PERSONALIDAD. ES SUFICIENTE COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO DE LA ESCRITURA DEL PODER PARA JUSTIFICARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO DIRECTO 372/2001. BERLAU, S.A. DE C.V. Y OTROS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Son fundados pero inoperantes en una parte, inoperantes en otra e infundados en una última los conceptos de violación planteados por los quejosos.
En primer término, los peticionarios del amparo señalan que el tribunal de alzada en forma unilateral y dogmática desestimó el contenido material y de fondo de las excepciones que opusieron, específicamente de la excepción de falta de personalidad, violando los artículos 2474 del Código Civil para el Distrito Federal, 1061, fracción I y 1403, fracción IV, del Código de Comercio anterior al vigente, en relación con el artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque si bien es cierto que menciona lo que a su juicio se exige para que el apoderado de la institución de crédito tenga acreditada la personalidad dentro de la escritura pública ciento un mil once, no menos cierto es que en el poder exhibido por la parte actora en el juicio natural, no se surte la sucesión ininterrumpida de poderdantes, ya que Raúl González Martínez estaba impedido para sustituir el poder, tal y como lo señalaron en su contestación de demanda; ahora bien, esta cuestión en los términos planteados no fue analizada por la sentencia combatida ni por la ejecutoria que cumplimenta, por lo que al actuar la Sala responsable en plenitud de jurisdicción debió abocarse a analizar esa cuestión de personería, puesto que tal y como expresamente lo manifestaron en su escrito de contestación de demanda, Raúl González Martínez, sin acreditarlo, supuestamente otorgó mandato a Reynaldo Soto Madrigal, Pablo Vázquez Dorantes, Eduardo Herrera Solano y Leopoldo García Caltenco, quienes no son apoderados, ya que su supuesto poderdante carecía de facultades para otorgar el pretendido poder de manera individual, por la limitación que consta en el punto número tres, a foja veintiuno, del instrumento exhibido por la actora, de donde se desprende que debió actuar mancomunadamente con otro apoderado con facultades suficientes, y en ningún caso justifica que estuviera facultado para sustituir su pretendido mandato en forma individual; ello en atención a que las facultades conferidas a Raúl González Martínez para ejercerlas en forma individual, no comprenden las de sustitución, según el punto número uno a que se refieren los incisos A) y E); asimismo, las facultades de dominio de administración laboral contenidas en los incisos C) y D), obviamente no son aplicables al caso, y las facultades de sustitución sólo pueden desempeñarse en forma individual si se trata de facultades que se puedan ejercer sólo por Raúl González Martínez, que son precisamente las de los incisos A) y E), mismos que no previenen las facultades de sustitución. A mayor abundamiento, señalan que no se surten los extremos del artículo 1061, fracción I, del Código de Comercio, porque no se cumplimenta la sucesión ininterrumpida, legal y justificada de los poderdantes, además de que la actora no exhibió el original del mandato, suponiendo sin conceder que existiera, sino una copia certificada, esto es, no exhibe el testimonio del mandato, que es la copia original de la escritura que exige el precepto legal que se invoca; consecuentemente, por esta otra causal no se surte la personalidad que impugnan, para lo cual ofrecieron como pruebas la documental consistente en la copia de la escritura pública número ciento un mil once, del volumen tres mil trescientos sesenta y seis, de la Notaría Pública Número Dieciséis de México, Distrito Federal, exhibida por la parte actora; la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. A continuación, señalan los amparistas que no obstante que existió plenitud de jurisdicción para que la Sala responsable se hubiera pronunciado con relación a las anteriores excepciones, sin que lo hubiera hecho, pues no se pronunció respecto a la sucesión ininterrumpida de mandatarios, y al argumento de que Raúl González Martínez carecía de facultades de sustitución, ya que para ello se necesitaba la firma mancomunada de otro apoderado, lo que no constaba en el instrumento notarial mencionado, el cual no es el original exigido por el artículo 1061, fracción I, del Código de Comercio, por lo que se violan los numerales que se invocan, así como la tesis de rubro: "PODERES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER, CUANDO LOS OTORGAN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y SUS APODERADOS.".
