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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO. LOS DOCUMENTOS PRIVADOS, PROVENIENTES DE TERCEROS EXTRAÑOS AL PROCESO QUE NO SON RATIFICADOS, NI ESTÁN ADMINICULADOS CON OTROS ELEMENTOS DE PRUEBA, SÓLO TIENEN VALOR DE PRESUNCIÓN Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE SU PAGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 445/2000. · Registro digital (IUS): 7087
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, , Pág. 993.

AMPARO DIRECTO 445/2000.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, son parcialmente fundados, pero ineficaces para revocar la sentencia que se combate; y por otra parte lo son inoperantes.

Ahora bien, de los autos naturales se desprende que los aquí quejosos figuran como parte ofendida de los delitos atribuidos al sentenciado ... y que ocurren en demanda de amparo en contra de la sentencia dictada por la Sala responsable, respecto de la parte considerativa en que aquélla se pronunció en relación con la reparación del daño, motivo por el cual, se omite la reseña de pruebas relativas a la acreditación del cuerpo de los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena culposos, previstos y sancionados por los artículos 305, 306, fracciones I y II, 308, fracción I y 414, en relación con el 83, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, así como la responsabilidad penal atribuida a ...

Así las cosas, los quejosos ... plantearon los siguientes conceptos de violación:

1) Que la Sala responsable fue omisa en tomar en cuenta, que ... invadió el carril en el que circulaban los ofendidos y aquí quejosos, junto con sus menores hijos, a bordo de su vehículo y a la altura del kilómetro 13+500, momento en el que se impactó contra su automóvil debido a que ... se encontraba completamente borracho y sus subordinados lo sacaron del vehículo y se llevaron a la fuerza a ambos y no obstante ello se le impuso a aquél una condena ridícula por concepto de reparación del daño, pese a que se encuentran cuantificados los gastos erogados por concepto de reparación de dicho automotor, que forma parte del patrimonio familiar.

2) Que en relación con la anterior condena, el tribunal responsable no tomó en consideración la fe ministerial de daños, los documentos, facturas, recibos de pago de honorarios de médicos y arrastre de grúas, con lo cual se puede apreciar el monto total a que ascendió la reparación del daño que demeritó el patrimonio familiar.

3) Que la responsable soslayó que el legislador elevó a rango de garantía individual la reparación del daño causado a la víctima de un delito, puesto que las pruebas documentales privadas admitidas en la alzada, tales como facturas de gastos médicos, de reparación del vehículo y grúas, no fueron objetadas por el sentenciado ... ni éste expresó hechos en los cuales fundamentaba objeción alguna contra las mismas; y que si bien estos documentos provenientes de terceros no fueron ratificados por quienes los suscribieron, no menos cierto es que de su origen y contenido, se desprenden las cantidades que estrechamente se vinculan con el resto de las pruebas que obran en el sumario y que son propias del delito de lesiones y daño en propiedad ajena que se les causó, ante lo cual, en términos del artículo 54 bis, fracción V, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, por imperium de ley, se debe obligar a que se paguen esas sumas de dinero por los daños causados, dado que no requieren de ratificación por su lógica fuente de donde emanan.

4) Que si el representante social no ejerció el derecho en nombre de las víctimas u ofendidos, de solicitar el pago de la reparación del daño, así como aportar los medios de prueba para acreditar su procedencia, esa omisión no es imputable a los ofendidos y por tanto no puede menoscabar su derecho debido a tecnicismos propios del Ministerio Público, a quien le correspondía agotarlos por ser una institución de buena fe.

El primero de los conceptos de violación es infundado, porque las circunstancias que rodearon la ejecución del hecho delictuoso atribuido a ... como lo es el que se encontrara "completamente borracho" y el que sus subordinados lo sacaran del vehículo y se lo llevaran a la fuerza, no constituyen causas por las que se deba agravar la condena de reparación del daño impuesta al acusado; o que por ello tenga que aumentarse la cuantía de la condena por ese concepto, dado que los argumentos esgrimidos no están contemplados en el capítulo de la reparación del daño a que aluden los artículos 50 bis, 51 bis y 51 ter del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en relación con el 54 bis, del ordenamiento adjetivo local; de lo expuesto se sigue, que las circunstancias "agravantes" que refieren los impetrantes, sólo deben atenderse cuando se trata de la individualización de las sanciones a imponer a un acusado y se examine la conducta desplegada por el activo en la ejecución del delito, pero no en los casos de fijar el monto de la reparación del daño material.

