APELACION. EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR LA SALA QUE DECLARA SU INADMISION NO PROCEDE RECURSO (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCION DE TESIS 2/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Corresponde a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocer de la denuncia de contradicción de tesis que en amparos en materia civil sustenten dos o más tribunales de circuito, como sucede en el caso.
SEGUNDO.-De la copia fotostática certificada relativa a la resolución de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la improcedencia número 435/90, remitida a esta Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República por la Secretaria de Acuerdos de dicho Tribunal Colegiado, aparece que Hilda Inés Rea González, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y del Juez Décimo de lo Civil de Guadalajara, Jalisco, los cuales hizo consistir en lo siguiente:
"Señalo como acto reclamado el auto que como resolución judicial fue ordenado por la autoridad ahora señalada como responsable ordenadora, dentro de la (sic) toca civil número 804/90, mediante el cual se declara inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por mi parte en contra de la sentencia definitiva dictada por la ahora autoridad señalada como responsable ejecutora dentro del juicio civil sumario radicado bajo el número de expediente 2245/89, auto ahora combatido, dictado en la substanciación del recurso de alzada antes mencionado."
El Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, a quien correspondió conocer del asunto, por proveído de trece de agosto de mil novecientos noventa, desechó la demanda de que se trata; por lo que, inconforme con tal proveído, la quejosa interpuso el recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien mediante resolución de veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa, confirmó el proveído recurrido con base en las consideraciones siguientes:
"TERCERO.-Los agravios expresados por la recurrente son infundados. La agraviada sustancialmente sostiene que le causa agravio que el Juez de Distrito haya declarado improcedente el juicio constitucional, al considerar que en contra del proveído por el cual la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado le declaró inadmisible su recurso de apelación que hizo valer en contra de la sentencia definitiva de primera instancia, debió agotar el medio ordinario de defensa, como lo era el recurso de revocación; que no resulta aplicable la tesis que el a quo invocó para fundar su determinación, ya que se refiere a la legislación del Estado de Tlaxcala, la cual no es acorde con la de Jalisco, pues el artículo 463, fracción III, del enjuiciamiento civil del Estado establece que en contra del auto que niega admitir el recurso de apelación, sólo procede el de queja, recurso que se interpondrá y decidirá por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lo que implica necesariamente que sólo será procedente la queja cuando el juzgado de origen sea quien haya negado la admisión de la apelación, pero como en el presente caso fue el tribunal de alzada el que desechó la apelación, de conformidad con el artículo 444 del código invocado, dicho acto tiene fuerza de definitivo y le causa un gravamen irreparable, ya que en contra de él no existe otro medio ordinario de defensa. Resultan infundadas las anteriores consideraciones, pues aun cuando es verdad que en contra del auto del Juez natural que niega a admitir el recurso de apelación, procede el recurso de queja, de conformidad con el artículo 463, fracción III, del citado enjuiciamiento, recurso del cual conocerá y decidirá el Supremo Tribunal de Justicia del estado; tal medio de defensa no es procedente cuando el acto denegatorio de la apelación sea emitido por el tribunal de alzada, ya que no se encuentra contemplada tal situación en dicho precepto; sin embargo, en contra de la determinación de la Sala de negarse a admitir una apelación es aplicable el artículo 423 de la ley procesal civil del Estado, que a la letra dice: `Las demás resoluciones que no fueran apelables, pueden ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado'. Se dice lo anterior, porque aun cuando el auto reclamado tenga el carácter de definitivo, porque sus efectos son el que no se entre al fondo del negocio y confirmar el fallo de primera instancia, lo cierto es que se trata de un auto que puede ser revocado, modificado o anulado por el propio tribunal que lo dicta, mediante la interposición del recurso de revocación correspondiente, por lo que si la promovente del amparo no agotó ese medio ordinario de defensa que la ley establece y se fue directamente a promover el juicio de garantías, es obvio que se está en el caso de que no observó el principio de definitividad y por ende, resulta improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que debe confirmarse la resolución sujeta a revisión. La circunstancia de que el Juez de Distrito haya invocado como fundamento de su determinación la tesis relativa a la legislación del Estado de Tlaxcala, no irroga perjuicio alguno al recurrente, pues en la legislación del Estado de Jalisco, también se contempla la hipótesis de que en las resoluciones que no fueran apelables podrán ser revocadas por el propio Juez o tribunal que las haya pronunciado, circunstancia que se actualiza en la especie, por tanto no irroga perjuicio al recurrente el hecho de que se haya invocado una tesis de diversa legislación."