Son fundados pero inoperantes los argumentos de los quejosos toda vez que, efectivamente, de la simple lectura de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable al reasumir jurisdicción y abordar el estudio de las excepciones propuestas por los demandados, omitió pronunciarse con relación a las alegaciones que éstos hicieron valer en su escrito de contestación de demanda, referentes a que en este caso no existía la sucesión ininterrumpida de mandatarios, ya que el señor Raúl González Martínez carecía de facultades de sustitución, pues para delegar su poder necesitaba la firma mancomunada de otro apoderado, y que la parte actora no exhibió el original del mandato, violándose lo dispuesto en la fracción I del artículo 1061 del Código de Comercio; sin embargo, por lo que ve al fondo de las cuestiones omitidas, debe decirse que dichos argumentos no son aptos para resolver favorablemente a los intereses de los impetrantes de garantías, pues aunque es fundada la afirmación de que la Sala responsable no estudió tales excepciones, aquéllos deben declararse inoperantes, ya que en aras de la economía procesal, debe negarse el amparo en vez de concederse para efectos, es decir, para que el tribunal de apelación, reparando la violación, entre al estudio de las cuestiones omitidas, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y, en su caso, el Tribunal Colegiado, por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a los intereses de los quejosos; ello en virtud de que no es verdad que el señor Raúl González Martínez careciera de facultades para otorgar el poder general para pleitos y cobranzas de manera individual, y que por ende no se surtía la sucesión ininterrumpida de poderdantes, ya que en la copia certificada del instrumento notarial número ciento un mil once, expedida por el notario público número ciento dieciséis, de la Ciudad de México, Distrito Federal, en fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, visible a fojas noventa y uno a ciento cinco de los autos de primera instancia, se establece que: "... se hizo constar la protocolización parcial del acta de sesión del consejo de administración de ‘Bancrecer’, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer, de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco en la que, entre otros, se tomó el acuerdo de conferirle poderes y facultades a don Raúl González Martínez, en su carácter de director ejecutivo de supervisión jurídica, del que copio, en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: ‘... el consejo quedó enterado de la información y la proposición, acordando autorizar al secretario del consejo su delegado para formalizar el otorgamiento de poder al citado profesionista licenciado Raúl González Martínez, con las características que a continuación se mencionan: A. Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las especiales que de acuerdo con la ley requieren poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República mexicana ... B. Poder general para ejercer mancomunadamente actos de administración ... C. Poder general para ejercer mancomunadamente actos de dominio en nombre de la sociedad ... D. Poder para otorgar y suscribir mancomunadamente títulos de crédito ... E. Poder general para actos de administración laboral ... F. Facultad para sustituir total o parcialmente sus poderes y para revocarlos; dentro de los límites de sus facultades, el apoderado podrá sustituir y delegar en todo o en parte su poder, reservándose o no su ejercicio y revocar cualesquiera sustituciones, delegaciones o poderes; G. El ejercicio de las facultades conferidas queda sujeto a las siguientes reglas: 1. Las facultades a que se refieren los incisos A) y E), podrá ejercitarlas y sustituirlas el apoderado en forma individual.-2. Las facultades a que se refieren los incisos C) y D), las deberá ejercer en forma mancomunada con cualquier otro apoderado de la sociedad investido con facultades suficientes cuyo poder le hubiere otorgado persona distinta al mandatario.-3. La facultad de sustitución a que se refiere el inciso F), la podrá ejercer el apoderado individualmente para facultades que él pueda ejercer por sí solo y siempre mancomunadamente con otro apoderado con facultades suficientes, cuyo poder le hubiese sido otorgado por persona distinta del mandatario, para actos en los que el apoderado que sustituye no pueda obrar individualmente. La facultad de revocar podrá ser ejecutada individualmente en cualquiera de los supuestos.’.".
