencional) implica la satisfacción de un interés, por no estar válidamente sustentado en la ley; no puede decirse, en cambio, que el desechamiento de la contrademanda extingue el derecho material, pues éste puede continuar vivo aun ante aquella contingencia formal o procesal; es decir, aquél trasciende y existe, incluso sin acción y al margen de su ejercicio; así, puede ocurrir que los adversarios diriman sus diferencias al margen o fuera de juicio, lo que haría inútil e innecesario el ejercicio del derecho de jurisdicción.-Así las cosas, si el titular de la acción constitucional continúa en el goce de la garantía individual que consagra el artículo 17 constitucional, no puede estimarse por ende que el desechamiento de la reconvención sea susceptible de afectar algún derecho sustantivo, en cuyas condiciones tal violación podrá reclamarse eventualmente en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, en términos de lo previsto por los artículos 158, 159, fracción XI y 161 de la Ley de Amparo.-En estas condiciones, al no advertirse en el caso que el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia que se revisa y sobreseer en el juicio.-Toda vez que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostienen criterios diversos respecto de la misma figura jurídica, en las jurisprudencias de rubros: ‘RECONVENCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A LA JURISDICCIÓN.’ y ‘RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA EN DEFINITIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’, respectivamente, en cumplimiento de lo que establece el artículo 197-A de la Ley de Amparo se acuerda denunciar la contradicción de tesis sustentadas por ambos órganos jurisdiccionales."
En similar sentido, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos en sesión de ocho de junio de mil novecientos noventa y siete, el amparo en revisión número 923/95, promovido por Fianzas Probursa, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Probursa, siendo recurrente la empresa Vilgasa, Sociedad Anónima de Capital Variable, sustentó en lo que interesa, lo siguiente:
"SEGUNDO.-Dado el sentido en que se resolverá el presente asunto, resulta innecesaria la transcripción de las consideraciones de la sentencia recurrida y de los agravios vertidos en su contra.-El artículo 73 de la Ley de Amparo en su parte final estatuye que: ‘Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’.-Por otra parte, el más Alto Tribunal de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 158 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de 1985, página 262, sustenta el criterio de que: ‘Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’. Y en la cuarta tesis relacionada con dicha jurisprudencia sostiene que: ‘La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud, dicha causa puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin.’.-Asimismo, dicho Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada entre los Tribunales Colegiados Cuarto y Segundo en Materia Civil del Primer Circuito, con fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y por unanimidad de cinco votos, siendo ponente el Ministro Jorge Carpizo, publicada en la página 59 de la Gaceta Número 22-24, octubre-diciembre de 1989 del Semanario Judicial de la Federación; así como la diversa contradicción de tesis 47/90, sustentada entre el Tercero y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, con fecha nueve de enero de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de diecinueve votos, siendo ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón, publicada en la página 11 de la Gaceta Número 56 de ese Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1992, ha sostenido en lo conducente, los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto «Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...». El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.’ y ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen «ejecución irreparable» los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.’.-Ahora bien, advirtiéndose de la demanda de amparo, que la sociedad quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada por la Sala responsable el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y cinco, dentro del toca 2863/94 (fojas 339 a 344 del cuaderno de amparo), con motivo de la apelación interpuesta por la actora Vilgasa, S.A. de C.V., hoy tercera perjudicada recurrente, contra el auto de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (foja 64), dictado por el a quo en el juicio especial de fianzas promovido por dicha recurrente en contra de la hoy quejosa Finanzas Probursa, S.A., Grupo Financiero Probursa, interlocutoria mediante la cual revocó el señalado auto admisorio de la reconvención planteada por la sociedad demandada, hoy quejosa, decretando que: ‘No ha lugar a admitir la reconvención planteada, toda vez que el juicio especial mercantil tiene su especial procedimiento, se rige por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y en lo no previsto en dicho ordenamiento legal le son aplicables las normas que precisa el Código Federal de Procedimientos Civiles, atento a lo dispuesto por el artículo 94, fracción VI, de la ley citada en primer lugar, y en el caso que nos ocupa el reconvencionista presenta su demanda reconvencional promoviendo en la vía ordinaria mercantil, la que tiene distinto procedimiento, por lo tanto se le dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que en derecho corresponda ...’; resulta evidente, conforme a las tesis jurisprudenciales transcritas, cuya aplicación resulta obligatoria para este Tribunal Colegiado en términos de lo preceptuado en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que el acto reclamado no se encuentra comprendido dentro de los supuestos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto de ejecución irreparable; por lo que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción IV del artículo 114, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia recurrida y decretar el sobreseimiento del amparo, al tenor de lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo; sin que obste a lo anterior señalar que la sociedad quejosa estará en posibilidad de impugnar la violación procesal alegada, al promoverse el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva, en el caso de que ésta le sea desfavorable."
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos, los juicios de amparo directo en revisión 1293/92, el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos; 6277/92, el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos; 374/93 el once de febrero de mil novecientos noventa y tres; 604/95, el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cinco; y 7004/95, el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis, sustentó en lo que interesa, respectivamente, lo siguiente:
DC. 1293/92.
