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Modo: Corpus Pro

MANDATO. EL MANDATARIO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS NO PUEDE SUSTITUIRLO, SIN CONTAR CON FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/97. · Registro digital (IUS): 6196
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, , Pág. 485.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil número 5904/95, por unanimidad de votos, siendo ponente el Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, en lo conducente, sostuvo:

"SEXTO.-Las argumentaciones contenidas en el capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo son inatendibles.-Es verdad que la personalidad de los promoventes, por constituir un presupuesto procesal, admite examinarse en cualquier parte del juicio. La única salvedad se presenta, cuando ese punto ya ha sido materia de controversia en alguna parte del proceso y, al respecto, se ha emitido una decisión firme, pues en tal caso debe operar ampliamente el principio de preclusión. Este punto de vista se encuentra apoyado en la jurisprudencia 1306, localizable en la página 2124, de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA.-La personalidad de las partes es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio por el juzgador, como expresamente lo dispone el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con los artículos 35, fracción IV, y 36 del mismo ordenamiento, por lo que, también debe resolver la objeción que al respecto presenten las partes, cualquiera que sea el momento en que lo hagan, porque la falta de impugnación oportuna no puede generar la existencia de una representación que no existe y solamente debe omitir la reiteración del examen de la personalidad, en caso de haber sido resuelto antes de manera expresa y esté consentido el fallo, porque entonces opera el principio de la preclusión.’.-Sin embargo, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que la premisa fundamental en la cual se sustenta la afirmación de ilegalidad de la sentencia reclamada, sostenida por los quejosos, consiste en que, según éstos, Gerardo Servín Guiot y Paul Jaubert Luengas, no tienen la calidad de apoderados de su contraparte Iguala Concentrados, S.A. de C.V., pero esto es inexacto, como se verá a continuación.-En la demanda que dio origen al juicio natural, Gerardo Servín Guiot y Paul Jaubert Luengas se ostentaron como apoderados de Iguala Concentrados, S.A. de C.V. Tal calidad la demostraron con el primer testimonio de la escritura de nueve de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, número veinte mil quinientos setenta y cuatro de la Notaría Pública Número Uno del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en la ciudad de Iguala, Guerrero.-En dicho testimonio notarial se advierte que Gabriel Serrano Íñiguez, gerente de Iguala Concentrados, S.A. de C.V., compareció ante dicho notario a sustituir el poder general para pleitos y cobranzas, que su representada le otorgó, a favor de Gerardo Servín Guiot y Paul Jaubert Luengas, con todas las facultades generales y aun especiales que requirieran cláusula específica. Se encuentra asentado también, que los apoderados podrían ejercitar el poder de manera individual o indistintamente. Asimismo están enumeradas, de modo enunciativo, no limitativo, las facultades concentradas (que son las que se acostumbra anotar en los poderes generales para pleitos y cobranzas).-En la demanda de amparo, no se cuestiona que el sustituyente del poder, Gabriel Serrano Íñiguez, es apoderado general para pleitos y cobranzas de Iguala Concentrados, S.A. de C.V., ni que tiene la calidad de gerente de tal persona moral.-Tampoco está controvertido que el consejo de administración de la sociedad mercantil indicada otorgó al mencionado Gabriel Serrano Íñiguez poder general para pleitos y cobranzas ... con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, por lo que debe entenderse sin limitación alguna, para hacer (sic) ejercido ante toda clase de autoridades o personas ... Este poder general amplísimo, dado al gerente Gabriel Serrano Íñiguez se formalizó en la escritura de veinticuatro de abril de mil novecientos noventa, número cuarenta y nueve mil sesenta y siete de la Notaría Pública Número Dos del Distrito Federal (foja cinco vuelta, seis a ocho del expediente de primera instancia).-Por tanto, en lo que respecta a la interpretación del poder dado a Gabriel Serrano Íñiguez, se aplicará el Código Civil para el Distrito Federal, en términos del artículo 13 del propio ordenamiento.-Lo que los quejosos señalan destacadamente es que en las cláusulas de ese poder general para pleitos y cobranzas, otorgado a Gabriel Serrano Íñiguez, no se especificó expresamente que éste tuviera facultades para sustituir el poder.