De lo anteriormente transcrito, se desprende que al licenciado Raúl González Martínez le fueron conferidos por el consejo de administración de la institución de crédito denominada Bancrecer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer, los siguientes poderes y facultades: A) Poder general para pleitos y cobranzas; B) Poder general para ejercer mancomunadamente actos de administración; C) Poder general para ejercer mancomunadamente actos de dominio en nombre de la sociedad; D) Poder general para otorgar y suscribir mancomunadamente títulos de crédito; E) Poder general para actos de administración laboral; y, F) Facultad para sustituir total o parcialmente sus poderes y para revocarlos, autorizándole en este último inciso a sustituir y delegar en todo o en parte su poder, reservándose o no su ejercicio, pudiendo revocar cualquier sustitución, delegación o poder; asimismo, en el inciso G) del citado documento, se especificó que las facultades señaladas en los incisos A) y E), el señor Raúl González Martínez podría ejercerlas y sustituirlas en forma individual; las consignadas en los incisos C) y D), las debería ejercer en forma mancomunada con cualquier otro apoderado de la institución de crédito investido con facultades suficientes cuyo poder le hubiere sido otorgado por persona distinta del mandatario, y la facultad de sustitución asentada en el inciso F), la podría ejercer individualmente para facultades que pudiera hacer valer por sí solo, y mancomunadamente con otro apoderado con facultades suficientes para aquellos actos en los que no pudiera obrar individualmente, así como que la facultad de revocar los poderes que delegara podría ser ejecutada individualmente en cualquiera de los supuestos mencionados.
Dado lo expuesto, se concluye que el señor Raúl González Martínez sí tenía facultades expresas para delegar de manera individual el poder que le fue conferido por el consejo de administración de la institución de crédito actora, a favor de Pablo Vázquez Dorantes, porque si se parte del hecho de que el mandato conferido a éste fue de carácter general para pleitos y cobranzas y si en el inciso G) del instrumento notarial citado, se señaló que las facultades del poder conferido a aquél podría ejercerlas y sustituirlas de forma individual, luego entonces, no se requería la intervención de otro apoderado con facultades suficientes para delegar a un tercero el poder que le fue otorgado, como equivocadamente lo aseveran los amparistas.
En cuanto al argumento relativo a que la parte actora no exhibió el original del poder notarial citado, contraviniendo lo dispuesto por la fracción I del artículo 1061 del Código de Comercio anterior al vigente, es menester precisar que esta alegación es infundada, toda vez que si bien este precepto legal dispone que: "Al primer escrito se acompañarán precisamente: I. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; II. El poder que acredite la personalidad del procurador, cuando éste intervenga; III. Una copia, en papel común, del escrito y de los documentos."; lo cierto es que de la anterior transcripción, se infiere que el actor con su demanda, debe acompañar el o los documentos que acrediten la personalidad con la que comparece a juicio, en caso de que lo haga en representación de otra persona, y ese precepto legal no establece la exigencia relativa a que necesariamente debe exhibirse el original del testimonio en que conste el poder conferido y no una copia certificada de éste, como incorrectamente lo sostienen los quejosos.
