CUOTAS OBRERO PATRONALES. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE FACULTADES PARA EMITIR CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN POR EJERCICIOS NO DICTAMINADOS, Y POR LOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL (VIGENTE HASTA EL 1o. DE NOVIEMBRE DE 2002).
AMPARO DIRECTO 142/2003. DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA TREB, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados.
En efecto, en primer término y para una mejor comprensión del asunto conviene hacer una narración de hechos que derivan de las constancias que obran en autos del expediente 3075/02-12-02-8:
Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil dos, en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Eduardo Bracamonte Zardenetta, representante legal de Distribuidora Especializada Treb, S.A. de C.V., presentó demanda de nulidad en contra de "la cédula de liquidación con número de crédito 023005996, emitida por el titular de la Subdelegación Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social y por medio del cual determina créditos fiscales a cargo de mi mandante por un monto en cantidad de $864.71, por concepto de supuestas diferencias en el pago de cuotas obrero patronales correspondientes al periodo 1997/05".
La parte actora hizo valer los siguientes hechos:
"1. La empresa que represento es una persona moral constituida bajo las disposiciones de las leyes mexicanas. 2. Mi representada, con el fin de acogerse a los beneficios del artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, optó por presentar dictamen voluntario en relación con el cumplimiento de obligaciones de la misma ley por los ejercicios fiscales de 1999 y 2000. 3. Finalmente, con fecha 30 de junio de 2002, le fue notificada a mi mandante la cédula de liquidación emitida por el titular de la Subdelegación de Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social y por medio del cual determina créditos fiscales a cargo de mi mandante por un monto en cantidad de $864.71, por concepto de supuestas diferencias en el pago de cuotas obrero patronales correspondientes al periodo 1997/05 y que constituye la resolución impugnada en el presente juicio. 4. Al no estar de ninguna manera de acuerdo con lo determinado por la Subdelegación de Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por considerar que transgrede lo establecido en el artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, mi poderdante se ve en la necesidad de impugnar la resolución descrita en el punto que antecede por medio del presente medio de defensa, mismo que debe considerarse interpuesto en tiempo, descontándose para su cómputo los sábados y domingos, así como los días 27 de agosto y 16 de septiembre de 2002, por ser inhábiles para esa autoridad juzgadora, lo que genera que esta demanda se encuentra promovida oportunamente; lo anterior, con fundamento en los artículos 207 del Código Fiscal de la Federación, 50 y 51 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social."
Anexó a su demanda de nulidad:
I) La copia certificada del instrumento notarial con el que acredita la personalidad para promover el juicio fiscal.
II) El original de la cédula de liquidación con número de crédito 023005996, emitida por el subdelegado en Puebla Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se determina a la hoy quejosa un crédito fiscal en cantidad de ochocientos sesenta y cuatro pesos setenta y un centavos, por concepto de supuestas diferencias en el pago de cuotas obrero patronales correspondientes al periodo 1997/05, señalando textualmente:
"Las cuotas determinadas a su cargo que debió enterar a este instituto, son las que usted se encuentra obligado a cubrir respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez establecido en la fracción IV del artículo 11 de la Ley del Seguro Social, en términos de los artículos 29, 35 y 38 de la citada ley, de acuerdo al régimen financiero de dicho seguro que a continuación se detalla: seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez."
III) Copias certificadas de las cartas de presentación de los dictámenes correspondientes a los ejercicios fiscales de mil novecientos noventa y nueve y dos mil.
El uno de octubre de dos mil dos, fue admitida a trámite la demanda de nulidad, registrándola con el número 3075/01/12-02-8.
Por oficio presentado el veintiocho de noviembre de dos mil dos, la delegada del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social contestó la demanda de nulidad manifestando que "el crédito fiscal 023005996 del periodo 05/97, fue emitido ya que al autodeterminar el pago de sus contribuciones de seguridad social, lo debió realizar conforme a los salarios base de cotización que registró ante este instituto, y de acuerdo a los porcentajes que especifica cada una de las ramas de aseguramiento, al no realizarlo de esta forma y revisar sus antecedentes originó que se emitiera el crédito fiscal 023005996 del periodo 05/1997, por las diferencias que omitió en su determinación de cuotas de seguridad social, tal como se desprende del texto del crédito impugnado, mismo que se encuentra debidamente fundado y motivado de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República y 38 del código tributario federal ...". Anexó a su oficio de contestación de demanda el citatorio de veintinueve de julio de dos mil dos, por el que se citó previamente al actor para que fuera notificado de la resolución que combate.
Por auto de dos de diciembre de dos mil dos, se tuvo por contestada la demanda de nulidad.
