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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA. JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/99. · Registro digital (IUS): 7131
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, , Pág. 12.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 35/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

Ejecutoria del amparo en revisión 251/98, promovido por Florencio Canizález Sánchez, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito:

"CUARTO. Son fundados los agravios relativos a que el Juez de Distrito indebidamente decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías.

"El acto reclamado cuya revisión nos ocupa, se hizo consistir sustancialmente en que la autoridad responsable denominada agente cuarto del Ministerio Público del fuero común, no ha decretado la procedencia o improcedencia del ejercicio de la acción penal respecto de los hechos denunciados por el quejoso, ahora recurrente, Florencio Canizález Sánchez.

"Respecto de dicho acto, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad de Mazatlán, estimó que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que el mismo no afecta de manera directa e inmediata el interés jurídico del peticionario de garantías. Las anteriores consideraciones, a juicio de este tribunal, resultan desacertadas, por lo siguiente:

"Por reforma publicada el 31 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 21 constitucional fue adicionado con el párrafo siguiente: ‘Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. ...’. Con lo cual las determinaciones ministeriales definitivas sobre el inejercicio de la acción penal, así como las que contienen su desistimiento, fueron elevadas a la categoría de rango constitucional y quedaron inmersas en el capítulo de garantías individuales. Lo anterior trae como consecuencia que si bien esas determinaciones del Ministerio Público fueron con anterioridad inimpugnables, actualmente ya dejaron de serlo por disposición expresa de la ley; como también, y por igual razón, éstas quedaron salvaguardadas constitucionalmente y tuteladas como una garantía individual en favor del gobernado. Ahora bien, puede suceder que el Ministerio Público se abstenga de pronunciarse respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal, con lo cual habrá quien sostenga que no se actualiza la hipótesis que se implementó en la reforma mencionada, trayendo como consecuencia que el amparo solicitado contra dicha omisión fuera improcedente. Lo anterior no es obstáculo para este tribunal, ya que una interpretación tan estrecha de esta reforma haría nugatorio el espíritu de la misma, la cual se logró después de apasionados debates doctrinales e intensos reclamos de la sociedad que clamaba por la posibilidad de que los afectados pudieran tener algún tipo de acción en contra de tales actos; y si ahora con las reformas se cristalizó tal expectativa, no sería correcto que no se aplicara en todos sus alcances; por ende, la abstención del Ministerio Público de pronunciarse definitivamente respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal, debe ser una omisión reclamable por medio del juicio de amparo, pues qué caso tendría que se puedan impugnar las resoluciones de tal naturaleza, pero no se pueda exigir que se dicten éstas; con lo cual, como se dijo, se haría nugatorio el logro alcanzado, mismo que debe verse adminiculado con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución. En efecto, ante tal imperativo del artículo 19 constitucional, fácil es concluir que en el periodo de averiguación previa se impone un deber al Ministerio Público, que no es otro que obtener los datos que deberán ser bastantes para comprobar los elementos del tipo, requisitos que mientras no se cumplan, sea porque el Ministerio Público se niegue a obtener los datos o porque por su propia determinación no obtenga los datos que sean bastantes para la comprobación del cuerpo del delito, entonces opera la infracción del artículo 19 constitucional, y en estas condiciones procede el juicio de garantías para los efectos de que se cumplan los requisitos de esta disposición. Lo anterior es suficiente para revocar la sentencia recurrida y en su lugar entrar al estudio de los conceptos de violación que sobre el particular se señalaron en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo."

La anterior ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito:

"MINISTERIO PÚBLICO, AMPARO CONTRA SU INACTIVIDAD EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Por reforma publicada el 31 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 21 constitucional fue adicionado con el párrafo siguiente: ‘Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.’. Con lo cual las determinaciones ministeriales definitivas sobre el inejercicio de la acción penal, así como las que contienen su desistimiento, fueron elevadas a la categoría de rango constitucional y quedaron inmersas en el capítulo de garantías individuales. Lo anterior trae como consecuencia que si bien esas determinaciones del Ministerio Público fueron con anterioridad inimpugnables, actualmente ya dejaron de serlo, por disposición expresa de la ley; como también y por igual razón, éstas quedaron salvaguardadas constitucionalmente y tuteladas como una garantía individual en favor del gobernado. Ahora bien, puede suceder que el Ministerio Público se abstenga de pronunciarse respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal, con lo cual, habrá quienes sostengan que no se actualiza la hipótesis que se implementó en la reforma mencionada, trayendo como consecuencia que el amparo solicitado, contra dicha omisión fuera improcedente. Lo que no se considera atinado ya que una interpretación tan literal de esa reforma haría nugatorio el espíritu de la misma, la cual se logró después de apasionados debates doctrinales e intensos reclamos de la sociedad que clamaba por la posibilidad de que los afectados pudieran tener algún tipo de acción en contra de tales actos, y si ahora con las reformas se cristalizó tal expectativa, no sería correcto que no se aplicara en todos sus alcances; por ende, la abstención del Ministerio Público de pronunciarse definitivamente respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal, debe ser una omisión reclamable por medio del juicio de amparo, pues qué caso tendría que se puedan impugnar las resoluciones de tal naturaleza, pero no se pueda exigir que éstas se dicten."