Ahora bien, el artículo 1237 del Código de Comercio vigente antes de sus últimas reformas, señala que: "Son instrumentos públicos los que están reputados como tales en las leyes comunes, y además las pólizas de contratos mercantiles celebrados con intervención de corredor y autorizados por éste, conforme a lo dispuesto en el presente código."; por su parte, el artículo 326, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio anterior al vigente, establece que son documentos públicos: "I. Los testimonios de escrituras autorizadas por notarios o Jueces conforme a las leyes. II. Los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones."; los documentos públicos a que se refiere la fracción I del dispositivo legal invocado, consisten además de los expedidos por Jueces Civiles, en las actas notariales de que hablan los artículos 116, 117 y siguientes de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, las que se asientan numeradas progresivamente en los libros del protocolo, previamente autorizadas de conformidad con dicha ley y cumpliendo con las formalidades que esos preceptos establecen; estas actas son la escritura original, por contener las firmas de los otorgantes y del notario que da fe del acto, por lo que de las actas originales de los protocolos pueden expedirse, con las formalidades previstas, copias a los interesados, que se conocen con el nombre de testimonios, cuya definición se establece en el artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, el cual es del tenor literal siguiente: "Testimonio es la copia en que el notario transcribe o reproduce, íntegramente o en lo conducente, una escritura o acta notarial del protocolo, así como los documentos que obran en el apéndice, con el fin de acreditar el derecho dimanado del contenido del instrumento, y con el que el titular, en su caso, podrá ejercer las acciones correspondientes."; este precepto legal se refiere precisamente al derecho que tiene el titular para ejercitar la acción correspondiente y que deriva del contenido de dichos documentos, es decir, de los fundatorios de la acción, y no a aquellos con los que las partes justifican la calidad con la que promueven, o sea, los documentos que acrediten su personalidad para comparecer a juicio; además, debe decirse que el referido numeral no prohíbe expresamente que el aludido derecho se acredite con copias certificadas del instrumento respectivo.
Asimismo, el artículo 135 de la ley antes citada dispone: "Cuando la copia o reproducción de un instrumento u otro documento, tenga por objeto simplemente acreditar la existencia de uno y otro, se llamará copia certificada, si fuere autorizada con la firma y sello del notario."; por otro lado, el numeral 136 de dicha ley señala: "Son documentos públicos notariales: las escrituras, y las actas extendidas en los libros del protocolo, sus testimonios, las copias certificadas y certificaciones autorizadas por notario público, en términos de esta ley."; a su vez, el diverso artículo 138 de la Ley del Notariado invocada dice: "Los documentos públicos notariales, mientras no fuere declarada judicialmente su falsedad, probarán plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en ellos, que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de los que haya dado fe el notario y que éste observó las formalidades que mencionó."; y el artículo 140 de dicho ordenamiento establece: "Las copias certificadas que expida el notario, probarán solamente la existencia y exactitud de la transcripción del texto del documento a que se refieran. Las certificaciones, acreditarán solamente la realidad del hecho a que se contraen, tal como lo percibió el notario por medio de sus sentidos.".
De una recta interpretación de los preceptos antes citados, se deduce que las copias certificadas expedidas por los notarios son documentos públicos que prueban la exactitud de la transcripción del documento a que se contraen, tal y como lo percibió el notario por medio de sus sentidos, y que hacen prueba plena mientras no fuere declarada judicialmente su falsedad, por lo que si en este caso el representante legal de la parte actora anexó a su demanda copia fotostática certificada del poder notarial mediante el cual se le facultó para comparecer a juicio a ejercer los derechos de su mandante, y partiendo de la base de que dicha copia certificada es un documento público en términos de los preceptos antes transcritos, el cual prueba plenamente el hecho en él consignado al no haber sido objetado en cuanto a su autenticidad o contenido, pues en los autos del juicio que nos ocupa, no hay evidencia de que haya sido impugnado y probado en dichos aspectos por los ahora quejosos; por tanto, acorde a lo preceptuado en los dispositivos legales citados, y en el artículo 1292 del Código de Comercio vigente antes de sus últimas reformas, la copia certificada proveniente de la diversa copia certificada del primer testimonio de la escritura pública respectiva, refleja la existencia y concordancia con el original que obra en el protocolo del notario público ante quien se otorgó dicha escritura, siendo suficiente para justificar la personalidad del apoderado de la parte actora para demostrar la representación legal con la que compareció al juicio de origen.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado, publicada con el número VI.2o.C.166 C, en la página 1095, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD. ES SUFICIENTE COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO DE LA ESCRITURA DEL PODER PARA JUSTIFICAR LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De acuerdo a una interpretación sistemática y congruente de los preceptos de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en especial de sus artículos 135, 136, 138 y 140, las copias certificadas expedidas por notario, son documentos públicos que prueban la exactitud de la transcripción del documento a que se contrae y por tanto, hacen prueba plena si no fuere declarada judicialmente su falsedad; luego, si el actor en juicio para acreditar su personalidad anexó a su demanda copia certificada del poder notarial mediante el cual se le faculta para comparecer a juicio a ejercer los derechos de su mandante, esa copia es un documento público que prueba plenamente el hecho en él consignado, al no haber sido objetado en cuanto a su autenticidad y suficiente para acreditar la personalidad con la que comparece a juicio.".