Por escrito de ocho de enero de dos mil tres, Eduardo Bracamonte Zardenetta, representante legal de Distribuidora Especializada Treb, S.A. de C.V., solicitó en términos de los artículos 227 y 228 del Código Fiscal de la Federación, la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, misma que se desechó por improcedente, por auto de diez de enero de dos mil tres.
El diez de enero de dos mil tres, la Sala Fiscal emitió la resolución que ahora se impugna, declarando la validez de la resolución impugnada, por estimar que:
a) Del estudio del único concepto de impugnación hecho valer en el juicio de nulidad, se advierte que es infundado, pues la autoridad no viola en perjuicio de la actora lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social.
b) Ello en razón de que, del numeral citado, se desprende que la limitación del Seguro Social (de no realizar sus facultades de comprobación) sólo se circunscribe a la imposibilidad para ejercer su facultad de comprobación mediante la práctica de visitas domiciliarias.
c) La actora no cita precepto legal alguno del cual se pueda deducir que la facultad de revisión ejercida por la demandada en la resolución impugnada se encuentre subordinada o tenga mejor jerarquía que una visita domiciliaria, máxime que la revisión de pagos se efectuó en términos del artículo 39-C, primero y segundo párrafos, de la Ley del Seguro Social y del artículo 22 del Reglamento para el Pago de Cuotas, por lo que no existe impedimento legal para que las demandadas lleven a cabo la revisión del pago efectuado por la actora y determinen las cuotas correspondientes.
d) De igual manera, no beneficia al actor el contenido del artículo 77 que invoca, pues en su último párrafo señala que no es aplicable tal beneficio "bajo ninguna circunstancia a los créditos que se deriven del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, capitales constitutivos, recargos documentados, visitas de auditoría y en general, resoluciones derivadas de cualquier medio de defensa ejercido por el patrón."
La actora en su único concepto de violación alega que la resolución que constituye el acto reclamado es violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, estatuidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la Sala Fiscal declara la validez de la cédula de la liquidación obrero patronal, sin tomar en cuenta que:
1) La actora en el juicio fiscal expuso en su único concepto de anulación que sí se había dictaminado por los ejercicios fiscales mil novecientos noventa y nueve y dos mil, lo que le otorga el beneficio que concede el artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, en el sentido de que el Instituto Mexicano del Seguro Social se encontraba impedido para emitir cédulas de liquidación por diferencias relativas, no únicamente por los periodos dictaminados, sino también por los periodos anteriores a éstos; y la Sala Fiscal estima que tal beneficio no es aplicable, pues no se trata de visitas domiciliarias.
2) La interpretación que realiza la Sala Fiscal de la fracción II del artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, es "simplemente la literal, es decir, lo que textualmente establece esa fracción y por eso concluye que la única limitante para emitir cédulas de diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos es sólo por los ejercicios dictaminados, sin que el dictamen voluntario limite el ejercicio de esa facultad de comprobación por ejercicios anteriores a los dictaminados", sin embargo, debe realizarse una lectura e interpretación integral del citado artículo 77, para concluir "que la intención clara del legislador al establecer ese precepto fue invitar a los patrones para dictaminarse en forma voluntaria y a cambio de eso conceder ciertos beneficios", entre ellos el denominado "perdón fiscal" o amnistía fiscal.
3) Lo que se precisa en la fracción I del artículo 77 del Reglamento Para el Pago de Cuotas del Seguro Social, es la regla general consistente en que los patrones no puedan ser sujetos de visitas domiciliarias por ejercicios dictaminados y anteriores a éstos, y por lógica que tampoco puedan emitirse cédulas de diferencias por esos periodos, de lo que se desprende que "es obvio que partiendo de la limitante, la fracción II del propio artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, simplemente regula de qué manera se puede ejercer el procedimiento de verificación de pagos, estableciendo que sólo en el caso de que se encuentren las irregularidades descritas en esa fracción, se podrán emitir cédulas de liquidación por diferencias ejerciendo esa facultad de comprobación, pero de ninguna manera debe perderse de vista que esa facultad de comprobación sólo puede ejercerse respecto de los ejercicios dictaminados y, por ende, las únicas cédulas de liquidación por diferencias que pudieran emitirse también únicamente pueden ser por los ejercicios dictaminados, pero no por los anteriores a los dictaminados por éstos desde un principio gozan de beneficio de la amnistía o perdón fiscal que emana del texto integral del artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social".
