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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL. DEBEN DECLARAR LA NULIDAD PARA EFECTOS DE LA RESOLUCION IMPUGNADA POR INDEBIDA IDENTIFICACION DE VISITADORES.

Tipo de asunto: REVISIÓN FISCAL 473/92. · Registro digital (IUS): 744
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y OTRA AUTORIDAD.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Noviembre de 1992, , Pág. 191.

REVISION FISCAL 473/92. SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y OTRA AUTORIDAD.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- Las autoridades recurrentes manifiestan en su único agravio que en la sentencia que impugnan, se violó lo dispuesto por los artículos 237, 238, fracción III y 239, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en tanto que la Sala fiscal declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas sin señalar que era para el efecto de que se subsanaran las irregularidades cometidas y se emitieran nuevas resoluciones, no obstante que la nulidad se debió a un vicio del procedimiento consistente en la violación a la fracción III del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, al no haber asentado los visitadores en forma pormenorizada, en el acta de inicio de visita de auditoría, los datos relativos a su identificación ante el representante de la empresa visitada.

Para el debido estudio del argumento anterior, es necesario acudir tanto a los textos legales relacionados con la controversia planteada, como a los orígenes y tradición de la jurisdicción contenciosa-administrativa.

En principio cabe establecer que, el surgimiento del Tribunal Fiscal de la Federación se vio regido por los principios y directrices definidos en la Exposición de Motivos de la Ley de Justicia Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y seis y que entró en vigor el primer día del año siguiente:

En dicha exposición el autor de la Ley de Justicia Fiscal manifestó lo siguiente:

"El contencioso que se regula será lo que la doctrina conoce con el nombre de contencioso de anulación. Será el acto y a lo sumo el órgano, el sometido a la jurisdicción del Tribunal, no el Estado como persona jurídica. El Tribunal no tendrá otra función que la de reconocer la legalidad o la de declarar la nulidad de actos o procedimiento. Fuera de esa órbita, la Administración Pública conserva sus facultades propias y los Tribunales Federales, y concretamente la Suprema Corte de Justicia, su competencia para intervenir en todos los juicios en que la Federación sea parte. Derivadas del carácter del juicio son las causas que la ley fija para esa anulación. En la generalidad de los casos dichas causas suponen violación de la ley, ya en cuanto a la competencia o en cuanto a la forma o en cuanto a la norma aplicada o que debió aplicarse en el fondo. Sólo para las sanciones se autoriza la anulación por desvío de poder, esto es, por abandono de las reglas que, aunque no expresamente fijadas en la ley, van implícitas cuando la ley concede una facultad discrecional. Se ha circunscrito la anulación por desvío de poder a las sanciones, porque es ahí en donde la necesidad del acatamiento a las reglas implícitas antes dichas no aparece con claridad en el derecho tributario mexicano, puesto que en la materia de impuestos las autoridades normalmente no obran ejerciendo facultades discrecionales, sino cumpliendo preceptos expresos de las leyes".

Así, en principio, podría pensarse que nuestro Legislador adoptó el modelo de jurisdicción contencioso administrativo de mera anulación (conocido en Francia como recurso por exceso de poder o contencioso objetivo), cuya finalidad no es tutelar el derecho subjetivo del accionante sino restablecer el orden jurídico violado, es decir, su propósito es controlar la legalidad del acto y tutelar el derecho objetivo, limitándose la sentencia a anular el acto impugnado ante el Tribunal, por vicios de ilegalidad tales como la incompetencia del funcionario emisor, la inobservancia de formas y procedimientos para la emanación del acto, la violación de la ley o el desvío de poder.