TERCERO.-Por otra parte, en la copia fotostática certificada de la resolución de siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, dictada en la improcedencia 529/91, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, remitida a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el presidente de dicho tribunal, se advierte que José de Jesús Peña García, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que hizo consistir en lo siguiente:
"La resolución de fecha 9 de abril de 1991, dictada por la responsable en el toca 416/91, en la que legalmente se declara inadmisible el recurso de apelación hecho valer por el suscrito, en contra del auto de fecha 13 de marzo de 1991, en el expediente 2343/89, del juicio civil ordinario, que se ventila ante el Juzgado Séptimo de lo Civil, la resolución que por este medio se impugna estimo que pone fin al juicio, en los términos de los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo".
El Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, a quien correspondió conocer del asunto, por auto de cinco de septiembre de mil novecientos noventa y uno, desechó la demanda de referencia; por lo que, inconforme el quejoso con dicho auto, interpuso en su contra el recurso de revisión, correspondiendo el conocimiento del mismo al referido Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien mediante resolución de siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, revocó el auto recurrido y ordenó admitir la demanda de garantías, con base en las siguientes consideraciones:
"III. Los agravios son fundados. En efecto, este colegiado no comparte el criterio sostenido por el Organo de control constitucional en el auto que se revisa, pues es inexacto que proceda la revocación contra el acuerdo que declara inadmisible la apelación, como ocurre en la especie, respecto al pronunciado el nueve de abril de mil novecientos noventa y uno, por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que declaró inaceptable el recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente, pues por una parte, el artículo 75 del enjuiciamiento civil del Estado, prohíbe dictar otros trámites que los que para cada caso determine la ley, y por otra, el propio ordenamiento invocado no instituye la operancia del recurso de revocación por denegada apelación, pues resulta inadmisible promover recurso sobre recurso, toda vez que ello implica un retardo innecesario en la impartición de la justicia, con violación manifiesta al principio de prontitud en su distribución prevista por el artículo 17 constitucional; además, no obstante que el artículo 423 del citado ordenamiento, reglamenta que todas las resoluciones que no fueran apelables, podrán ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado, este tribunal con anterioridad ha venido sosteniendo que únicamente puede hacerse valer algún recurso contra el acuerdo que deseche otro, cuando la ley de manera precisa lo permita, prueba de ello es que solamente hay un caso en el que cabe recurso contra el auto que desecha otro, lo que sucede en la hipótesis jurídica, prevista por el artículo 463, fracción III del citado código que reglamenta el recurso de queja contra el acuerdo que no admite la apelación; de manera que tampoco se comparte el criterio que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, dentro del toca de improcedencia 435/90, al resolver la prevención 281/90, puesto que se trata de un auto que tiene el carácter de definitivo y sus efectos son confirmar el fallo de primer grado; acuerdo que no puede ser modificado a virtud de un nuevo recurso, sencillamente porque el legislador no lo reglamenta así, lo que se desprende del artículo 444 del citado ordenamiento, que en lo conducente, dice: `Llegados los autos ... Si declara inadmisible la apelación, en el mismo auto ordenará se devuelvan los autos al inferior y declarará ejecutoriada la resolución apelada. Si se revoca la calificación de grado, se procederá en consecuencia', y una correcta interpretación a ese párrafo conduce a concluir que en esa hipótesis no procede recurso alguno, de manera que no puede obligarse al particular a agotar medios de defensa ordinarios no previstos por la ley; por tanto, resulta desafortunada la apreciación del Juez Federal. Al respecto se invoca por las razones que la informan la tesis jurisprudencial 184, visible en la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, dice: `APELACION EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS.-En virtud de que si esta Tercera Sala sustenta jurisprudencia en el sentido que los recursos de denegada apelación y de queja por denegada apelación, son improcedentes en los juicios mercantiles por no estar regulados por el código de la materia, ni se puede aplicar al respecto supletoriamente la ley común que los establece, por ser el Código de Comercio un ordenamiento especial, que se estima privilegiado entre cuyos propósitos figura el de la celeridad de los juicios mercantiles, simplificando trámites y limitando o suprimiendo recursos, se colige que el recurso de revocación contenido en el artículo 1334 del Código de Comercio, también es improcedente para impugnar el auto que deseche el recurso de apelación, pues al no haber regulado el legislador el recurso de denegada apelación ni establecido el de queja, claramente se pone de relieve que su intención fue la