Corpus
Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE DERECHO, ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESE ASPECTO SE REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO PROCEDA MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2000-PS. · Registro digital (IUS): 7572
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y SEG
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, , Pág. 512.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2000-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Al resolver el juicio de amparo directo número 373/2000, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en lo conducente, sostuvo:

"En contra de la sentencia referida, el quejoso que aparece con la calidad de agraviado en el proceso penal del que deriva la sentencia de primera instancia, expresa en términos generales las inconformidades siguientes: Que la sentencia reclamada infringe en contra del quejoso las garantías de seguridad jurídica y legalidad, y se aplican inexactamente los artículos 34, fracciones I, II y III, del Código Penal; 122, 125 y 131 del código procesal penal; que la autoridad responsable, al fijar el monto por concepto de daños y perjuicios en contra del sentenciado, no analizó debidamente los medios de prueba aportados y que obran en el expediente principal.-Por otra parte, resulta pertinente señalar que los artículos 5o., fracción III, inciso b) y 10 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter: ... b) El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad.’.-‘Artículo 10. El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo podrán promover juicio de amparo contra actos que emanan del incidente de reparación o de responsabilidad civil. También podrán promover el juicio de amparo contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.’.-De la interpretación relacionada de los numerales transcritos, se debe concluir que el ahora quejoso carece de legitimación en el caso concreto para intentar la vía constitucional de que se trata, en especial para combatir la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque del análisis de los argumentos que se vierten para controvertirla y los resolutivos que norman la decisión de dicha autoridad se puede convenir que dicho fallo no queda comprendido en alguna de las hipótesis que exigen los dispositivos que se transcriben, para que se actualice la legitimación del ofendido para acudir ante un órgano de control constitucional en demanda de la protección de la Justicia Federal, pues para ello debe acreditarse, no sólo que comparece a la vía constitucional en defensa de derechos patrimoniales vinculados con la comisión de determinado delito, sino además se deben actualizar dos extremos que hagan patente su interés jurídico; el primero, que conforme a la ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo podrán promover juicio de amparo contra actos que emanen de un incidente de reparación del daño o de una responsabilidad civil, supuestos que no se actualizan, porque el acto que se combate no proviene de actos que emanen de un incidente de reparación de daño o de una responsabilidad civil, sino que se trata de una sentencia pronunciada en segunda instancia, donde si bien se condena al pago de la reparación del daño a favor del agraviado Juan Lagunas Martínez; sin embargo, tal derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, está limitado a los actos que emanen del incidente de reparación del daño, razón por la cual no se da el supuesto contemplado en los preceptos transcritos en líneas anteriores.-También resulta procedente promover el juicio de amparo tratándose del agraviado en un procedimiento penal, contra actos surgidos dentro de ese juicio relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que sean afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, extremos que tampoco se surten en el caso concreto, porque de acuerdo con la sentencia que se reclama, de ella no se advierte que se surta la hipótesis antes anotada, es decir, que se controviertan actos surgidos dentro del juicio penal en relación con el aseguramiento de objetos que tengan que ver inmediata y directamente con el delito o bienes que se encuentren afectos a la reparación del daño o a la responsabilidad civil, ya que al no darse estas hipótesis, no se actualiza la legitimación contemplada en los artículos 5o., fracción III, inciso b) y 10, ambos de la Ley de Amparo, para que fuera procedente el juicio de garantías intentado por Juan Lagunas Martínez, por no actualizarse la afectación a su interés jurídico con la sentencia que se reclama.-En lo conducente, se invoca como apoyo de la consideración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, visible en la página 289 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tomo XI, del mes de junio de 1993, que dice: ‘OFENDIDO, ACTOS QUE NO PUEDEN SER IMPUGNADOS EN EL AMPARO POR EL.’ (la transcribe).-No es obstáculo para lo hasta aquí considerado, que en los argumentos que vierte el quejoso, especialmente en el segundo concepto de violación, impugne la sentencia de segunda instancia en lo referente a las consideraciones que vierte la responsable, respecto a la procedencia del monto que debe cubrir el sentenciado al hoy quejoso como pago de reparación del daño, por considerar que no se tomó en cuenta la inspección realizada por el Ministerio Público y el dictamen emitido por el perito Ricardo Ramírez Martínez, porque ni aun en ese supuesto se justifica el derecho de controvertir la resolución, porque la misma no proviene de actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil, en términos de lo dispuesto por el invocado artículo 10 de la Ley de Amparo; máxime que del análisis global de los conceptos de violación propuestos por el peticionario del amparo, se advierte que, en esencia, lo que el quejoso pretende es que se valoren las pruebas existentes en el juicio natural, para que se agrave la responsabilidad penal del sentenciado pues, incluso, se alude a que la responsable debió aumentar la pena impuesta, aspecto que no puede combatir, porque carece de legitimación para ello, tanto en los aspectos relativos a la existencia de la responsabilidad penal, así como de la diversa consecuencia jurídica relativa a la individualización de la pena, pues en tales aspectos el ofendido únicamente es coadyuvante del titular de la acción penal, esto es, del representante social."

TERCERO.-Al resolver la improcedencia penal número 35/93, el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en lo conducente, sostuvo:

"TERCERO.-Los agravios son infundados.-En efecto, la quejosa argumenta que la autoridad responsable confirmó la sentencia del Juez de primera instancia, sin haber analizado sus agravios y mucho menos el alcance y prerrogativas que le otorga la legislación común, concretándose sólo al estudio de los agravios expresados por el Ministerio Público, es decir, no emitió su resolución de manera imparcial; que tampoco valoró las pruebas de su parte para acreditar el cuerpo del delito y la responsabilidad del acusado; que en el proceso fue representada por el Ministerio Público, debido a su carácter de ofendida en el delito de despojo y al producirse perjuicio en su patrimonio, indudablemente se vio afectado su interés jurídico, que lo constituye la preservación de sus derechos de posesión, violándose así el artículo 4o. de la Ley de Amparo, porque tiene el carácter de parte conforme al artículo 5o., como ofendida del delito de despojo y por tener derecho a la reparación del daño y para exigir la responsabilidad civil correspondiente.-Lo anterior es infundado, tomando en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo, el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, no tienen legitimación para impugnar en amparo un fallo absolutorio dictado a favor del inculpado, como ocurre en el presente caso.-Cierto es que de acuerdo con lo previsto por el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los ofendidos o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito tienen el carácter de parte en el juicio de garantías que se haya promovido contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o responsabilidad; pero el juicio únicamente podrá ser intentado contra actos que se originen en el incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, o bien, contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, por disponerlo así, expresamente, el artículo 10 del ordenamiento legal en consulta.-Sin embargo, tales hipótesis no tienen lugar cuando el acto reclamado lo constituye la sentencia de segunda instancia dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el fallo de primer grado en el que se absolvió al acusado, y que confirma dicha determinación, porque la ley no permite a los ofendidos impugnar lo referente a la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del acusado, puesto que el legislador no pretende auspiciar sentimientos de venganza y ha dejado para el Ministerio Público como facultad exclusiva (artículo 21 constitucional) el ejercicio de la acción penal, resulta lógico que el ofendido carezca de dicha acción y, por consiguiente, que en relación con los juicios de amparo en materia penal en que el ofendido no sea precisamente el quejoso, sólo le asista el derecho a comparecer, como tercero perjudicado, en defensa de sus derechos patrimoniales vinculados con el delito y, por tanto, el juicio de amparo que en tales casos se intenta es improcedente porque no existe afectación a los intereses jurídicos del quejoso. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 1224, consultable en la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1988, que dice: ‘OFENDIDO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR EL.-Es improcedente el amparo solicitado por el ofendido en contra de la sentencia que absuelve al acusado, ya que en tal caso el reclamante no se encuentra dentro de ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 10 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; y, por lo tanto, considerando que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso, el juicio constitucional debe sobreseerse con fundamento en los artículos 74, fracción III, y 73, fracción V y XVIII de la mencionada Ley de Amparo.’."

La resolución dio motivo a la tesis siguiente:

"OFENDIDO. ACTOS QUE NO PUEDEN SER IMPUGNADOS EN EL AMPARO POR EL.-De acuerdo con lo previsto por el artículo 5o. fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, los ofendidos o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, tienen el carácter de parte en el juicio de garantías que se haya promovido contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha reparación o de responsabilidad; pero el juicio únicamente podrá ser intentado contra actos que se originen en el incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, o bien contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, por disponerlo así expresamente el artículo 10 del ordenamiento legal citado. Así, es claro que tales hipótesis no tienen lugar cuando el acto reclamado lo constituye la sentencia de segunda instancia que confirma la absolución del acusado, porque la ley no permite a los ofendidos impugnar lo referente a la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del acusado, puesto que el legislador no pretende auspiciar sentimientos de venganza y ha dejado para el Ministerio Público, como facultad exclusiva (artículo 21 constitucional), el ejercicio de la acción penal, resulta lógico que el ofendido carezca de dicha acción y, por consiguiente que en relación con los juicios de amparo en materia penal en que el ofendido no sea precisamente el quejoso, sólo le asista el derecho a comparecer, como tercero perjudicado, en defensa de sus derechos patrimoniales vinculados con el delito; por tanto, el juicio de amparo que en tales casos se intente es improcedente porque no existe afectación a los intereses jurídicos del quejoso.-Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.-Improcedencia 35/93. María Guadalupe Flores Ocampo. 12 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel A. Sierra Palacios."

CUARTO.-Al resolver el juicio de amparo directo número 1454/97, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en lo conducente, sostuvo:

"QUINTO.-Antes de emprender el estudio de los conceptos de violación que se proponen, es conveniente dejar establecido que María Hilaria Esparza Nájera tuvo el carácter de ofendida dentro de la causa penal 238/97 del Juzgado Tercero Penal de Aguascalientes, Aguascalientes, seguida en contra de ... por los delitos de allanamiento de morada y lesiones dolosas.-En virtud de lo anterior y aun cuando no existe cuestionamiento alguno en relación con la legitimación para ocurrir al amparo, cabe decir que la quejosa se encuentra facultada al efecto, por las razones siguientes: El artículo 32, fracción I, del Código Penal para la entidad federativa acabada de mencionar, previene que tiene derecho a la reparación del daño, el sujeto pasivo del hecho delictivo.-A su vez, el artículo 35 del ordenamiento invocado establece que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y que se exigirá de oficio por el Ministerio Público en todo procedimiento penal, con el que podrán coadyuvar el sujeto pasivo del hecho delictivo, sus derechohabientes o su representante, en los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales.-Por su parte, este último ordenamiento en su artículo 341, estatuye: ‘Tiene derecho de apelar el Ministerio Público, el vinculado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes cuando hayan sido reconocidos por el Juez de primera instancia, como coadyuvantes del Ministerio Público, para efectos de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarlo.’.-Ahora bien, aun cuando en el caso y según lo estatuido por el artículo 342 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, atento la cuantía del negocio en contra de la sentencia definitiva de primera instancia no procede el recurso de apelación, de todas maneras, conforme a las disposiciones penales antes invocadas, es incuestionable que el ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño o a perjuicios, se encuentran plenamente legitimadas para actuar en la causa y en la alzada, cuando proceda, pero sólo en lo concerniente a esa cuestión y que pudiera afectar el derecho a la reparación del daño o a perjuicios.-En relación con lo anterior, el artículo 20, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todo proceso penal la víctima o el ofendido por algún delito tendrán derecho a recibir asesoría jurídica; a que se satisfaga la reparación del daño cuando proceda; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera y los demás que señalen las leyes.-Claramente se desprende que el derecho de la víctima o el ofendido a la reparación del daño, constituye una garantía individual distinta a la de coadyuvancia con el representante social y a las demás a que se refiere el apartado constitucional en cita, por lo que la violación a ese derecho es susceptible de reclamarse a través del juicio de garantías, aun cuando de conformidad con lo estatuido por el artículo 10 de la Ley de Amparo, tal derecho esté limitado a los actos que emanen del incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil y a los surgidos dentro del procedimiento penal relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la indicada reparación o a la responsabilidad civil pues, por un lado, el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, reconoce el carácter de parte al ofendido o a las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño y, por otro, porque como se dijo, de conformidad con el último párrafo del artículo 20 constitucional, está reconocido como garantía individual el derecho a la reparación del daño a favor de la víctima del delito y de las personas que, conforme a la ley, tengan ese derecho, por lo que debe concluirse que éstas se encuentran legitimadas para instar el juicio de amparo contra las sentencias dictadas en el proceso penal respectivo, si consideran que la parte de la resolución que decidió sobre el tópico referido, afectan ese derecho.-Bajo esa perspectiva, la víctima o el ofendido pueden promover el juicio de garantías con la limitante apuntada, como sucede en la especie, en que el único concepto de violación propuesto se dirige a impugnar este aspecto de la sentencia reclamada y que resulta fundado."

La ejecutoria transcrita dio origen a la tesis siguiente:

"OFENDIDO Y VÍCTIMA DEL DELITO CON DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.-El artículo 20, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrán derecho a recibir asesoría jurídica; a que se satisfaga la reparación del daño cuando proceda; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le preste atención médica de urgencia cuando lo requiera, y los demás que señalen las leyes. Del contenido del párrafo indicado, claramente se desprende que el derecho de la víctima o el ofendido a la reparación del daño constituye una garantía individual distinta a la de coadyuvancia con el representante social y a las demás a que se refiere el apartado constitucional en cita, por lo que la violación a ese derecho es susceptible de reclamarse a través del juicio de garantías, aun cuando de conformidad con lo estatuido por el artículo 10 de la Ley de Amparo, tal derecho esté limitado a los actos que emanen del incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, y a los surgidos dentro del procedimiento penal relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la indicada reparación o a la responsabilidad civil, pues, por un lado, el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo reconoce el carácter de parte al ofendido o a las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño y, por otro, porque como se dijo, de conformidad con el último párrafo del artículo 20 constitucional, está reconocida como garantía individual en favor de la víctima del delito y del ofendido, el derecho a la reparación del daño, por lo que debe concluirse que éstas se encuentran legitimadas para instar el juicio de amparo contra las sentencias dictadas en el proceso penal respectivo, si consideran que la parte de la resolución que decidió sobre el tópico referido afecta ese derecho.-Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.-Amparo directo 1454/97. María Hilaria Esparza Nájera. 8 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Herminio Huerta Díaz. Secretario: Carlos Manuel Aponte Sosa."

QUINTO.-Al resolver el juicio de amparo DP. 494/88, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en lo conducente, sostuvo:

"SEXTO.-Es fundado el concepto de violación hecho valer.-Antes de resolver la cuestión planteada, es menester precisar que el estudio sobre el cuerpo del delito de fraude, así como la responsabilidad penal de ... no ocuparán nuestra atención en el cuerpo de la parte considerativa de esta sentencia, debido a que es materia de análisis en el diverso juicio de amparo directo número 416/88, promovido por el acusado ... ante este propio tribunal, por lo que únicamente el fallo se ocupará de analizar el aspecto de la reparación del daño de la sentencia pronunciada por la Sala responsable al resolver el toca de apelación número 1131/87, lo cual obedece al contenido de los artículos 5o. y 10 de la Ley de Amparo, que faculta al ofendido, en tratándose de la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito, a promover, como en el caso concreto, el juicio constitucional cuando estime que tiene derecho a la satisfacción de la pena pecuniaria de referencia. Además, es indispensable dejar plenamente establecido que como este tribunal advierte que se actualiza una infracción a las reglas que norman la apreciación de las pruebas por parte de la Sala responsable, se ve obligado a sustituirse a dicha autoridad judicial, con objeto de examinar las conducentes y reparar la violación de garantías del ofendido Fernando García Castillo, aquella facultad que está reservada exclusivamente a la autoridad de mérito, este órgano de control constitucional la ejerce con fundamento en la tesis jurisprudencial número 203, visible a fojas 445 del tomo correspondiente a la Primera Sala del más Alto Tribunal de la República, aparecida en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que a la letra dice: ‘PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, EN EL AMPARO.’."

La ejecutoria transcrita dio origen a la tesis siguiente:

"REPARACIÓN DEL DAÑO, LEGITIMACIÓN DEL OFENDIDO PARA IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA SENTENCIA QUE CONDENA A LA.-En el aspecto relativo a la reparación del daño, de acuerdo con el texto vigente de los artículos 5o., fracción III, inciso b), y 10 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el ofendido, en tratándose de la reparación del daño proveniente de la comisión de un delito, tiene legitimación activa para promover el juicio constitucional contra la sentencia definitiva condenatoria dictada al acusado, cuando estime que la pena pública de referencia, prevista en el artículo 34 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, que se impuso al sentenciado en el fallo de mérito, no se encuentra apegada a derecho, al resultar evidente que de ser cierto esto último, la resolución reclamada en este aspecto patrimonial, sí afecta los intereses jurídicos del ofendido que comparece como quejoso en el juicio de garantías respectivo. En otras palabras, impedir el ejercicio de la vía constitucional al ofendido para obtener su derecho a la reparación del daño, estaría en franca oposición con el espíritu del legislador plasmado en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Fundamental, que establece textualmente que ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’.-Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.-Amparo directo 494/88. 15 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: J. Jesús Duarte Cano. Secretario: A. Enrique Escobar Ángeles."

SEXTO.-Con excepción del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, existe la contradicción de tesis denunciada, pues los tribunales involucrados estudiaron la misma cuestión jurídica, tomaron en cuenta los mismos elementos y, al resolver, llegaron a conclusiones opuestas.

Así es, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito sostiene, en esencia, que el ofendido o víctima del delito que conforme a la ley tenga derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, sólo podrá promover amparo contra actos que emanen de un incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil.

Es decir, que tratándose de resoluciones distintas de las pronunciadas en un incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, el ofendido o la víctima del delito carecen de legitimación para impugnarlas, porque el derecho que les asiste está limitado en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, a los actos que emanen del incidente de reparación del daño o a la responsabilidad civil y de no tratarse de un caso así, no se actualiza la legitimación contemplada en los artículos 5o., fracción III, inciso b) y 10, ambos de la Ley de Amparo.

Conviene precisar que el acto analizado por este tribunal es una sentencia de segunda instancia, en la que, entre otras cosas, se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño por la cantidad de $645.00 (seiscientos cuarenta y cinco pesos), a favor del quejoso; y que en los conceptos de violación el promovente del juicio combate el monto establecido por concepto de daños.

En cambio, los Tribunales Colegiados Primero del Vigésimo Tercer Circuito y Segundo en Materia Penal del Primer Circuito, afirman algo distinto:

"... El derecho de la víctima o el ofendido a la reparación del daño, constituye una garantía individual distinta a la de coadyuvancia con el representante social y a las demás a que se refiere el apartado constitucional en cita, por lo que la violación a ese derecho es susceptible de reclamarse a través del juicio de garantías, aun cuando de conformidad con lo estatuido por el artículo 10 de la Ley de Amparo, tal derecho esté limitado a los actos que emanen del incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil y a los surgidos dentro del procedimiento penal relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la indicada reparación o a la responsabilidad civil pues, por un lado, el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, reconoce el carácter de parte al ofendido o a las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño y, por otro, porque como se dijo, de conformidad con el último párrafo del artículo 20 constitucional, está reconocido como garantía individual, el derecho a la reparación del daño a favor de la víctima del delito y de las personas que, conforme a la ley, tengan ese derecho, por lo que debe concluirse que éstas se encuentran legitimadas para instar el juicio de amparo contra las sentencias dictadas en el proceso penal respectivo, si consideran que la parte de la resolución que decidió sobre el tópico referido afectan ese derecho. ..."

En todos los casos analizados por los tribunales que intervienen en este expediente (excepción hecha del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito) se trata de resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro de un proceso penal, distintas de las emitidas en el incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil; y en todos ellos, además, los promoventes del amparo consideran que dichas resoluciones afectan el derecho que les asiste a obtener la reparación del daño, porque hubo pronunciamiento expreso sobre ese aspecto.

Las disposiciones jurídicas que se analizaron son las mismas, pues se trata de los artículos 20 constitucional; 5o., fracción III, inciso b) y 10 de la Ley de Amparo.

Como se advierte, se trata de una misma cuestión jurídica, legitimación del ofendido o víctima del delito para acudir a juicio de amparo, en tratándose de resoluciones dictadas en un proceso penal que afectan el derecho que tienen a la reparación del daño ocasionado con motivo de la comisión de un delito, analizada a la luz de las mismas disposiciones legales, con base en los mismos elementos de análisis, que llevó a los tribunales involucrados a sustentar posturas opuestas.

Es así que se encuentran satisfechos todos los requisitos para que exista contradicción de criterios.

Apoya esta consideración la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe con sus respectivos datos de consulta:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ah

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7572-fc10833c/reparacion-del-dano-el-ofendido-o-la-victima · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.