Sin embargo, también dentro de la competencia originalmente atribuida al Tribunal, se incluyeron materias reservadas en lo general al modelo contencioso de plena jurisdicción (por el cual se obliga al Tribunal a conocer y decidir en toda su extensión, la reparación del derecho subjetivo del actor, lesionado por el acto impugnado, teniendo el alcance no sólo de anular el acto, sino también de fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos), según se observa de lo siguiente:

"El Tribunal pronunciará tan solo fallos de nulidad de las resoluciones impugnadas; pero con el fin de evitar los inconvenientes que presenta ahora la ejecución de las sentencias de amparo, que también son fallos de nulidad, y que frecuentemente se prolongan a través de una o varias quejas en las que en forma escalonada el Tribunal Judicial va controlando la ejecución de sus sentencias, en la ley se establece que el fallo indicará de manera concreta en qué sentido debe dictar una nueva resolución la autoridad fiscal. Los juicios serán en todo caso de nulidad normalmente simples juicios declarativos (casos de oposición y de instancia de la Secretaría de Hacienda).

En otros, llevarán implícita la posibilidad de una condena (negativas de devolución)".

Aunado a lo anterior, y a las reformas de treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno, y veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, por virtud de las cuales se adicionó el artículo 160 del Código Fiscal relativo a la competencia del tribunal, incluyendo en ella el conocimiento de las resoluciones que redujeran o negaran las pensiones y las prestaciones sociales concedidas por las leyes de la materia en favor de los miembros del Ejército y la Armada Nacional y de sus familiares o derechohabientes, con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, este Tribunal consideró al resolver la revisión fiscal número 173/88, MANUEL MOLINA GONZALEZ, en sesión del día treinta de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, siendo Ponente el Magistrado Genaro David Góngora Pimentel, que la Ley de Justicia Fiscal no transplantó en sus exactos términos el modelo del contencioso de mera anulación, ni tampoco el de plena jurisdicción, sino que dio nacimiento más bien a una jurisdicción híbrida.

Así, dada la diversidad de materias de la cuales conoce el Tribunal Fiscal de la Federación dependerá de cada caso en particular, que se pueda establecer si la actuación de dicho Tribunal se ajusta al modelo contencioso de anulación (en donde la labor de Juez consiste únicamente en determinar la regularidad del acto administrativo) o al contencioso de plena jurisdicción (en donde se precisará la existencia y medida de un derecho subjetivo del particular), repercutiendo ello, precisamente, en el tema que nos ocupa, o sea, en el pronunciamiento de sentencias de nulidad para efectos.

Ahora bien, para el desarrollo del concepto de violación objeto de estudio, es necesario transcribir, en primer lugar, el artículo 239 del Código Fiscal de la Federación vigente:

"ARTICULO 239.- La sentencia definitiva podrá:

I.- Reconocer la validez de la resolución impugnada.

II.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

III.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales.

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o a iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses aun cuando haya transcurrido el plazo que señala el artículo 67 de este Código.

En caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso V, del artículo 238 de este Código".

El precepto transcrito establece en sus tres primeras fracciones el sentido en que deberá pronunciarse las sentencias definitivas dictadas por las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, el cual podrá ser, reconociendo la validez de la resolución impugnada, declarando su nulidad lisa y llana, o bien, declarando una nulidad para efectos.

El reconocimiento de validez de la resolución impugnada implica dejar actuar libremente a las autoridades para ejecutar dicha resolución, cuya validez siempre existió y únicamente quedó suspendida mientras se emitía la sentencia en el juicio contencioso administrativo.

La nulidad prevista en la fracción II implica dejar sin efectos jurídicos la resolución impugnada y la autoridad emisora se debe abstener de realizar cualquier acto que conlleve la aplicación o ejecución de dicha resolución.

En el caso de la nulidad prevista en la fracción III, la autoridad se ve obligada a realizar determinados actos, según las peculiaridades del asunto resuelto, que bien puede ser: a) el reconocimiento de un derecho subjetivo tutelado (negativas de devolución de lo pagado indebidamente, las relativas al reconocimiento de derecho a pensiones de retiro, las que versen sobre cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de obras públicas); b) la insubsistencia del acto ilegalmente emitido con emisión de una nueva resolución que se ajuste a derecho (contencioso de anulación); c) desvió de poder; y, d) cuando el acto impugnado haya sido pronunciado en un recurso administrativo.