de suprimir en el Código de Comercio la procedencia de recurso ordinario alguno contra el desechamiento de una apelación. De lo anterior resulta que en el supuesto de admitir la procedencia del recurso de revocación, implicaría la creación de un nuevo recurso, es decir el de revocación por denegada apelación, desconocido en nuestro sistema jurídico, tanto en materia del procedimiento civil como del mercantil. Además cabe precisar que no puede hacerse valer un recurso en contra del auto que desecha otro, si no está expresamente regulado en la ley para el caso concreto. En las relacionadas condiciones al no existir recurso ordinario alguno o medio de defensa legal, en el Código de Comercio mediante el cual puede (sic) revocarse, modificarse o nulificarse el auto que desecha la apelación en materia mercantil, el juicio de amparo es procedente para combatirlo'. Así las cosas y dado que en la causa no se actualiza en forma evidente la hipótesis prevista por el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo, debe revocarse la resolución combatida y ordenar la admisión de la demanda, salvo que exista alguna otra causa manifiesta e indudable de improcedencia, diversa a la aquí analizada. En vista de la explicado, es obvio que este órgano sustenta criterio distinto al que el referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, sostuvo al resolver la prevención 281/90, dentro del toca de improcedencia 435/90, motivo por el cual, procede hacer la denuncia correspondiente ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".
CUARTO.-Por razón de método debe estudiarse en primer término si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre dos Tribunales Colegiados.
Con ese propósito, debe decirse que del análisis realizado al considerando segundo de esta resolución se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en la improcedencia número 435/90, relativa a la demanda de garantías interpuesta por Hilda Inés Rea González, por su propio derecho, sustentó el criterio de que el recurso de revocación previsto en el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, es procedente en contra de la determinación de la Sala responsable que no admite el recurso de apelación, pues aun cuando el auto reclamado tenga el carácter de definitivo, porque sus efectos son el que no se entre al fondo del negocio y confirmar el fallo de primera instancia, lo cierto es que se trata de un auto que puede ser revocado, modificado o anulado por el propio tribunal que lo dicta, por lo cual el promovente del amparo debe agotar ese medio ordinario de defensa establecido por la ley, antes de acudir al juicio de garantías, ya que en caso contrario, el amparo resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.
Por otra parte, como puede apreciarse en el tercer considerando de esta resolución, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia 529/91, relativa a la demanda de amparo interpuesta por José de Jesús Peña García, por su propio derecho, sostuvo que el recurso de revocación establecido en el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, no procede en contra del acuerdo dictado por la sala responsable que no admite el recurso de apelación, ya que el propio ordenamiento invocado no instituye la operancia de dicho recurso de revocación por denegada apelación", además de que resulta inadmisible promover recurso sobre recurso, toda vez que ello implica un retardo innecesario en la impartición de justicia. Por otra parte, únicamente puede hacerse valer algún recurso contra el acuerdo que deseche otro, como sucede en el caso previsto en el artículo 463, fracción III, del citado código procesal civil, que dispone la procedencia del recurso de queja contra el acuerdo que no admite la apelación; que por tanto, el auto de que se trata tiene el carácter de definitivo y sus efectos son los de confirmar el fallo de primer grado, motivo por el que no puede ser modificado a virtud de un nuevo recurso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 444, último párrafo, del mismo código adjetivo civil y por consiguiente, no puede obligarse al particular a agotar medios de defensa ordinarios no previstos por la ley.
En tales condiciones, cabe concluir que sí existe contradicción entre la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y la sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, respecto de un mismo problema jurídico; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197-A, en relación con el diverso precepto 192, ambos de la Ley de Amparo, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe determinar cuál de ellas ha de prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
Esta Tercera Sala del más alto Tribunal de la República estima que debe prevalecer la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia marcada con el número 529/91, relativa a la demanda de garantías interpuesta por José de Jesús Peña García, por las razones que en seguida se expresan:
En el título séptimo, capítulos I, II, IV, y V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, se establece un sistema completo de los medios de impugnación denominado "De los Recursos", que son el de la revocación, apelación y revisión, queja y responsabilidad civil, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter civil que se susciten dentro de la jurisdicción de dicho Estado.
