AVECINDADOS, CORRESPONDE A LA ASAMBLEA EJIDAL DETERMINAR PRIMERAMENTE LA CALIDAD DE.
AMPARO DIRECTO 425/2000. JESÚS MARÍA SALAS CANALES.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los conceptos de violación son infundados e inoperantes.
El Magistrado responsable en el considerando cuarto de la sentencia pronunciada, determinó que el lote de terreno que pretendió prescribir el quejoso "es imprescriptible y, precisamente por tratarse de tierras destinadas al asentamiento humano, no es susceptible de adquirirse por prescripción como lo establece el numeral 48 (Ley Agraria).", agrega la autoridad responsable que de no ser suficiente el incumplimiento del requisito previo para la inoperancia de la figura de la prescripción, el demandante no acreditó los demás requisitos indispensables exigidos por el artículo en cita.
Al respecto, la autoridad responsable destacó que el quejoso "no ejercita la posesión del terreno que reclama, en los términos que exige el citado numeral (en concepto de titular de derechos de ejidatario), ya que quedó acreditado que compró dicho terreno con el ánimo de adquirir la calidad de avecindado, para residir en el ejido, tal como accesoriamente lo reclama en este juicio, y no con el interés de adquirir derechos de ejidatario, titular de parcela o tierras de uso común.".
Agregó el Magistrado responsable, en relación con los elementos de buena fe, de manera pacífica, continua y pública, que se exigen para estar en posibilidad de adquirir terrenos ejidales por prescripción, que tales elementos tampoco se cumplen, pues del desahogo de las testimoniales de la intención de la actora y con cargo a Tomás Pamanes Herrera, Félix Espinoza Bucio y Agustín Guerrero Sánchez, sólo se acredita que este último "le vendió dicho terreno y el porqué de dicha venta, sin que por el contrario se acrediten mediante probanza alguna los elementos antes referidos.". Por lo que respecta al tiempo de posesión, la autoridad responsable estableció que si bien el demandante afirmó detentarla desde mil novecientos noventa y dos "los dos primeros testigos de referencia sólo mencionaron que ‘el terreno’ fue adquirido desde mil novecientos noventa y dos, y el último de los testigos, que a partir de la ‘operación’ empezó a ejercer la posesión el actor, pero ni siquiera se especifica qué terreno ni qué operación, siendo que el acto formal de su posesión derivaría en todo caso del catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco (contrato de cesión, viciado en su origen por la inexistencia de la comisión mercantil de referencia), por lo que al día de presentación de la demanda (noviembre 30 de mil novecientos noventa y ocho) no había transcurrido el mencionado término mínimo para adquirir por prescripción.".
En el considerando quinto de la sentencia impugnada, el Magistrado responsable abordó la pretensión del quejoso de ser declarado avecindado del ejido demandado, y al respecto determinó que "el actor no acredita mediante probanza alguna residir en el mismo como permanencia habitual, por un año o más como lo establece el precepto jurídico antes citado -artículo 13 de la Ley Agraria-. Tampoco prueba el actor haber hecho gestión o solicitud alguna a la asamblea, previa a este juicio, para ser reconocido con esa calidad.".
Expresa el quejoso que la resolución impugnada le causa agravios, pues afirma que la autoridad responsable no analizó dos aspectos; primero, que el origen del conflicto deriva de un contrato de comisión mercantil que el ejido celebró con Agustín Guerrero Sánchez, y por el cual "ilícitamente vendieron las tierras ... en virtud de que en el año de 1988, las ventas de terrenos ejidales las prohibía la entonces Ley Federal de Reforma Agraria.", y en segundo término, que no fue sino hasta mil novecientos noventa y cinco "que mediante una resolución del Tribunal Unitario Agrario, dictada dentro del expediente 30/95, se declaró inexistente el contrato de comisión mercantil ... sin embargo, ya las enajenaciones las habían realizado ... y ya habían recibido los beneficios tanto los ejidatarios como Agustín Guerrero, como ellos mismos lo admiten al desahogar las pruebas confesional y testimonial, por lo que percibieron un enriquecimiento ilícito.".