-Sobre la base de esta circunstancia y en atención a lo dispuesto en el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, los peticionarios de garantías sostienen, que como Gabriel Serrano Íñiguez no contaba con facultades expresas para sustituir el mandato, no estuvo en condiciones legales de hacer sustitución a favor de Gerardo Servín Guiot y Paul Jaubert Luengas, promoventes del juicio natural.-Es verdad que conforme al artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello; sin embargo, independientemente de lo que se dirá más adelante, con relación a los términos en que debe ser interpretado este precepto, el punto de vista de los quejosos es erróneo, porque se apoya exclusivamente en dicha disposición, no obstante que existe al menos otro precepto, cuya hipótesis se surte también en el caso concreto, lo que lleva a considerar que la cuestión planteada no debe ser resuelta a través de una interpretación aislada de la ley, sino que debe recurrirse a la interpretación sistemática, lógica e histórica.-Por principio se señala que el sustituyente del poder, Gabriel Serrano Íñiguez, cuenta con un poder con las siguientes características: a) Dicho poder es general para pleitos y cobranzas.-b) Expresamente se dijo que ese poder se otorgaba con todas las facultades generales y las especiales que requirieran cláusula especial conforme a la ley.-c) No hay alguna cláusula referente a la facultad del apoderado para sustituir el poder.-d) No hay alguna cláusula en la cual se prohíba expresamente al apoderado sustituir el poder.-e) No hay alguna cláusula en la cual la sociedad poderdante hubiera establecido alguna limitación a las amplísimas facultades precisadas con anterioridad en el inciso b).-f) Están enunciadas las facultades para el apoderado que usualmente se conceden en los poderes generales para pleitos y cobranzas.-Por tanto, si al otorgarse el referido poder general para pleitos y cobranzas, se especificó expresamente, que a Gabriel Serrano Íñiguez se le otorgaban todas las facultades generales y las especiales que requirieran cláusula especial conforme a la ley, es claro que se actualiza en el presente caso el primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y, en tal virtud, debe entenderse, que el poder se confirió sin limitación alguna, lo que se confirma además, porque no se estableció cláusula alguna que tuviera alguna limitación a tan amplísimas facultades.-Lo anterior implica que, para determinar cuáles son las facultades con las que cuenta el apoderado Gabriel Serrano Íñiguez, no basta considerar las que están anotadas en el poder, sino que debe partirse de la base de que no hay límite en ese poder general para pleitos y cobranzas otorgado, pues por derecho existen toda clase de cláusulas, incluyendo las que conforme a la ley merecieran mención especial.-De ahí que para la solución del presente caso, se imponga adminicular lo dispuesto en el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, con el artículo 2574 del propio ordenamiento.-En esta virtud, si este último precepto hace mención a facultades expresas para que el mandatario encomiende el desempeño del mandato a un tercero, en el presente caso debe estimarse, que este requisito se encuentra satisfecho, porque ya quedó asentado anteriormente, que conforme al primer párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, debe entenderse que en el poder amplísimo dado a Gabriel Serrano Íñiguez está anotada la cláusula especial de sustituir el mandato, dado que debe considerarse que el poder general de que se habla fue conferido sin limitación alguna.-Es decir, la cláusula expresa requerida por el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, se encuentra colmada con lo que dispone también de manera expresa, la primera parte del artículo 2554 del mismo ordenamiento, que en la especie se encuentra actualizada ampliamente.-Consecuentemente, debe concluirse que sobre la base de los dos artículos citados, Gabriel Serrano Íñiguez sí estaba facultado para sustituir el poder general para pleitos y cobranzas con que contaba, a favor de Gerardo Servín y Paul Jaubert Luengas.-Una interpretación lógica, teleológica e histórica del artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal confirma la conclusión anterior, porque lo usual es que un poder se otorgue, porque el poderdante espera salir beneficiado con la gestión que realice el apoderado. Es decir, un poder se otorga en interés del poderdante. Esta es por lo menos la regla general, pues no se desconoce la existencia de excepciones, que no es el caso analizar, por no tener relación con el problema planteado.-Por tanto, es lógico que el dominus negotii espera, que el negocio confiado al apoderado se llevará a cabo con éxito.