Los antecedentes legislativos del artículo en estudio son los siguientes:

a) Ley de Justicia Fiscal.

"ARTICULO 58.- Cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento o a reconocer la ineficacia del acto en los casos de la fracción VII del artículo 14 (nulificación por la Secretaría de Hacienda de una decisión administrativa favorable al particular), indicará de manera concreta en qué sentido debe dictar su nueva resolución la autoridad fiscal. Entre tanto que ésta no se pronuncie, continuarán en vigor la suspensión del procedimiento administrativo que haya sido decretado dentro del juicio".

b) Código Fiscal de mil novecientos treinta y ocho:

"ARTICULO 204.- Cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento o a reconocer la ineficacia del acto en los casos de la fracción VII del artículo 160 (resolución favorable a un particular), indicará las bases conforme a las cuales debe dictar su nueva resolución la autoridad fiscal. Entre tanto que ésta no se pronuncie, continuará en vigor la suspensión del procedimiento administrativo que haya sido decretada dentro del juicio".

c) Código Fiscal de mil novecientos sesenta y siete:

"ARTICULO 230.- Cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento o a reconocer la ineficacia del acto en los casos en que la autoridad haya demandado la anulación de una resolución favorable a un particular, indicará los términos conforme a los cuales debe dictar su nueva resolución de autoridad fiscal".

d) Código Fiscal de mil novecientos ochenta y uno:

"ARTICULO 239.- La sentencia definitiva podrá:

I.- Reconocer la validez de la resolución impugnada.

II.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

III.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.

En caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia".

Tanto de la Exposición de Motivos de la Ley de Justicia Fiscal como de los artículos transcritos con antelación se observa que, en principio, se estableció la obligación para el órgano sentenciador de pronunciar sentencias de nulidad con determinados efectos, consistentes en el deber a cargo de la autoridad de conducirse en determinada forma, posteriormente, se aceptó la declaración de nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada, pero siempre se dejó en manos del propio Tribunal el decidir cuándo debía pronunciarse una nulidad lisa y llana o bien una nulidad para efectos.

Es aquí donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció, tanto en la facultad de las Salas del Tribunal Fiscal para dictar sentencias de nulidad para efectos, como para determinar en qué casos procedía una nulidad lisa y llana, o bien una nulidad para efectos:

"TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. SENTENCIAS PARA EFECTOS.- No es exacto que el Tribunal Fiscal carezca de facultades para pronunciar sentencias para efectos, pues el artículo 204 del Código Fiscal establece que cuando la sentencia declare la nulidad y salvo que se limite a mandar reponer el procedimiento, indicará las bases conforme a las cuales debe dictar su nueva resolución la autoridad fiscal. De esta disposición se desprende que sí tiene facultades el Tribunal Fiscal para dictar la nulidad de una resolución para el efecto de que se reponga el procedimiento" (Segunda Sala, Sexta Epoca, Volumen XXIV, del Semanario Judicial de la Federación, página treinta).

"TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FACULTADES DEL.- Por cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación sea un Tribunal de mera anulación, cabe aclarar que ello no excluye que dicho Tribunal, al declarar la nulidad de una resolución, determine a la autoridad demandada los afectos de la misma declaración, pues el artículo 204 del Código Fiscal de la Federación le exige fijar a la propia autoridad demandada, en los casos de anulación, las bases conforme a las cuales debe dictar su nueva resolución" (Segunda Sala, Sexta Epoca, Volumen LXVI, del Semanario Judicial de la Federación, página treinta y seis).

"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL. EFECTOS.- Las sentencias del Tribunal Fiscal, desde el punto de vista de la decisión comprendida en el acto jurisdiccional que integran, tienen un efecto similar a las que emite el Poder Judicial de la Federación en un juicio de amparo cuando al declarar la nulidad de la resolución impugnada, formalmente ilegal por desconocerse sus motivos y fundamentos, se deja sin efecto lo actuado por la autoridad, y ésta o la que en su caso sea competente, queda en aptitud para emitir un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, obviamente, puede ser reclamado por el particular en un nuevo juicio, entonces sí por violaciones de fondo, relativos a la fundamentación y motivación que se expresan" (Segunda Sala, Séptima Epoca, Tercera Parte, Volumen XXII, del Semanario Judicial de la Federación, página treinta y siete).

