INTERVENTOR-GERENTE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, TIENE POTESTAD PARA OTORGAR MANDATOS CONCEDIENDO AL MANDATARIO LA FACULTAD DE SUSTITUIRLO A FAVOR DE TERCERO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 48/2000. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 8229/99-II, promovido por Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, sostuvo el siguiente criterio:
"QUINTO.-Los conceptos de violación vertidos por el quejoso se estudian en forma conjunta dada su estrecha relación, y son fundados.-Para mejor comprensión del asunto, se hará una breve relación de las siguientes constancias de autos: 1. Pablo Ojeda Cárdenas y Sergio Zapata Aguirre, ostentándose apoderados de la institución de crédito denominada Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, en la vía ejecutiva mercantil, demandaron a Alberto Francisco Baz Malo, el pago de pesos.-Para acreditar la personalidad con la que comparecieron los demandantes, exhibieron fotocopias certificadas de la escritura pública número 54,048, de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, notario público número 103 de esta ciudad, en la que se hizo constar el poder general otorgado por Banco Unión, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, representada por el licenciado Luis Gándara Torre, en su carácter de apoderado, a favor de los señores licenciados Pablo Ojeda Cárdenas y Sergio Zapata Aguirre, para que lo ejerciten conjunta o separadamente, del cual se transcribe en lo conducente lo siguiente: ‘... Capítulo cuarto. Administración, vigesimosexto ... BB) Con copia certificada del oficio número seiscientos uno guión uno guión cero cero veintiuno, de fecha primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito por el licenciado Eduardo Fernández García, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, dirigido al contador público Carlos Aguilar Villalobos ... Se comunica a éste ... se declaró la intervención con carácter de gerencia de Banco Unión, Sociedad Anónima ... CC) Con copia certificada del oficio número seiscientos uno guión I guión VJ guión uno tres nueve ocho seis diagonal noventa y cinco, de fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, suscrito por el licenciado Eduardo Fernández García, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, dirigido al licenciado Sergio H. Martínez ... se comunica a éste ... se le designó como interventor-gerente de Banco Unión, Sociedad Anónima, a efecto de que ejerza las facultades y atribuciones que le conceden los artículos 140 y 142 de la propia ley ... DD) Con copia certificada de la escritura número 35,447 de fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis ... en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente: «... Hago constar el poder que otorga Banco Unión, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, representada por su interventor-gerente licenciado Sergio Humberto Martínez Martínez a favor del licenciado Luis Gándara Torre, al tenor de la siguiente: Cláusula única. Banco Unión, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, otorga en favor del licenciado Luis Gándara Torre, poder para que lo ejercite al tenor de las siguientes facultades: A) Poder general para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aun con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial ... de manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras: ... E) Facultad para otorgar y sustituir poderes generales y especiales ...» (folios 22 vuelta a 23 vuelta).’.-2. El demandado Alberto Francisco Baz Malo, contestó la demanda oponiendo excepciones y defensas (folios 60 a 83).-3. Seguido el juicio por su trámite legal, el a quo dictó sentencia el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, declarando procedente la acción y condenando al demandado al pago de las prestaciones reclamadas (folios 328 a 331).-4. Guillermo Ruiz Hernández como apoderado del demandado, interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primer grado, el que fue resuelto por la Sala responsable en resolución de fecha siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, revocando la sentencia de referencia, dejando a salvo los derechos de la parte actora al considerar ésta que carecía de personalidad para promover la demanda.-5. Inconforme la parte actora con la sentencia definitiva, promovió el juicio de garantías que nos ocupa.-Los artículos 2546, 2554 y 2574 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, disponen que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga; además, en todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, basta que se exprese que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, de acuerdo a lo que dispone la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, pudiendo el mandatario en su caso encomendar a terceros el desempeño del mandato, por tener las facultades expresas para ello.-Asimismo, los preceptos 140, 141 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, establecen que el interventor-gerente tendrá todas las facultades que normalmente corresponden al consejo de administración de la institución y plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley; el interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de accionistas ni al consejo de administración, sino que quedarán supeditadas a éste todas las facultades del consejo de administración y los poderes de las personas que el interventor determine.-En el caso, el quejoso expone básicamente en sus conceptos de violación que la ad quem en forma incorrecta revocó el fallo de primer grado dado que los apoderados que promovieron la demanda, sí estaban facultados para comparecer a juicio, puesto que el interventor-gerente designado sí tenía la facultad para otorgar poderes por estar plasmada dentro de los propios estatutos de la sociedad.-Sigue señalando el quejoso, que el interventor-gerente se sustituye por mandato de disposición de orden público como órgano máximo de la sociedad intervenida, pudiendo ejercer válidamente todas las facultades sin limitación alguna, resultando por ello incorrecta la apreciación de la responsable al estimar que el interventor Sergio Martínez Martínez carecía de facultades para delegar a terceros el poder, porque la ley expresamente establece que éste tendrá todas las facultades del consejo de administración, por lo que los criterios jurisprudenciales referidos en la resolución reclamada resultan ajenos.