CADUCIDAD. LA INTERRUMPE EL ACUERDO QUE MANDA HACER SABER A LAS PARTES LA NUEVA INTEGRACION DEL TRIBUNAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCION DE TESIS 37/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver la posible contradicción de tesis que denuncia el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con apoyo en el artículo 26 fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse en el caso a estudio, de una posible contradicción entre tesis que en amparos en materia civil, sustentan dos Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, dictó las resoluciones que, en su orden, a continuación se transcriben:
Amparo en revisión 140/86, fallado el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, que en lo relativo es del tenor literal siguiente: "III.- Son substancialmente fundados, pero inoperantes, los anteriores agravios. En efecto, el juez de Distrito no procedió conforme a derecho al considerar, con base en la sentencia dictada en el diverso amparo número 835/7l, por el entonces Juez Cuarto de Distrito en este Estado, confirmada en el toca de revisión principal número 124/72, por el también entonces Tribunal Colegiado de este Circuito, que las actuaciones judiciales que tiendan a impulsar la secuela del procedimiento, sirven para interrumpir el término de la caducidad, por quedar comprendidas dentro de la palabra `todo' que aparece en la definición de promoción contenida en el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y que como con acierto lo sostuvo el ad quem, el auto pronunciado el veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, por el juez natural, mediante el cual se mandó hacer saber a las partes los nuevos integrantes del juzgado (foja 103 del amparo), constituía una actuación judicial que interrumpió la perención, en razón de que impulsó el procedimiento, puesto que por virtud de ella, las partes tuvieron oportunidad de recusar con causa a aquellos funcionarios, en términos del artículo 198 del código precitado, y además, porque en dicho acuerdo se citó de nueva cuenta para dictar sentencia, lo cual activó el procedimiento sin lugar a dudas, y que así las cosas, era evidente que del dos de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, día siguiente al de la celebración de la audiencia (foja 102 del amparo), al veinticinco de septiembre siguiente, día anterior al dictado de aquel acuerdo, sólo transcurrieron doscientos noventa y ocho días naturales, y que este término fue insuficiente para decretar la caducidad en primera instancia, resultando aplicable la tesis jurisprudencial bajo el número 111 y rubro `SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR FALTA DE PROMOCION. LOS ACTOS PROCESALES INTERRUMPEN EL TERMINO RESPECTIVO', publicada en la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos setenta y cinco. Se arriba a la anterior conclusión en primer lugar, porque como justamente lo sostienen las quejosas, ahora revisionistas, la caducidad prevista por el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, únicamente puede interrumpirse mediante la presentación de promociones, de parte legitimada, tendientes a proseguir la secuela legal del procedimiento, no así con el dictado de acuerdos, dado que la literalidad del apuntado numeral que en su parte conducente es del tenor siguiente: `Se tendrá por abandonado un juicio y por perdido el derecho de las partes si éstas no promueven durante trescientos sesenta días naturales en la primera instancia y ciento ochenta en la segunda, salvo los casos de fuerza mayor o cuando se trate de la ejecución de una sentencia firme. El abandono en la segunda instancia sólo da lugar a la pérdida del recurso y a la devolución de los autos. Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal del procedimiento', no permite razonar en contrario, pues aun cuando en la transcripción de mérito se contiene la palabra `todo', ésta no puede ser interpretada en forma autónoma, jurídicamente hablando, sino en relación con la totalidad de la expresión de la cual forma parte, como lo es: `Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal del procedimiento...', y esta expresión, interpretada jurídicamente, equivale a la indicación de que la apuntada caducidad es interrumpible mediante la presentación de promociones que tiendan a impulsar el procedimiento, no así con las actuaciones dictadas por un órgano jurisdiccional, pues su literalidad no da margen a opinar en forma distinta, y en segundo lugar, porque en la tesis jurisprudencial en que el a quo fundó su fallo, se estableció la no contradicción entre la fracción XIV del artículo 107 constitucional, y