"NULIDAD, ES CORRECTO QUE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCION IMPUGNADA, PARA DETERMINADOS EFECTOS.- No es exacto que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación se sustituyen indebidamente a la autoridad fiscal demandada cuando, en acatamiento a lo establecido por el artículo 204 del Código Fiscal de la Federación, declaran la nulidad de la resolución impugnada y señalan las bases para que dicha autoridad dicte nueva resolución que se ajuste a los hechos reales que constituyan su motivación. No cabe entender que en la especie la Sala responsable hubiera incurrido en sustitución de las autoridades demandadas, pues precisamente la circunstancia de que haya señalado a éstas el deber de pronunciar un nuevo fallo pone de manifiesto que operó el reenvío. Habría existido sustitución si la Sala hubiera fijado por sí y ante sí los términos de la liquidación de los créditos fiscales a cargo de la quejosa, lo que no hizo. Aceptar el criterio de la quejosa de que no caben más posibilidades que la de declarar la nulidad de la resolución impugnada, en forma lisa y llana, o declarar la nulidad de la misma para el efecto de que las autoridades demandadas dicten nueva resolución, dejándolas siempre, en este último supuesto en absoluta libertad para dictar nuevos fallos, en cuanto a sus términos, fundamentos y motivos, significaría privar de toda eficacia a las resoluciones emitidas en los juicios de nulidad como el de que se trata, y hacer interminables dichos juicios, con lo que se atentaría contra los principios de seguridad y de certeza inherentes a cualquier procedimiento contencioso" (Informe de mil novecientos setenta y tres, Segunda Parte, Sala Auxiliar, páginas treinta y tres y treinta y cuatro).

"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. LA NULIDAD DECRETADA POR FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION NO ADMITE EFECTOS.- Si una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación estimó procedente declarar la nulidad de una resolución ante ella impugnada, no debe decretarla para el efecto de que la autoridad demandada declare la nulidad total de las liquidaciones impugnadas. `Por falta de motivación y fundamentación de las mismas', puesto que si ya analizó tales liquidaciones y las declaró nulas por considerarlas incorrectas, no ha lugar a ordenar que la autoridad demandada resuelva acerca de la nulidad ya decretada precisándole que ésta debe obedecer a la falta de motivación y fundamentación, pues tal determinación dejaría asentado que la resolución carente de tales requisitos puede ser fundada y motivada en un acto posterior, lo cual es indebido" (Segunda Sala, Séptima Epoca, Volumen ciento treinta y tres, ciento treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, página ciento veintitrés).

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS ILEGALES. IMPUGNACION DE LAS.- Si una sentencia del Tribunal Fiscal estimó que una resolución administrativa en sí adolece del vicio de ilegalidad por carecer de las formalidades de fundamentación y motivación y no el procedimiento en el que se emitió la propia resolución, la sentencia recurrida al declarar la nulidad de la resolución controvertida, sin condición alguna, no viola las disposiciones de los artículos 203 y 156 del Código de Procedimientos Civiles" (Segunda Sala, Sexta Epoca, Volumen LXXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, página treinta y cuatro).

Sin embargo, por virtud de una reforma al Código Fiscal que entró en vigor a partir del año de mil novecientos ochenta y tres, introducida por el artículo quinto de la ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de carácter fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se adicionó el último párrafo del artículo 239, estableciéndose:

"El Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el efecto de que se emita una nueva resolución cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, y en su caso V, del artículo 238 de este Código".