En este orden, en lo que se refiere a la parte final del concepto de violación examinado, tocante a que en la especie sí estaban cuantificados los gastos erogados por los ofendidos debido a que repararon su vehículo, se califica como inoperante, pues tan simple aseveración no llega a constituir un ataque o argumento que ponga en entredicho la postura asumida al respecto por la Sala responsable, quien sostuvo como razón toral, que el Ministerio Público fue deficiente en su acusación, en tanto que respecto al delito de daño en propiedad ajena culposo, no aportó las pruebas idóneas para justificar el monto de la reparación del daño material y, en ese sentido, como órgano técnico en derecho, estaba obligado a precisar en su acusación, los elementos de prueba que apoyaran ese renglón, consideraciones que la parte quejosa deja intocadas y sobre el particular existe imposibilidad jurídica para suplir la queja deficiente, porque es la parte ofendida quien acude en demanda de amparo.

Los conceptos de violación resumidos en los incisos 2) y 3) se examinan de manera conjunta, puesto que los argumentos torales en que ambos descansan, se refieren en concreto a una indebida valoración de las pruebas documentales privadas aportadas por los quejosos, argumentos que se califican como parcialmente fundados pero ineficaces para revocar el fallo combatido, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

En efecto, la Sala responsable sostiene que los agravios hechos valer por la parte agraviada ante la alzada son inoperantes por deficientes, dado que el Ministerio Público está obligado a precisar en su pliego de conclusiones, los elementos necesarios para apoyar su acusación y que como no existe suplencia en favor de este órgano, entonces es necesario que el monto del pago de la reparación del daño se fije con pruebas idóneas aportadas en el juicio y para lo anterior invoca las tesis consultables bajo los rubros:

"MINISTERIO PÚBLICO, CONCLUSIONES DEFECTUOSAS, TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 279 Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SONORA).-El Ministerio Público al formular sus conclusiones acusatorias debe, en estricto apego a lo que disponen los artículos 279 y 280 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, fijar en proposiciones concretas el hecho punible atribuido al acusado. Por tanto, si tratándose de delitos culposos la responsabilidad en materia penal, se integra con el elemento subjetivo, consistente en la acción u omisión negligente, falta de pericia o de cuidado en que el activo incurre, habrá de concluirse en que corresponde al Ministerio Público al formalizar su acusación precisar el hecho (acción u omisión) reprochable para el derecho penal, de tal manera que cuando en el pliego acusatorio no se establece en qué se hace consistir la imprevisión, negligencia, impericia y falta de reflexión o de cuidados reprochables resultan defectuosas las conclusiones acusatorias y la responsable infringe el artículo 21 constitucional, si en su sentencia concretiza dicha acusación, porque con ello rebasa los límites del pedimento, al externar razonamientos no contenidos en el referido pliego."

"REPARACIÓN DEL DAÑO, PROCEDENCIA DE LA.-Sólo puede condenarse al pago de la reparación del daño si en el proceso se comprueba debidamente la existencia del daño material o moral que causó el delito cometido."

Postura bajo la cual, la Sala responsable confirmó la sentencia de primer grado, en el apartado de la reparación del daño, fallo natural que conviene citar en lo conducente para mayor ilustración, ya que en ella se dijo que el Ministerio Público omitió hacer valer en su pliego de conclusiones, las pruebas documentales que obran a fojas 89 a 93 y 245 de los autos, con las que supuestamente se justificaban los gastos erogados por la parte ofendida con motivo de los ilícitos cometidos en su agravio, y además sostuvo que por ello no podía subsanarse tal deficiencia porque se rebasaría la acusación, circunstancia que le impidió considerar dichas probanzas al condenar al acusado al pago de la reparación del daño con motivo de las lesiones inferidas a los ofendidos (fojas 273 y 274, primer párrafo).