En mérito de lo anterior, no obstante lo fundado del argumento de los quejosos en cuanto a que la Sala responsable indebidamente omitió pronunciarse con relación a las excepciones mencionadas, el mismo deviene inoperante, porque como ya se vio, en lo tocante al fondo de las cuestiones omitidas, no les asiste la razón a los inconformes, por los motivos y fundamentos legales precisados con antelación.
Es aplicable la jurisprudencia integrada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, publicada con el número VI.2o. J/16, en la página 153 del tomo 19-21, julio-septiembre de 1989, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, FUNDADOS PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, pero claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso el tribunal por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; de ahí que no hay que esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.".
No pasa inadvertido para esta potestad federal, el hecho de que los peticionarios del amparo en sus conceptos de violación, omitieron combatir los razonamientos vertidos por el tribunal de alzada en lo tocante a la excepción de falta de personalidad, consistentes en que de la recta interpretación del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, se concluía que los requisitos que deben contener los poderes otorgados por las instituciones de crédito son: a) Inserción relativa al acuerdo del consejo de administración que haya autorizado el otorgamiento; b) La inserción relativa a las facultades que en los estatutos sociales se concedan al mismo consejo; y, c) La inserción relativa a la comprobación del nombramiento de los consejeros; por tanto, de la lectura del poder para pleitos y cobranzas exhibido por la parte actora, se observaba que el fedatario hizo constar el acuerdo del consejo de administración que autorizó el otorgamiento del poder, transcribió la inserción relativa a las facultades que en los estatutos sociales se concedieron al mismo consejo y también asentó la inserción relativa a la comprobación del nombramiento de los consejeros, todo lo cual llevaba a sostener que sí se reunían los requisitos legales para que surtiera efectos el poder citado; que en lo concerniente a la existencia de la institución bancaria y su transformación extemporánea, debía decirse que era cierto que al momento de la celebración del contrato base de la acción (mil novecientos noventa y cinco), la institución de crédito ya era sociedad anónima, y que cuenta en su historial el haber sido sociedad nacional de crédito, por lo que la circunstancia de que se haya transformado la institución bancaria en sociedad anónima y que tal transformación hubiera sido extemporánea, en nada afectaba la validez del contrato celebrado con posterioridad a la fecha de transformación de la institución crediticia demandante, además de que el fedatario asentó que se trataba de una sociedad nacional de crédito y luego de una sociedad anónima, máxime que los demandados no desvirtuaron la consideración de que se trata de la misma persona jurídica, ya que de acuerdo con los artículos 1o. y 4o. del decreto publicado el treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno, los bancos conservaron su personalidad y patrimonio, sin sufrir modificación alguna, puesto que la transformación únicamente implicó la adopción de otro tipo legal de sociedad o su conversión en sociedad de capital variable; concluyendo que era irrelevante si en el contrato fundatorio de la acción se identificó al banco acreditante como institución de crédito y no como sociedad anónima, ya que se trataba de la misma persona moral y de conformidad con el artículo 5o. del referido decreto, le correspondían al banco, objeto de transformación, las pretensiones, excepciones, defensas y recursos de cualquier naturaleza, deducidos en los juicios o procedimientos en los cuales la institución demandante, antes sociedad nacional de crédito, tuviera interés jurídico a la fecha en que surtiera efectos la transformación; por tanto, la actora estaba legitimada activamente para demandar a sus deudores el pago del crédito reclamado, derivado de la firma de un contrato a su favor, apoyando estas determinaciones en las jurisprudencias sustentadas por la extinta Tercera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tituladas: "PERSONALIDAD, EXCEPCIÓN DE FALTA DE." y "BANCOS. DECRETOS EMITIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN CUANTO A SU TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS. SU VALIDEZ RADICA EN LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, VIGENTE A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 1990)."; en consecuencia, al no aparecer controvertidos las anteriores consideraciones y fundamentos de derecho, las alegaciones planteadas por los amparistas en su demanda de garantías devienen inoperantes, y aquéllas se mantienen firmes y continúan rigiendo el sentido del fallo reclamado.