Dicha reforma obedeció a razones de política legislativa relacionadas a la suspensión o interrupción del cómputo para la extinción de facultades del fisco vía caducidad, según se observa de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial:

"Se precisa que el plazo de extinción de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales no está sujeto a interrupción ni a suspensión, salvo cuando se interponga el recurso de nulidad de notificaciones y en correlación con la propuesta de reforma que se hace del artículo que fija los efectos de las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, se elimina la posibilidad de que el plazo de extinción de facultades, en los casos en que una resolución fuera anulada por vicios formales en su expedición, se comenzará a computar nuevamente a partir de la fecha en que se notificará la resolución que dio fin a la controversia. Esta modificación atiende a las recomendaciones de diversos sectores. Se precisa que el Tribunal Fiscal de la Federación en la sentencia definitiva, deberá ordenar que la autoridad emita una nueva resolución siempre que se declare nula la que se impugnó por haberse demostrado incompetencia, omisión de las formalidades legales o vicios en el procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, o por falta de fundamentación o motivación.

Esta modificación es consecuencia de la que se efectúa al artículo que regula la caducidad y responde a las sugerencias hechas por diversos sectores".

En la discusión y aprobación del proyecto, la Cámara de Diputados sustituyó la fracción I del artículo 238 por la V, señalando:

"Cabe hacer notar que esta Comisión, modificando la iniciativa ha considerado conveniente eliminar la fracción I relativa a la incompetencia e incluir la fracción V, relativa al desvío de poder, respecto al artículo 239 del Código".

Además de ello, en el texto definitivo se sustituyó la expresión "siempre que", por la de "cuando se esté en alguno de los supuestos...".

En este orden de ideas cabe concluir que, a partir del año de mil novecientos ochenta y tres, y por disposición expresa de la ley, las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación deben declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en las fracciones II, III o en su caso V, del artículo 238 del Código Tributario.

Planteado así el alcance del artículo 239 del Código Tributario Federal, corresponde ahora analizar el precepto 238 del mismo ordenamiento legal, el cual establece:

"ARTICULO 238.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

I.- Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso.

III.- Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejó de aplicar las debidas.

V.- Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades".

El artículo transcrito anteriormente guarda estrecha vinculación con el artículo 239 citado y de él se pueden derivar las siguientes conclusiones generales:

1.- El acto impugnado en el juicio de nulidad lo constituirá una resolución administrativa definitiva (artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación) y por lo tanto, será precisamente dicha resolución la que por virtud de la sentencia dictada será reconocida válidamente o declarada nula.

Cabe hacer notar que tanto el Código Fiscal de mil novecientos treinta y ocho, como el Código Fiscal de mil novecientos sesenta y siete, establecían diferencia entre la resolución y el procedimiento administrativo del cual emanaba dicha resolución, cuestión que fue reformada en el Código Fiscal vigente.

2.- Interpretado a contrario sensu, cuando no se esté en presencia de ninguna de las causales de nulidad establecidas por el artículo, la sentencia deberá reconocer la validez de la resolución impugnada en términos de la fracción I del artículo 239.

3.- La actualización de cualquiera de las causales de anulación previstas, implicará por sí mismas, una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica del gobernado, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Analizando específicamente cada una de las causales de nulidad previstas en el artículo mencionado, podemos establecer lo siguiente:

I.- Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.

Esta causal contempla la nulidad de la resolución por incompetencia de la autoridad, que puede actualizarse tanto en la propia resolución como en el procedimiento del que deriva.

En este caso, la nulidad de la resolución debe ser lisa y llana en virtud de que, ante la incompetencia del funcionario emisor de dicha resolución o del procedimiento que le dio origen, la resolución carece de valor jurídico, pero dicha nulidad no impide que la autoridad competente en uso de sus atribuciones legales pueda dictar una nueva resolución o bien llevar a cabo un nuevo procedimiento.

El criterio que antecede ha sido sustentado por este órgano Colegiado en la tesis publicada en el Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente en el año de mil novecientos ochenta y dos, Tercera Parte, Tribunales Colegiados, páginas noventa y seis y noventa y siete, bajo el rubro: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, LA NULIDAD DECRETADA EN LAS, DE LA RESOLUCION O PROCEDIMIENTO IMPUGNADO, POR HABER SIDO EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE NO ADMITE EFECTOS".

