PACTO COMISORIO EXPRESO. OPERA DE PLENO DERECHO, SIN QUE SEA NECESARIO QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DETERMINE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/99-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el quince de abril de mil novecientos noventa y nueve el amparo directo número 903/98, promovido por Irma López Pesquera, en lo que al caso interesa sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.-Son esencialmente fundados los anteriores conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo para el efecto que se precisará.-La actora en el juicio de origen, ahora quejosa, demandó como prestación principal de Álvaro Corral González, tercero perjudicado en este amparo, la devolución del inmueble materia de la operación celebrada entre ambos, según el contrato denominado de ‘promesa de vender y comprar’ de nueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho; tal demanda la sustentó, fundamentalmente, en que como el demandado había incumplido respecto del pago de las cantidades a que se comprometió, entonces, de acuerdo a la cláusula tercera del contrato, operó la rescisión en términos de la cláusula séptima, por lo cual quedó facultada para disponer del terreno en cuestión, y que de ello derivaba su reclamo sobre la devolución del mismo.-En su contestación de demanda, el ahora tercero perjudicado adujo, particularmente, que si no cubrió la totalidad del precio pactado se debió al incumplimiento en que a su vez incurrió la parte actora, en virtud de que no llevó a cabo la terminación de las obras de urbanización a que se comprometió en la cláusula sexta del contrato relativo.-El Magistrado señalado como autoridad responsable estimó que la devolución pretendida por la parte actora resultaba improcedente, en virtud de que aun cuando operó la rescisión, sin embargo, su contraparte demostró el incumplimiento de aquélla, en cuanto a las obras de urbanización a que se hizo alusión en el contrato relativo, mediante los testimonios de Amparo López Pineda y de Ma. Eugenia Anaya Ramírez.-Pues bien, como correctamente lo sostiene la ahora peticionaria del amparo, esa testimonial no puede tener la trascendencia probatoria para los fines con que se ofreció por la parte demandada, ahora tercera perjudicada, ya que por la circunstancia de que Amparo López Pineda hubiera expresado al contestar la primera pregunta que también tenía problemas con la actora respecto a los terrenos, ello evidencia la parcialidad de su dicho en términos de la fracción IV del artículo 220 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en tanto que Ma. Eugenia Anaya Ramírez, si bien manifestó que la demandante se comprometió a poner todos los servicios ‘... y no puso nada porque las banquetas los vecinos las pusimos ...’ y que no cumplió con lo que prometió, porque no estaba pavimentado en algunas calles; sin embargo, atendiendo igualmente a lo que se aduce en los conceptos de inconformidad constitucional, se tiene que esas expresiones tan ambiguas e imprecisas de la testigo, no podían generar total certidumbre respecto al incumplimiento atribuido a la ahora quejosa, en términos de la fracción VI del referido artículo 220 de tal ordenamiento legal, ya que con relación a la colocación de banquetas refirió de manera imprecisa que fueron los vecinos quienes lo hicieron, pero sin especificar los datos correspondientes, como la fecha en que iniciaron y terminaron los trabajos, la forma de organización para ese efecto, entre lo cual se encontraba, entre otros puntos, el de las cantidades erogadas, para que así pudiera partirse de factores objetivos que dieran respaldo a la afirmación de la testigo de que se trata, siendo además que en cuanto a la pavimentación sólo acertó a decir que algunas calles no contaban con ese servicio, pero sin señalar cuáles se encontraban en tales condiciones. De modo, entonces, que la circunstancia que afecta el dicho de la primera de las mencionadas testigos, y las peculiaridades que derivan del de la segunda de ellas, no podían engendrar la eficacia probatoria que el ad quem les confirió en la sentencia constitutiva del acto reclamado; con mayor razón que por tratarse de cuestiones inherentes a la falta de servicios que el demandado, ahora tercero perjudicado, atribuyó a la actora, eran de percibirse a través de otros medios de convicción, tales como la prueba de inspección y, en su caso, de la pericial a que se refiere la ahora solicitante del amparo en sus conceptos de violación, pues tanto a través de la percepción por los sentidos, como mediante conocimientos técnicos, se habría estado en posibilidad de conocer si existió el incumplimiento materia de la contestación de demanda y así, como se tiene puntualizado, que la testimonial aportada por el demandado de manera alguna podía ser suficiente para demostrar la citada cuestión.