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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO. EL COPROPIETARIO ESTÁ LEGITIMADO PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO Y PARA EJERCITAR LA ACCIÓN RESCISORIA CORRESPONDIENTE, SIN LA CONCURRENCIA DE LOS DEMÁS COPROPIETARIOS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7334
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 44.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Asimismo, para la existencia de un conflicto de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben actualizarse necesariamente los siguientes supuestos:

1. Que sean examinadas cuestiones jurídicas esencialmente idénticas y se adopten posiciones o criterios jurídicos totalmente discrepantes;

2. Que la diferencia se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo asentado se robustece con las tesis que a continuación se transcriben:

Tesis de jurisprudencia.

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y actualmente Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

Tesis aislada.

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI-Febrero

"Tesis: 3a. XIII/93

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.

"Véase: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 44, tesis 3a./J. 37/93, de rubro ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JURÍDICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCIÓN ALGUNA.’."

También es prudente resaltar, que la resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias, de conformidad con la tesis que a continuación se transcribe:

Tesis de jurisprudencia.

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XI, febrero de 1993

"Tesis: 3a. XIV/93

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA.-El artículo 197-A de la Ley de Amparo dispone que ‘Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ... La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.’. La fracción VIII, último párrafo y la fracción IX del artículo 107 constitucional, establecen como regla general la inimpugnabilidad de las resoluciones que en materia de amparo pronuncien los Tribunales Colegiados y, como caso de excepción, en los supuestos que la propia Constitución y la ley relativa establecen. Consecuentemente, la contradicción de tesis no constituye un recurso de aclaración de sentencia ni de revisión, sino una forma o sistema de integración de jurisprudencia, cuya finalidad es preservar la unidad de interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional, decidiendo los criterios que deben prevalecer cuando existe oposición entre los que sustenten los mencionados órganos jurisdiccionales en torno a un mismo problema legal, sin que se afecten las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen emitido dichos criterios.

"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.

"Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1a./J. 47/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, pág. 241, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU NATURALEZA JURÍDICA.’."

QUINTO.-En el caso específico, esta Primera Sala sostiene que sí se cumplen los requisitos mencionados en el considerando que antecede, lo que conduce a determinar que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en México, Distrito Federal.

Para llegar a la anterior determinación, conviene destacar el sentido de los razonamientos jurídicos sustentados por ambos órganos jurisdiccionales federales, dentro de las resoluciones que dieron origen a los criterios que se estima se contraponen.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, resolvió por mayoría de votos, el cuatro de abril de dos mil, el amparo directo 51/2000-I, promovido por Vicente Guerrero Aldama, sustentando las consideraciones que a continuación se transcriben:

"QUINTO.-Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa.-En efecto, del análisis a las constancias que integran el presente juicio de garantías, este Tribunal Colegiado advierte que la resolución dictada por la Sala responsable dentro del toca civil número 259/99, es violatoria a las garantías individuales que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales.-Se afirma lo anterior, toda vez que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, al resolver el recurso de apelación correspondiente, hizo una inexacta aplicación de los dispositivos legales mediante los cuales fundamenta su resolución; ello, si se toma en cuenta que lo alegado por el quejoso ante la responsable era la falta de legitimación procesal del actor para demandar en juicio la terminación del contrato de arrendamiento, celebrado respecto del local comercial ‘W’ dentro del centro comercial Constitución, ubicado en avenida Constitución número 720, zona central de la ciudad de Tijuana, Baja California, manifestando, entre otras cosas, que no le unía una relación contractual con el actor Fernando Ocaranza Rodríguez, ya que no había celebrado contrato de arrendamiento con dicha persona en lo personal, sino que, como se establece en la segunda declaración del contrato de referencia, la arrendadora es la copropiedad formada por las personas que se mencionan en la referida cláusula, la que fue representada legalmente por Fernando T. Ocaranza Rodríguez, que por tal circunstancia no se encontraba debidamente legitimado para promover por su propio derecho la jurisdicción voluntaria número 934/97, así como el juicio sumario 1392/97; alegato que al ser expuesto ante la Sala responsable fue desestimado, al considerar en forma incorrecta que al advertirse que Fernando Ocaranza Rodríguez es copropietario respecto del bien que fue otorgado en arrendamiento al hoy quejoso, esto es, en los términos del contrato que obra a foja 8 a la 11 del expediente natural, bastaba con que él, aun actuando por derecho propio y no como representante de los diversos copropietarios, haya promovido la interpelación judicial en los términos del artículo 2352 del Código Civil del Estado para que surtiera efectos legales, aduciendo que no se requiere que sea la totalidad de los copropietarios quienes promuevan dicho juicio, sino que la finalidad de este procedimiento se cumple con lo que promueva uno de ellos, aun por derecho propio, fundando su determinación en el artículo 926 del Código Civil y en una tesis aislada y una jurisprudencia, ambas de Tribunal Colegiado.-La anterior determinación resulta contraria a lo dispuesto por los artículos 931, 933 y 934 de la ley sustantiva civil en el Estado, ya que el numeral 934 antes mencionado, establece: ‘Para la administración de la cosa común, serán obligatorios todos los acuerdos de la mayoría de los partícipes.’. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el contrato de arrendamiento celebrado por todos los copropietarios por conducto de su apoderado Fernando T. Ocaranza Rodríguez, en su carácter de arrendadores y, por otra parte el quejoso, en su carácter de arrendatario, respecto del inmueble que se identifica en el contrato de referencia, constituye, por parte de la copropiedad, un acto de administración que tiende a que la cosa común genere utilidades, las cuales en su oportunidad son repartidas en la forma proporcional que a cada copropietario le corresponde y el hecho de que uno solo de los copropietarios, en lo personal y sin contar con el consentimiento de sus demás copropietarios, decida dar por terminado el contrato de arrendamiento, ejercitando por su propio derecho la acción de rescisión correspondiente, afecta de manera directa e inmediata los derechos que tienen todos y cada uno de los demás copropietarios sobre la parte proporcional que les corresponde, al verse éstos restringidos en su derecho a recibir los frutos o utilidades que el bien común genere a través del arrendamiento, por tal razón se exige, de acuerdo al artículo 934 antes citado, el acuerdo de la mayoría de todos los copropietarios cuando se trate de actos de administración de esta naturaleza; sin que tampoco pueda resultar válido, para el caso que nos ocupa, la aplicación del artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual establece que el comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, pues tal precepto opera, siempre y cuando no se afecten los derechos y obligaciones que tiene cada copropietario respecto de la parte que le corresponde del bien común.-Con base en lo anterior, resultan fundados los conceptos de violación expresados por el impetrante de garantías, pues cabe determinar que Fernando T. Ocaranza Rodríguez, carece de legitimación procesal para promover por su propio derecho la jurisdicción voluntaria y el juicio sumario descritos en los apartados anteriores; sin que obste a lo anterior, el hecho de que la Sala responsable haya apoyado su determinación en la jurisprudencia que se denomina: ‘ARRENDAMIENTO. LEGITIMACIÓN DEL COPROPIETARIO PARA RECLAMAR LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE, SIN QUE SE REQUIERA LA CONCURRENCIA DE LOS DEMÁS COPROPIETARIOS A EJERCITAR LA ACCIÓN.’, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, toda vez que este tribunal no comparte dicho criterio, pues además de los razonamientos expuestos con anterioridad, no resulta obligatoria para quien resuelve este juicio de garantías, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.-En las relacionadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Vicente Guerrero Aldama, para que la Sala responsable deje insubsistente el fallo reclamado y dicte uno nuevo en el que con base en esta ejecutoria decrete la improcedencia de la acción por falta de legitimación activa del promovente."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 2833/89, 2748/90, 4033/93, 4743/93 y 1463/94, promovidos por Promet, S.A., Luis Ernesto Gándara Pech, Martha Soto Martínez, Héctor Granados Ordóñez y Salvador Ortiz Castillo, respectivamente, sostuvo la tesis publicada en la página 31 del tomo 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época.

Las consideraciones en que se apoyan las ejecutorias son, respectivamente, en lo conducente las siguientes:

Amparo directo DC. 2833/89. Quejoso: Promet, S.A.

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación que expresa Promet, Sociedad Anónima, por conducto de su representante, los que por estar relacionados se resolverán en este considerando.-Del documento base de la acción de primero de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro (sobre amarillo, foja 62 del expediente de amparo), se acredita que Leticia Gómez Riquer y Teófilo Gómez Gómez, dieron en arrendamiento a Promet, Sociedad Anónima, por el término de un año, la bodega número nueve del predio marcado con el número 846 de la calzada Azcapotzalco-La Villa, colonia Industrial Vallejo de esta ciudad; que de acuerdo con la certificación notarial de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete que aparece plasmada al reverso del contrato de locación que se estudia, consta que por escritura pública número 6921 de veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y siete, Grupo Asesor Tefsa, Sociedad Civil, adquirió por compraventa de Leticia Juana Gómez Riquer el 87.5% de ese inmueble; constando, asimismo, que esa sociedad civil promovió por escrito de veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y ocho diligencias de jurisdicción voluntaria (fojas 4 a 10), con objeto de comunicar a la empresa arrendataria su deseo de dar por terminado el contrato de arrendamiento, a que se ha hecho alusión.-En este orden de ideas, de conformidad con las diversas constancias a que se ha hecho referencia, cabe concluir que la sociedad actora se encuentra debidamente legitimada para promover el juicio natural de terminación de contrato de arrendamiento, ya que al haber obtenido en compraventa una parte de ese inmueble, adquirió la calidad de copropietaria, por lo que, al tener ese carácter, podía no sólo promover las diligencias de jurisdicción voluntaria, sino también el juicio ordinario civil que es materia de impugnación por la vía constitucional, sin que sea un requisito indispensable de procedimiento el que comparezca a juicio acompañada de Teófilo Gómez Gómez, el otro copropietario o que éste otorgue su consentimiento, toda vez que de acuerdo con el artículo 15 del código procesal civil, el comunero puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño; de ahí que si el Juez de los autos estimó que la tercera perjudicada se encontraba debidamente legitimada, y concedió valor probatorio pleno, conforme al artículo 403 del código procesal civil, a las diligencias de jurisdicción voluntaria que tramitó, así como al documento base de la acción, y determinó que el contrato de locación se debía dar por terminado, lo hizo con estricto apego a derecho, ya que, se reitera, la demandante está debidamente legitimada para el ejercicio de la acción de terminación de contrato, sin que en el caso concreto se requiera la concurrencia de los demás copropietarios; siendo aplicable al caso, por analogía, la tesis publicada en la página 73 del Semanario Judicial de la Federación, Suplemento 1956, Tercera Sala, que indica: ‘ARRENDAMIENTO, ACCIONES RELATIVAS AL, EN CASO DE COPROPIEDAD.-Como en la celebración, por los copropietarios, de un contrato de arrendamiento crea entre ellos, frente al arrendatario, una situación de solidaridad, con arreglo a los artículos 1987, 1989 y 1994 del Código Civil y 15 del de Procedimientos Civiles, cualesquiera de los condueños está legitimado para pedir judicialmente la rescisión del contrato, puesto que se trata de una acción relativa a la cosa común.’."

Amparo directo DC. 2748/90. Quejoso: Luis Ernesto Gándara Pech.

"QUINTO.- ... Por lo que atañe al segundo concepto de lesión, en el sentido de que la parte actora del juicio natural carecía de legitimación activa para demandar las prestaciones a que se contrae dicho pleito, por no ser a la fecha de la presentación de su demanda albacea de la sucesión a bienes de Pedro Tarello Mani, ni parte arrendadora, en virtud de la adjudicación efectuada a favor de diversas personas del bien arrendado, debe decirse que el argumento resulta desafortunado porque, en primer lugar, se trata de una prestación de carácter personal la ejercitada a través del juicio de origen, en el que se presenta un documento como base de aquélla, que la actora suscribió como albacea, y con el mismo carácter acciona, pero si esta representación se pone en tela de juicio, no puede afirmarse válidamente que dicha persona careciera de legitimación para demandar las prestaciones respectivas, habida cuenta de que el peticionario de garantías omitió señalar, que independientemente de que es cierta la aplicación del bien, que se desprende de la escritura notarial de cuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro (fojas 23 a 42 del cuaderno de primera instancia), en la cual consta la adjudicación por herencia llevada a cabo por María Martha Tarello Arteaga de Muller, también lo es que ello lo hizo actuando en su carácter de albacea y colegataria de la sucesión testamentaria de Pedro Tarello Mani, de conformidad con las demás colegatarias, Elvira Tarello Arteaga de Amstutz, Maribel Tarello Pérez de Flores Becerra y de ella misma, en su carácter de tutriz de las menores Claudia Leticia y Laura Alejandra Tarello Pérez; además de que en el propio testimonio de la escritura de referencia, aparece la compraventa definitiva del bien arrendado celebrado entre Alo, Sociedad Anónima, como vendedora, y las adjudicatarias mencionadas, conforme al testamento otorgado, en su calidad de compradoras, de donde se deduce el carácter de copropietaria o comunera del multicitado bien dado en arrendamiento por la parte actora del juicio natural, pudiendo por ello demandar válidamente las acciones relativas a la cosa común, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles, y de ahí la inoperancia del concepto de lesión que se hace valer; sin que por otro lado sea cierto que se le debió de haber comunicado el cambio de propietario, porque esto se relaciona sólo con la cuestión del pago de las rentas, cuya falta en la forma alegada, la Sala responsable estimó que no era procedente por estar al corriente en el pago de las mismas y, por ende, no podía ser causa de rescisión, por lo que no tiene relación directa con el concepto en estudio. ..."