"QUINTO.-Son inoperantes los motivos de queja.-Los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, contra actos de las autoridades jurisdiccionales, realizados dentro de un juicio, están consignados en el artículo 107, fracción III, de la Constitución General de la República y son los siguientes: a) La regla general es que la impugnación de los actos procesales se formule como conceptos de violación en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio, sin afectar las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo reclamado destacadamente.-b) La primera excepción se origina cuando los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación frente a alguna de las partes o de los terceros no extraños al juicio. Esto es, cuando se les afectan a dichos sujetos sus derechos sustantivos de modo inmediato y sin que tal afectación pueda desaparecer sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado que la sufre, aun en el evento de que obtuviera todas sus pretensiones en la sentencia, pues en este caso procede el amparo indirecto, teniendo como acto reclamado destacado, la actuación judicial que produce la afectación en esos términos.-c) La segunda excepción se produce cuando la afectación recae en un tercero extraño al juicio, situación en la cual procede el amparo indirecto contra los actos procesales concretos.-Cada acto procesal debe impugnarse únicamente en la vía procedente, conforme a las reglas apuntadas, de modo que los combatibles sólo en amparo directo no lo son en el indirecto, ni a la inversa.-Todo lo anterior se explica, con mayor amplitud, en la tesis de jurisprudencia número uno de este Tribunal Colegiado publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente de marzo a julio de mil novecientos ochenta y ocho, páginas de la 104 a la 106, en los términos siguientes: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL).-En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos; el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrían reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva.’.-El artículo 17 de la Constitución General de la República consigna que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.-De esta norma constitucional se desprende a favor del gobernado el derecho sustantivo a la jurisdicción, mediante el cual puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que se vea involucrado, si satisface los requisitos fijados al efecto por la propia Carta Magna y por las leyes ordinarias conducentes.-En las leyes secundarias, este derecho sustantivo consignado en la Constitución, visto en su aspecto activo, se conoce como derecho de acción, y puede ejercerse mediante la iniciación de un juicio autónomo o a través de la reconvención, cuando así lo admitan las leyes aplicables.-De manera que, cuando un órgano jurisdiccional se niega a dar trámite a una demanda o a una reconvención, afecta de inmediato el mencionado derecho sustantivo y esto tiene una ejecución de imposible reparación, en tanto que impide la tramitación y consecuentemente la resolución del conflicto de derechos planteado; y por esto procede en su contra, una vez agotados los recursos ordinarios, el juicio de amparo indirecto, en cuya sentencia se determinará la validez o invalidez de aquella negación, y por tanto, si es o no conculcatoria de garantías.-Esto hace patente, a su vez, que tal acto procesal no pueda ser materia de estudio en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio.-En el caso de nuestra atención, se reclama de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la sentencia definitiva pronunciada en el toca 2236/91; empero, los motivos de inconformidad se dirigen a combatir, como violación procesal, la resolución pronunciada por esa autoridad, en la que confirma el acuerdo del Juez de primer grado, desechatorio de la acción reconvencional ejercida por el quejoso, para obtener la nulidad del contrato de compraventa celebrado, según dice, entre el actor y su apoderado, respecto del edificio en donde se ubica la localidad arrendada, por no haberle otorgado el derecho al tanto.-Lo anterior evidencia la inoperancia enunciada, toda vez que la argumentación planteada no puede ser analizada ni decidida en este juicio de amparo, por las razones explicadas ampliamente con antelación.-En mérito de lo anterior, y como no se advierte una causa para suplir la queja, procede negar la protección de la Justicia Federal."
DC. 6277/92.
"QUINTO.-Los motivos de inconformidad que se formulan a fojas de la dos a la diez de la demanda de amparo, y que se dicen cometidas con la interlocutoria de tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, dictada por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en el toca 3236/91, son inoperantes.-Los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, contra actos de las autoridades jurisdiccionales, realizados dentro de un juicio, se encuentran contenidos en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y son los siguientes: a) La regla general es que la impugnación de los actos procesales se formulen como conceptos de violación en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio, si afectan las defensas del quejoso y trascienden al resultado del fallo reclamado.-b) La primera excepción se origina cuando los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación frente a alguna de las partes o de los terceros extraños al juicio. Esto es, cuando se le afecten a dichos sujetos sus derechos sustantivos de modo inmediato y sin que tal afectación pueda desaparecer sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado que la sufre, aun en el evento de que obtuviera todas sus pretensiones en la sentencia, pues en este caso procede el amparo indirecto, teniendo como acto reclamado destacado, la actuación judicial que produce la afectación en esos términos.-c) La segunda excepción se produce cuando la afectación recae en un tercero extraño al juicio, situación en la cual procede el amparo indirecto contra los actos procesales concretos.-Cada acto procesal debe impugnarse únicamente en la vía procedente, conforme a las reglas apuntadas, de modo que los combatibles sólo en amparo directo no lo son en el indirecto, ni a la inversa.-Todo lo anterior se explica, con mayor amplitud, en la tesis de jurisprudencia número uno sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número dos-seis, correspondiente a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7057-de2f550f/reconvencion-procede-el-amparo-indirecto-contra-la-resolucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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