la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, mas no interpretación alguna con respecto del apuntado artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles local, que es lo que en la especie interesa, con lo cual se denota ampliamente su inaplicabilidad. Sin embargo, lo anterior, aunque fundado, resulta insuficiente para otorgarle a las peticionarias de garantías la protección constitucional que solicitan, pues no debe perderse de vista que la resolución reclamada, mediante la cual a la Sala responsable confirmó el acuerdo en que su inferior en grado se negó a decretar la caducidad en el juicio natural, no sólo se fundó en que existió un proveído que interrumpió la mencionada caducidad, lo cual quedó debidamente decidido en el párrafo inmediato anterior, sino además, en que por acuerdo de veinte de febrero de mil novecientos ochenta y dos (foja 86 del amparo), debido a la interposición de un incidente de nulidad, se suspendió expresamente el procedimiento en lo principal (sin que se hubiese ordenado su reanudación), y que por tanto, lógica y jurídicamente no podía operar la caducidad (foja 40 del amparo); y esta consideración se encuentra ajustada a derecho, pues contrariamente a lo que se aduce en los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del capítulo de conceptos de violación de la demanda de garantías cuyo estudio fue omitido por el a quo, lo que obliga a este órgano colegiado a examinarlos, atento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, acerca de que la finalidad de la caducidad establecida por el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, es de que no se acumulen indefinidamente los negocios en los tribunales, sino que rápidamente sean terminados en beneficio de las partes y de la administración de justicia, que este precepto legal contempla únicamente a los casos de fuerza mayor o de ejecución de una sentencia firme, como impeditivos para declarar de oficio la caducidad, y que es evidente que el aludido numeral sanciona la inercia o falta de interés en que se concluya el procedimiento en un juicio, cuando no se activan los incidentes tramitados dentro del mismo (fojas 4 y 5 del amparo); de la recta interpretación de los transcritos párrafos segundo y tercero del precitado artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mismos en los que se dan los lineamientos para que se actualice la caducidad, fácilmente se advierte que esta figura jurídica sólo se surte en relación con la tramitación normal de un juicio, y por ende, al estar interrumpida ésta, como aconteció en la especie, no es posible que transcurra el término de inactividad procesal, necesario para decretar la caducidad de referencia, jurídicamente hablando...".
La sentencia de fecha veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y nueve, dictada en el amparo en revisión número 391/88, en su parte relativa reza: "III.- Los agravios expresados por José Luis Delgadillo López, en su carácter de autorizado para oír notificaciones del quejoso Guadalupe Guzmán Pelayo, cuyo estudio se hace en forma conjunta por la íntima relación que existe entre los mismos, son infundados. En efecto, del examen a las constancias que se remitieron a este tribunal para substanciar el recurso, las cuales tienen eficacia probatoria plena de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se infiere, que el agraviado reclamó en su demanda de garantías, el acuerdo dictado por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el veintinueve de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en el toca número 884/87, mediante el cual se resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto que declaró la caducidad de la instancia, pronunciado el dieciséis del mismo mes y año por la propia Sala. El Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, negó el amparo y protección de la justicia federal, porque consideró que los conceptos de violación resultaron infundados ya que la responsable atinadamente estableció, que el término para que opere la caducidad en segunda instancia empezó a contar un día después del en que presentó el ahora quejoso, su escrito agregado a fojas 21 y 22 en el toca de apelación. Determinación que, según el revisionista, no se encuentra ajustada a derecho, porque el término para que opere la caducidad de la instancia se empieza a contar a partir de la notificación que legalmente se hace a los interesados, ya sea por boletín judicial o personalmente, del acuerdo que recae a la última promoción. Además, continúa argumentando el recurrente, la tesis invocada por el juez de Distrito no está debidamente razonada, pues una correcta interpretación del artículo 29 del Enjuiciamiento Civil del