Se invoca por ser aplicable sobre el particular, de manera analógica, la jurisprudencia emitida por la hoy desaparecida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 173, en la página 116, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.-Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable.".
Por otra parte, los impetrantes de garantías señalan que la Sala responsable no se ocupó del estudio del certificado contable en su aspecto material, es decir, al reasumir jurisdicción no estudió las excepciones que hizo valer en torno a dicha certificación, consistentes en que en ésta no se precisa la moneda en la que se expresan las cantidades asentadas en la misma, por lo que en términos de los artículos 1o., 2o. y 8o. de la Ley Monetaria, debe entenderse que se trata de moneda nacional, máxime que en la primera hoja de la certificación contable se expresa la cantidad total con el signo de pesos mexicanos; y que no existe coincidencia entre las fechas señaladas en el certificado contable, en el que se establece que el contrato se celebró el uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, con la fecha consignada en la escritura pública que contiene el contrato de crédito hipotecario industrial con garantía hipotecaria, esto es, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y con la asentada en el pagaré exhibido por la actora, que es de fecha uno de diciembre del mismo año, por lo que existe diversidad de fechas entre la escritura, el pagaré y el certificado contable.
Es fundado pero inoperante el concepto de violación que nos ocupa, en virtud de que si bien es verdad que la Sala responsable omitió el examen de las excepciones a que aluden los quejosos, lo cierto es que por lo que ve al fondo de tales cuestiones, no les asiste la razón, toda vez que el contrato de crédito hipotecario industrial con garantía hipotecaria, celebrado entre las partes contendientes, tuvo verificativo el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y en su cláusula octava se estableció lo siguiente: "Pagarés. Para documentar las disposiciones de la suma que importa el crédito que en este acto se concede ‘el acreditado’ suscribe a la orden de ‘la acreditante’ pagarés que se sujetarán respecto a importe, vencimiento, garantía y demás condiciones a lo pactado en este contrato y de acuerdo a lo preceptuado por el artículo trescientos veinticinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito."; de lo que se advierte que los contratantes no pactaron expresamente que en la misma fecha de la celebración del acuerdo de voluntades citado, se suscribirían los pagarés referidos, antes bien, al emplear la conjugación del verbo "sujetar" en tiempo futuro, revela que tal documentación podría verificarse con posterioridad a la fecha indicada, tal y como efectivamente ocurrió, puesto que la parte demandada suscribió un solo pagaré en fecha uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; por tanto, es válido que la documentación del crédito mediante el título de crédito mencionado, se haya efectuado con posterioridad al del otorgamiento del contrato base de la acción. Asimismo, tampoco asiste la razón a los amparistas cuando alegan que la certificación contable alude a una fecha diversa a la del contrato de crédito hipotecario industrial con garantía hipotecaria, ya que de la simple lectura del primero se advierte que en la hoja uno, concretame
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7452-fe1dc6ad/personalidad-es-suficiente-copia-certificada-por-notario-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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