-Por otro lado, si el juicio de origen versó sobre la devolución del bien materia del contrato celebrado entre las partes, sustentándose la actora, para ello, en el pacto comisorio contenido en la cláusula séptima, que es del siguiente contenido: ‘Séptima. La promitente compradora conviene en que si dejare de cubrir las cantidades que se obliga a pagar en la cláusula tercera, por tres meses o más, o porque deje de cumplir con lo que se obliga en la cláusula quinta, ello dará lugar a la rescisión del contrato. La rescisión operará por simple transcurso del tiempo antes mencionado, sin notificación a la parte compradora y sin necesidad de juicio, quedando la parte promitente vendedora, facultada para disponer desde luego del terreno materia de este contrato. En este caso se observará lo que dispone la cláusula octava.’. De ello se sigue, tal como se argumenta en los conceptos de inconformidad constitucional, que dicho pacto celebrado entre los contratantes no se vio condicionado a un incumplimiento de la parte vendedora, ya que los únicos factores de rescisión fueron el incumplimiento del comprador sobre el pago de las cantidades y de las obligaciones consignadas en las cláusulas tercera y quinta del contrato; de manera que la autoridad responsable sostuvo incorrectamente que para estar en posibilidad de que se cumpliera el pacto comisorio expreso, era necesario que la actora, ahora quejosa, al arrojarle la carga de la prueba, acreditara que cumplió con las obligaciones que le atañían -mismas que se señalaron en la cláusula sexta-, cuando que ese aspecto resultaba ajeno al referido pacto.-En abundancia de consideraciones, es de establecerse que si los contratantes desvincularon del pacto comisorio expreso cualquier incumplimiento de la vendedora, ello significa que el ad quem no tenía por qué arrojar de esa manera la carga probatoria a la vendedora actora, pues en suma, tal apreciación llegó al grado de hacer nugatorio el principio de autonomía privada, que consiste en el poder de autodeterminación de la persona para la creación, modificación y extinción de relaciones jurídicas, el cual se contempla en los artículos 1279, 1283 y 1327 del Código Civil del Estado, ya que al concretarse en el negocio jurídico contenido en el mencionado contrato, se tiene que si los contratantes convinieron la creación del pacto comisorio, bajo las vertientes de la cláusula en comento, tuvo entonces trascendencia obligatoria y personal en la forma que voluntariamente establecieron. Luego, se considera de relevancia jurídica lo que se expone en los conceptos de violación, acerca de que conforme a la regla contenida en el artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al demandado correspondía demostrar sus excepciones, pues en virtud de que no reconvino sobre el incumplimiento de contrato por parte de su demandante, ahora peticionaria del amparo, por ende, no existía razón jurídica para que a ésta se le arrojara la carga de la prueba del incumplimiento manifestado en la contestación de demanda, ya que si no se accionó en su contra en la forma señalada, no le correspondía demostrar ese extremo, sino los elementos de su acción, ceñidos al pacto comisorio expreso estipulado en la referida cláusula séptima del contrato.-En tales circunstancias, como las anteriores consideraciones demuestran que con relación a los aspectos estudiados en el fallo combatido fueron jurídicamente incorrectas, lo cual implica una afectación a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que se impone es conceder a la quejosa el amparo solicitado, para el efecto de que el Magistrado de mérito deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronuncie otra, en la cual, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, por una parte, establezca que la parte demandada, tercera perjudicada en el particular, no demostró la excepción que opuso, consistente en el incumplimiento que atribuyó a la actora y, por otra, prescinda de las estimaciones concernientes a la carga de la prueba sobre tal incumplimiento en cuanto a la propia actora, por lo que deberá abordar el asunto sometido a su jurisdicción en todos sus términos, quedando en plenitud de jurisdicción para resolver lo procedente, pues como en la contestación de demanda existieron otras excepciones y defensas opuestas por el demandado, es por ello que, como se establece, deberá reasumir jurisdicción al pronunciar el nuevo fallo.-La anterior determinación implica que este Tribunal Colegiado no haga consideración alguna sobre las cuestiones a que se refiere la quejosa en sus conceptos de violación y que se relacionan con el fondo de la contienda de origen, porque serán cuestiones que deberá resolver la autoridad responsable al cumplimentar esta sentencia."