II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

III.- Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

Es conveniente realizar el estudio conjunto de estas dos fracciones para una mayor comprensión del caso a estudio.

Estas dos causales de anulación estaban establecidas en el Código Fiscal de mil novecientos treinta y ocho, artículo 202, y en el Código Fiscal de mil novecientos sesenta y siete, artículo 228, de la siguiente manera:

"Serán causales de anulación de una resolución o de un procedimiento administrativo:

a) ...

b) Omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir la resolución o el procedimiento impugnado".

Ahora bien, como ha quedado señalado con anterioridad, el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo lo va a constituir una resolución administrativa definitiva. Dicha resolución puede ser impugnada legalmente por considerar que reviste vicios de ilegalidad en sí misma considerada, o bien, que es el procedimiento del que en su caso derivó, el que está afectado de nulidad.

Las dos causales en estudio establecen vicios formales contrarios al principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorios de la garantía de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada.

La configuración de cualquiera de estas dos causales implicará la nulidad de la resolución administrativa combatida, ya que es precisamente dicha resolución el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, y es aquí en donde se aprecia con mayor claridad la actuación del Tribunal Fiscal de la Federación como un Tribunal Contencioso de anulación.

En efecto, como ha quedado manifestado con anterioridad, la finalidad del modelo de jurisdicción contencioso administrativo de mera anulación es controlar la legalidad del acto restableciendo el orden jurídico violado, es decir, tiene como propósito tutelar el derecho objetivo, pero además, en nuestro sistema el legislador con el propósito de evitar los inconvenientes que se presentan en las sentencias de nulidad, estableció la obligación para el Tribunal Fiscal de indicar de manera concreta en qué sentido debía dictar su nueva resolución la autoridad fiscal.

Así, la sentencia no sólo se limita a declarar la nulidad del acto, sino en caso de que la autoridad en uso de sus atribuciones legales y en virtud de que únicamente fueron objeto de estudio violaciones de carácter formal, emita una nueva resolución, debe previamente ajustarse a los lineamientos marcados en dicha sentencia, o sea, cumplir con las formalidades de que ha de estar revestido el acto o reponer el procedimiento para que la nueva resolución se dicte después de llenarse todos los requisitos que deben de existir previamente al pronunciamiento de la decisión.

En este sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Epoca, Volumen IX, página ciento seis, que dice:

"SENTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, REPOSICION DE LAS.- Cuando la autoridad administrativa queda en libertad de dictar o no una nueva resolución, resulta para ella potestativo abstenerse de dictarla, pero es claro que si en la sentencia el Tribunal Fiscal se le fijan las bases correspondientes, la nueva resolución debe emitirse precisamente con arreglo a tales bases. Debe tenerse en cuenta que el inciso c) del artículo 202 del Código Fiscal tiene aplicación cuando la ilegalidad es atribuible a la resolución administrativa impugnada, considerándola en sí misma, y de ninguna manera en sus antecedentes o presupuestos, pero cuando la ilegalidad del acto combatido se hace depender de la circunstancia de no haberse cumplido los requisitos o formalidades que son antecedentes del acto mismo, o que deben acompañarlo, entonces resulta aplicable el inciso b) del propio precepto, y la consecuencia de declarar la nulidad consiste en que, o se reponga el procedimiento, para que la nueva resolución se dicte después de llenarse todos los requisitos que deben existir previamente al pronunciamiento de la decisión, o se llenen las formalidades de que ha de estar revestido o acompañado el acto". (El artículo 202 corresponde al artículo 238 del Código Fiscal de la Federación vigente, el inciso c) es la actual fracción IV y el inciso b) corresponde a las fracciones II y III vigentes).

Sin embargo, no toda omisi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/744-c4701e1a/sentencias-del-tribunal-fiscal-deben-declarar-la-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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