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Modo: Corpus Pro

RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 192/2001. · Registro digital (IUS): 7256
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SEGUROS DEL POTOSÍ, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, , Pág. 1032.

AMPARO EN REVISIÓN 192/2001. SEGUROS DEL POTOSÍ, S.A.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Son infundados los agravios.

En efecto, contrariamente a lo que alega el recurrente, y como correctamente lo estimó la a quo, los requisitos que exige la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para conceder la suspensión del acto reclamado, no son mayores que los requeridos por la Ley de Amparo para el mismo efecto y, por lo tanto, sí es necesario que previamente a la promoción del juicio de amparo, el aludido quejoso agotara el recurso de revisión, medio de defensa ordinario previsto en el artículo 99 de la citada ley.

Conforme al artículo 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de la misma ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que se mantengan las cosas en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien, las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal. Empero, en opinión de este Primer Tribunal Colegiado la expresión "con la sola presentación de la demanda", no implica que sin formar expediente y sin haberse admitido la demanda tenga que concederse la suspensión, ya que para ese efecto es necesario un examen preliminar de la procedencia del juicio de amparo, revisión de la demanda, para en su caso ordenar hacer alguna aclaración o prevención por falta de copias o alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la propia ley; todo ello, constituye formalidades necesarias e indispensables previas para acordar sobre la suspensión, sobre la cual nada podría decidirse sin la admisión previa de la demanda de amparo, máxime que será en el propio acuerdo en que se determine respecto de qué autoridades responsables y actos reclamados sea admitida la demanda y otorgada la suspensión, disponiendo la formación simultánea del incidente de suspensión. Por lo tanto, al establecer el artículo 101, fracción I, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, como requisito para obtener la suspensión, que el recurso haya sido admitido, no constituye un requisito adicional a los que alude el diverso 124 de la Ley de Amparo, pues aun cuando éste no exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado en términos de lo dispuesto en el diverso 145, a atender, previamente a cualquier otra cuestión, a la procedencia del juicio y después a la medida suspensional, ya que podría desecharla de plano conforme a la ley, sin acordar sobre la suspensión. En este sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 18/2000-SS, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitiendo la jurisprudencia 2a./J. 82/2000, que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 49, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado.".

El artículo 101 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, previene: "Artículo 101. La interposición del recurso de revisión suspenderá la resolución impugnada. La suspensión sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos: I. Que la solicite el recurrente; II. Que el recurso haya sido admitido; III. Que de otorgarse no implique la continuación de actos u omisiones que ocasionen infracciones a esta ley; IV. Que no afecten intereses de terceros en términos de esta ley, salvo que se garanticen éstos en el monto que fije la Comisión Nacional, y V. Que se acompañe el documento que acredite el otorgamiento de una garantía por el monto equivalente a lo reclamado.".

Como se puede advertir, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros no exige el otorgamiento de garantías mayores a las previstas en la Ley de Amparo, pues esta ley en el artículo 125, dispone que en los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y que, cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Por lo tanto, al determinar la fracción IV de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, como requisito para otorgar la suspensión, que se garanticen los intereses de terceros en el monto que fije la comisión nacional, no es un requisito mayor al señalado en la Ley de Amparo.

Por otra parte, si bien el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, como en el caso, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional, como lo consideró la Juez a quo en la sentencia que se revisa.

Al caso es aplicable la tesis sustentada por este Primer Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 520, que dice: "VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN, CUÁNDO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS.-Este Tribunal Colegiado estima que puede promoverse en forma inmediata el juicio de garantías, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, pero solamente cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se hacen valer al mismo tiempo en la demanda de garantías, violaciones directas e indirectas a la Carta Magna. Lo anterior, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de garantías, habida cuenta de que el agraviado sólo puede atacar adecuadamente la resolución respectiva ante el Juez de amparo, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa al Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de garantías, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no pueda analizar las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar el proveído recurrido, porque de todas maneras al fallarse el recurso, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución. Sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que consagra el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir alguna o algunas violaciones directas a la Constitución, para hacer procedente el juicio de garantías obligando a la autoridad judicial que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas.".

En otro orden de ideas, la circunstancia de que la Juez a quo considerara que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, no es obstáculo para confirmar el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo.

En este orden de ideas, es de concluir en que debe confirmarse la sentencia que se revisa.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Seguros del Potosí, S.A., por conducto de su apoderado Francisco Daniel Rivera Escoto, en contra de la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria y que aquí se dan por reproducidos.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia, y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Carlos L. Chowell Zepeda, Enrique Arizpe Narro y F. Guillermo Baltazar Alvear, lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7256-9cec869c/recursos-ordinarios-casos-en-los-que-deben-agotarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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