El quejoso aclara que "la responsable reiteradamente afirma que los terrenos que poseo, son los destinados al asentamiento humano, lo cual es falso ya que éstos se destinaron por la hoy tercero perjudicada al asentamiento humano, cuando entró el ‘Procede’ al ejido ‘El Tajito’, es decir, el 15 de febrero y 6 de abril de 1999, como se asienta en las actas de asamblea levantadas en el ejido, en las cuales indebidamente no se reconoció al suscrito quejoso como posesionario y avecindado, ya que como se mencionó con anterioridad dichos terrenos eran originalmente parcelados.".
Resulta inexacta la apreciación del quejoso, pues no obstante que omite indicar en qué trasciende la falta de apreciación de los dos aspectos que en su concepto no fueron tomados en consideración por la autoridad responsable; sin embargo, ésta, contrario a lo aducido por el demandante, al emitir la sentencia reclamada precisó que el contrato de comisión mercantil que celebró el ejido demandado con Agustín Guerrero Sánchez, fue declarado inexistente por sentencia emitida por el propio tribunal responsable en los autos del juicio 30/95, de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, razón por la cual, el contrato de cesión de derechos que celebró el quejoso con el mandante del comisariado ejidal resulta viciado en su origen.
Así, el contrato en que el quejoso fundamenta el origen de su posesión -cesión de derechos de tierras ejidales celebrado con el comisionista del ejido-, no puede producir efecto legal alguno, pues el acto jurídico generador de aquél -contrato de comisión mercantil celebrado entre Agustín Guerrero Sánchez y el ejido-, es jurídicamente inexistente.
Con relación a las tierras materia del juicio natural, el quejoso a fin de acreditar su prescriptibilidad en los términos del artículo 48 de la Ley Agraria, manifestó que contrario a lo resuelto por el Magistrado responsable, eran tierras parceladas en su origen, y que no fue sino hasta mil novecientos noventa y nueve cuando por virtud de un acuerdo de la asamblea del ejido se destinaron para el asentamiento humano, mas no allegó prueba alguna al juicio de origen para acreditar su dicho, pues de las probanzas desahogadas en el procedimiento agrario -contrato de comisión mercantil y contrato de cesión de derechos, confesionales a cargo de los integrantes del comisariado ejidal, y testimoniales a cargo de Tomás Pamanes Herrera, Félix Espinoza Bucio y Agustín Guerrero Sánchez-, sólo se acreditó la venta del terreno que este último realizó al quejoso en su carácter de comisionista del ejido, así como la ubicación del lote de terreno y existencia del "jacal" construido en él.
En ese orden, la sentencia emitida por la autoridad responsable, no irroga agravio al quejoso, amén de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Agraria, para que el poseedor de tierras ejidales pueda prescribirlas, debe hacerlo "en concepto de titular de derechos de ejidatario", circunstancia que no acreditó el demandante, pues incluso, además de la prescripción reclamó adicionalmente se le reconociera el carácter de avecindado, tal y como lo advirtió el Magistrado responsable, por lo cual, la intención de adquirir el terreno, lo fue con el interés de procurarse el carácter de avecindado y no de titular de derechos de ejidatario.
Al respecto, el artículo 48, primer párrafo, de la Ley Agraria establece que:
"Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela."