Ejecutoria del amparo en revisión 127/98, promovido por Víctor Herrera Juárez, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito:

"CUARTO. Los agravios que formula la parte recurrente son infundados.

"En efecto, este Tribunal Colegiado advierte que es inexacto lo aseverado por el inconforme en el sentido de que el Juez de Distrito omitió entrar al estudio del acto reclamado consistente en la abstención del agente del Ministerio Público responsable en ‘... proceder a la consignación de la averiguación previa penal No. 321/II/97, seguida ante dicha fiscalía desde el 27 de febrero de 1997, esto a pesar de estar satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Federal ...’, pues del análisis del fallo que se revisa se desprende que el a quo sí se ocupó de dicho acto, sólo que decretó al efecto el sobreseimiento del juicio por estimar que el quejoso aquí recurrente carece ‘... de interés jurídico, pues tal acto no encuadra en ninguno de los supuestos en los que el ofendido puede promover el juicio constitucional, en la medida de que tal negativa no produce una afectación directa en sus llamados derechos sustantivos (como lo son la vida, la libertad, papeles, posesiones o derechos), caso en el cual sí se verían conculcadas sus garantías individuales. En este contexto, se concluye que en atención a que el acto omitido antes señalado no incide en la esfera jurídica del quejoso, causándole una afectación directa a su persona, propiedades, posesiones y derechos, y siendo este requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, dado que en términos de lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado y seguirse por su representante o defensor cuando el acto emane de una causa penal, es incuestionable que por todo ello se actualiza en relación al primero de los actos reclamados la causa de improcedencia analizada ...’ (f. 184 vta. y 185).

"En estas condiciones, resulta evidente que la omisión aducida al respecto por el inconforme, es inexistente; debiendo señalarse a éste que la abstención del Juez de Distrito de analizar la constitucionalidad del relacionado acto y la pretendida transgresión a lo preceptuado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, obedeció precisamente al sobreseimiento decretado en el juicio y por ello, ningún agravio le irroga, atento al criterio sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 509 que aparece publicada a fojas 335 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: ‘SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.’.

"En cuanto a lo resuelto por el Juez de Distrito en el sentido antes expuesto, este órgano colegiado lo considera correcto, porque efectivamente, la abstención del agente del Ministerio Público responsable en decidir si ejercita o no la acción penal de su competencia, por encontrarse la averiguación previa en su fase de integración, no es un acto que incida en la esfera de derechos del gobernado, ni que lesione por tanto su interés jurídico, cuenta habida que la determinación relativa a si está o no perfeccionada una averiguación y si se surten o no los supuestos para el ejercicio de la acción penal, es de la competencia exclusiva del Ministerio Público, por así consignarlo el artículo 21 de la Constitución Federal, lo que implica que dentro del patrimonio jurídico del particular no se encuentra la atribución relativa a decidir si los elementos de convicción que obran en la averiguación previa son suficientes o no para ejercitar la citada acción, ya que aceptar lo contrario equivaldría a violentar el mandato supremo contenido en el invocado precepto de nuestra Carta Magna, lo cual es jurídicamente inadmisible, pues aun cuando en el párrafo cuarto del mismo, adicionado por decreto del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se estableció la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, tal derecho sólo se actualiza cuando el Ministerio Público ha emitido ya una determinación en el anotado sentido, hipótesis que no se surte cuando, como en el caso sucede, lo combatido es la omisión en resolver sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal, pues dicho proceder, si bien se relaciona de manera indirecta con la reparación del daño, sin embargo, no está específicamente encuadrado dentro de los aludidos supuestos que prevén los artículos 21 de la Constitución Federal y 10 de la Ley de Amparo; de ahí que al no existir al efecto un derecho tutelado en favor del gobernado, tampoco se surte el interés jurídico del mismo para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, circunstancia que actualiza al respecto la causa de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando por tanto acertada la determinación del Juez de Distrito que así lo consignó, lo cual priva de sustento a lo expresado en contrario por el recurrente.