-En otras palabras, aquél espera siempre la máxima efectividad de la gestión.-Si el poderdante otorga el poder a determinada persona, es porque en ésta radica la confianza de aquél y, por ello, espera que sea el apoderado quien ejecute personalmente la gestión; pero es claro que esto último no es un fin en sí mismo, sino que es simplemente el medio para alcanzar el verdadero fin que, como ya se dijo, es que el acto encomendado llegue a buen término, es decir, el éxito del negocio materia del poder, en interés del dominus negotii.-Si el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal prevé que, el mandatario puede encomendar el desempeño del mandato a un tercero, si tiene facultades expresas para ello, es porque con ello se asegura que, si la gestión se lleva a cabo personalmente por el sujeto en quien el mandante depositó su confianza, puede esperarse razonablemente que la gestión tendrá éxito.-El éxito de la gestión en interés del mandante es el fin. La gestión personal a cargo del mandatario es el medio.-Lo que dicho precepto protege en última instancia es la finalidad del mandato a través de la reglamentación del medio. Por ello se impone implícitamente al mandatario, el deber de realizar personalmente la gestión.-Si la gestión personal del mandatario es el medio para alcanzar el verdadero fin del mandato, la interpretación del precepto en comento será incorrecta, si a través de ella, se arriba a una conclusión en la que en lugar de asegurar el fin del mandato, éste se haga nugatorio.-Ello ocurriría, si se entendiera que, cuando no hay cláusula expresa que autorice la sustitución ni alguna otra que la prohíba, en ningún caso puede el apoderado sustituirse, a pesar de que la sustitución contribuyera a lograr el fin del poder.-Sobre esta base, debe tenerse en cuenta que en ocasiones no basta el simple otorgamiento del poder para obtener el éxito de un negocio.-Así, puede ocurrir que el apoderado enferme repentinamente y, por su mal estado de salud, no pueda realizar personalmente el acto encomendado, o bien, éste se deba ejecutar en un lugar lejano, al que no se puede desplazar el apoderado.-Otras veces, por distintas circunstancias, la gestión no podría tener éxito o al menos ésta se vería en peligro, si para ejecutar el acto encomendado, se requiriera en determinado momento de conocimientos especializados o de una patente de ejercicio, etcétera, con las cuales no contara el apoderado.-Si acontecieran estas circunstancias, y al tenerse en cuenta que a veces es difícil prever situaciones como las indicadas, con la debida anticipación, o bien, no es fácil la localización del poderdante para que provea lo conducente, es patente que, si en estos casos, se llegara al extremo de considerar, que necesariamente el apoderado tuviera que llevar a cabo el acto jurídico encomendado, es probable que no se alcanzara la finalidad de que la gestión llegara a buen término y el interés del poderdante se vería afectado.-Es por este motivo por el que el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, si bien impone el deber al mandatario de que realice personalmente el acto encomendado y prevé un supuesto en el cual puede sustituir el mandato (el contar con facultad expresa en ese sentido); sin embargo, el texto del precepto no tiene alguna palabra (como sólo, solamente, únicamente, etcétera) que indique que esa sea la única hipótesis en que sea admisible la sustitución. Además, la disposición no dice, por ejemplo, que se prohíbe al mandatario sustituir el mandato, o bien, que el mandatario no debe sustituir el mandato.-Estas características del precepto llevan más bien a considerar que, si bien hay un deber del mandatario de ejecutar personal y directamente la gestión, es admisible que en circunstancias especiales sustituya el mandato, no para deshacerse de la ejecución del mandato (pues para ello tiene a su alcance la renuncia, prevista en el artículo 2595, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal), sino para lograr la máxima efectividad de la gestión.-Si en circunstancias como las ejemplificadas, el apoderado sustituyera el poder, aun cuando no hubiera en éste cláusula expresa en tal sentido, es de considerarse que no habría incumplimiento de las instrucciones. Por el contrario, el apoderado habría obrado conforme al artículo 2563 del citado ordenamiento, en aras de lograr la máxima efectividad en la gestión.-Desde luego, lo antes expuesto opera cuando no hay prohibición expresa para sustituir, porque si la hay, a ello debe atenerse el apoderado (artículo 2562 del Código Civil para el Distrito Federal).