Estado de Jalisco, es el que la promoción debe tomarse como tal cuando se encuentre agregada al juicio y no antes de acordarse. Estas argumentaciones carecen de fundamento, toda vez que, el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, categóricamente preceptúa: `Se tendrá por abandonado un juicio y por perdido el derecho de las partes si éstas no promueven durante trescientos sesenta días naturales en la primera instancia y ciento ochenta en segunda... `Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal de un procedimiento'. Es claro entonces, que la caducidad de la instancia se produce por falta de promoción de los litigantes y no, por la inactividad del órgano jurisdiccional, ya que, el procedimiento civil es de carácter dispositivo y no inquisitivo; es decir, el impulso del mismo corresponde a las partes y no al juzgador. Lo que significa, que el término para que opere la caducidad de la instancia comienza a correr desde el día siguiente a la fecha en que se presenta la última promoción de las partes, independientemente de que ésta haya sido acordada o no, pues la caducidad opera de pleno derecho, por el simple transcurso del tiempo e inactividad de los contendientes, y una vez consumada, debe ser tomada en cuenta por el tribunal, sin que para ello sea necesario pedimento de la parte a quien beneficia y las promociones posteriores no pueden dejarla sin efecto, porque no se puede interrumpir un término concluido ni revivir un acto consumado. Sobre el particular, ya existen precedentes emitidos por este Primer Tribunal Colegiado, cuya sinopsis puede consultarse en las páginas 434 y 435 del tomo relativo a la Tercera Parte, del Informe correspondiente al año de 1987, que en lo conducente reza: `CADUCIDAD (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- La caducidad prevista por el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, únicamente puede interrumpirse mediante la presentación de promociones de parte legitimada, tendientes a proseguir la secuela legal del procedimiento, no así el dictado de acuerdos, dado que la literalidad del apuntado numeral, no permite razonar en contrario, pues aun cuando en el precepto de mérito se precisa `Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal del procedimiento...', la palabra `todo', no puede ser interpretada en forma autónoma, jurídicamente hablando, sino en relación con la totalidad de la expresión de la cual forma parte, y esta expresión interpretada jurídicamente, equivale a la indicación de que la apuntada caducidad es interrumpible mediante la presentación de promociones de esa parte legitimada que tiendan a impulsar el procedimiento, no así con las actuaciones dictadas por un órgano jurisdiccional, pues su literalidad no da margen a opinar en forma distinta'. Ahora bien, según consta a fojas 21 y 22 del toca de apelación, la última gestión realizada por las partes, fue el escrito presentado por el recurrente, hoy quejoso, Guadalupe Guzmán Pelayo, el día tres de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Desde esta fecha, al dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, en que se declaró la perención de la instancia por la ad quem, transcurrieron ciento noventa y seis días naturales, o sea, un lapso de tiempo mayor al que establece la ley para que se produzca la caducidad, sin que se hubiere allegado algún escrito tendiente a impulsar la secuela del procedimiento. De esta suerte, es incuestionable, que el juez de Distrito atinadamente declaró que el Tribunal de alzada estuvo en lo justo al decretar la caducidad y el revisionista no tiene razón al afirmar lo contrario. En tal virtud, como de lo actuado no se infiere alguna violación manifiesta de la ley que dejara indefenso al recurrente y se esté en el caso de suplir los agravios deficientes, en términos de la fracción VI del artículo 76 bis de la ley de la materia; ante lo infundado de los motivos de inconformidad, debe confirmarse la resolución impugnada que negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso".