Amparo directo DC. 4033/93. Quejosa: Martha Soto Martínez.

"QUINTO.-Carecen de consistencia legal los motivos de queja que se formulan en el capítulo denominado conceptos de violación, por las siguientes razones: Con relación al acuerdo de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y uno, por el que el Juez responsable no tuvo como parte demandada a los señores Elías, Marcos, Carlos y Aarón de apellidos Masri Bazbaz, como a Jesús Plascencia y Castellanos, por no ser parte en el juicio, cabe decir, por un lado, que la peticionaria de garantías no precisa jurídicamente cuál es el perjuicio que le irroga el referido acuerdo, particularmente qué relación guardan las citadas personas con la litis correspondiente, y como consecuencia de lo anterior, es que en el caso particular resulta inatendible el criterio que dice la ahora inconforme sustenta el Máximo Tribunal de Justicia, bajo el rubro: ‘RECONVENCIÓN. DEBE ENDEREZARSE EN CONTRA DEL ACTOR, PERO ES LEGAL A LA VEZ DEMANDAR A PERSONA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’; pero por otro lado, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, conforme a la naturaleza propia del juicio de terminación de contrato de arrendamiento, conforme al artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles, cualquiera de los copropietarios puede deducir la respectiva acción; de tal suerte que si en autos está demostrado que Isidoro Masri Bazbaz tiene el carácter de copropietario respecto del bien inmueble cuya terminación se demanda, carecía de razón mandar a llamar a los demás copropietarios, en atención a que conforme a lo previsto en el aludido artículo 15 de la ley procesal civil, los copropietarios, equiparables a comuneros, cualquiera de ellos puede deducir las acciones relativas a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario o ley especial. En apoyo a lo anterior, se invoca el criterio similar sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo número 2833/89, el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, promovido por Promet, Sociedad Anónima. ..."

Amparo directo civil DC. 4743/93. Quejoso: Héctor Granados Ordoñez.