La anterior consideración es incorrecta, pues ciertamente el último párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya garantiza que en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho entre otras cosas, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, así como coadyuvar con el Ministerio Público. Por su parte, la legislación secundaria local, retoma el espíritu del Constituyente sobre tal garantía y así dispuso en el artículo 54 bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, lo siguiente:

"Artículo 54 bis. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a: ... II. Coadyuvar con el Ministerio Público ... V. Proporcionar al Ministerio Público o al Juez directamente, todos los datos o medios de prueba con que cuente para acreditar los elementos del delito, así como la procedencia y monto de la reparación del daño. ..."

En relación con este tópico, el artículo 227 del ordenamiento procedimental en cita establece que:

"Artículo 227. El Ministerio Público al formular sus conclusiones, hará una exposición breve y metódica de los hechos conducentes, propondrá las cuestiones de derecho que de ello surjan, citará las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables y terminará su pedimento en proposiciones concretas, fijando con exactitud los hechos delictuosos que se atribuyan al acusado y solicitando la aplicación de las sanciones correspondientes."

Bajo esta perspectiva, debe quedar claro en primer término, que el Ministerio Público al formular y exhibir su pliego acusatorio, sí solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes, entre ellas la de reparación del daño; ya que es sabido que ésta es una sanción o pena accesoria y, por tanto, debe entenderse que en la especie, quedó enmarcada dentro de la solicitud punitiva de dicho órgano de acusación; y si bien es cierto que expresamente invocó para tal efecto, los dictámenes periciales de avalúo número 1080 y de mecánica número 52, que obran a fojas 28 frente y 52 frente de los autos naturales y omitió la mención de las documentales privadas que obran a fojas 89 a 93 y 245 de los autos, no menos verídico es que la referida exclusión probatoria documental, no es causa fundada y suficiente para que en el caso particular, la Sala responsable soslayara su examen bajo el argumento que de hacerlo, rebasaría la acusación; tampoco es atendible la jurisprudencia ya transcrita que se invoca, pues basta una simple lectura para advertir que la primera se refiere a hipótesis distintas al apartado de la reparación del daño; y en cuanto a la segunda tesis, su contenido no logra sostener por sí mismo la posición del tribunal responsable, para desdeñar como lo hizo, el examen de las constancias documentales aportadas por los agraviados.

Ello es así, porque si claro está que el ofendido cuenta con la garantía constitucional de coadyuvar con el Ministerio Público y en relación con ese tema, el artículo 54 bis de la codificación adjetiva penal del Estado, expresamente faculta al ofendido para que coadyuve con el Ministerio Público y para que además proporcione directamente al Juez todos los datos o medios de prueba con que cuenta, para acreditar la procedencia y monto de la reparación del daño, entonces es dable concluir que indebidamente la Sala responsable soslayó ese aspecto en perjuicio de la parte quejosa, ya que debió abocarse bajo los anteriores lineamientos, al estudio de las documentales privadas que obran a fojas 89 a 92 y 245 de los autos naturales, para así pronunciarse respecto a la procedencia del pago de la reparación del daño material en lo que se refiere al delito de lesiones culposas.

Sin embargo, la conducta omisiva que adoptó el tribunal responsable, es insuficiente para revocar la sentencia combatida, porque aunado a la consideración ya expuesta, también sostuvo que precisamente las pruebas documentales privadas, visibles a fojas 89 a 93 de los autos (aunque dejó de mencionar la que obra a fojas 245), provenían de un tercero, sin que apareciera que sus emitentes las hubieran ratificado, ante lo cual les asignó valor de presunción en términos del artículo 198 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; posición valorativa que este órgano colegiado observa correcta, pues efectivamente, el que las documentales de referencia carecieran de su reconocimiento ministerial o judicial por parte de sus autores, constituye motivo único y bastante para descartar como se hizo, la posibilidad procedimental de que fueran consideradas como prueba plena; y en consecuencia, bien sostuvo el tribunal responsable, la actualización de insuficiencia probatoria para que aquellas documentales concurrieran al aumento del monto de la reparación del daño causado a las víctimas del delito de lesiones en cita, pues es inconcuso que las simples presunciones en materia penal, no bastan para emitir un fallo condenatorio contra un acusado, cualquiera que sea su género.