Igualmente, el amparo directo número 451/87, resuelto el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, cuya resolución, en lo que interesa, dice: "... Asiste razón a la parte quejosa al afirmar que, de acuerdo con lo preceptuado en el último párrafo del artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, el estudio de la caducidad de la instancia debe realizarse de oficio y, si así procede, con mayor razón debe examinarse cuando se encuentra controvertida; por ello, el Tribunal de alzada estaba obligado a disertar al respecto, sin que fuese obstáculo que, como dicho tribunal alega, el a quo omitiera analizar la cuestión y pronunciarse sobre si operó, o no, en el caso. Esto, porque precisamente es el ad quem a quien atañe examinar y resolver las cuestiones omitidas en la sentencia de primer grado, atento a que no existe reenvío en la apelación. Cobra aplicación exacta al caso la jurisprudencia número 41, inserta en la página 107, Cuarta Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: `APELACION, FACULTADES DEL TRIBUNAL DE.- En el sistema procesal en que no existe reenvío, el tribunal de apelación debe examinar y resolver, con plenitud de jurisdicción, las cuestiones indebidamente omitidas en la sentencia apelada, reclamadas en los agravios, sin limitarse a ordenar al inferior que las subsane, porque debe corregirlas por sí mismo'. Cabe resaltar además, que pese a la afirmación de la responsable en el sentido de que el primer agravio era inatendible, lo cierto es que razonó sobre él, e implícitamente lo estimó infundado por considerar, que en el juicio civil sumario promovido por Fernando Najar de la Peña en contra del hoy finado Santiago Velázquez Anguiano, no operó dicha figura jurídica, puesto que el expediente relativo se acumuló al juicio sucesorio a bienes del segundo, y se formó una sola pieza en la cual obra agregado un proveído de agosto veintiuno de mil novecientos ochenta y cuatro, así como un escrito presentado por Najar de la Peña el cuatro de julio de mil novecientos ochenta y cinco. Sin embargo, como deja entrever la peticionaria de garantías, el acumular dos o más expedientes no conlleva a establecer la existencia de una sola causa, dado que no se trata de una fusión y, por esa razón, cada juicio conserva su autonomía. Así, es inconcuso que las promociones dirigidas a uno de los juicios acumulados, así como los acuerdos relativos, no impulsan el procedimiento del o de los demás. En esa tesitura, ni el proveído de agosto veintiuno de mil novecientos ochenta y cuatro, ni la promoción que lo provocó interrumpieron el término de caducidad que corría en el juicio civil sumario, pues en esa promoción la aquí quejosa formuló operaciones de inventario y avalúo que, indiscutiblemente, sólo atañen al juicio sucesorio (folios 509 y 506 a 508). Lo anterior, sin perder de vista que, de acuerdo con el artículo 29 del Enjuiciamiento Civil local, el dictado de acuerdos es inepto para interrumpir el término legal establecido por el propio precepto, para que opere la caducidad. Al respecto, se reitera el criterio sostenido por este Tribunal, impreso con el número 6 en las páginas 434 y 435, Tercera Parte, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al finalizar el año de mil novecientos ochenta y siete, cuyo tenor es el siguiente: `CADUCIDAD. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- La caducidad prevista por el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, únicamente puede interrumpirse mediante la presentación de promociones de parte legitimada, tendientes a proseguir la secuela legal del procedimiento, no así con el dictado de acuerdos, dado que la literalidad del apuntado numeral, no permite razonar en contrario, pues aun cuando en el precepto de mérito se precisa `Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal del procedimiento...', la palabra `todo', no puede ser interpretada en forma autónoma, jurídicamente hablando, sino en relación con la totalidad de la expresión de la cual forma parte, y esta expresión interpretada jurídicamente, equivale a la indicación de que, la apuntada caducidad es interrumpible mediante la presentación de promociones de esa parte legitimada que tiendan a impulsar el procedimiento, no así con las actuaciones dictadas por un órgano jurisdiccional, pues su literalidad no da margen a opinar en forma distinta. Amparo en revisión 509/86. Rodolfo Equiarte Vázquez, apoderado de la tercera perjudicada `Inversiones Adriana', S.A. 22 de mayo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Gabriel Montes Alcaraz'. Ahora bien, fue en febrero trece de mil novecientos ochenta y cuatro cuando se ordenó la acumulación del juicio sumario número 171/79 al juicio sucesorio número 93/83, y no fue sino hasta julio cuatro de mil novecientos ochenta y cinco cuando el actor, Fernando Najar de la Peña, compareció a solicitar se dictara la sentencia correspondiente al referido juicio sumario (folios 214 y 538). Entonces, por haber transcurrido más de un año, es claro que el término necesario para surtirse la caducidad de la instancia transcurrió con exceso, puesto que el preinvocado artículo 29 preceptúa que, para operar esa figura jurídica, de encontrarse el negocio en primera instancia, como en la especie sucede, se requiere el transcurso de trescientos sesenta días".