4) La fracción II del artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, siguiendo la lógica jurídica que se desprende del texto integral del mismo, únicamente establece en qué casos específicos procedería la emisión de cédulas de liquidación derivadas del procedimiento de verificación de pagos por ejercicios dictaminados, pero esto de ninguna manera implica que por ello desaparezca el beneficio que el propio precepto otorga respecto del perdón o amnistía que existe por los periodos anteriores a los dictaminados.
5) Si las disposiciones de carácter fiscal son de aplicación estricta, de conformidad con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, se llega a la conclusión de que la fracción II del artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, única y exclusivamente faculta a las autoridades de seguridad a emitir cédulas de diferencia derivadas del procedimiento de verificación de pagos por los ejercicios dictaminados, cuando se dé alguno de los supuestos contemplados en la propia fracción, pero jamás se establece que también estén facultados para emitir ese tipo de resoluciones como consecuencia de esa facultad de comprobación por los ejercicios anteriores a los dictaminados.
Son infundadas las manifestaciones vertidas en los incisos resumidos en líneas anteriores, por lo siguiente.
Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico.
Por ello, el propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, se permiten utilizar mecanismos de interpretación jurídica (literal, gramático, histórico, sistemático y teleológico), permitiéndose así desentrañar el sentido y alcance de un mandato de ley, y permitiendo conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el legislador.
En materia fiscal, el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación establece que todas las disposiciones que establezcan cargas a los particulares y excepciones a esas cargas, son de aplicación "estricta".
Por su parte, el artículo 2o. del citado código tributario federal establece que las aportaciones de seguridad social forman parte de las contribuciones y, en el caso, le fue emitida a la quejosa una cédula de liquidación en la que se determina un crédito por diferencias en el pago de cuotas obrero patronales, derivado del procedimiento administrativo de verificación; por lo que el método de interpretación que se debe aplicar, en la especie, debe ser estricto.
Así lo ha señalado la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis doscientos quince, visible en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, Tomo I, parte SCJN, página 206, que a la letra dice:
"LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA. Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional."
Sentado lo anterior, hay que establecer que el artículo 77, fracciones I y II, del Reglamento para el pago de Cuotas del Seguro Social, en estudio, es del tenor literal siguiente:
"Artículo 77. Los patrones que opten por dictaminarse de manera voluntaria en los términos del presente reglamento gozarán de los beneficios siguientes: I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios dictaminados y los anteriores a éstos, a excepción de que exista denuncia específica de alguno o algunos trabajadores o que al revisar el dictamen se encuentren en su formulación irregularidades de tal naturaleza que obliguen a la autoridad a ejercer sus facultades de fiscalización; II. No se emitirán a su cargo cédulas de diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: a) Que el contador público autorizado haya concluido y presentado el dictamen correspondiente; b) Que los avisos afiliatorios y las modificaciones salariales derivados del referido dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos dispuestos para ello, es decir, a través de avisos individuales, masivos o dispositivos magnéticos, y c) Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad o se haya acogido al plazo de doce meses establecido para el pago en parcialidades y otorgado la garantía correspondiente, en términos de los artículos 48 y 49 de este reglamento."
De la lectura de la norma antes transcrita, y con base en la interpretación ordenada por el propio artículo 5o. del código tributario federal, se desprende que los patrones que opten por dictaminarse voluntariamente pueden adquirir dos tipos de beneficios: I. No serán sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios dictaminados y los anteriores a éstos; y II. No se emitirán a su cargo cédulas de diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado. Estableciéndose en cada caso específico diversas excepciones y reglas a seguir para poder obtener tal beneficio.
En efecto, tal como lo prevé el dispositivo legal en estudio en su fracción I, si los patrones se dictaminan en forma voluntaria, no serán sujetos de una visita domiciliaria por lo que se refiere a los ejercicios dictaminados e incluso los anteriores a esos ejercicios, existiendo como casos de excepción para ese beneficio: a) que haya denuncia de uno o más trabajadores, y b) que al momento de revisar el dictamen ese instituto vea que hay irregularidades de tal naturaleza que se encuentre obligado a ejercer sus facultades de fiscalización.
Por su parte, la fracción II de dicho dispositivo legal establece que en caso de que se adviertan diferencias en un procedimiento de verificación de pagos que haga el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de ello y únicamente por el ejercicio dictaminado, no podrá emitir cédulas de liquidación a cargo del particular dictaminado.
Esto es, el citado artículo 77, fracción II, del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, establece la imposibilidad para emitir cédulas de liquidación únicamente por los ejercicios dictaminados, pues así lo señala textualmente el propio precepto legal, al consagrar en su texto la frase "referidas al ejercicio dictaminado", lo que no genera cuestionamiento alguno con el hecho de que tiene facultad para emitir tales cédulas por los ejercicios anteriores que no fueron dictaminados voluntariamente.