En esta tesitura, cabe agregar que la falta de objeción del sentenciado, respecto de los documentos privados aportados por la parte ofendida dentro del juicio natural, no hacen prueba plena en perjuicio del acusado, como inexactamente lo aseveran los quejosos, sino que el artículo 197 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, debe interpretarse en la segunda de sus hipótesis, en el sentido de que aquellas documentales privadas, sólo producirán prueba plena contra su autor si éste no las objeta pese a que sepa que obran en el proceso, pero no operan contra el acusado en el caso que ocupa, ya que él no las suscribió, es decir, la prueba plena en este segundo presupuesto, se endereza únicamente contra el autor del documento y no contra terceros.

A mayor abundamiento, el origen de los pluricitados documentos privados de la intención de los agraviados, junto con el resto de las pruebas que obran en el sumario, como lo serían los dictámenes periciales médicos o fe de lesiones de los ofendidos, no llegan a constituir probanzas de las cuales se desprendan las cantidades que deba pagar el acusado obligadamente, en términos del artículo 54 bis, fracción V, del ordenamiento procedimental aplicable, como inexactamente lo estiman los quejosos, pues como ya se dijo, las documentales no fueron reconocidas por sus autores y las restantes pruebas sólo concurren a describir las lesiones o su magnitud física que como huella se imprimieron en la corporeidad de los ofendidos, pero no cuantifican en dinero, el monto a cubrir por el acusado, todo lo cual lleva a desdeñar la argumentación de los agraviados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este propio tribunal, consultable bajo la clave VI.2o.P.10 P, publicada en la página 1424, del Tomo XII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2000, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen:

"-El artículo 167 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, prevé que los documentos privados que presenta una de las partes en el proceso, deben ser reconocidos por su autor para que hagan prueba plena; en caso contrario, sólo tendrán valor presuncional por disposición expresa del artículo 198 del citado ordenamiento legal; en tal virtud, las recetas médicas, análisis clínicos y comprobantes de adquisición de medicamentos expedidos por terceros extraños al proceso, con los que se pretende demostrar la procedencia de la reparación del daño y su cuantía, si no están ratificados por sus autores, sólo tienen el valor de presunción, que al no estar adminiculados con alguna otra prueba, resultan insuficientes para acreditar la procedencia y monto de la reparación del daño."

Finalmente, el cuarto concepto de violación es igualmente fundado pero insuficiente para dejar insubsistente el fallo que se ataca, pues pese a que efectivamente la omisión en que incurrió el Ministerio Público en su pliego acusatorio, de invocar los medios documentales de prueba ya referidos para acreditar la procedencia del pago de la reparación del daño, ciertamente no es imputable a los ofendidos y además, en las condiciones ya dichas y en términos del artículo 54 bis, fracciones II y V, no puede menoscabar su derecho constitucional de que se les satisfaga la reparación del daño cuando éste legalmente proceda, no menos verídico es que ello no acontece en el caso, dado que como se apuntó, las multirreferidas documentales privadas no fueron reconocidas por sus suscriptores, en términos del artículo 197 del código procedimental penal de esta entidad federativa, y en los precisos términos del diverso numeral 198, in fine, sólo pueden estimarse como presunciones, que como jurisprudencialmente ya se estableció, son insuficientes para justificar el monto de una condena por concepto de reparación del daño material.

En las relacionadas condiciones, ante la insuficiencia de los conceptos de violación para revocar la sentencia combatida y la imposibilidad jurídica para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar a ... la protección constitucional que instan.

Por lo antes expuesto y fundado y con apoyo además en lo que ordenan los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... contra los actos y autoridades que se reclamó de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado como ordenadora y que hizo consistir en la sentencia dictada dentro del toca de apelación 848/2000, dictado el veintiséis de septiembre del año dos mil y del Juez Penal del Distrito Judicial de Cholula, en su ejecución.

Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Diógenes Cruz Figueroa, Tarcicio Obregón Lemus y Arturo Mejía Ponce de León, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Nota: Las tesis de rubros: "MINISTERIO PÚBLICO, CONCLUSIONES DEFECTUOSAS, TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 279 Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE SONORA)." y "REPARACIÓN DEL DAÑO, PROCEDENCIA DE LA.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con los números 595 y 301, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, páginas 481 y 223, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7087-1ccae314/reparacion-del-dano-los-documentos-privados-provenientes-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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