SEXTO.-Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve el amparo directo número 155/99, interpuesto por Irma López Pesquera, se apoyó en las consideraciones que a continuación se transcriben:
"... De los conceptos de violación expresados por la quejosa, el primero y segundo de ellos son infundados, en tanto que el tercero de ellos es inoperante.-En efecto, la quejosa a través de su apoderado legal argumenta, en lo sustancial, que la Sala Civil vulneró en detrimento de sus derechos los artículos 14 y 16 constitucionales, al declarar que el pacto comisorio expreso no se encuentra previsto en la legislación civil del Estado, ya que la terminación de un contrato por rescisión siempre debe ser declarada en una resolución judicial, en atención a lo dispuesto por los artículos 1437, 1350 y 1352 del citado ordenamiento, por lo cual, la cláusula en que se estableció dicho pacto se tiene por no puesta, de ahí que el agravio relativo sea infundado; determinación que en concepto del impetrante del amparo es ilegal, pues la responsable confunde rescisión con terminación, ya que contrariamente a lo aseverado por la Sala Civil, los numerales 1283, 1319, 1327, 1348 y 1349 del estatuto privado en comento, el pacto comisorio expreso sí se encuentra receptado por dicho cuerpo legal, pues dichos preceptos reconocen que los contratos pueden terminar por voluntad de las partes cuando acuerdan la manera de resolverlo; por ello, si en la especie se estipuló en la cláusula séptima del título presentado por la actora, que por la falta de pago de tres mensualidades operaría la rescisión del mismo, sin necesidad de notificar al comprador o acudir a la autoridad jurisdiccional, tal acuerdo es suficiente para que procediera tal forma de resolución de los contratos, toda vez que la ley civil sólo debe aplicarse de manera supletoria a la voluntad de las partes, por lo que ha de estarse a lo pactado, y ante el incumplimiento de la adquirente, es inconcuso que se actualizó la rescisión y, por ende, la acción reconvencional es procedente.-La anterior inconformidad resulta infundada.-Es verdad que el artículo 1349, fracción III, del Código Civil del Estado, permite que las partes estipulen las formas en que se resolverán los contratos, entre ellas, la rescisión; empero, el sentido en que la Sala Civil vertió sus consideraciones es correcto, ya que aun y cuando los contratantes hubiesen convenido que ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del acuerdo de voluntades, éste se rescindiría, lo cierto es que en nuestro sistema jurídico no existe la terminación de los contratos de pleno derecho, sino que siempre que quien incumplió no quiera aceptar la rescisión, como ocurrió en la especie, es necesario acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar las consecuencias de dicho incumplimiento; por ello, debe entenderse que aun y cuando se pacte que aquella rescisión opera sin necesidad de acudir ante los tribunales, la parte que no cumple con el compromiso no puede ser obligada unilateralmente, ya que ante la resistencia de alguno de los contratantes, sin excepción alguna, son los órganos judiciales los que se encuentran facultados para dirimir de manera vinculativa los conflictos que surjan entre las partes; admitir lo contrario conllevaría a la inaceptable conclusión de que los gobernados se encuentran dotados de atribuciones para hacerse justicia por sí mismos.-En otro orden de ideas, la peticionaria de la tutela constitucional expone en el segundo motivo de disenso, sustancialmente, que la autoridad responsable conculcó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, al determinar que la posesión que Victoria Rubio de González ejerció sobre el lote de terreno en conflicto era apta para prescribirlo en su favor; consideración que a juicio de la disidente es ilegal, toda vez que según se advierte de la cláusula cuarta del multicitado contrato de compraventa, la posesión que recibió la ahora tercero perjudicada fue únicamente en calidad de depositaria del inmueble, de lo que se colige que la compraventa en cuestión fue celebrada bajo la modalidad de reserva de dominio, contrariamente a lo aseverado por el Magistrado civil; en ese entendido, dicho poder de hecho no es apto para prescribir, pues no se desplegó con el carácter de dueño, por lo cual no reúne los extremos exigidos por la ley para que proceda la prescripción positiva en beneficio de la actora original. Cita en apoyo de sus razonamientos las tesis de rubros: ‘COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO, CARÁCTER DE LA POSESIÓN DEL COMPRADOR.’ y ‘NATURALEZA DEL CONTRATO. COMPRAVENTA SUJETA A DIVERSAS OBLIGACIONES.’.-El anterior concepto de violación resulta infundado.