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Modo: Corpus Pro

DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE. DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDITORÍA EN LA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SU PROBABLE COMISIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/98. · Registro digital (IUS): 6909
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 379.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 607/95, promovido por Alberto Guindi Sidauy, consideró lo siguiente:

"CUARTO. Es fundado el agravio que el representante social federal hace valer en el sentido de que el Juez de amparo apreció erróneamente el acto reclamado, ya que confundió la visita domiciliaria a que se refieren los artículos 42 al 46-A del Código Fiscal de la Federación, con el ejercicio de la acción penal de la que derivó la orden de aprehensión reclamada. En efecto, como bien lo alega la parte recurrente, al consistir el acto reclamado en una orden de aprehensión dictada por una autoridad judicial, el Juez de control constitucional debió analizar en primer término si ésta cumplía con todos y cada uno de los requisitos que para su emisión exige el artículo 16 constitucional, es decir, que el mandamiento aprehensorio haya sido dictado por una autoridad competente, que exista una denuncia de hechos determinados que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y si existen datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal del delito de que se trata y la probable responsabilidad del indiciado; sin embargo, se advierte que el Juez de amparo lejos de abocarse a dicho análisis se concretó a señalar que el ejercicio de la acción penal, tratándose de los delitos de defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108, párrafo segundo, última parte y 109, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, sólo debía proceder una vez levantada la última acta parcial de la visita domiciliaria y contando con el acta final de auditoría, por lo que al no haberse cumplido con las formalidades previstas por el mencionado código tributario, la orden de aprehensión reclamada era violatoria de garantías; consideración que además de estimarse errónea por carecer de fundamento legal, no cumple con el análisis de los elementos requeridos para el libramiento de una orden de aprehensión, pues en todo caso las actas de visita a las que se alude sólo forman parte de los elementos de prueba que obran en la averiguación previa y cuya valoración debió realizarse con el fin de conocer si éstos eran suficientes para acreditar los elementos que integran los tipos penales de los delitos de que se trata, así como la probable responsabilidad de Alberto Guindi Sidauy en su comisión, por lo que al haber omitido tan trascendentes cuestiones, se estima que el Juez de amparo se apartó completamente de lo que es el análisis y estudio de la legalidad del acto reclamado, de ahí que le asista la razón al agente del Ministerio Público Federal recurrente. De acuerdo con lo anterior, al resultar fundado el agravio alegado contra la resolución recurrida, con fundamento en lo que dispone el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado pasa a considerar los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en contra de la orden de aprehensión dictada por la Juez Quinta de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, de la misma entidad federativa, los cuales a continuación se sintetizan. QUINTO. Los conceptos de violación que aduce el quejoso Alberto Guindi Sidauy en su demanda de garantías, así como en la ampliación de la misma, son en síntesis los siguientes: Que dentro de la orden de aprehensión reclamada no se encuentran acreditados los elementos de los tipos penales de los delitos de defraudación fiscal y su equiparable que se le imputan, ya que entre otras cosas no quedó demostrado el supuesto engaño o aprovechamiento de errores de los cuales se obtuvo un lucro indebido. Que la Juez responsable no fundó ni motivó el mandamiento aprehensorio dictado en su contra, ya que sólo se limitó a elaborar una relación de los elementos de prueba, siendo omisa en expresar los razonamientos que la llevaron a librar el acto reclamado. Que la Juez resolutora giró la orden de aprehensión combatida, sin tomar en consideración que dentro de la visita domiciliaria practicada al quejoso no existe el acta final de visita que debió elaborar la autoridad hacendaria, la cual es indispensable para la comprobación de los delitos fiscales, por lo que no era procedente el ejercicio de la acción penal, ya que previamente se le debió otorgar el término a que se refiere la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, para poder desvirtuar el contenido de dichas actas. Que tampoco se consideró que dentro de las actas parciales de visita domiciliaria, la autoridad fiscal incurrió en diversas irregularidades que nulifican esas actuaciones como lo son: que no se precisaron los objetos o propósitos de la orden de la visita, ni tampoco los impuestos a revisar, que los visitadores no se identificaron debidamente, que no se hizo mención en forma circunstanciada de las actas levantadas, que los visitadores carecen de competencia para solicitar la documentación, ya que sólo tienen facultades de inspección y revisión, que no se precisaron los lugares señalados para la realización de las visitas, que las liquidaciones presentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen como fundamento los datos anotados por los visitadores en las actas que a su vez carecen de validez, por lo que quedó de manifiesto que la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado es fruto de actos viciados de origen. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso. Contrariamente a lo que en ellos se alega, el Juez natural al emitir el acto reclamado se ajustó a la normatividad que exige el artículo 16 de la Constitución General de la República y por tanto, la orden de aprehensión girada en contra de Alberto Guindi Sidauy no viola garantías en su perjuicio. Lo anterior se sostiene en virtud de que se advierte que el mandamiento aprehensorio consta por escrito, emana de una autoridad judicial competente y está precedido de una querella relativa a un hecho que la ley castiga cuando menos con una privativa de libertad, además de que de la averiguación previa se desprenden datos que acreditan los elementos integrantes del tipo penal de los delitos de defraudación fiscal y su equiparable, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión. En efecto, la Juez Quinta de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez de la misma entidad federativa, para justificar el acto reclamado se apoyó en los siguientes elementos de prueba: La querella formulada por el procurador fiscal de la Federación licenciado Roberto Hoyo D'Addona, en la que se asentó que el contribuyente Alberto Guindi Sidauy mediante maniobras contables omitió el pago del impuesto sobre la renta, por el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, ya que en la declaración anual manifestó ingresos menores a los realmente percibidos, causando un perjuicio de veintidós mil novecientos ochenta y ocho millones ochocientos veintidós mil veintiocho pesos (ahora veintidós millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos veintidós nuevos pesos), lo que se determinó con base en los depósitos en cuentas bancarias abiertas a su nombre, estados de cuenta de ingresos y egresos del contribuyente e información diversa obtenida del mismo y de terceros. Orden de visita domiciliaria de nueve de junio de mil novecientos noventa y dos, suscrita por la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que se ordena la práctica de dicha visita al contribuyente Alberto Guindi Sidauy. Solicitud de inscripción al Registro Federal de Causantes hecha por el mencionado acusado, en su carácter de gerente de la compañía industrial Kindy, S.A., el veintitrés de junio de mil novecientos sesenta y tres. Alta de personas físicas en el Registro Federal de Contribuyentes, de treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y uno, en la que se señaló como actividad preponderante la de servicios de comercialización y productivos. Formas HFPC-6 por pago de contribuciones del ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, formas HFPC6-1 de la declaración anual de las personas físicas al impuesto al valor agregado, por honorarios, arrendamiento, adquisición y enajenación a nombre de Alberto Guindi Sidauy. Constancias de depósitos y estados de cuenta bancaria a nombre del citado contribuyente del mes de enero a diciembre de mil novecientos noventa y uno. Dictamen técnico contable de ocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito por los contadores públicos Enrique Sánchez Gómez y Rosario Rodríguez Ramírez, adscritos a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que se concluyó que Alberto Guindi Sidauy no registró ni declaró ingresos por la cantidad de sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete millones trescientos treinta y cinco mil setecientos cinco pesos, para efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por el ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, con lo cual dejó de pagar el impuesto correspondiente que ascendió a veintidós millones novecientos noventa y ocho mil, ochocientos veintidós nuevos pesos con tres centavos. Dictamen oficial de contabilidad suscrito por Teresita Aguilar Sánchez y Grisel V. Roldán Calderón, peritos en la materia adscritos a la Procuraduría General de la República en el que se concluyó que el importe del perjuicio fiscal que resulta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la omisión de impuestos, asciende a la cantidad de veintidós millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos veintidós nuevos pesos con tres centavos. Oficio número 2496 de quince de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito por el administrador general de Auditoría Fiscal Federal Alfredo Solloa Junco, en el que se determina que el perjuicio fiscal causado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la cantidad anteriormente mencionada. Ahora bien, contrariamente a lo que alega el quejoso, los elementos de convicción antes relatados, adminiculados entre sí se traducen en prueba idónea de la que se obtiene de acuerdo con el numeral 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, tanto los elementos integrales del tipo penal de los delitos de defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108, párrafo segundo, última parte, y 109, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, así como la probable responsabilidad de Alberto Guindi Sidauy en la comisión de los mismos, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, toda vez que por un lado el ahora quejoso en su calidad de contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y teniendo como actividad empresarial la de asesor de servicios de comercialización y productivos, presumiblemente mediante engaños o aprovechamiento de errores, omitió totalmente el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas por el ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en perjuicio del fisco federal por la cantidad que de acuerdo a los dictámenes periciales ascendió a