En efecto, para estar en aptitud de adquirir derechos ejidales por vía de la prescripción adquisitiva, se requiere haber poseído las tierras con los requisitos que el artículo transcrito establece, pero "en concepto de titular de derechos de ejidatario", y no por causas diversas, circunstancia que imposibilita a los particulares adquirir tierras ejidales en vía de prescripción positiva, no obstante que se acredite la calidad y plazo prescriptivo, tal y como lo establece la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 982, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, que a la letra dice:
"PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE TIERRAS EJIDALES POR UN PARTICULAR.-Si el ahora quejoso acudió al Tribunal Superior Agrario invocando el derecho que tiene a prescribir a su favor tierras pertenecientes a un núcleo ejidal, afirmando que reúne los requisitos de posesión a que alude el artículo 48 de la vigente Ley Agraria, ya que ha poseído esas tierras en forma continua, pacífica y pública por más de cinco años, en el caso no puede darse la institución que reclama, porque el artículo en cuestión establece una posesión calificada para que opere la prescripción, consistente en el hecho de que aquélla debe ser con el carácter de titular de derechos ejidales, pues de esta forma se evita la segregación de las tierras pretendidas del núcleo ejidal; por tanto, no es suficiente que se hubiera acreditado que la posesión se tuvo por más de cinco o de diez años, según que ella fuera de buena o de mala fe, que hubiera sido en forma pública, pacífica y continua, ya que si no lo hizo con aquel carácter la prescripción resulta improcedente."
Desde otro aspecto, el quejoso establece que el Magistrado responsable "observa una inexacta valoración de las pruebas aportadas por el suscrito quejoso, en las que claramente se demuestra como argumento fundamental la ‘posesión’, en calidad de dueño, de buena fe, en forma pacífica, continua y pública, así como habiendo celebrado un contrato de cesión de derechos de buena fe, con la cual se justifica la adquisición de un lote de terreno.".
Como se ve, el concepto de violación se hace consistir en una valoración inexacta de las pruebas ofrecidas por el actor en el juicio natural, de las cuales el quejoso infiere que se acreditaron los requisitos exigidos por la Ley Agraria para que operara la prescripción en su favor; sin embargo, no se expresa cuáles probanzas se estiman ilegales, ni se precisa su alcance probatorio, de tal forma que tampoco se precisa su trascendencia en el sentido de la sentencia emitida. Por ende, el motivo de queja resulta inoperante, ya que no se puede determinar si la aducida valoración de las pruebas es violatoria de garantías individuales o no, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 509, Tomo V, mayo de 1997, Novena Época, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES POR DEFICIENTES, SI OMITEN PRECISAR EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS PROBANZAS CUYA VALORACIÓN ILEGAL SE ALEGA.-Los conceptos de violación que se hacen consistir en falta de valoración de pruebas rendidas en el juicio generador del acto reclamado deben expresar no sólo las probanzas cuya estimación se considera ilegal, sino también deben precisar el alcance probatorio de tales probanzas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en beneficio del quejoso, pues únicamente en dicha hipótesis puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicios al mismo y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales, de suerte tal que los conceptos de violación que no reúnan los requisitos mencionados deben estimarse inoperantes por deficientes."
Por otra parte, el quejoso estableció que "independientemente de los vicios, por el solo tiempo transcurrido y tomando en cuenta que cuando se llevó a cabo el Procede ... me encontraba en posesión, por lo que la hoy tercera perjudicada me debió de haber reconocido como posesionario y avecindado, y al no hacerlo violó en mi perjuicio con este hecho lo que disponen los artículos 65, 68 y 69 parte final, hecho que la responsable jamás analizó.", y agrega que es falso el argumento de la autoridad responsable relativo a que "tampoco prueba el actor haber hecho gestión o solicitud alguna a la asamblea, previa a este juicio, para ser reconocido con esa calidad -avecindado- ...", pues en su concepto, al desahogarse la prueba confesional -sin especificar cuál- quedó establecido "que el suscrito quejoso me presenté ante las autoridades del ejido a solicitarles se me respetara la posesión del lote 14, manzana 3, para lo cual contestaron que era cierto, aclarando ellos que como el tribunal había ordenado que le fueran devueltos los terrenos al ejido no estuvieron de acuerdo.".
Sobre el particular, el presidente del ejido demandado en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, la segunda posición adicional se le formuló al siguiente tenor: "Que diga si es cierto como lo es, que Jesús María Salas Canales se presentó ante las autoridades del ejido a reclamarles se le respetara la posesión que tiene del lote 14, manzana 3.", calificada de legal la posición, manifestó que "Sí es cierto, con la aclaración de que dado que el tribunal ordenó que le fueran devueltos los terrenos al ejido, por ello no estuvimos de acuerdo.".