Siendo además que, para poder acceder al beneficio señalado en la fracción II, debe cumplirse de manera adicional con tres requisitos legales: que el contador público autorizado haya concluido y presentado el dictamen correspondiente; que los avisos afiliatorios y las modificaciones señaladas en el dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos correspondientes, ya sean avisos individuales, masivos o dispositivos magnéticos; y que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad o se haya acogido al plazo de doce meses establecido para el pago en parcialidades y otorgado la garantía legal correspondiente.
Por lo que es dable concluir que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene facultades para emitir cédulas de liquidación por aquellos ejercicios que no fueron dictaminados y por aquellos ejercicios que, si bien fueron dictaminados por los patrones, no cumplieron con alguno de los tres requisitos de ley antes señalados.
Por tanto, es infundado lo considerado por la parte quejosa al estimar que el Instituto Mexicano del Seguro Social no debió emitir la cédula de liquidación por diferencias del pago de cuotas obrero patronales, correspondientes al periodo 1997/05, toda vez que con el fin de acogerse a los beneficios del artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, optó por presentar dictamen voluntario en relación con el cumplimiento de obligaciones de la ley mencionada por los ejercicios mil novecientos noventa y nueve y dos mil, señalando, además, que si bien la fracción II de dicho precepto legal no establece literalmente que no se emitirán a su cargo cédulas de diferencias derivadas del procedimiento de verificación de pagos, referidas al ejercicio dictaminado y los anteriores, ello se deriva de la interpretación armónica de tales preceptos y de "la intención clara del legislador al establecer ese precepto fue invitar a los patrones para dictaminarse en forma voluntaria y a cambio de eso conceder ciertos beneficios", entre ellos, el denominado "perdón fiscal" o amnistía fiscal.
Ello debido a que, como se ha visto, la quejosa únicamente optó por dictaminarse los ejercicios de mil novecientos noventa y nueve y dos mil, y no acreditó haber dictaminado el correspondiente al periodo 1997/05; y de una recta interpretación del artículo 77, fracción II, en estudio, se desprende que, para gozar del beneficio que en él se consigna, debió acreditar que concurrieron los siguientes supuestos:
1) Que se dictaminó voluntariamente el periodo por el cual le fue emitida la cédula de liquidación fiscal 1997/05;
2) Que el contador público autorizado haya concluido y presentado el dictamen correspondiente;
3) Que los avisos afiliatorios y las modificaciones señaladas en el dictamen se hubieran presentado por el patrón en los formatos correspondientes, ya sean avisos individuales, masivos o dispositivos magnéticos; y,
4) Que las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, derivadas del dictamen, se hubiesen liquidado en su totalidad, o se haya acogido al plazo de doce meses establecido para pago en parcialidades y otorgado la garantía legal correspondiente.
Esto es, que el quejoso para que gozara del beneficio de que no se le realizara el procedimiento de verificación y se le emitiera una cédula de liquidación correspondiente al periodo 1997/05, a que se refiere la fracción II del artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, debió acreditar que concurrieron las cuatro condicionantes que señala el propio numeral.
Por lo que son infundadas las manifestaciones de la quejosa al señalar que "la facultad de comprobación sólo puede ejercerse respecto de los ejercicios dictaminados y, por ende, las únicas cédulas de liquidación por diferencias que pudieran emitirse también únicamente pueden ser por los ejercicios dictaminados, pero no por los anteriores a los dictaminados por éstos"; pues como se ha dicho, el beneficio señalado se da en favor de los contribuyentes que se dictaminaron voluntariamente un periodo determinado, cumpliendo con los requisitos antes citados.
Lo anterior, habida cuenta que si bien es cierto que la intención del legislador es invitar a los patrones (contribuyentes) para dictaminarse en forma voluntaria y a cambio de eso concederles ciertos beneficios a los contribuyentes; también lo es que el legislador plasmó de manera textual y sin que hubiere insuficiencia u oscuridad al respecto, qué requisitos debía cubrir para obtener tal beneficio.
Ahora, la quejosa estima que si la orden de visita domiciliaria a que se refiere la fracción I del artículo 77 del Reglamento para el Pago de Cuotas del Seguro Social, es el más amplio de los ejercicios de facultades de comprobación, es evidente que por la misma razón las facultades menores tengan la misma limitación; lo que es infundado.