Amparo directo número 697/88, resuelto el veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, que en su parte conducente dice: "Los conceptos de violación vertidos por María de Jesús Arzate viuda de Carreón son infundados; pues no tiene razón al manifestar, que el Tribunal de Segundo Grado declaró indebidamente la caducidad de la instancia. En efecto, el artículo 29 del Enjuiciamiento Civil del Estado de Jalisco, preceptúa que se tendrá por abandonado un juicio en segunda instancia y por perdido el recurso, si las partes no promueven durante ciento ochenta días naturales. Que por promoción, deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal de un procedimiento. Ahora bien, del examen a las constancias que se remitieron a este Colegiado en vía de informe, las cuales tienen eficacia probatoria plena al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por tratarse de documentales públicas; se advierte que la última promoción que se hizo ante el tribunal de segunda instancia para continuar con la substanciación del recurso de apelación, es el escrito que fue presentado por la parte apelada Celia Macías de Estrada, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y siete (fojas 20 a 25 de los autos del toca), el cual se proveyó en auto del cinco de octubre del año próximo pasado y, se notificó a los litigantes, el día siete de ese mes. Desde esta fecha hasta el día en que se pronunció la sentencia definitiva por la ad quem; esto es, el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y ocho, transcurrieron doscientos cincuenta y cinco días naturales sin que se hubiere realizado alguna promoción encaminada a impulsar la secuela procesal. De esta suerte, es indudable, que en el caso de que se trata, transcurrió en exceso el término de ciento ochenta días que establece el Código de Procedimientos Civiles de la Entidad para que se produzca la caducidad de la segunda instancia; por tanto, la Sala responsable al hacer la declaración correspondiente sólo apeló al texto mismo de la ley y la quejosa se equivoca al afirmar lo contrario. En apoyo a estas consideraciones, cabe invocar el precedente de la Tercera Sala de al Suprema Corte de Justicia de la Nación, consignado en la página 73, del tomo correspondiente a los volúmenes 151-156, Cuarta Parte, Séptima Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: `CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, CONSUMADA LA, DEBE EL TRIBUNAL DECLARARLA DE OFICIO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- Transcurrido con exceso el término de ciento ochenta días hábiles a que se refiere el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco desde la última promoción del apelante en la segunda instancia del juicio ordinario civil, previa comprobación de que no hubo promoción de dicha parte para impulsar la secuela legal del procedimiento en la etapa de su segunda instancia, y de oír a las partes, apelante y apelada, dentro del término señalado por la fracción IV del artículo 135 (aumentando si se está en la hipótesis del artículo 132) del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, para el ejercicio de sus derechos respecto a si debiera o no ser declarada la perención de la instancia y tener la absoluta seguridad de la existencia o inexistencia de algunos de los dos únicos casos de excepción que impedirían al Tribunal declarar de oficio la caducidad de la instancia, indefectiblemente es obligación de la Sala responsable resolver sobre esa situación procesal consumada, que opera de pleno derecho, sin que para ello se requiera petición de la parte a quien beneficia, y al no obrar así incurre en violación de la garantía constitucional de legalidad tipificada en el artículo 16 de la Ley Fundamental de la República por falta de aplicación del citado artículo 29'. No obsta para llegar a la conclusión que antecede, la circunstancia de que se hubiere citado a las partes para sentencia, porque el citado artículo 29 no contempla ninguna excepción al respecto, sino por el contrario, en su parte final establece: `La caducidad será declarada de oficio por el Tribunal'; lo que es perfectamente explicable, toda vez que la caducidad de la instancia es una institución de orden público, ya que a la sociedad y al Estado les interesa que no haya litigios, o por lo menos, que se reduzcan al menor número posible, pues todo juicio es un trastorno en el orden social y económico; los juicios que permanecen inmóviles durante meses y años en los archivos de los juzgados, no son solamente un estorbo material y un problema para la administración de justicia, sino que también afectan al orden social por la situación de inseguridad o incertidumbre que causan. No es racional, que un juicio en el que no se ha promovido por mucho tiempo, cuyo expediente ha permanecido guardado durante varios años, se active el día menos pensado para causar nuevos gastos e inestabilidad jurídica. En cuanto a este punto, es aplicable el criterio emitido por nuestro más alto Tribunal, que se puede consultar en la página 3198 del Tomo LXII, perteneciente a la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis es del tenor literal siguiente: `SE DEBE PRESENTAR ESCRITO SOLICITANDO SE DICTE SENTENCIA PARA IMPEDIR LA CADUCIDAD, AUN HABIENDOSE CITADO PARA SENTENCIA.- Aun estando citados los interesados para sentencia, deben hacer su promoción, para no incurrir en la caducidad de la instancia, es decir, presentar escritos solicitando que se dicte la sentencia respectiva'. El hecho de que la responsable haya dictado las resoluciones del cinco de enero y diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, en donde se hace saber a los litigantes la nueva integración de la Sala, no beneficia a la amparista; pues tales decretos no tienen la calidad de promociones allegadas por las partes que tiendan a impulsar la secuela procesal; por tanto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 29 del Código Adjetivo Civil de la localidad, tampoco son aptos para interrumpir la caducidad de la instancia. En tal virtud, como de lo actuado no se infiere alguna violación manifiesta de la ley que dejara indefensa a la agraviada y se esté en el caso de suplir la queja deficiente, en términos de la fracción VI del numeral 76 bis de la ley de la materia; ante lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse el amparo solicitado".