"V.-Los conceptos de violación que expone el quejoso no le favorecen para que le sea otorgado el amparo y protección que solicita de la Justicia Federal, toda vez que no puede considerarse que la Sala responsable interprete y aplique mal la jurisprudencia de este tribunal federal que se transcribe en el primer considerando del fallo reclamado y que se denomina: ‘ARRENDAMIENTO. PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE DE LA ARRENDADORA. RECONOCIDA TÁCITAMENTE AL CELEBRARSE EL CONTRATO NO PUEDE DESCONOCERSE EN EL JUICIO BASADO EN EL.’, en virtud de que no puede decirse que el inquilino no hubiera aceptado que Ma. del Carmen Maldonado Cárdenas fuera representada por otra persona al celebrarse el contrato base de la acción, porque además de que se puede constatar que el hoy amparista, al dar contestación al hecho segundo de la demanda inicial, aceptó haber firmado dicho acuerdo de voluntades (ver foja 26 del principal), se puede también advertir que nunca demostró que lo hubiera rubricado en blanco y que no se le entregó copia del mismo, ya que mediante auto del día dos de marzo de mil novecientos noventa y tres, el a quo determinó que de las pruebas del arrendatario sólo era de admitirse la confesional a cargo del actor, proveído que incluso fue confirmado por el tribunal responsable, tal como se aprecia en la resolución que obra en el toca de apelación número 1312/93, la que por cierto debe considerarse firme por no combatirse en los motivos de inconformidad que se cuestionan; además de que también se aprecia que el día diecinueve del mes y año antes mencionado, durante el desarrollo de la audiencia de ley, se declaró desierta la confesional aludida, debiendo concluirse en que también el auto antes precisado se mantiene firme por no observarse que hubiera sido recurrido ordinariamente; resultando prudente agregar que de la instrumental de actuaciones no se desprende que sea cierto el argumento cuestionado del inquilino, ya que incluso no hay ninguna presunción a su favor que pudiera desprenderse de ella. Por lo tanto, como él nunca demostró que hubiera firmado en blanco el contrato base de la acción, debe establecerse que aceptó que otra persona firmara ese documento en representación de la arrendadora y por eso no puede estimarse que nunca supo quién firmó ese pacto y que por tal motivo no estuvo en posibilidad de exigir que acreditara su personalidad a quien celebró el contrato a nombre de ella.-Consecuentemente, no tiene ninguna importancia el hecho de que la Sala responsable haya omitido estudiar el agravio consistente en que el desechamiento de las pruebas, instrumental de actuaciones y presuncional, ofrecidas por el solicitante de garantías, no era obstáculo para que se dejaran de valorar, porque según se sostiene, es criterio de la Corte que dichas probanzas debían estudiarse y valorarse, independientemente de que las partes las ofrezcan o no; se considera lo anterior, en virtud de que en todo caso ya ha quedado asentado que dichas probanzas no le resultan favorables al amparista.-Asimismo, no puede aceptarse la manifestación de que resulta inatendible el argumento hecho valer por la responsable, en el sentido de que nadie escucha al que alega su propia torpeza, puesto que ese no es un argumento que sirva de sustento al veredicto reclamado, sino que es parte del texto de la jurisprudencia de este tribunal que ha quedado precisada, debiendo, en todo caso, establecerse que el arrendatario sí obtuvo un beneficio al celebrar el contrato relativo aun cuando se aceptara que no se le entregó copia del mismo, toda vez que es indudable que por virtud de éste tiene aún el uso y disfrute del bien alquilado.-Por otro lado, debe decirse que sí se encuentra plenamente demostrado que el ahora tercero es copropietario del inmueble donde se localiza el departamento arrendado, ya que de la certificación notarial que aparece agregada al contrato base de la acción, se aprecia que el actor adquirió por herencia el 50% de los derechos de propiedad de las construcciones que existen en el inmueble ya mencionado y no sólo de estructuras indeterminadas como alega el amparista, puesto que es obvio que dentro de las construcciones mencionadas se localiza el bien alquilado y, por ende, que el hoy tercero perjudicado es copropietario del mismo, así como que por eso, de acuerdo con el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles, está legitimado para ejercer la acción que intentó en el juicio natural, aun cuando se aceptara que su porcentaje de propiedad es menor que el del otro copropietario, puesto que dicho precepto legal no establece que lo que dispone sea sólo aplicable al copropietario de un bien que cuenta con el mayor derecho de propiedad sobre el mismo. Luego entonces, no puede considerarse que el criterio jurisprudencial que transcribió la responsable para apoyar lo conducente no sea aplicable, porque se refiere a un contrato suscrito por un copropietario y en el caso no se dio tal evento, afirmándose que la copropiedad sobre el bien alquilado se dio con posterioridad a la celebración del documento base de la acción, se estima lo anterior, en virtud de que es obvio que el tercero perjudicado, en su carácter de copropietario, se subrogó en los derechos de la arrendadora y, por ello, de acuerdo con el precepto legal antes precisado, se encuentra legitimado para ejercitar la acción relativa. El anterior criterio ha sido sostenido por este Tribunal Colegiado, tal como se desprende de la tesis denominada ‘ARRENDAMIENTO. LEGITIMACIÓN DEL COPROPIETARIO PARA RECLAMAR LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE, SIN QUE SE REQUIERA LA CONCURRENCIA DE LOS DEMÁS COPROPIETARIOS A EJERCITAR LA ACCIÓN.’, que puede observarse en la página 100 del Tomo IV, Segunda Parte-1, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a julio-diciembre de 1989. ..."

Amparo directo DC. 1463/94. Quejoso: Salvador Ortiz Castillo.

"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso.-En efecto, lo argumentado por el promovente en una parte de ellos, referente a que el juzgador resp

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7334-8a3c57d3/arrendamiento-el-copropietario-esta-legitimado-para-realizar-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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