-Esos argumentos son fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal.-En efecto, los señores Pablo Ojeda Cárdenas y Sergio Zapata Aguirre, al haber comparecido como apoderados generales para pleitos y cobranzas de Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, a demandar a Alberto Francisco Baz Malo, sí acreditaron su personalidad con las fotocopias certificadas de la escritura pública número 54,048.-Lo anterior es así, porque conforme a lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito, el interventor-gerente tiene todas las facultades que normalmente corresponden al consejo de administración de la institución de crédito y puede otorgar plenos poderes generales, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley.-Por ello, resulta incorrecta la apreciación de la Sala responsable al determinar: ‘... que el interventor-gerente no estaba expresamente facultado para a su vez conferir poderes a terceros, porque el mandato para cumplir con su desempeño deriva de la propia ley y no así de la voluntad del consejo de administración del banco intervenido, ni de sus estatutos sociales, no obstante que en el poder aparezca que se otorgaron tales facultades, constituyendo así un exceso de facultades no contempladas en la Ley de Instituciones de Crédito ...’, puesto que precisamente por disposición expresa de la ley, los artículos 140 a 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, establecen que el interventor-gerente tiene todas las facultades inherentes al consejo de administración, bastando que quien otorgue el poder esté expresamente facultado para tal efecto.-Por lo tanto, con base en las facultades que derivan de la ley, y los anexos que el fedatario público correspondiente insertó en la escritura número 54,048 que exhibieron los demandantes como documento para acreditar su personalidad, que se describieron en párrafos anteriores, el interventor-gerente designado licenciado Sergio H. Martínez Martínez, en forma correcta otorgó diverso poder al licenciado Luis Gándara Torre, quien a su vez por estar expresamente facultado en el mandato de referencia, otorgó el poder general para pleitos y cobranzas a Pablo Ojeda Cárdenas y Sergio Zapata Aguirre, en términos de lo dispuesto por el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, contenido en la escritura pública antes mencionada, a que se refiere el punto número uno que antecede.-Por consiguiente, quienes comparecieron a juicio en representación de la institución de crédito actora, sí tienen personalidad para demandar en el juicio ejecutivo mercantil de origen, a Alberto Francisco Baz Malo, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 2554 y 2574 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en relación con el 140 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.-Son aplicables al caso, por analogía, las tesis jurisprudenciales números 110/1999 y 111/1999, aprobadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dicen: ‘MANDATO. EL PODER OTORGADO AL MANDATARIO CON FACULTADES PARA SUSTITUIRLO, NO COMPRENDE LA POSIBILIDAD DE QUE, AL EJERCERLO, PUEDA TRANSMITIR TALES FACULTADES SUSTITUTORIAS A UN TERCERO (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA).-Del contenido de los artículos 2823, 2831, 2853 y 2855 del referido código, que se refieren al contrato de mandato, en cuanto a que lo definen, detallan las distintas clases de poderes que pueden otorgarse, plantean la posibilidad de que el mandatario encomiende a un tercero el desempeño del mandato, si tiene facultades expresas para ello, y señalan lo relativo a que el sustituto tiene para con el mandante los mismos derechos y obligaciones que el mandatario; así como de la naturaleza de ese contrato que involucra como elemento fundamental la confianza que el mandante deposita en el mandatario, se advierte que si éste cuenta con facultades para sustituir el mandato, ello no significa que pueda, a su vez, transmitir tales facultades en algún tercero si no se encuentra facultado expresamente para ello, pues la celebración de ese acto jurídico depende en buena medida de la apreciación de las calidades o cualidades de una persona en específico, seleccionada por el mandante por virtud de las características que reúna y que a su juicio la hacen ideal para cumplir con la encomienda.’.-‘MANDATO. EL MANDATARIO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS NO PUEDE SUSTITUIRLO, SIN CONTAR CON FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.-No está incluida la facultad de sustituir el poder en el que se otorgue con todas las facultades generales para pleitos y cobranzas, sin limitación alguna. La etimología de la palabra mandato manum datio o ‘dar la mano’ es reveladora de la naturaleza de este contrato, que involucra como elemento fundamental la confianza que el mandante deposita en el mandatario; se trata de un contrato intuitu personae, que se celebra en atención a las calidades o cualidades del mandatario, lo que equivale a decir que una persona nombra a otra su mandatario, porque esta última cuenta con características personales que permiten al mandante confiarle la celebración de un acto jurídico. Dentro de las obligaciones del mandatario, figura el deber de realizar personalmente su encargo, y sólo con autorización expresa del mandante podrá delegar o transmitir su desempeño; de ahí que la facultad del mandatario para encomendar a terceros el desempeño del mandato deba estar consignada de manera expresa en el documento en que se otorgue el mandato, sin que pueda estimarse implícita dentro de las facultades generales para pleitos y cobranzas; además, tal sustitución no forma parte de la generalidad en el mandato, que se traduce en que el mandatario tenga las facultades correspondientes al tipo de mandato; en el caso del otorgado para pleitos y cobranzas, las necesarias para iniciar, proseguir y concluir un juicio en todas sus instancias, que es el propósito natural al otorgar este tipo de poderes.’.-En las narradas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.-Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 79, 188, 190 y 191 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, por conducto de su apoderado Pablo Ojeda Cárdenas, contra el acto que reclamó de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que hizo consistir en la sentencia dictada el siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, en el toca número 2419/99."