Así, del desahogo de la confesional en cita, se advierte que el quejoso solicitó a las autoridades ejidales le respetaran la posesión del terreno que se pretendió prescribir; sin embargo, ello no acredita que haya solicitado a la asamblea del ejido le reconociera la calidad de avecindado.
Como se advierte, el actor en el juicio natural no acreditó -como lo precisó la autoridad responsable-, haber acudido en primer término ante la asamblea ejidal con el fin de que se le reconociera su calidad de avecindado; asimismo, tampoco se acredita que hubiera obtenido negativa al respecto por parte del órgano ejidal para ser reconocido como avecindado del ejido El Tajito.
En ese orden, el Tribunal Unitario Agrario es incompetente para conocer sobre el reconocimiento de avecindados, pues de conformidad con lo sustentado por este tribunal en las ejecutorias 657/99, 658/99, 659/99 y 123/2000, la calidad de avecindado, debe ser reconocida en primer término por la asamblea en su carácter de máxima autoridad del ejido, a fin de evitar que el tribunal agrario se sustituya en las facultades de la autoridad ejidal, y sólo en caso de negativa de ésta, procederá ejercer la acción ante el tribunal agrario, de conformidad con la tesis aprobada por este órgano colegiado en sesión de quince de enero del presente año, y la cual se ordenó su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"-El artículo 13 de la Ley Agraria, establece que la calidad de avecindado del ejido debe ser reconocida por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente; sin embargo, a pesar de que en apariencia la norma citada faculta al promovente a acudir ante el máximo órgano del ejido o ante el tribunal agrario, indistintamente, para que se le reconozca esa calidad, lo último sólo procede en el caso en que ya exista pronunciamiento adverso de la asamblea ejidal, pues en términos del artículo 22, párrafo primero, de la citada Ley Agraria, es la asamblea de ejidatarios la máxima autoridad del ejido, a quien compete, en primer término, pronunciarse respecto de la solicitud de reconocimiento de avecindado, a fin de evitar que el tribunal agrario se sustituya a las facultades de la autoridad ejidal. En ese contexto, cuando se demande directamente ante el Tribunal Unitario Agrario el reconocimiento de la calidad de avecindado, debe declarar improcedente la acción y dejar a salvo el derecho del promovente."
Sirve también de apoyo la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 724, Tomo VII, junio de 1998, Novena Época, que dice:
"TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS, INCOMPETENCIA DE LOS, PARA CONOCER SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE AVECINDADOS, SI PREVIAMENTE NO HAN ACUDIDO ÉSTOS A LA ASAMBLEA EJIDAL PARA QUE RESUELVA AL RESPECTO.-El artículo 13 de la Ley Agraria establece que: ‘Los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente ...’. Por su parte la fracción II del artículo 23 de la ley en cita previene que: ‘... Serán competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: ... II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones ...’. De lo anterior se concluye, que por analogía es la asamblea ejidal quien también tiene facultades para resolver sobre el reconocimiento o no de quien pretenda se le reconozca el carácter de avecindado, y es sólo en este último caso, es decir, cuando ya ha surgido una controversia, cuando se surtirá la competencia del Tribunal Unitario Agrario para conocer de la cuestión, por lo que es hasta ese momento cuando procede acudir ante dicha autoridad para que dirima el conflicto, en términos de las fracciones V y VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que establecen que serán éstos competentes para conocer: ‘... V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados entre sí, así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población ...’."
En mérito de lo anterior, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, en la medida que los conceptos de violación son infundados e inoperantes.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús María Salas Canales, en contra del acto que reclamó del Tribunal Unitario Agrario, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos al tribunal que los remitió, y archívese el presente expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, integrado por los Magistrados Marco Antonio Arroyo Montero, Sergio Eduardo Alvarado Puente y Abraham Calderón Díaz, en el que fue ponente el segundo de los mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7078-2ebe7cfe/avecindados-corresponde-a-la-asamblea-ejidal-determinar-primeramente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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