-Asiste la razón a la Sala Civil al considerar que el contrato celebrado entre la ahora quejosa y la tercero perjudicada, fue en realidad una compraventa pura y simple, sin importar que se le haya denominado como promesa de venta, ya que desde el momento en que las partes se pusieron de acuerdo sobre precio y cosa, la compraventa fue perfecta conforme lo establece el artículo 1742 del Código Civil del Estado y, por ende, operó la transmisión del dominio, pues del texto del instrumento en el que se consignó el citado acto jurídico, no se desprende que la vendedora se haya reservado el dominio del bien inmueble objeto del convenio, pues para considerarlo así, era indispensable que tal condición se estipulara expresamente, sin que pueda entenderse que así se hizo al mencionarse en el multirreferido contrato que la compradora recibía el inmueble como depositaria del mismo, pues tal figura es incompatible con un contrato traslativo de dominio, como el que la actora original y la quejosa celebraron, ya que en atención a dicha naturaleza jurídica el adquirente recibe la cosa como propietario de la misma, pero sujeto a la condición de que primero pague. En ese entendido, es inconcuso que Victoria Rubio de González ejerció sobre el predio motivo de la presente causa una posesión civil, es decir, a título de dueño, por lo que resulta apta para prescribirlo en su beneficio, como acertadamente lo consideró la Sala Civil. Ello, independientemente de que no hubiera pagado la totalidad del precio y que pudiera haber incurrido en causa rescisoria, pues para los efectos legales de la posesión que se adquiere a título de dueño y que es la generadora de la prescripción, ello no importa.-Por lo que concierne a las tesis de los rubros: ‘COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO, CARÁCTER DE LA POSESIÓN DEL COMPRADOR.’ y ‘NATURALEZA DEL CONTRATO. COMPRAVENTA SUJETA A DIVERSAS OBLIGACIONES.’, invocadas por la peticionaria del amparo, debe señalarse que las mismas resultan inaplicables al caso concreto, en atención a que como antes se dijo, la compraventa celebrada entre Irma López Pesquera y Victoria Rubio de González fue pura y simple y no con reserva de dominio, como lo pretende la primera de ellas.-Por otra parte, la quejosa manifiesta en el tercer concepto de violación, en esencia, que contrariamente a lo considerado por la Sala responsable, la acción de prescripción positiva era improcedente, toda vez que la que debió incoar la actora original, era la acción proforma, pues según aseveró aquélla en su demanda, había cubierto cabalmente el precio pactado, y en ese entendido, le correspondía demandar el otorgamiento de la escritura pública, pero de ninguna manera la acción prescriptiva que intentó. Invoca en sustento de sus consideraciones las tesis de los rubros: ‘COMPRAVENTA. ACCIÓN PARA EXIGIR EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE.’ y ‘PRESCRIPCIÓN POSITIVA, EN TÉRMINOS GENERALES UN CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO POR LOS INTERESADOS NO ES APTO PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN.’.-Las anteriores argumentaciones resultan inoperantes.-Ciertamente, las razones que llevaron al Magistrado responsable a declarar infundado el tercero de los agravios que planteara ante aquélla la ahora quejosa, esgrimiendo que la acción procedente era la proforma y no la prescriptiva, fueron, primero, que no era posible vedar a las personas el ejercicio de alguna acción, las que se encontraban a su libre disposición y, segundo, porque las argumentaciones expuestas en ese agravio eran contrarias al resto de las manifestaciones vertidas por la apelante, tanto en su contestación de demanda como en su escrito de apelación, pues, por un lado, pretendía la rescisión del contrato de compraventa celebrado con Victoria Rubio de González, por virtud de que había operado el pacto comisorio expreso previsto en el referido contrato y, por otro, asevera que debió ejercitarse la acción proforma, la que sólo procede cuando el acto jurídico es válido; de tal forma, si la inconforme no endereza argumento alguno en contra de la segunda de las razones por las que la Sala Civil consideró infundado el agravio en comento, es inconcuso que sus inconformidades son insuficientes para combatir adecuadamente este aspecto del fallo reclamado, ya que en todo caso debió expresar los razonamientos lógico-jurídicos tendientes a demostrar que las consideraciones en que fundó sus agravios no eran contradictorias; por ello, al no haberlo hecho así, ese apartado de la resolución queda firme y es suficiente para sustentar la determinación que sobre el particular emitió la Sala Civil; de ahí que deba declararse inoperante el motivo de disenso en comento.