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por mayoría, resolvió el amparo en revisión 667/99 civil, promovido por Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, siendo recurrente la empresa denominada De la Vega Hotelera, S.A. de C.V., y otros, en los términos que a continuación se reproducen:
"CUARTO.-Son fundados los agravios vertidos por el recurrente.-En efecto, de las constancias procesales que integran los antecedentes del presente recurso, se advierte que Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, compareció ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Tijuana, Baja California, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en la resolución del día veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en los autos del toca civil 868/98, por la que se confirmó en grado de apelación la sentencia interlocutoria del día trece de marzo de aquel año, dictada por el Juez Segundo de lo Civil, de la ciudad de Tijuana, en el juicio ejecutivo mercantil 1181/97, en la que se resolvió que los apoderados de la sociedad demandada carecen de representación para comparecer en juicio.-Ahora bien, en su primer concepto de agravio sostiene el recurrente que en el presente juicio opera una causal de sobreseimiento, ya que en su concepto, en el juicio natural no les fue reconocida la personalidad con que comparecieron a juicio los apoderados del banco quejoso, ya que dicha personalidad no la pueden invocar en el juicio de garantías, ya que en términos de lo previsto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, el cual establece que la personalidad de alguno de los interesados, cuando la tenga reconocida ante la autoridad responsable, le será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales; de ahí que sostenga que indebidamente el Juez de garantías le dio trámite a la demanda de amparo, siendo que dicha personalidad con la que comparecieron en demanda de garantías, no la tenían reconocida ante la autoridad responsable.-Sin embargo, el agravio que se analiza resulta infundado, ya que la cuestión que plantea el inconforme constituye el fondo del presente asunto, además de que cuando alguna de las partes que comparezca a juicio, no acredite debidamente su personalidad, el Juez de garantías se encuentra obligado a requerirlo para que la justifique, lo cual se constata de la tramitación del presente juicio de amparo, en el cual se dictó resolución con fecha veintinueve de enero pasado, por la cual se concedió el amparo solicitado, resolución que fue combatida por el propio recurrente, recurso del que le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado de este propio circuito, con número de toca 173/99-1, quien en sesión de Pleno, del día doce de mayo, determinó ordenar reponer el procedimiento del juicio de amparo, para que el Juez de garantías, en términos del artículo 78, primer y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, recabara de oficio la escritura por la cual el hoy quejoso justificaba su personalidad y con la cual compareció a juicio, razones estas que evidencian infundado el agravio que en esta parte se analiza.-Ahora bien, medularmente, sostiene el revisionista que la sentencia dictada por el Juez de garantías le causa agravios en virtud de que en la misma se hizo una apreciación incorrecta de las facultades que le son conferidas al interventor-gerente designado a la institución bancaria en términos de los artículos 140 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y, por otra parte, se interpretaron incorrectamente los artículos 2574 y 2576 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que indebidamente se determinó, sostiene el inconforme, que el interventor-gerente cuenta con la facultad de delegar la autorización para sustituir poderes, por disposición expresa de los estatutos sociales de la institución de crédito, en los cuales se señalan las facultades del consejo de administración, entre las que se contempla esta facultad, de manera que un apoderado legal, al conferir su poder a un tercero le confiere también de manera expresa la facultad de delegar su mandato, esto es, lo que hace es trasladarle su confianza de que seleccionará a la persona más adecuada para representarle, argumentando además, que admitir el criterio anterior desnaturaliza la figura de la intervención gerencial, ya que otorgarle facultades de sustitución, en este caso al licenciado Luis Gándara Torre, para que a su vez éste sustituyera dicha facultad en la persona de quien compareció a juicio en representación del banco actor, daría lugar a que se demeritara la función que corresponde al interventor de controlar minuciosamente la institución intervenida; de ahí que de manera reiterada insista el inconforme que indebidamente se consideró en el presente caso que el licenciado Gándara Torre pudiera a su vez delegar la autorización para ser sustituido, adquiriendo pues, dicha persona frente al mandante, las mismas obligaciones y derechos que el sustituido.