Esto en razón de que, como se señaló en líneas anteriores, las leyes fiscales son de aplicación estricta, conforme a lo señalado en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, principio que se contrapone con el de "mayoría de razón" a que alude el quejoso; máxime que el propio precepto legal distingue textualmente entre el caso de la visita domiciliaria y el procedimiento de pago; por lo que el hecho que se encuentren consagrados en un mismo artículo, aunque en diversas fracciones, no debe entenderse en el sentido que el contribuyente tenga la facultad de elegir de manera indistinta y a su conveniencia los beneficios que le otorga dicha norma, amparándose bajo el concepto de "perdón fiscal".
Ahora bien, el hecho de que en la fracción I del artículo 77 multicitado, se concediera a los patrones que optaran por dictaminarse voluntariamente, el beneficio de no ser sujetos de visitas domiciliarias por el o los ejercicios dictaminados y los anteriores a éstos, se debe a que en él se tutela una de las garantías fundamentales de todo gobernado, que es la inviolabilidad del domicilio, la que por su importancia debe ser tutelada en todo momento; situación diversa a la contemplada en la fracción II, que se refiere al procedimiento de verificación de pagos, que si bien constituye un acto de molestia, no ocasiona en los gobernados un efecto tal que haya llevado a plasmarse en la norma la necesidad de no verificar y emitir cédulas de liquidación a los periodos anteriores a los determinados, por lo que no puede considerarse lo señalado en la fracción I como una regla general, como lo alega la quejosa, pues la norma es clara al distinguir en cada uno de los dos casos.
Similar criterio sostuvo este órgano colegiado al resolver el juicio de amparo directo número 38/2003, promovido por Administración Especializada Bret, S.A. de C.V., en sesión de siete de febrero de dos mil tres, bajo la ponencia de la Magistrada Amanda R. García González, así como el juicio de amparo directo 34/2003, promovido por Distribuidora Especializada Treb, S.A. de C.V., en sesión de trece de febrero de dos mil tres, bajo la ponencia del Magistrado Omar Losson Ovando, y el juicio de amparo directo DF. 116/2003, promovido por Distribuidora Comercial, S.A. de C.V., en sesión de tres de abril de dos mil tres, bajo la ponencia de la Magistrada Amanda R. García González; y los diversos DF. 114/2003, 138/2003 y 151/2003, de la ponencia del Magistrado Antonio Meza Alarcón.
A mayor abundamiento, es necesario hacer notar que la Sala Fiscal en la resolución reclamada manifestó que no beneficia al actor el contenido del artículo 77 que invoca, pues en su último párrafo señala que no es aplicable tal beneficio "bajo ninguna circunstancia a los créditos que se deriven del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, capitales constitutivos, recargos documentados, visitas de auditoría y en general, resoluciones derivadas de cualquier medio de defensa ejercido por el patrón."
Tales manifestaciones se acreditaron con la lectura de la propia resolución recurrida al señalarse que "Las cuotas determinadas a su cargo que debió enterar a este instituto, son las que usted se encuentra obligado a cubrir respecto del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez establecido en la fracción IV del artículo 11 de la Ley del Seguro Social, en términos de los artículos 29, 35 y 38 de la citada ley, de acuerdo al régimen financiero de dicho seguro que a continuación se detalla: seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez."
Siendo que tales consideraciones en ningún momento fueron controvertidas por la parte quejosa, por lo que es indudable que deben quedar firmes las mismas al no haber sido atacadas por la parte quejosa en su totalidad.
Es aplicable, por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 14, tomo 157-162, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido indica:
"AGRAVIOS INSUFICIENTES.-Este Tribunal Pleno hace suyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 321, en la página 538 de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1975, que dice: Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios agravios."
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracciones III y IX de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Distribuidora Especializada Treb, S.A. de C.V., en contra del acto que reclama de la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad de Puebla, consistente en la resolución dictada el veintitrés de enero de dos mil tres, en el juicio de nulidad 3075/02-12-02-8.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria devuélvanse los autos a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Omar Losson Ovando, Antonio Meza Alarcón y José Manuel Torres Pérez, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17730-71ff9102/cuotas-obrero-patronales-el-instituto-mexicano-del-seguro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AUTORIDADES ADUANERAS. LA CONSTANCIA DE ARRIBO DE CONTENEDORES LEVANTADA SIN LA INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA TRANSPORTISTA, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA (AMPARO DIRECTO)
- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE QUE FORMULÓ LA QUEJA QUE MOTIVÓ EL PROCEDIMIENTO RELATIVO EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL, CARE (AMPARO EN REVISIÓN)
- AMPARO CONTRA LEYES. LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A ALGUNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. (AMPARO EN REVISIÓN)
- NORMAS FISCALES. EL LEGISLADOR DEBE PREVER EN ELLAS LOS SUPUESTOS DE MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, NO CASOS EXCEPCIONALES. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis