INCONFORMIDAD. ES FUNDADA SI DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES SE DESPRENDE QUE EXISTEN ACTOS PENDIENTES DE CUMPLIRSE PARA EL ACATAMIENTO DEL FALLO CONSTITUCIONAL.
INCONFORMIDAD 457/2000. GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-Es procedente la presente inconformidad, toda vez que se interpuso en contra del acuerdo por el que el Juez Federal declaró cumplimentado el fallo protector, dentro del término de cinco días a que se refiere el párrafo tercero del artículo 105 de la Ley de Amparo.
En efecto, el acuerdo que por esta vía se impugna se notificó por lista a las partes, el veintinueve de junio de dos mil, por lo que el plazo aludido corrió del tres al siete de julio de ese mismo año, descontándose los días uno y dos de julio, por ser inhábiles; por tanto, si la presente inconformidad se interpuso el día siete de julio del año en curso, es claro que se hizo oportunamente.
Sirve de apoyo a la consideración anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 77/2000, consultable en la página 40 del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"INCONFORMIDAD. EL PLAZO PARA PROMOVERLA ES EL DE CINCO DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO O INEXISTENTE LA REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-De la interpretación sistemática de los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo, en relación con el 24 y el 34 del mismo ordenamiento, se advierte que el plazo de cinco días para interponer la inconformidad en contra de la resolución que tiene por cumplida una sentencia de amparo o inexistente la repetición del acto reclamado, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva pues, por su naturaleza, una notificación sólo puede afectar al notificado cuando ésta surte sus efectos y no antes, de manera tal que los plazos relativos a la impugnación de esa clase de resoluciones, necesariamente tendrán que correr hasta que la notificación haya surtido sus efectos, se diga expresamente o no en el artículo en el que concretamente se prevea el plazo específico, porque al respecto opera la regla general establecida en el artículo 24, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el cómputo de los plazos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento. Al respecto debe destacarse que el conflicto de redacción que existe entre los artículos 24, fracción I, por un lado, y los artículos 105 y 108, por otro, de la Ley de Amparo, en el aspecto a que se hace referencia debe resolverse interpretándolos de tal manera que se coordinen y mantengan su vigencia y aplicación al caso concreto, a fin de que el orden jurídico sea coherente en sus diversas disposiciones y se ajuste a los preceptos constitucionales que tienden a asegurar el exacto cumplimiento de las sentencias de amparo."
TERCERO.-El escrito a través del cual el representante legal de las empresas quejosas planteó su inconformidad con el acuerdo que tuvo por cumplido el fallo protector, es del tenor siguiente:
"Luis Camargo Chalita, en representación de las empresas quejosas en el juicio de amparo en que se promueve, personalidad que tengo debidamente acreditada en los autos del mismo, respetuosamente expongo: Por medio del presente escrito, en cumplimiento a la vista ordenada por ese H. Juzgado, vengo a hacer las siguientes manifestaciones respecto del acuerdo dictado el veintitrés de junio pasado.
"En el citado acuerdo, se señala que con las manifestaciones realizadas por las autoridades en el presente juicio, en el sentido de que se abstendrán de aplicar a mis mandantes los preceptos declarados inconstitucionales, se debe concluir que la sentencia de amparo concedida a las quejosas se encuentra debidamente cumplimentada.
"Asimismo, en dicho acuerdo, se señala que el alcance de la sentencia que nos ocupa no contempla el que se devuelvan a mi mandante las cantidades que enteró al fisco federal como consecuencia de la aplicación de las disposiciones declaradas inconstitucionales, por lo que ese H. Juzgado concluye que la sentencia ha sido cabalmente cumplida.
"Al respecto, es de señalarse lo siguiente:
"Como se señala en el acuerdo de referencia, mis mandantes están de acuerdo con las manifestaciones realizadas por las autoridades responsables, en el sentido de que se abstendrán de aplicar el contenido de las disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia que puso fin al juicio de amparo en que se promueve.
"Sin embargo, se estima que tales manifestaciones sólo sirven para concluir que la sentencia que nos ocupa ha sido parcialmente cumplimentada, pues, se insiste, como parte de dicho cumplimiento es indispensable que las autoridades responsables devuelvan a mis mandantes las cantidades que enteraron en virtud de la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales.