-Como se aprecia de las constancias procesales que integran el presente asunto, se constata que la institución actora Banco Unión, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, está sujeta a una intervención por la Comisión Nacional Bancaria, la que por conducto de su presidente, con fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, designó como interventor-gerente de dicha institución al señor licenciado Sergio Humberto Martínez Martínez, a efecto de que ejerza las facultades y atribuciones que le conceden los artículos 140 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; en virtud de lo anterior, resulta pertinente citar las disposiciones normativas en consulta: ‘Artículo 140. El interventor-gerente tendrá todas las facultades que normalmente correspondan al consejo de administración de la institución y plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistir de esas últimas, previo acuerdo del presidente de la Comisión Nacional Bancaria, y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, y revocar los que estuvieron otorgados por la institución intervenida y los que él mismo hubiere conferido.-El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de accionistas ni al consejo de administración.’.-‘Artículo 142. Desde el momento de la intervención quedarán supeditadas al interventor-gerente todas las facultades del consejo de administración y los poderes de las personas que el interventor determine; pero la asamblea de accionistas podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le competen, y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la sociedad, y para opinar sobre los asuntos que el mismo interventor-gerente someta a su consideración. El interventor-gerente podrá citar a asamblea de accionistas y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes.’.-Visto lo anterior, resulta claro que las disposiciones normativas a que se ha hecho alusión no establecen de manera específica la facultad ejercitada por el interventor-gerente, esto es, si bien es cierto que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 140 de la ley en consulta, se establece que el interventor-gerente tendrá todas las facultades que normalmente correspondan al consejo de administración de la institución intervenida, también lo es que en tratándose de poderes en relación a las facultades de dicho interventor, existe disposición expresa sobre ese particular, concretamente con lo estatuido en el artículo 140 de la ley citada, se limitan las facultades del interventor-gerente en cuanto al otorgamiento de los poderes en el ejercicio de su nombramiento y en cuanto a los poderes otorgados con anterioridad los cuales en su caso podrá revocar. Pues bien, aplicando el principio de que en donde la ley no distingue, no cabe distinguir, se observa sin mayor esfuerzo, que si bien al interventor-gerente se le otorgan todas las facultades que correspondan al consejo de administración de la institución bancaria, también lo es que dichas facultades se ejercen cuando normalmente funcione la institución de crédito; de ahí que al encontrarse específicamente reglamentadas las facultades del interventor-gerente en cuanto a la revocación y otorgamiento de poderes en los términos transcritos de las disposiciones normativas que se analizan, debe convenirse con los agravios expuestos por el recurrente, en el sentido de que al no contar con facultad expresa que le confiriera la potestad de otorgar el poder que se cuestiona con la variante que a su vez éste se pudiera sustituir a favor de un tercero, siendo que dichas facultades las limita la propia Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 140, como acontece en el presente asunto, le irroga el perjuicio consecuente, en cuya reparación procederá revocar la sentencia sometida a revisión y negar la protección constitucional solicitada.-Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de 1998, página 879, bajo el rubro: ‘MANDATARIO. CARECE DE FACULTADES PARA OTORGAR A OTRO NO SÓLO EL PROPIO PODER SINO TAMBIÉN LA FACULTAD DE DISPOSICIÓN O DE SUSTITUIRLO, SI NO FUE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO.’. En relación a esta tesis se encuentra denuncia de contradicción de tesis número 41/99, pendiente de resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así mismo es acorde a los razonamientos expuestos con antelación, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 1054, bajo el rubro: ‘PODERES OTORGADOS POR EL INTERVENTOR-GERENTE DE INSTITUCIONES BANCARIAS. SUS FACULTADES LAS FIJA LA PROPIA LEY.’, así como la jurisprudencia número 111/1999, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 42/98, el día veintitrés de octubre del año en curso, bajo el rubro: ‘MANDATO. EL PODER OTORGADO AL MANDATARIO CON FACULTADES PARA SUSTITUIRLO, NO COMPRENDE LA POSIBILIDAD DE QUE, AL EJERCERLO, PUEDA TRANSMITIR TALES FACULTADES SUSTITUTORIAS A UN TERCERO (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA).’.-Consecuentemente con lo anterior, lo procedente será revocar la sentencia sometida a revisión y negar la protección constitucional solicitada por la parte quejosa.-Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción VIII, parte final, de la Constitución General de la República, 76, 85, 90, párrafo tercero, 91, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la resolución sometida a revisión.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Banco Unión, S.A., Institución de Banca Múltiple, por conducto de sus apoderados, contra el acto reclamado a las autoridades precisadas en el resultado primero de esta ejecutoria."