-Por tanto, la interpretación teleológica del artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, impide llevar a considerar que los actos del apoderado que sustituye el poder, sin que exista cláusula expresa al respecto cuando se le encomendó la gestión, carecen de validez; pues debe tenerse en cuenta que el sentido que se dé al precepto no debe contrariar el fin que se persigue con el otorgamiento de un poder, y con la designación de un apoderado, que es el éxito de la gestión, en interés del poderdante.-Consecuentemente, si en un caso concreto hay sustitución de poder, sin que se hubiera establecido cláusula expresa que autorice la sustitución, si tampoco existe distinta cláusula que prohíba la sustitución, el texto del referido artículo no basta por sí solo para considerar que hay exceso en la ejecución del poder, sino que habrá que apreciar las circunstancias particulares, para determinar si en realidad hubo apartamiento de las instrucciones dadas por el poderdante.-En el presente caso, el apoderado general para pleitos y cobranzas sustituyente es ingeniero, de realizar un acto para el que se requieren conocimientos jurídicos; por tanto, se hacía indispensable que personas con conocimientos jurídicos realizaran la gestión y no es admisible considerar que ante la presencia de un poder general para pleitos y cobranzas, tan amplio como es con el que cuenta el mencionado Gabriel Serrano Íñiguez, se entienda limitado en lo que respecta a la sustitución del poder, porque: 1. De acuerdo a los términos en que fue otorgado el poder, por disposición expresa de la ley debe entenderse que se dio sin limitación alguna.-2. Si la intención del consejo de administración de Iguala Concentrados, S.A. de C.V., hubiera sido la de limitar las facultades del apoderado en lo que respecta a la sustitución del poder, así lo habría hecho expresamente, tal y como se prevé en el cuarto párrafo del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, que dice: ‘Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.’.-Pero en el presente caso, no se advierte alguna limitación al respecto, así como tampoco se advierte una prohibición expresa para sustituir el poder.-3. Si como ya se vio, el fin con el que se otorga un poder es, por regla general, lograr el éxito del negocio que se encomienda, no se concibe que la voluntad de la sociedad mercantil poderdante hubiera sido la de no autorizar la sustitución de un poder para pleitos y cobranzas, en caso que se tuviera que recurrir a la promoción de un juicio, a sabiendas que el apoderado tiene la profesión de ingeniero.-Consecuentemente, la interpretación lógica y teleológica de la ley y de los términos del poder conduce también a la conclusión de que Gabriel Serrano Íñiguez sí cuenta con facultades para sustituir el poder.-Podría argumentarse que el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, interpretado a contrario sentido, conduce a considerar que si en el mandato no hay cláusula expresa para la sustitución, la que llegara a hacer el mandatario carece de validez.-No cabría aceptar tal argumentación, porque se insiste que, en primer lugar, el texto de tal precepto no contiene prohibición alguna para la sustitución, sino que sólo ratifica la característica de intuitu personae que tiene el mandato. Es decir, de acuerdo a esta disposición, por principio, el mandatario debe desempeñar personalmente la gestión, pues el fundamento del mandato radica en la confianza que le tiene el mandante. Esta es la esencia del mandato. La etimología de la palabra es bastante elocuente al respecto. Manuel Mateos Alarcón (Estudio sobre el Código Civil del Distrito Federal, tomo IV, Tratado de Obligaciones y Contratos. Imprenta de Díaz de León Sucesores, Sociedad Anónima, México, 1983, página 471) explica que la palabra mandato viene de manum datio, dar la mano, expresión reveladora de la costumbre que tenían los antiguos de darse la mano derecha, en señal de la confianza en el uno y de la promesa del otro, del cumplimiento del encargo que se le hacía.-Sin embargo, el texto del precepto no debe interpretarse en el sentido de que, si no existe facultad expresa para que el mandatario pueda encomendar el negocio a un tercero, esto implique, por ejemplo, que tal mandatario esté impedido para hacer sustitución.-Esto no es así. No debe pasar inadvertido que cuando el propósito de la ley es establecer alguna prohibición, así lo consigna expresamente. La constatación de esta observación se puede advertir en preceptos tales como el artículo 2567 del Código Civil para el Distrito Federal, que previene que el mandatario no puede compensar los perjuicios que cause con los provechos que por otro motivo haya procurado al mandante.-La negación de una prerrogativa se encuentra también en el artículo 2582 del mismo ordenamiento, que establece que el mandatario no tendrá acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones a nombre del mandante, a no ser que esta facultad se haya incluido también en el poder.