"Lo anterior, en virtud de que es a través de dicha devolución que se restituye a las quejosas el pleno goce de las garantías violadas, pues sólo así se restablecen las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación alegada.
"En efecto, es importante recordar que el efecto de una sentencia de amparo no abarca solamente al futuro, sino que en virtud de la misma se deben restituir las cosas para que regresen al estado que guardaban con anterioridad.
"De esta manera, si en el caso se concluyera que con el hecho de que las autoridades responsables se abstengan de aplicar las disposiciones declaradas inconstitucionales la sentencia se ha cumplimentado, no se restituirían las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación de garantías.
"Lo anterior, en virtud de que en el caso la única forma de lograr que las cosas regresen al estado que guardaban con anterioridad será mediante la devolución de las cantidades enteradas por las quejosas como consecuencia de la aplicación de las disposiciones declaradas inconstitucionales.
"El anterior criterio fue establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que se transcribe a continuación:
"‘LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.’ (se transcribe).
"En virtud de lo anterior, es claro que hasta en tanto las autoridades no devuelvan a mi representada todas las cantidades pagadas indebidamente, por concepto de impuesto sobre la renta pagado en virtud de la aplicación de las disposiciones declaradas inconstitucionales, debidamente actualizadas y con sus respectivos intereses, la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estará debidamente cumplimentada.
"No es obstáculo para concluir lo anterior, el que en la sentencia que nos ocupa no se señale de manera expresa la obligación a cargo de las responsables de devolver cantidades a las quejosas, toda vez que la devolución es una consecuencia inherente a la concesión del amparo.
"En efecto, como ya se señaló, la simple concesión del amparo implica que no se apliquen a las quejosas las disposiciones declaradas inconstitucionales y que se regresen las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación de garantías.
"Así, si la única forma en que en el caso las cosas regresen al estado que guardaban, es mediante la devolución de las cantidades enteradas indebidamente, es claro que no es necesaria una manifestación expresa en la sentencia de amparo en tal sentido, sino que resulta suficiente la concesión del amparo para que la devolución deba efectuarse."
CUARTO.-De la transcripción anterior, se advierte que el representante legal de la parte quejosa estima que el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil, por el que se declaró cumplimentado el fallo protector, es contrario a derecho, ya que indebidamente el Juez de Distrito determinó que la devolución de las cantidades que las empresas quejosas hayan pagado por concepto de impuesto sobre la renta a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, no forma parte de los efectos concesorios del amparo, y que por tal motivo, resultaba suficiente para tener por cumplida la sentencia de amparo, el informe de las autoridades responsables en el sentido de que en lo subsecuente se les dejarían de aplicar las disposiciones legales declaradas inconstitucionales; pues contrario a lo que el a quo afirma, para restituir a sus representadas en el goce de las garantías que les fueron vulneradas con la aplicación de dichos preceptos legales, no es suficiente con que se les deje de aplicar en el futuro, sino que es necesario además que las autoridades responsables les devuelvan las cantidades antes aludidas, citando en apoyo de su afirmación la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. XIV/97, que lleva por rubro: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.".
Es sustancialmente fundado el agravio antes precisado, por los motivos que a continuación se exponen.
En efecto, en principio es de señalarse que las empresas quejosas reclamaron del Congreso de la Unión y de otras autoridades, la expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto publicado el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por el que se reforman diversas disposiciones fiscales, concretamente, su artículo tercero, en cuanto reforma y adiciona los artículos 57-E, 57-K, fracción IV, 57-N, fracciones I, II y III, 57-Ñ, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los incisos g), i) y j) de la fracción VIII del artículo quinto transitorio de dicho decreto, y sus actos de aplicación.
El Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que los preceptos reclamados eran violatorios de las garantías de igualdad y equidad tributaria, en virtud de que dan un trato diferente a los contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias ante la ley, es decir, en la misma situación jurídica y económica o hipótesis legal, toda vez que para el pago del impuesto sobre la renta, los artículos impugnados establecen que para la determinación del resultado fiscal consolidado o pérdida fiscal consolidada, la participación consolidable para las empresas controladoras puras, será del cien por ciento, en tanto que respecto de otras, como la hoy quejosa (controladoras operativas), la participación consolidable será únicamente del sesenta por ciento; y, porque además, les impone a estas últimas la obligación de presentar su declaración del ejercicio y calcular el impuesto como si no hubiera consolidación, debiendo enterar ante las oficinas de hacienda autorizadas el cuarenta por ciento del impuesto que resulte, eximiendo de tal obligación a las controladoras puras, cuestiones tales que ponen de manifiesto la inequidad y falta de proporcionalidad del impuesto a enterar "... dado que con ello, se da un trato desigual o distinto a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias ante la ley, lo que implica un contrasentido del propósito que inicialmente se tuvo en la exposición de motivos de la ley vigente y cuando se instituyó el régimen de consolidación fiscal en el año de mil novecientos ochenta y dos, porque va en detrimento además de los incentivos a la inversión, al ahorro y en general al empleo, razón por la cual, es claro que dichas disposiciones violan las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria consagradas en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, por dar un trato desigual a las sociedades controladoras que se encuentran en igualdad de circunstancias económicas y jurídicas.".
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión hecho valer por las autoridades responsables, modificó la sentencia recurrida, sobreseyó en el juicio de garantías respecto de los artículos 57-K, fracción VI, 57-N, fracción I y 57-Ñ, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, así como del artículo quinto transitorio, fracción VIII, inciso g), del decreto de reformas a dicho ordenamiento legal publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en virtud de que el acto de aplicación de dichos preceptos legales sólo puede darse con la declaración anual "por lo que es inconcuso que con la declaración provisional del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, no se demuestra el acto de aplicación de tales preceptos"; y otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto se refiere a los restantes preceptos reclamados, precisando que "la concesión del amparo sólo es para el efecto de que las quejosas sigan tributando de conformidad con las disposiciones vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho".
Ahora bien, respecto de los efectos de una sentencia en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que los preceptos reclamados son violatorios de alguna garantía tributaria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia P./J. 62/98 y la tesis aislada P. CXL/96, cuyos textos y datos de identificación son los siguientes:
"CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.-Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto." (Jurisprudencia publicada en la página 11 del Tomo VIII, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).
"LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES CONTROLADORAS CON ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.-Si conforme al artículo 80 de la ley de la materia, el efecto del amparo concedido en contra de actos de contenido positivo es restituir al quejoso en la situación en que se hallaba antes de la violación de garantías, resulta claro que en el caso de que una sociedad controladora con autorización fiscal para consolidar sus estados financieros se otorgue el amparo en contra de la ley fiscal en términos de la cual ha efectuado el pago de determinado gravamen, el efecto de la sentencia obligará a la autoridad fiscal a devolverle todas las cantidades entregadas en aplicación de dicha ley, sin que en el incidente de inejecución respectivo pueda cuestionarse el derecho de la sociedad para obtener la devolución del gravamen enterado por las operaciones de las sociedades controladas, ni tampoco las relaciones de las empresas del grupo entre sí o con el erario público, toda vez que para precisar la eficacia del fallo protector sólo ha de analizarse el efecto lesivo sufrido por la quejosa con motivo de la aplicación de la ley, a fin de que la restitución se realice en la misma medida de aquél, con independencia de las cuestiones relativas a las particularidades del régimen fiscal que, en el ámbito de la legalidad, determinan la situación jurídica de la quejosa frente a terceros y frente al fisco." (Tesis publicada en la página 137 del Tomo IV, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).
Por su parte, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado las tesis aisladas 2a. XIV/97 y 2a. CXV/97, cuyos textos y datos de identificación, son los siguientes:
"LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.-De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: ‘LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.’, el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." (Tesis publicada en la página 347 del Tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).
"INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.-En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." (Tesis publicada en la página 414 del Tomo VI, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época).
De los criterios antes transcritos, se advierte que las autoridades responsables, Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación, dada la naturaleza de los actos que se les reclaman, consistentes en la discusión, expedición, aprobación, refrendo y publicación, respectivamente, del decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, no están obligadas a realizar acto alguno, en virtud de que en aplicación del principio de definitividad, la sentencia de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, según se desprende de la tesis de esta Segunda Sala 2a. CXV/97, transcrita con antelación.
En cambio, las autoridades responsables, administrador especial de Recaudación y administrador especial de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, en cumplimiento de la sentencia de amparo, deben dejar de aplicar a las empresas quejosas los preceptos declarados inconstitucionales y devolverles la cantidad que hubiesen pagado por concepto de impuesto sobre la renta a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, pues si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la protección de la Justicia Federal se otorgaba para el único efecto de que las empresas aquí inconformes continuaran tributando conforme a las disposiciones vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, también lo es que tal determinación no debe entenderse en el sentido de que deben contribuir bajo ese régimen a partir de que causó ejecutoria el fallo protector, sino desde el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, que fue cuando entraron en vigor las disposiciones declaradas inconstitucionales, pues de lo contrario no se restituiría a las quejosas en el goce de las garantías que les fueron vulneradas con la aplicación de dichos preceptos legales.
Sin embargo, es dable precisar que la devolución de las cantidades que las quejosas hubiesen pagado por concepto de impuesto sobre la renta a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, no puede ser total, pues de acuerdo a lo antes expuesto, éstas continúan obligadas al pago del tributo antes referido, ya que si bien es cierto que se declaró la inconstitucionalidad de ciertos preceptos que regulan la forma en que han de tributar las empresas controladoras que se encuentran bajo el régimen de consolidación fiscal, también lo es, que la Primera Sala de este Alto Tribunal, expresamente señaló que "la concesión del amparo sólo es para el efecto de que las quejosas sigan tributando de conformidad con las disposiciones vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho", de lo que válidamente se concluye que tal declaratoria de inconstitucionalidad no las exime del pago del impuesto sobre la renta durante la vigencia de las normas impugnadas, sino que las constriñe a tributar de conformidad con las normas aplicables vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
Sobre esta última cuestión, es conveniente señalar que el otorgamiento del amparo para que las quejosas paguen el impuesto sobre la renta de conformidad con las disposiciones vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, sólo surte sus efectos en tanto no sean reformados los preceptos declarados inconstitucionales, pues ante tal evento, las empresas quejosas deberán sujetarse a las nuevas disposiciones legales, ya que en estos casos, las reformas relativas son consideradas como un nuevo acto legislativo, susceptible de impugnarse, en su caso, a través de un diverso juicio de garantías.
Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la sustentan, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nació, P./J. 114/99, consultable en la página 18 del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra se lee:
"AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS.-La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma."
En ese orden de ideas, queda claro que la materia de la presente inconformidad, se constriñe a examinar si las autoridades hacendarias dieron o no cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues como quedó precisado, ésta carece de fuerza vinculatoria para obligar a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo de las normas impugnadas a derogarlas o dejar sin efectos sus actos, dado el principio de relatividad de las sentencias de amparo, habida cuenta que, tal como se advierte del auto que por esta vía se impugna, las citadas autoridades ya rindieron su informe relativo al cumplimiento del fallo protector.
Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo, mediante oficio 330-SAT-IV-D-MVII-4605/00, de veintidós de mayo de dos mil, el administrador general de Grandes Contribuyentes, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las restantes autoridades responsables, informó al Juez Federal que "... mediante oficios 4603/00 y 4604/00, de fecha 18 de mayo de 2000, que fueron remitidos a la Administración Especial de Recaudación y a la Administración Especial de Auditoría Fiscal, respectivamente, para el efecto de que se abstengan de aplicar a las quejosas las disposiciones cuya inconstitucionalidad reclamaron ..."; y a efecto de acreditar lo anterior, anexó copias certificadas de los oficios antes referidos; asimismo, precisó que en virtud de las reformas al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se modificó la denominación del administrador especial de Recaudación, al de administrador central de Recaudación de Grandes Contribuyentes y del administrador especial de Auditoría Fiscal al de administrador central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y Sector Financiero.
Por su parte, el administrador general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, mediante oficio 330-SAT-III-SDA3.00.4665, de quince de mayo de dos mil, informó al Juez Federal que con fecha diez de mayo anterior, se recibió "solicitud de devolución por la contribuyente Grupo Comercial Chedraui, S.A. de C.V., por concepto de saldo a favor del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio de 1999, por la cantidad de $38’239,736.00, con base en la sentencia dictada en el juicio de amparo 246/99", motivo por el cual, mediante diverso oficio 330-S
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7100-0c707ab9/inconformidad-es-fundada-si-de-la-aplicacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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