Juicio de amparo directo número 111/88, resuelto el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, cuya parte conducente se transcribe a continuación: "V.- Son infundados los conceptos de violación. En efecto, se arriba a dicha consideración, en primer lugar, porque como justamente lo sostiene el tribunal responsable, la caducidad prevista por el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, únicamente puede interrumpirse mediante la presentación de promociones de parte legitimada, tendientes a proseguir la secuela legal del procedimiento, no así con el dictado de acuerdos, dado que la literalidad del apuntado numeral, que en su parte conducente es del tenor siguiente: `Se tendrá por abandonado un juicio y por perdido el derecho de las partes si éstas no promueven durante trescientos sesenta días naturales en la primera instancia y ciento ochenta en la segunda, salvo los casos de fuerza mayor o cuando se trate de la ejecución de una sentencia firme. El abandono en la segunda instancia sólo da lugar a la pérdida del recurso y a la devolución de los autos. Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal de un procedimiento', no permite razonar en contrario, pues aun cuando en la transcripción de mérito se contiene la palabra `todo', ésta no puede ser interpretada en forma autónoma, jurídicamente hablando, sino en relación con la totalidad de la expresión de la cual forma parte, como lo es: `Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal del procedimiento...', y esta expresión, interpretada jurídicamente, equivale a la indicación de que la apuntada caducidad es interrumpible mediante la presentación de promociones de parte legítima que tiendan a impulsar el procedimiento, no así con las actuaciones dictadas por un órgano jurisdiccional, pues su literalidad no da margen a opinar en forma distinta, y en segundo, porque las promociones de la parte apelada, como justo también lo sostuvo el ad quem, no interrumpen el término de la caducidad, aun cuando sea pidiendo que se dicte la resolución definitiva, en virtud de que quien está obligado a promover para que se pronuncie el fallo es el apelante a quien le es propio el interés jurídico en que se produzca ese efecto, y al cual es ajeno el apelado, toda vez que se beneficia con la inactividad de su contraparte. A mayor abundamiento cabe agregar, que ni por analogía ni por mayoría de razón, puede resultar aplicable para otorgar la razón al quejoso, lo dispuesto por la fracción IX del artículo 137 bis del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en virtud de que dicho precepto corresponde a una legislación diversa a la ley que rige el acto reclamado, como lo es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, máxime que en éste no se reproduce aquella disposición. Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación examinados y no existir materia para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo solicitado".
De las anteriores resoluciones surgió la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "CADUCIDAD. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO.- La caducidad prevista por el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, únicamente puede interrumpirse mediante la presentación de promociones de parte legitimada, tendientes a proseguir la secuela legal del procedimiento, no así con el dictado de acuerdos, dado que la literalidad del apuntado numeral no permite razonar en contrario, pues aun cuando en el precepto de mérito se precisa `Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal del procedimiento...', la palabra `todo', no puede ser interpretada en forma autónoma, jurídicamente hablando, sino en relación con la totalidad de la expresión de la cual forma parte, y esta expresión interpretada jurídicamente, equivale a la indicación de que la apuntada caducidad es interrumpible mediante la presentación de promociones de esa parte legitimada que tiendan a impulsar el procedimiento, no así con las actuaciones dictadas por el órgano jurisdiccional, pues su literalidad no da margen a opinar en forma distinta".
TERCERO.- La parte de la sentencia que al caso interesa, emitida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/71-70c67b12/caducidad-la-interrumpe-el-acuerdo-que-manda-hacer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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