Cabe señalar, que el capítulo III del referido título Séptimo, que se denominaba "De la Apelación Extraordinaria", y que estaba comprendido en los artículos 458 a 462, fueron suprimidos del referido Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, mediante decreto número 6028 de veintidós de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco, publicado en el Periódico Oficial del mismo Estado, el tres de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco.
Ahora bien, la procedencia de los recursos de revocación, apelación y revisión, queja y responsabilidad civil, se da de acuerdo a lo previsto por los artículos 423, 431, 437, 456, 463 y 469, del invocado código adjetivo civil, en los casos siguientes:
"423.-Las demás resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado".
"431.-La apelación debe interponerse ante el Juez que pronunció la sentencia, ya verbalmente en el acto de notificársele ésta, ya por escrito dentro de cinco días improrrogables, si la sentencia fuere definitiva, o dentro de tres, si fuere auto o interlocutoria. Estos términos se contarán a partir de la notificación que se haga de la sentencia debidamente engrosada. Se exceptúa la apelación contra las sentencias de los juicios en rebeldía, cuando no fuere notificado personalmente el demandado o cuando se tratare de la apelación extraordinaria. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva".
"437.-Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten. La apelación, en estos casos, será admisible en el efecto o efectos en que lo fuere la que procede contra la sentencia definitiva. Se dice que el auto tiene fuerza definitiva, cuando causa un gravamen que no pueda repararse en la sentencia".
"456.-Las sentencias que se dicten sobre modificación de actas y sobre nulidad de matrimonios por las causas expresadas por los artículos 297, 298, 303, 304, 305 y 306 del Código Civil así como las que se dicten en juicios de divorcio necesario, serán revisadas de oficio por la Sala que corresponda del Supremo Tribunal de Justicia con intervención del Ministerio Público, si las partes no promueven apelación; mientras el tribunal examina la legalidad del fallo, quedará en suspenso su ejecución".
"463.-El recurso de queja procederá: I.-Contra el Juez que se niegue a admitir una demanda o desconozca de oficio la personalidad de un litigante, antes del emplazamiento; II.- Respecto de las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; III.-Contra la resolución que niegue admitir una apelación; IV.-En los demás casos fijados por la ley".
"469.-La responsabilidad civil en que puedan incurrir Jueces y Magistrados, cuando en el desempeño de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o ignorancia inexcusables, solamente podrá exigirse a instancia de la parte perjudicada o de sus causahabientes, en un juicio ordinario y ante el inmediato superior del que hubiere incurrido en ella. La demanda sólo podrá promoverse cuando hubiere quedado firme la resolución en que se estime causado el agravio".
Conforme a lo previsto en los artículos antes transcritos, se concluye que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, no prevé la procedencia del recurso de revocación contra la inadmisión del diverso recurso de apelación, esto es, el "de revocación por denegada apelación"; y si bien en el artículo 463, fracción III, del propio Código de Procedimientos Civiles, se prevé la procedencia del recurso de queja en contra de la resolución que niegue admitir una apelación, tal medio de impugnación sólo es procedente en relación a los autos que en ese sentido dicten los Jueces de primera instancia, pero no así respecto de los proveídos que en el mismo sentido emita el superior jerárquico o tribunal de alzada, de conformidad con lo previsto en el artículo 465 del mismo ordenamiento legal, que dice:
"465.-El recurso de queja contra un Juez se interpondrá por escrito ante el Superior inmediato, dentro de los tres días siguientes a la notificación del acto reclamado, expresando los motivos de agravio. Al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo saber al Juez, presentándole copia, por duplicado, del escrito de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otra se mandará entregar desde luego al colitigante. El Juez, dentro de los tres días siguientes, remitirá al superior su informe con justificación y el colitigante, dentro de igual término, que se contará desde que reciba la copia, podrá ocurrir al mismo Superior expresando lo que a su derecho convenga. Dentro del tercer día de recibido el informe del Juez, el superior resolverá lo que proceda. Será el acuerdo del Supremo Tribunal el que decida las quejas contra los Jueces de Primera Instancia y los de la capital".