"Conforme a los razonamientos que han quedado expuestos, puede válidamente concluirse que el criterio jurisprudencial invocado en la demanda de garantías y en el escrito de expresión de agravios, cuyo rubro es: ‘MINISTERIO PÚBLICO, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL, POR NO INTENTAR LA ACCIÓN PENAL.’, al versar sobre una situación en la cual el representante social decidió ya no ejercitar la acción penal de su competencia, no resulta aplicable al caso, donde lo reclamado es precisamente la omisión en resolver si se ejercita o no tal acción, circunstancia que impide jurídicamente la transgresión del mismo por el juzgador federal, quien por otra parte, evidentemente no estaba en aptitud de valorar si la averiguación previa de que se trata está o no perfeccionada para su consignación ante la autoridad judicial, puesto que tal cuestión, además de aludir al fondo del amparo, que no se analizó en la especie, según quedó expuesto con antelación, no forma parte de los derechos tutelados por la ley en favor de los gobernados y, por consiguiente, no puede ser dilucidada en el juicio de garantías, dado que el mismo, acorde a lo estatuido por el artículo 4o. de la ley de la materia, sólo puede ser promovido por quien sufre una lesión jurídica con la emisión del acto reclamado, situación que en el presente negocio no se surte por las expresadas razones, lo cual, en oposición a lo que sostiene el inconforme, hace aplicable al presente caso, por su espíritu, los criterios jurisprudenciales que invocó en su resolución el Juez de Distrito.

"En consecuencia, al ser correctos los motivos y fundamentos invocados por el a quo en la sentencia recurrida y al existir además congruencia entre los considerandos y el punto resolutivo único de ese fallo, forzoso es concluir que el mismo no irroga ningún agravio a la parte recurrente, debiendo por ello ser confirmado en sus términos."

La anterior ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito:

"MINISTERIO PÚBLICO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL, POR NO RESOLVER SI EJERCITA O NO LA ACCIÓN PENAL. La abstención del agente del Ministerio Público en resolver si ejercita o no la acción penal de su competencia, por encontrarse la averiguación previa en su fase de integración, no es un acto que incida en la esfera de derechos del gobernado, ni que lesione por tanto su interés jurídico, cuenta habida que la determinación relativa a si está o no perfeccionada una averiguación y si se surten o no los supuestos para el ejercicio de la acción penal, es de la competencia exclusiva del Ministerio Público, por así consignarlo el artículo 21 de la Constitución Federal, lo que implica que dentro del patrimonio jurídico del particular no se encuentra la atribución relativa a decidir si los elementos de convicción que obran en la averiguación previa son suficientes o no para ejercitar la citada acción, ya que aceptar lo contrario equivaldría a violentar el mandato supremo contenido en el invocado precepto de nuestra Carta Magna, lo cual es jurídicamente inadmisible, pues aun cuando en el párrafo cuarto del mismo, adicionado por decreto del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se estableció la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, tal derecho sólo se actualiza cuando el Ministerio Público ha emitido ya una determinación en el anotado sentido, hipótesis que no se surte cuando lo combatido es la omisión en resolver sobre el ejercicio o inejercicio de la acción penal, pues dicho proceder, si bien se relaciona de manera indirecta con la reparación del daño, sin embargo, no está específicamente encuadrado dentro de los aludidos supuestos que prevén los artículos 21 de la Constitución Federal y 10 de la Ley de Amparo, de ahí que, al no existir al efecto un derecho tutelado en favor del gobernado, tampoco se surte el interés jurídico del mismo para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, circunstancia que actualiza al respecto la causa de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Ejecutoria del amparo en revisión 98/97, promovido por Artemio Neri Mora, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito:

"TERCERO. Son infundados los agravios hechos valer.

"Es cierto, como lo refiere el recurrente, que de su demanda de garantías se aprecia que la promovió a fin de que mediante la concesión del amparo solicitado la autoridad responsable se viera forzada a dictar un proveído en las diligencias de la averiguación previa número 294/96 y determinara si consignaba o no tales diligencias; también lo es que, tal como está planteado, el caso no se refiere a una negativa al ejercicio de la acción penal o a un desistimiento de la misma. Sin embargo, debe convenirse con el Juez de Distrito a quo en cuanto a que es improcedente la acción intentada, porque el mismo sentido de afectación que tienen los actos del Ministerio Público en el sentido de ejercitar o no la acción penal o de desistir de la misma, lo tiene la falta de dictado de un acuerdo que determine si es legal consignar, o en su caso archivar, las diligencias de averiguación previa; para demostrar lo anterior basta considerar que en caso de que se acordara su consignación y, por ende, el ejercicio de la acción penal, el amparo resultaría improcedente y lo mismo sucedería en el supuesto de que se determinara el no ejercicio de la acción penal y el consiguiente archivo de las diligencias, todo ello al tenor de las tesis invocadas por el Juez de Distrito. Cabe añadir que el hecho de que el agente del Ministerio Público no acuerde la consignación o el archivo de las diligencias correspondientes, ningún perjuicio le ocasiona al ahora recurrente, porque la circunstancia de haber acreditado que rindió declaración ante el Ministerio Público sobre ciertos hechos respecto de los cuales formuló querella Ignacio Eugenio Elvira, no deriva derecho consagrado por norma legal alguna, para exigir que el referido agente resuelva y determine la suerte que han de correr las multicitadas diligencias de averiguación previa; máxime si tiene en cuenta que la actuación de éste no se rige por el artículo 17 constitucional que categóricamente se refiere a los órganos del Estado conceptuados como tribunales, calidad de la cual carecen los agentes del Ministerio Público, como es el señalado como responsable."

