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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE APREHENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA SU LIBRAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7512
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO T
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 716.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO), PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: EUNICE SAYURI SHIBYA SOTO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los criterios que dieron lugar a la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, son los siguientes:

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, al resolver la improcedencia 375/99, en lo conducente sostuvo:

Improcedencia 375/99.

"TERCERO.-Son fundados los agravios que hace valer la parte recurrente como a continuación se apreciará: Como antecedentes del caso, y según se advierte de las constancias que integran el cuaderno auxiliar de amparo 77/99-A, del que deriva la determinación reclamada, se hace preciso señalar que la hoy recurrente presentó demanda de garantías ante el Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, el cuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve.-Según se aprecia de dicha demanda se señalaron como actos reclamados los siguientes: a) La privación del resarcimiento de los daños morales y materiales en su perjuicio, como consecuencia de los ilícitos cometidos en su agravio por ... b) La inminente orden de levantamiento de las medidas provisionales dictadas por el fiscal del fuero común, dentro de la averiguación previa 324/98, que consistieron en la restitución del pleno goce de sus derechos, al haberla puesto en posesión física y material del lote número 3, de la colonia Fernando de la Toba, Baja California Sur, inmueble del que previamente fuera desposeída por ... mediante actos delictivos.-Los anteriores actos los reclama la peticionaria de garantías, como consecuencia directa de la resolución de fecha trece de mayo del presente año, dictada en el toca penal número 90/99, en el que se determinó confirmar la negativa a librar orden de aprehensión en contra de ... respecto de los delitos de despojo, robo y falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, previstos y sancionados, respectivamente, por los artículos 233, 235, 211, en relación con el 19, fracción I, 23, fracción I y 290, fracción I, del Código Penal vigente en Baja California Sur, lo que, estima, daría lugar a que se le desposea de nueva cuenta del citado inmueble.-También se aprecia de lo actuado en el cuaderno auxiliar de referencia, que el Juez Federal ante quien se presentó la demanda de garantías, por resolución de fecha siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, determinó desechar la demanda en cuestión, en términos de los artículos 145, 73, fracción V y 10, todos de la Ley de Amparo, pues estimó que la orden de aprehensión negada no afectaba el interés jurídico de la quejosa y que los demás actos eran consecuencia de la citada resolución.-La anterior determinación se estima incorrecta por lo siguiente: Es cierto que la hoy recurrente señala como acto reclamado la confirmación a la negativa a librar orden de aprehensión; sin embargo, como ya se señaló, dicho acto resulta traer como consecuencia el inminente levantamiento de la medida provisional decretada en la averiguación previa por el representante social, que consistió en haberle puesto en posesión de un predio del que dice fue despojada, levantamiento que la obligaría a entregar dicho inmueble, acto este que contrariamente a lo determinado por el Juez Federal, sí afecta los intereses de la parte ofendida, pues según se advierte de las actuaciones anexadas a su demanda de garantías, la hoy recurrente fue la denunciante de los delitos por los que se solicitó el libramiento de la orden de aprehensión, esto con el objeto de que se le restituyera en la posesión de un inmueble del que supuestamente fue despojada, restitución que logró mediante el pago de una fianza, y aportando pruebas a la averiguación, logrando que el Ministerio Público ejercitara acción penal en contra de la persona supuestamente responsable de los delitos que denunció, es decir, hasta esta etapa de la averiguación, la ofendida actúo con el interés de que se le reparara el daño habido en su patrimonio, a virtud de hechos delictuosos, y tal interés no desaparece por el hecho de que la averiguación se haya consignado ante la autoridad judicial, sino que éste subsiste, pues se refiere a la reparación del daño, sólo que ahora dicho interés se encuentra sujeto a una condición resolutoria, y la condición resolutoria operaría con motivo de la sentencia judicial que viniera a declarar la existencia del delito, la responsabilidad del señalado responsable y su obligación de reparar el daño. Mas como no se resolvió la condición en este sentido, sino en el sentido de que no se libra la orden de aprehensión, es incuestionable, que se le está vedando a la ofendida la posibilidad de que en su caso pueda obtener la reparación del daño y en estas condiciones debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo que establece, en lo conducente, que el ofendido en un procedimiento penal puede recurrir al juicio de garantías, cuando los actos surgidos dentro del procedimiento penal se relacionan inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, proveniente de delito.-Lo anterior es así, porque el interés que en el caso tiene la peticionaria de garantías es de que en el juicio de garantías se decida sobre la legalidad de la resolución en la que se decidió negar la orden de aprehensión, ya que esta resolución se encuentra relacionada directa e inmediatamente con el objeto del delito de despojo, pues al haberse negado ésta, la consecuencia directa e inmediata es el levantamiento de las medidas provisionales tomadas en la averiguación previa, que consistieron en ponerla en posesión del inmueble objeto del despojo, razón por la cual tiene interés de que se decida sobre la legalidad de la resolución de referencia.-No escapa que existen infinidad de tesis de jurisprudencia en contrario, pero se considera que las mismas ya no son aplicables en la actualidad, ya que éstas surgieron cuando era indiscutible que el Ministerio Público era el titular del ejercicio de la acción penal y no se permitía que nadie tuviera injerencia, pero a partir de la reforma publicada el 31 de diciembre de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 21 constitucional fue adicionado con el párrafo siguiente: '... Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por la vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley. ...'.-El anterior párrafo forma parte de la amplia iniciativa de reformas al Poder Judicial con que inició el presidente de la República su sexenio, misma que recogió un reclamo generalizado de la sociedad, en relación a la indefensión en que la mayoría de las veces se encuentran las víctimas de los delitos, por ende, es dentro de ese espíritu que nos debemos manejar, y no aplicar en forma dogmática los criterios que analizaron anteriormente el tema, pues claro está que éstos lo vieron desde una perspectiva diferente, consecuentemente, viendo el artículo 10 de la Ley de Amparo, sobre el punto de vista que se sostiene, es inconcuso que el ofendido con la expectativa a la reparación del daño, está legitimado para interponer el amparo cuando la autoridad jurisdiccional que le tocó conocer el asunto niega el libramiento de la orden de aprehensión correspondiente.-A mayor abundamiento, si el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció que las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal podían ser impugnados por la vía jurisdiccional, es claro que ese acto no puede escapar al control de la legalidad y, por ende, es impugnable en amparo. Luego, si esa resolución judicial que confirma el no ejercicio de la acción penal puede ser impugnada en amparo ¿por qué no puede correr la misma suerte la resolución judicial que niega la orden de aprehensión ejercitada por el Ministerio Público, si son idénticos los problemas resueltos y las consecuencias del mismo? Siendo pues la respuesta que, en términos del artículo 21 constitucional y 10 de la Ley de Amparo, tales resoluciones sí son impugnables en amparo.-En tal virtud, resulta evidente que en el caso no se surte la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, es decir, que exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al quedar evidenciado que el haberse negado el libramiento de la orden de aprehensión, sí afecta el interés de la peticionaria de garantías; y al no haberlo apreciado así el Juez Federal, es incuestionable que causó agravios a la quejosa al haberle desechado su demanda de garantías; por consiguiente y con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar el auto recurrido y ordenar al Juez de Distrito, de no encontrar otro motivo manifiesto e indudable de improcedencia, admita la demanda de amparo promovida por la ahora recurrente y una vez tramitado el juicio constitucional resuelva lo que en derecho proceda." (foja 22 vuelta a 26 vuelta del expediente de contradicción).

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la reclamación 3/88 y las revisiones penales 701/95 y 325/98, expuso, en lo medular, lo siguiente:

Reclamación penal 3/88.

"SEGUNDO.-Son infundados los agravios expresados. En efecto, correctamente el presidente de este Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, por auto de veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y ocho, desechó por improcedente el recurso de queja interpuesto por Rogelio Vázquez y/o Juan González Fuentes, contra el acuerdo de diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, por el cual el Juez Quinto de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal, no les reconoció a los citados promoventes la calidad de parte, terceros perjudicados, en el juicio de garantías 732/87, pues atento lo dispuesto en el inciso b) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y como así lo sostuvo la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal de Justicia al resolver la denuncia de contradicción de tesis entre los entonces Tribunales Colegiados del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, publicada en el Informe de mil novecientos sesenta y nueve, el ofendido no es parte, tercero perjudicado, en el amparo solicitado por el quejoso contra la orden de aprehensión, porque este acto evidentemente no afecta directa ni indirectamente a la reparación del daño, ni a la responsabilidad civil que pudiera corresponder al ofendido, pues la afectación del interés a que se refiere el inciso, fracción y numeral de la Ley de Amparo en cita, debe originarse directamente, esto es, que el acto reclamado sea una resolución relacionada en forma inmediata con la reparación del daño y la responsabilidad civil, y si bien la orden de aprehensión puede afectar tales intereses, esto sería en forma mediata, y sólo en cuanto en una resolución de esa naturaleza se sienten las bases para un posible proceso que lleve a la condena del indiciado y, por ende, pueda sentenciarle a resarcir el daño; sin que en el caso pueda estimarse que el criterio sustentado por el Ministro Ernesto Aguilar Álvarez en su voto particular, al resolverse la contradicción citada y a que alude el quejoso en sus agravios, decida la cuestión planteada, pues este tribunal no comparte el criterio sostenido en dicho voto, de que la formal prisión o, como en el presente caso, la orden de aprehensión puedan afectar los intereses patrimoniales del ofendido, puesto que tales actos no tocan para nada la materia de la reparación o de la responsabilidad civil, sino únicamente la situación jurídica del indiciado, y tan es así que el artículo 16 constitucional, en su parte conducente, otorga garantías sólo al presunto responsable pero no al ofendido quien, en todo caso, de no prosperar el proceso penal, tiene expedito su derecho en la vía civil para exigir la reparación del daño. Atento lo anterior debe declararse infundado el recurso de reclamación interpuesto." (foja 65 y vuelta id).

Revisión penal 701/95.

"QUINTO.-Son infundados los agravios que al respecto se hacen valer.-En efecto, aun cuando es verdad que el sobreseimiento de la causa penal en donde la parte inconforme figura como denunciante u ofendido, trae como consecuencia la inhabilitación del derecho a la posible reparación de los daños y perjuicios que en su favor pudiera decretarse, de concluir el procedimiento penal con sentencia condenatoria, esto es insuficiente para acreditar el interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, ello por las consideraciones del orden siguiente.-Es criterio jurisprudencial y doctrinario que el amparo es una institución procesal que tiene por objeto proteger al gobernado contra cualquier acto de autoridad que, en detrimento de sus derechos, viole la Constitución.-Y se inicia por la acción que ejercita el gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra este acto de autoridad que considera le causa un agravio en su esfera jurídica y que además estima es contrario a la Carta Magna.-Sin embargo, no todo gobernado que se vea afectado con un acto de autoridad está legitimado para promover esa acción constitucional.-Así es, entre los principios o postulados básicos del juicio de garantías, contenidos en el artículo 107 de la Constitución Política del país, se encuentran dos de particular importancia para el caso a estudio: 1. El de la iniciativa o instancia de la parte agraviada; y, 2. El de la existencia del agravio personal y directo.-El primero, contenido en la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, estriba en que el juicio de garantías no procede de manera oficiosa, sino que siempre se seguirá, salvo casos de excepción, por incitación de la persona física o moral que se considera agraviada por un acto de autoridad en los casos especificados por el numeral 103 de nuestra Carta Magna.-Para tener un mejor entendimiento de lo que implica el segundo de los citados principios, es menester señalar que el agravio consiste en la lesión u ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona consagrados por la ley, con el acto reclamado, y dicha lesión se puede ocasionar de dos maneras: directa o indirecta.-Ahora bien, de acuerdo con este principio contenido en el artículo 4o., en relación con el 73, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, es decir, por aquel que resiente el agravio de manera directa y personal y no por quien sólo resiente un perjuicio indirecto, dependiente del que ocasione a otra persona.-Así se desprende del criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3708, Tomo LXVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'AGRAVIO INDIRECTO.-De conformidad con lo establecido por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, éste debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, dependiente del que ocasione a otra persona, pues entonces esta última es quien debe interponer el juicio de garantías.'.-Y el sustentado por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la foja 417 del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, Primera Parte, que reza: 'AGRAVIO INDIRECTO.-El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo.'.-En consecuencia, el agravio directo que origina el sobreseimiento en una causa penal lo resiente, no el ofendido, sino la institución del Ministerio Público en su carácter de representante de la sociedad y como único facultado para la persecución de los delitos, toda vez que dicho fallo, al surtir efectos de una sentencia absolutoria de conformidad con lo establecido en el artículo 667 del Código de Procedimientos Penales, prácticamente lo priva del ejercicio de sus funciones que de investigador y acusador le confiere el artículo 21 constitucional, pues por una parte hace imposible la iniciación de una nueva investigación sobre los hechos que dieron origen a la causa penal sobreseída y, por otra, le veda la posibilidad de formular, en su caso, la acusación correspondiente; es verdad que dicho acto también irroga perjuicio a la ofendida pues se ve privada del derecho a la posible reparación de los daños y perjuicios que pudieron surgir de haber llegado a concluir el procedimiento con una sentencia condenatoria, empero, este perjuicio se da indirectamente, como una repercusión o consecuencia del acto mismo, dependiente del directo que se ocasiona a la institución del Ministerio Público.-Tiene aplicación a lo anterior la tesis número 29 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Sección Común, Octava Parte, del Apéndice de 1985, que dice: 'AGRAVIO INDIRECTO.-No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo.'.-Asimismo, a manera de ilustración, es pertinente citar el criterio sostenido por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del país, visible en la foja 1793, Tomo LXXIX, Quinta Época del Semanario citado, que reza: 'INTERÉS JURÍDICO BASE DEL AMPARO.-Si el quejoso alega que los actos que reclama lesionan el interés que le asiste, de tener paso directo y libre de su lote a la playa, de que suprima la calle que colindaba por un lado de su lote, de que no se demerite el valor de su terreno, suprimiéndole el acceso directo a la playa, y de que no se cambie la situación de su repetido lote, debe decirse que el interés material del quejoso por los conceptos expresados, no representa un interés jurídico, toda vez que no están tutelados por disposiciones legales expresas, y careciendo de ese interés jurídico para reclamar los actos de que se queja, debe sobreseerse el amparo que promovió, tomando en cuenta el criterio de que si bien es cierto que de toda situación favorable para la satisfacción de una necesidad resulta un interés, ese interés no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que así sea, es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de algunas de sus normas; y ese interés jurídico y no el puro interés material, es el que toma en cuenta la Ley de Amparo para protegerlo, cuando resulta afectado, por medio de la institución del juicio de garantías. Atento lo anterior, es evidente que no basta que el habitante de una ciudad acredite tener interés material en transitar por una determinada calle, para que proceda el amparo contra la orden dictada por la autoridad municipal, para clausurar ...' (falta foja 19 de la sentencia) ... las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." (fojas 57 a 60 id).

Revisión penal 325/98.

"CUARTO.-Los agravios expresados por el recurrente son infundados.-En efecto, no es acertada la afirmación del quejoso de que el ofendido puede ocurrir al juicio de amparo, cuando la autoridad jurisdiccional niega el libramiento de una orden de aprehensión y sobresee en la causa penal, porque así lo autoriza el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.-Lo anterior es así, pues la resolución del Juez de amparo que desechó la demanda de garantías fue dictada legalmente, ya que sustentó adecuadamente dicho desechamiento en la interpretación clara y precisa del artículo 10 de la Ley de Amparo; por lo que correctamente estimó que el acto reclamado consistente en: 'la resolución de dos de mayo de mil novecientos noventa y siete, pronunciada en el toca de apelación 28/97, por la cual se declara improcedente el recurso de denegada apelación en contra del auto de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que niega la orden de aprehensión y sobresee la causa penal', tal acto no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 10 de la Ley de Amparo, por lo que la demanda de garantías resulta improcedente, porque el sujeto pasivo del delito no impugna una resolución que emane del incidente de reparación o de responsabilidad civil, ni actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos al objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.-De ahí que lo alegado a favor del quejoso resulta infundado atento los razonamientos y fundamentos legales en que el Juez de amparo sustenta su resolución que desecha la demanda de garantías promovida por el quejoso de mérito.-Resultan aplicables en la especie las tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 497, bajo los rubros de: 'OFENDIDO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE DICTAR ORDEN DE APREHENSIÓN.' (la transcribe) y 'AMPARO. EL OFENDIDO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PEDIRLO EN CONTRA DEL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL.' (la transcribe).-En tales condiciones, al resultar infundados los agravios expresados a favor del quejoso lo procedente es confirmar la resolución recurrida." (fojas 69 vuelta a 71 id).

El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el toca de amparo en revisión 161/95, en lo que interesa, dijo:

Toca R. 161/95.

"TERCERO.-Los agravios que expresa María de los Ángeles Herrera Delgado resultan infundados a juicio de este tribunal federal.-Antes de entrar al estudio de los agravios propuestos conviene precisar brevemente los antecedentes del caso.-1. Mediante denuncia presentada el ocho de enero de mil novecientos noventa y tres, ante el agente investigador del Ministerio Público en Nueva Rosita, Coahuila, María de los Ángeles Herrera Delgado ocurrió a poner en conocimiento del representante social la comisión de hechos que estimó pudieran ser constitutivos del delito de despojo de inmueble y daño en propiedad ajena; abierta que fue la indagatoria se recabaron pruebas y el agente del Ministerio Público investigador se excusó del conocimiento de la misma remitiéndola a su homólogo de Sabinas, Coahuila, quien no admitió la excusa propuesta y remitió de nueva cuenta la indagatoria al agente ocursante, éste insistió en la excusa propuesta, continuándose la indagatoria por el agente investigador del Ministerio Público en Sabinas; mediante oficio número 1269/994 consignó la averiguación al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, ejercitando acción penal en contra de ... por el delito de despojo de inmuebles.-2. Recibida que fue la indagatoria de mérito se le dio el trámite correspondiente y la ofendida presentó recusación en contra de la Juez a quien correspondió el conocimiento del asunto, quien remitió la recusación de mérito al Supremo Tribunal de Justicia de Coahuila; posteriormente se remitieron los autos del expediente al Juez de Primera Instancia en Monclova, Coahuila, y en el momento procesal oportuno se dictó resolución negando la orden de aprehensión solicitada.-3. En atención a lo anterior y a petición de la ofendida el agente del Ministerio Público apeló la negativa para el libramiento de la orden de aprehensión y el veinte de febrero de mil novecientos noventa y cinco, la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario de Distrito en Monclova, Coahuila, desechó de plano el recurso interpuesto.-Esta resolución constituyó el acto reclamado en el juicio de garantías que sirve de antecedente al presente recurso de revisión y en atención a lo anteriormente expuesto el Juez de Distrito desechó por improcedente la demanda de garantías en cuestión.-Ahora bien, propone la inconforme que el auto que desechó la demanda de garantías le causa perjuicio porque, según ella, se realiza una inexacta aplicación de los artículos 4o., 5o., fracción I, y 10 de la Ley de Amparo en vigor, porque la resolución que desecha el recurso de apelación surge de un procedimiento penal en el que tiene carácter de ofendida y, por tanto, tiene derecho a la reparación del daño, pues se relaciona directamente con un bien inmueble del que fue despojada y que es sujeto de reparación del daño patrimonial y que además respecto del cual detentaba la posesión material por lo que el auto desechatorio le causa los perjuicios que invoca.-Son infundados los anteriores agravios en atención a lo siguiente: Según lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los ofendidos o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de algún delito, tienen el carácter de parte en el juicio de amparo que se promueva contra actos judiciales del orden penal, pero únicamente podrán ser quejosos en el juicio de garantías, cuando la resolución judicial de que se trate afecte dicha reparación del daño o responsabilidad civil, ello conforme al artículo 10 de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.-Así pues, si bien es verdad que los particulares que resulten ser ofendidos tienen expedito su derecho de combatir mediante el juicio de amparo los actos que emanen directamente del incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil exigible a terceros, o bien, contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal relacionados inmediatamente con el aseguramiento de los bienes objeto del delito y de los que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; sin embargo, tales hipótesis no concurren en la especie, en la que se señala como acto reclamado la resolución de segunda instancia que desechó el recurso de apelación promovido por el representante social en contra de la negativa del Juez natural para librar la orden de aprehensión solicitada, ya que es obvio que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, en tanto no se refiere directa e inmediatamente a la reparación del daño o a la responsabilidad civil proveniente del delito, o bien, al aseguramiento del objeto del ilícito o a los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; ello es así, en atención a que si se admitiera que el ofendido por un delito pudiera impugnar a través del juicio constitucional las resoluciones penales de la naturaleza de la que nos ocupa, de hecho equivaldría a aceptar que los particulares pueden sustituirse al Ministerio Público en el ejercicio de la acción persecutoria, lo cual es función exclusiva del Ministerio Público conforme lo dispone el artículo 21 de la Constitución General de la República.-Tiene aplicación en la especie la jurisprudencia número 1224, consultable en la página 1965 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 'OFENDIDO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR EL.' (la transcribe).-En mérito de lo anterior y encontrándose apegado a derecho el auto desechatorio combatido, lo procedente es confirmarlo en sus términos." (fojas 77 a 79 id).

El Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al dictar sentencia en el toca de amparo en revisión 499/97, en lo toral precisó:

Toca R. 499/97.

"TERCERO.-Son infundados en parte e inoperantes en lo demás los agravios hechos valer por la recurrente.-Por cuanto hace a lo alegado por la inconforme en el sentido de que se viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por parte de los tribunales, debe decirse que este argumento es inoperante, en virtud de que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales, lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie, no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte del auto recurrido, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 12/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 507 y 508 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que dice: 'AGRAVIOS INOPERA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7512-b1ff7e13/orden-de-aprehension-es-improcedente-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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