El propio Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del amparo en revisión 253/99, promovido por la empresa Libros Foráneos, S.A. de C.V., por mayoría resolvió en términos de lo que se transcribe enseguida:
"CUARTO.-Son fundados los agravios vertidos por el recurrente.-En efecto, de las constancias procesales que integran el presente asunto se obtiene que Banco Unión, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, por conducto de su apoderado Luis Miguel Krasovsky Prieto demandó en la vía ejecutiva mercantil a Hipódromo de Agua Caliente, S.A. de C.V.; señor ingeniero Jorge Hank Rhon, y Libros Foráneos, S.A. de C.V. (hoy quejoso), por el pago de las prestaciones que quedaron ampliamente especificadas en su escrito de demanda (fojas de la 347 a la 372 del juicio de amparo número 1156/98-1), se admitió a trámite la demanda en la vía y forma propuesta, corriéndose traslado con copia de la misma a la parte demandada, produciendo su contestación el hoy recurrente, en la que hizo valer la excepción de falta de personalidad opuesta por quien comparecía a juicio en representación de la institución bancaria, la que se resolvió con fecha veinte de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por el Juez Tercero de lo Civil de la ciudad de Tijuana, Baja California, quien declaró procedente la excepción dilatoria de falta de personalidad; inconforme con lo anterior, la institución bancaria interpuso recurso de apelación del cual le tocó conocer a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien con fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, revocó en grado de apelación la sentencia interlocutoria dictada por el Juez de origen y declaró improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por el hoy inconforme, resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional.-Ahora bien, medularmente sostiene el revisionista que la sentencia dictada por el Juez de garantías le causa agravios en virtud de que en la misma se hizo una apreciación incorrecta de las facultades que le son conferidas al interventor-gerente designado a la institución bancaria en términos de los artículos 140 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y, por otra parte, se interpretaron incorrectamente los artículos 2574 y 2576 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que indebidamente se determinó, sostiene el inconforme, que el interventor-gerente cuenta con la facultad de delegar la autorización para sustituir poderes, por disposición expresa de los estatutos sociales de la institución de crédito, en los cuales se señalan las facultades del consejo de administración, entre las que se contempla esta facultad, de manera que un apoderado legal, al conferir su poder a un tercero le confiere también de manera expresa la facultad de delegar su mandato, esto es, lo que hace es trasladarle su confianza de que seleccionará a la persona más adecuada para representarle, argumentando además que admitir el criterio anterior desnaturaliza la figura de la intervención gerencial, ya que otorgarle facultades de sustitución, en este caso al licenciado Luis Gándara Torre, para que a su vez éste sustituyera dicha facultad en la persona de quien compareció a juicio en representación del banco actor, daría lugar a que se demeritara la función que corresponde al interventor de controlar minuciosamente la institución intervenida (y por otra parte, señala que el Juez a quo confunde diametralmente la disposición contenida en el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, el que establece que ‘El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello.’); de ahí que de manera reiterada insista el inconforme que indebidamente se consideró que en el presente caso, el licenciado Gándara Torre pudiera a su vez delegar la autorización para ser sustituido, adquiriendo pues, dicha persona frente al mandante, las mismas obligaciones y derechos que el sustituido.-Ahora bien, como se aprecia de las constancias procesales que integran el presente asunto, se constata que la institución actora Banco Unión, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, está sujeta a una intervención por la Comisión Nacional Bancaria, la que por conducto de su presidente, con fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco, designó como interventor-gerente de dicha institución al señor licenciado Sergio Humberto Martínez Martínez, a efecto de que ejerza las facultades y atribuciones que le conceden los artículos 140 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; en virtud de lo anterior, resulta pertinente citar las disposiciones normativas en consulta: ‘Artículo 140. El interventor-gerente tendrá todas las facultades que normalmente correspondan al consejo de administración de la ins
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7353-2f6907a8/interventor-gerente-de-instituciones-de-credito-por-disposicion-expresa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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