-En tratándose de las tesis invocadas por la peticionaria de la protección constitucional, mismas que son de los rubros: ‘COMPRAVENTA. ACCIÓN PARA EXIGIR EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA DE.’ y ‘PRESCRIPCIÓN POSITIVA, EN TÉRMINOS GENERALES UN CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO POR LOS INTERESADOS NO ES APTO PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN.’, es de destacarse que las mismas fueron citadas por la quejosa en apoyo de las consideraciones que expuso, en el sentido de que la acción que la actora original tenía que intentar era la de otorgamiento de escritura y no la de prescripción adquisitiva, pero tales criterios judiciales no son aptos para desvirtuar los razonamientos conforme a los cuales la autoridad responsable resolvió que los argumentos esgrimidos en el tercer agravio eran contrarios al resto de éstos, los que como antes se manifestó no fueron controvertidos por la quejosa.-En consecuencia, ante lo insuficiente, infundado e inoperante de los conceptos de violación insertos, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada."
SÉPTIMO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose de la figura de contradicción de tesis, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio prevalecerá, debe existir oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión y se adopten criterios discrepantes; que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas; y que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En esencia, para que exista contradicción de tesis se requiere que un tribunal niegue lo que otro afirme respecto de un mismo tema.
Apoya lo anterior, el criterio de la anterior Cuarta Sala de este Alto Tribunal, que esta Primera Sala comparte, contenido en la tesis de jurisprudencia, que dice:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso."
Igualmente es aplicable la tesis de jurisprudencia de la anterior Tercera Sala, cuyo criterio esta Primera Sala también comparte, que dice:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 72, diciembre de 1993
"Tesis: 3a./J. 38/93
"Página: 45
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción.
"Contradicción de tesis 21/89. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito; Segundo y Tercero, por una parte, y Quinto por la otra, al resolver los amparos directos números 3027/88, 1078/89 y 3045/89, respectivamente. 12 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz.
"Contradicción de tesis 38/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 4 de marzo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Contradicción de tesis 43/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Amado López Morales.
"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.
"Contradicción de tesis 7/93. Entre las sustentadas por el Primero y Tercero Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de noviembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García.
"Tesis jurisprudencial 38/93. Aprobada por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros, presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García."
Asimismo es aplicable la tesis aislada de la anterior Tercera Sala, que dice:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XI, febrero de 1993
"Tesis: 3a. XIII/93
"Página: 7
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Los artículos 107 fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee.
"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres."
OCTAVO.-Establecido lo anterior, debe emprenderse el examen de si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el quince de abril de mil novecientos noventa y nueve el amparo directo número 903/98, promovido por Irma López Pesquera, declaró, por una parte, la licitud del pacto comisorio celebrado por la quejosa y el tercero perjudicado en el contrato denominado "de promesa de vender y comprar" otorgado el nueve de febrero de mil novecientos setenta y ocho y, por la otra, la eficacia resolutoria de pleno derecho del referido contrato como consecuencia del ejercicio potestativo de la facultad de su resolución de pleno derecho por incumplimiento de las obligaciones esenciales de la parte compradora.
En los razonamientos de la ejecutoria en mención, el Tribunal Colegiado señaló, en síntesis, que la Sala Civil responsable actuó incorrectamente al considerar que no obstante haber operado la rescisión del contrato por efectos de la aplicación de la cláusula séptima del mismo, que contenía las estipulaciones del pacto comisorio, mismas que quedaron expresamente limitadas a la procedencia de la rescisión por falta de pago del precio del inmueble materia del contrato de "promesa de vender y comprar" antes relacionado, la propia responsable atendió a la excepción de contrato no cumplido opuesta por el demandado ante el Juez natural, lo cual significó un desconocimiento de la autonomía de la voluntad de las partes, fundada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7203-2418d292/pacto-comisorio-expreso-opera-de-pleno-derecho-sin · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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