veintidós millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos veintidós nuevos pesos con tres centavos, así también por otro lado, en la declaración anual del citado año, consignó para efectos fiscales, ingresos menores a los realmente obtenidos y que de acuerdo al dictamen técnico contable ascendieron a sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y siete millones trescientos treinta y cinco mil setecientos cinco pesos, mismos que desde luego dejó de registrar y declarar, cantidad que según detectaron los peritos de la documentación que proporcionó el propio contribuyente y la Comisión Nacional Bancaria fue depositada en sus cuentas bancarias números 250818-4 del Banco Mercantil de México, 493484-9 y 517390-6 de Banco Comermex, sin que el contribuyente haya aclarado o justificado el origen de los diversos depósitos que aparecen en sus estados de cuenta bancarios. De acuerdo a lo anterior y en contra de lo que aduce el promovente del amparo, el elemento del tipo consistente en el engaño se encuentra acreditado en autos, toda vez que Alberto Guindi Sidauy presumiblemente obró con falsedad o artificios para violar la ley, es decir, actuó con conocimiento de la verdad con la voluntad de provocar en el pasivo un error, aun a sabiendas de que existía una obligación fiscal y que ésta le era exigible, pues dentro de su declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 1991, anotó datos que le permitieron omitir el pago de dicho impuesto con la finalidad de representar en el pasivo una versión falaz de la realidad, para que éste estimara como verdaderas determinadas situaciones de naturaleza fiscal, que en la realidad no se presentaban, omisión que además produjo un perjuicio al patrimonio del fisco federal. Por otra parte, no le asiste la razón al quejoso cuando señala que la orden de aprehensión dictada en su contra no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues al respecto debe decirse que basta la lectura de la misma para darse cuenta que la Juez responsable no sólo se limitó a elaborar una relación de constancias como equivocadamente lo afirma el inconforme, sino que como ya se analizó dentro del considerando tercero de dicho mandamiento aprehensorio expresó con precisión los preceptos legales aplicables, así como con igual exactitud señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, estableciendo la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Así también resulta infundada la inconformidad que el promovente del amparo hace valer en el sentido de que la Juez emisora giró la orden de aprehensión sin tomar en cuenta que al no existir el acta fiscal de la visita domiciliaria dejaba de ser procedente el ejercicio de la acción penal, pues previamente se le debió otorgar el término a que se refiere la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, para que tuviera la posibilidad de desvirtuar el contenido de dichas actas. Al respecto debe decirse que el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, claramente señala como único requisito para el ejercicio de la acción penal, tratándose entre otros de los delitos previstos en los artículos 108 y 109 es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule la querella respectiva, de ahí que carece de sustento legal la afirmación del inconforme, pues de acuerdo con dicho precepto el acta final de una visita domiciliaria no constituye un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, ni menos aun como lo considera el quejoso es indispensable para la comprobación de los delitos fiscales, ya que con la sola acta final de visita no queda acreditado ninguno de los elementos del tipo penal de los delitos de que se trata, sin que ello le reste la importancia que la multicitada acta tiene dentro del procedimiento de verificación fiscal. Por lo que hace a las inconformidades del quejoso tanto en el sentido de que la autoridad hacendaria no le otorgó el término a que alude la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, para que pudiera desvirtuar los hechos y omisiones conocidos durante la visita domiciliaria, así como de que en las actas parciales elaboradas con motivo de la misma, se incurrieran en diversas irregularidades que hacen nulas esas actuaciones; debe decirse que aun cuando resultaran fundadas dichas inconformidades, las mismas son insuficientes para eximir al aquí quejoso de su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de defraudación fiscal y su equiparable, pues con ninguna de ellas se desvirtúan los hechos de que presumiblemente el acusado mediante engaños omitió total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtuvo un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, ni tampoco desaparece el hecho de que haya consignado en sus declaraciones deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes, ya que más bien se trata de cuestiones relativas al procedimiento de verificación fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación, las cuales en su caso debieron ser impugnadas a través de los recursos que el propio código tributario establece, luego entonces, su impugnación en este juicio de garantías carece de trascendencia en cuanto a la comprobación de los elementos del tipo penal de los delitos de que se trata, así como de la presunta responsabilidad de Alberto Guindi Sidauy en su comisión. En las relatadas condiciones, al no violar garantías la orden de aprehensión reclamada, toda vez que cumplió cabalmente con los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, procede revocar la sentencia que se revisa y negar al quejoso Alberto Guindi Sidauy la protección constitucional que solicita."

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la resolución dictada en el amparo en revisión 1024/96, interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal, estimó en su parte considerativa lo siguiente:

"IV. Son insuficientes e infundados los anteriores agravios. En efecto, aduce la recurrente que los tipos penales establecidos en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, no exigen como elemento configurativo, el que se levante el acta final de la visita que se haya ordenado practicar al contribuyente; sin embargo, tal argumento es inconducente, ya que si bien el aludido numeral no previene textualmente el levantamiento del acta final de visita, como elemento configurativo, es porque al propio tipo penal no le importa de qué forma la autoridad fiscal detecte la irregularidad a que se refieren las fracciones I y II, es decir, no establece con base en qué procedimiento administrativo se puede decir o comprobar que el inculpado realizó deducciones falsas o declaró ingresos menores a los realmente obtenidos, o haya omitido enterar las cantidades retenidas o recaudadas por concepto de contribuciones, a que se refieren dichas fracciones del aludido numeral. Ahora bien, tratándose de delitos que se persiguen por querella, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como refiere el numeral 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, corresponde a dicha ofendida, llevar a cabo los procesos de investigación de infracciones y delitos, así como, en su caso, realizar la determinación del perjuicio que haya sufrido el fisco federal; en este orden de ideas, si las visitas domiciliarias a los contribuyentes, en sus domicilios fiscales, son un medio de investigar o verificar el cumplimiento de las obligaciones contributivas de los particulares, también es verdad que para la realización de las visitas, debe la autoridad fiscal ceñirse a las formalidades que para ello previenen los artículos 43, 44, 45, 46, 46-A y 47 del código invocado; dicho de otra forma, el acta final de visita no es un elemento del tipo, cierto, sin embargo, sí lo es la determinación de los ingresos del quejoso en el periodo declarado, las deducciones que hubieran resultado falsas y las contribuciones retenidas o recaudadas; solamente que para llegar a estas conclusiones, habiendo elegido la autoridad hacendaria el procedimiento de la visita domiciliaria, es obvio que debe cumplir con los lineamientos de ésta, para concluir respecto de los elementos primeramente mencionados y poder formular la querella, que sí es un requisito de procedibilidad. El argumento de la recurrente se estima insuficiente, ya que por lo general, los datos que atañen a los requisitos de procedibilidad de un delito, no forman parte del tipo; pues se trata de dos circunstancias totalmente distintas y separables, no sólo por cuestión de prelación lógica, sino también por motivos de tiempo y orden. Es muy común, tratándose de otros delitos, que para el acreditamiento de alguno de los elementos del tipo, deban practicarse diligencias de averiguación, a veces de carácter técnico, que no necesariamente forman parte del tipo; por ejemplo, tratándose del ilícito de interrupción de una vía general de comunicación, referido a la suspensión de la señal telefónica, es menester contar con el dictamen en ese sentido, por parte de la secretaría del ramo, sin que ese dictamen sea requerido como elemento del tipo, por el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, por conducir en estado de ebriedad e incumpliendo al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, en que se tenga que contar con el dictamen del Juez calificador, sobre la infracción de policía, sin que sea elemento del tipo, el procedimiento por el que el mencionado funcionario califique la infracción, ni tampoco la boleta que se levante al efecto, ni la multa que se señale al conductor, pero es indiscutible que debe contarse con ella para acreditar la infracción mencionada, por ser el medio probatorio oficial e idóneo, ya que es a esa autoridad a quien corresponde determinarla, en tanto que la infracción en sí misma sí es parte del tipo penal previsto en el artículo 171, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal; en el mismo supuesto es encuentran otros tantos delitos, como el de lesiones, que requiere que dos médicos reconozcan el estado físico del paciente y califiquen sus heridas, sin que estos certificados sean elementos del tipo; igualmente, hay delitos que requieren como elemento del tipo, que se acredite cierta calidad ya sea en el sujeto activo o bien, en la víctima o un tercero, tales como su edad, estado civil, parentesco, propiedad, su carácter de funcionario público, etcétera, los cuales sí constituyen verdaderos elementos típicos, no así, las actas de nacimiento, de estado civil, el nombramiento como funcionario, los documentos probatorios de propiedad, etcétera. Lo anterior resulta claramente comprensible si se parte del principio por el cual no cabe confundir los elementos del tipo penal, con los medios de comprobación de tales elementos, en atención a que no siempre es suficiente cualquier tipo de medio probatorio, sino que se requiere que éste sea el idóneo; ya sea que la propia ley procesal prevenga la forma de obtener la comprobación de los mismos, o que por su propia naturaleza, el elemento típico deba ser probado a partir de actos o procedimientos específicos y estrictamente técnicos en el ramo de que se trate, máxime si el delito es perseguido por querella, por parte de una institución pública especializada, quien por naturaleza, por ley, por lógica y por conocimiento técnico, corresponde determinar tales elementos, ello independientemente de las reglas o actuaciones que se llevan a cabo para su averiguación; pero es evidente que la autoridad no podrá ser arbitraria para determinar tales cuestiones, pues aun las autoridades pueden solamente ejercer las funciones que se le confirmaron legalmente y por ende, deben ceñirse al procedimiento administrativo, técnico, etcétera, que constituyen los medios a su alcance, para determinar finalmente, la existencia de una conducta posiblemente constitutiva de delito, que merezca ser sancionada. En consecuencia, el argumento de la recurrente en este sentido, es infundado y contrario a las disposiciones sustantivas y procesales en materia penal. En relación con lo anterior, el recurrente concluye que para determinar el incumplimiento fraudulento del quejoso, bastaba con el levantamiento del acta de inicio de visita, a través de la cual tuvo conocimiento de posibles hechos delictivos y en tal virtud, tenía la obligación de comunicarlos al Ministerio Público, de inmediato; tal argumento es infundado ya que efectivamente el artículo 93 del Código Fiscal, previene que cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de tal naturaleza, lo hará de inmediato del conocimiento del Ministerio Público Federal, aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado, pero esta prevención únicamente opera tratándose de delitos que se persigan de oficio, lo cual no es el caso, pues los ilícitos que nos ocupan sólo se persiguen por querella de la Secretaría de Hacienda y ésta tendrá facultades específicas y obligaciones que tendrá que cumplir, previa a la formulación de su acusación. Apunta la inconforme que existieron otras pruebas o antecedentes de los que la autoridad hacendaria y el propio Ministerio Público podían derivar la existencia del delito, de tal modo que no se requería el levantamiento del acta final ni de la conclusión de la visita domiciliaria al contribuyente; tales elementos de prueba fueron, a su juicio, la declaración de impuestos presentada por el quejoso, correspondiente al ejercicio fiscal del año de mil novecientos noventa y cinco, el dictamen técnico contable, la declaratoria de perjuicio fiscal y el dictamen oficial contable, a las que la responsable les concedió el valor merecido, justificando con ello el quebranto sufrido por el erario federal. Tal argumento tampoco es absoluto, puesto que el propio Código Fiscal establece que efectivamente los referidos elementos de investigación, tienen una presunción de ser ciertos, pero también previene que los mismos admiten prueba en contrario; así, el artículo 46, fracción IV, párrafo segundo, dicta que en la última acta parcial de visita, la autoridad hacendaria expresará los hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento y deberán darse quince días al visitado para que presente pruebas en contrario, con la finalidad de desvirtuar tales presunciones, como pueden ser documentos, libros o registros; el artículo 48, fracción VI, del mismo código, previene que cuando los informes recabados, provengan de terceros, por compulsas, se hará constar también en forma circunstanciada, en un oficio de observaciones, los hechos u omisiones que entrañen incumplimiento del contribuyente, pero también se darán quince días a éste, para desvirtuar tal presunción, con documentos, libros o registros que tenga en su poder; el numeral 52 del mismo ordenamiento, establece que se presumirán ciertos, pero siempre salvo prueba en contrario, los hechos afirmados en los dictámenes contables sobre los estados financieros de los contribuyentes, en la declaratoria formulada para la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado, en las aclaraciones de dichos contadores y en cualquier otro dictamen con repercusión fiscal; el artículo 56 previene que la autoridad impositiva puede hacer una determinación presuntiva de utilidades, actos, activos o actividades de los contribuyentes; sin embargo, según el numeral 59, la información de la contabilidad ya sea en documentación, correspondencia, sistema, cuentas bancarias e inventarios, se presumirán ciertos, pero también salvo prueba en contrario; incluso, tratándose del desarrollo de una visita con la finalidad de determinar presuntivamente la situación fiscal del visitado, el artículo 58 previene que éste tendrá quince días después del acta parcial, para corregir su situación; el numeral 62 establece que para comprobar los ingresos, así como el valor de los actos o actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán que la información o documentos de terceros corresponden a operaciones realizadas por el contribuyente cuando concurran ciertos requisitos, pero esta presunción también admite prueba en contrario. Como puede verse, las pruebas que pueda obtener la autoridad hacendaria en su investigación, tienen en su favor la presunción de ser ciertas, pero esta presunción no es absoluta, sino que admite prueba en contrario, y la ley le concede al visitado el plazo de quince días contados a partir de que se le entregue la última acta parcial de visita, para presentar pruebas que las desvirtúe; así pues, los dictámenes contables, la declaratoria de perjuicio del recurso fiscal, la declaración de impuestos del quejoso y el acta parcial inicial de visita, eran suficientes y hasta el momento solamente generaban presunción pero no certeza, sobre el incumplimiento del quejoso de diversas obligaciones hacendarias, de tal modo que para la autoridad fiscal, no estaban plenamente comprobados los requisitos del delito consistentes en la omisión de pago de contribuciones, declaración de ingresos menores o presentación de deducciones falsas, por lo que el argumento en contrario esgrimido por la inconforme, resulta contrario al texto y al espíritu de la codificación fiscal federal. Aduce el recurrente que en cuanto al procedimiento de la visita domiciliaria, se trata solamente de actos de carácter administrativo y, en su caso, el acta final tendrá el carácter de resolución administrativa, pero únicamente referidos a la sanción que tenga esta naturaleza, es decir, a la aplicación de multas, pero éstas se impondrán según el artículo 70 del código, independientemente de las penas que impongan las autoridades judiciales. Al respecto, cabe mencionar que el procedimiento de visitas no únicamente es necesario para detectar infracciones administrativas que deban sancionarse con multa; el Código Fiscal no establece distinción alguna al respecto y como se trata de normas de aplicación estricta en esta materia, como previene su artículo 5o., la finalidad de la visita fiscal es la investigación por parte de la autoridad hacendaria para detectar cualquier tipo de hecho u omisión que entrañe o pueda entrañar incumplimiento por parte del contribuyente, de sus obligaciones fis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6909-ad2cf3b2/defraudacion-fiscal-para-que-la-secretaria-de-hacienda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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