La anterior ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito:

"AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA LA FALTA DE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN AVERIGUACIÓN PREVIA QUE DETERMINE EL EJERCICIO O NO DE LA ACCIÓN PENAL. El juicio de garantías en que el acto reclamado se hace consistir en la omisión del Ministerio Público de resolver el ejercicio o no de la acción penal es improcedente, habida cuenta de que la abstención de tal determinación por el órgano ministerial, ningún perjuicio ocasiona al quejoso, en virtud de que por ahora no existe disposición legal secundaria que consagre en su favor, el interés jurídico para exigir que el representante social resuelva y determine las consecuencias jurídicas de las averiguaciones de los ilícitos que son de su conocimiento."

TERCERO. En primer lugar debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable determinar cuál es el que debe prevalecer.

Para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.

En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y

c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicción de criterios.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito sostuvo que el juicio de amparo sí es procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse definitivamente respecto al ejercicio o inejercicio de la acción penal.

El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por su parte, sostuvieron que el juicio de amparo es improcedente en contra de la abstención del Ministerio Público de resolver si ejercita o no la acción penal.

Así las cosas, esta Primera Sala considera que sí existe la contradicción de tesis denunciada, por las siguientes razones:

a) Los tres Tribunales Colegiados mencionados examinaron si es procedente el juicio de amparo en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre si ejercita o no la acción penal;

b) Los tres Tribunales Colegiados adoptaron posiciones o criterios jurídicos discrepantes: Uno consideró que sí procede el juicio de amparo y los otros dos que no;

c) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y razonamientos de las sentencias respectivas, y

d) Los diferentes criterios provienen del examen de los mismos elementos, dado que los tres Tribunales Colegiados sostuvieron su criterio interpretando el artículo 21 constitucional.

CUARTO. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resolución, en atención a los siguientes razonamientos.

Hasta antes del primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, las resoluciones del Ministerio Público de no ejercicio o desistimiento de la acción penal eran inimpugnables.

La referida situación se vio modificada con la reforma al artículo 21 constitucional, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que entró en vigor al día siguiente, es decir, el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco.

El referido decreto, en lo conducente, dispone:

"Artículo 21. ...

"...

"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.

"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

"La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema de seguridad pública.

"Transitorios:

"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos octavo y noveno siguientes.

"...

"Octavo. Las reformas al artículo 105, entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la ley reglamentaria correspondiente.

"Noveno. Los procesos a que aluden los artículos que se reforman, iniciados con anterioridad continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes al entrar en vigor el presente decreto.

"Las reformas a la fracción XVI del artículo 107, entrarán en vigor en la misma fecha en que entren en vigor las reformas a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

"...

"Décimo primero. En tanto se expidan las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos generales a que se refieren los preceptos constitucionales que se reforman por el presente decreto, seguirán aplicándose los vigentes al entrar en vigor las reformas, en lo que no se opongan a éstas. ..."

De la anterior transcripción se desprende que la reforma al artículo 21 de la Constitución General de la República, en la parte que interesa, párrafo cuarto, estableció la posibilidad, antes no existente, de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, sin que sea óbice que a la fecha no se haya establecido en las leyes ordinarias la vía jurisdiccional para impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, toda vez que este Alto Tribunal ya se ha pronunciado en otras ocasiones sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, para hacer efectiva la garantía de seguridad jurídica consignada en el citado artículo 21 constitucional, razón por la cual este presupuesto se da por sentado y sirve de apoyo para el criterio que se propone en este proyecto, como se verá más adelante.

Al respecto, resultan aplicables la siguiente tesis jurisprudencial y tesis aislada, sostenidas por el Tribunal Pleno:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, diciembre de 2000

"Tesis: P./J. 128/2000

"Página: 5

"ACCIÓN PENAL. EL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO CUARTO, CONSTITUCIONAL, SE ERIGE EN GARANTÍA DEL DERECHO DE IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA. En la iniciativa presidencial que dio origen a la reforma al artículo 21 constitucional, que entró en vigor el 1o. de enero de 1995, se reconoció la necesidad de someter al control jurisdiccional las resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección misma de la sociedad, evitando que algún delito quede, injustificadamente, sin persecución. Del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7131-ed42f75e/accion-penal-es-procedente-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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