En tal virtud, no puede establecerse o crearse un recurso no previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Jalisco, como es aquel que se pretende procede en contra del auto que no admite la apelación si no está expresamente regulado en la ley para el caso concreto, pues ello equivaldría a modificar o adicionar el citado Código Procesal Civil en puntos esenciales, dejando sin finalidad la expedición de este ordenamiento, entre cuyos propósitos fundamentales figura el de la celeridad de los juicios, abreviando términos, simplificando trámites y limitando o suprimiendo recursos, como el de apelación extraordinaria, ya que al no haber regulado el legislador tal medio de impugnación, claramente se pone de relieve que su intención fue la de suprimir en el invocado código adjetivo civil, la procedencia de recurso ordinario alguno contra la no admisión de una apelación.
En efecto, resulta incorrecta la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el sentido de que contra el auto dictado por la Sala responsable o tribunal de alzada, por el que niega la admisión del recurso de apelación, procede el de revocación, toda vez que en el supuesto de aceptar esa posición se podría llegar al extremo de que una vez interpuesta la revocación en contra del indicado auto y de dictada la resolución respectiva, la parte afectada tendría que interponer en contra de la interlocutoria correspondiente, el recurso de apelación, conforme a lo previsto en los artículos 431 y 437 del Código Procesal Civil referido; y si llegado el extremo de que el tribunal de alzada con vista a los autos, determinara que no debe admitirse tal recurso de apelación, la parte afectada tendría que interponer el recurso de revocación y así sucesivamente, contrariando con ello lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, que establece la celeridad en la impartición de justicia.
Siendo así, resulta que el recurso de revocación contenido en el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Jalisco, es improcedente para impugnar el auto que no admite el recurso de apelación, ya que, en principio, en el supuesto de admitir su procedencia, implicaría la creación de un nuevo recurso, es decir el "de revocación por denegada apelación", desconocido en nuestro sistema jurídico, tanto en materia del procedimiento civil, como del mercantil, y, por otra parte, con tal situación se contravendría lo dispuesto por el artículo 444, último párrafo, del multicitado Código Procesal Civil, que establece:
"444.-Llegados los autos al Supremo Tribunal o en su caso las constancias relativas para substanciar la apelación... Si declara inadmisible la apelación, en el mismo auto ordenará se devuelvan los autos al Inferior y declarará ejecutoriada la resolución apelada. Si se revoca la calificación de grado, se procederá en consecuencia".
Por tanto, al no existir recurso ordinario alguno o medio de defensa legal en el referido código adjetivo civil, mediante el cual pueda revocarse, modificarse o nulificarse el auto emitido por la Sala responsable mediante el cual declara la inadmisión del recurso de apelación, la vía procedente para combatirlo es el juicio de amparo directo, en los términos de lo establecido por los artículos 46, 158, 159, fracción IX, y 161 de la Ley de Amparo.
Ciertamente, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis jurisprudencial marcada con el número 30/90, sustentó lo siguiente:
"AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponde, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas".
Sentado lo anterior, debe concluirse que es inexacta la consideración sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el sentido de que antes de impugnar la resolución que declara la inadmisión del recurso de apelación en un juicio civil, a través del juicio de amparo, debe agotarse el recurso de revocación previsto por el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, pues como ya se dijo, en el propio Código no se establece ningún recurso ordinario o medio de defensa legal, mediante el cual pueda revocarse, modificarse o nulificarse tal resolución.
Consecuentemente, el medio idóneo para combatir la resolución de que se trata, es el juicio de amparo directo, porque, en primer lugar, conforme a la tesis jurisprudencial número 30/90, antes transcrita, dicha resolución tiene por efecto dar por concluido el juicio civil al declarar la no admisión del recurso de apelación y ejecutoriada la sentencia apelada; en segundo término, porque el desechamiento de un recurso constituye una violación procesal, ya que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, la cual debe reclamarse en amparo directo, por así establecerlo el artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo, que prevé de manera ejemplificativa las violaciones procesales que deben impugnarse mediante esta vía, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 161 del mismo ordenamiento legal; finalmente, se estima la procedencia del juicio de amparo directo contra las resoluciones que declaran la inadmisión del recurso de apelación y ejecutoriada la resolución apelada, en virtud de que el amparo indirecto sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos en que de manera cierta e inmediata, afectan algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata; o cuando se afecte a personas extrañas al juicio.
En las condiciones apuntadas, a juicio de esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia obligatoria en los términos precisados en el último p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/337-ab1ac501/apelacion-en-contra-del-auto-dictado-por-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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