-Y así, existen otros ejemplos que sería prolijo citar. En esa virtud, si el sentido de la ley fuera el de que el mandatario no debe encomendar la gestión a un tercero, así se habría expresado en algún precepto; pero no hay una disposición en esos términos, sino que la calidad de intuitu personae que tiene el mandato, se prefirió asentar con la redacción que aparece en el mencionado artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, que como se aprecia, establece como principio, que la gestión encomendada por el mandante debe ser llevada a cabo por el mandatario, pero a pesar de ello no prohíbe expresamente que este último proceda de manera distinta.-En segundo lugar, la interpretación en sentido contrario del precepto en comento pugnaría con la finalidad que se persigue con el mandato y con la sustitución, que es el logro de la máxima efectividad en la gestión, en interés del mandatario. No se concibe que el mandatario otorgara mandato para obtener el éxito de un negocio y a su vez obstaculizara los medios para alcanzar ese objetivo.-En tercer lugar, los antecedentes históricos del precepto explican el punto de vista sostenido en la presente ejecutoria.-El antecedente histórico del artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal, está relacionado con el de los artículos 2575 y 2576 del propio ordenamiento.-Estos preceptos reproducen los artículos 2369, 2370 y 2371 del Código Civil de mil ochocientos ochenta y cuatro y 2501, 2502 y 2503 del Código Civil de mil ochocientos setenta, respectivamente.-El legislador del código de mil ochocientos setenta, como los tres últimos preceptos citados de los artículos 1342 y 1343 del Código Civil Portugués de mil ochocientos sesenta y siete, que dicen: ‘Artículo 1342. El mandatario no puede encargar a otro el cumplimiento del mandato, si para eso no le hubieran sido dado poderes; y, si le fueron dados sin designación de persona, responderá por el sustituto, si éste es notoriamente inhábil o insolvente.’.-‘Artículo 1343. El mandatario sustituto tiene para con el mandante los mismos derechos y obligaciones que tenía el mandatario original.’.-Estos preceptos del Código Civil Portugués de mil ochocientos sesenta y siete, al igual que las disposiciones que regulan la sustitución del mandatario en los Códigos Civiles Español e Italiano (tanto el de mil ochocientos sesenta y cinco como el de mil novecientos cuarenta y dos) tienen como antecedente, el artículo 1994 del Código Civil Francés, que expresa: ‘Artículo 1994. El mandatario responde del que lo haya sustituido en la gestión: 1o. cuando no ha recibido el poder para ser sustituido por alguno; 2o. cuando se le ha conferido ese poder sin designación de una persona, y la elegida era notoriamente incapaz e insolvente.-En todos los casos, el mandante puede obrar directamente contra la persona en quien el mandatario se ha sustituido.’.-Obsérvese que la materia sobre la que recae la regulación del artículo transcrito es exclusivamente la responsabilidad del mandatario que se ha sustituido en otra persona, sin que en el texto aparezca que hubieran sido reglamentadas otras cuestiones que pueden surgir con la sustitución.-La razón de ser de esta especial regulación de la sustitución en el desempeño del mandato en el Código Civil Francés es explicada por F. Laurent (Principes de Droit Civil, quinta edición, tomo vigésimo séptimo, parágrafo 484, páginas 538 y siguientes, Bruylont Christophe & Cie., Editeurs, Bruselles, 1893), quien narra aspectos importantes de los trabajos preparatorios de la elaboración de la ley, tanto en el Consejo de Estado como en el tribunado.-El debate versaba sobre la manera de regular la sustitución, en el caso en el que no había prohibición ni autorización para que el mandatario se sustituyera. La cuestión se centraba en determinar, si en esta hipótesis, la sustitución debía prohibirse de modo absoluto.-Cambacéres pidió que se prohibiese terminantemente al mandatario la sustitución, cuando no estuviese la autorización dentro del mandato.-Algunos miembros del Consejo de Estado estimaron que dicha posición era muy rigurosa. Treilhard, Tronchet y Berlier destacaron esencialmente, según Laurent, lo siguiente: a) La prohibición absoluta de sustitución no sólo no sería útil al mandante, sino que podría ser inconveniente para él, pues si sobreviniera alguna imposibilidad para que el mandatario desempeñara personalmente la gestión en el preciso momento en que debiera obrar (alguna enfermedad, el incurrimiento en algún impedimento, etcétera), sin la sustitución, el negocio encargado a dicho mandatario se vería afectado, a pesar de que el interés de las partes exigiera que no hubiera obstáculo en su realización.-b) El interés del mandante queda protegido con imponer al mandatario la obligación de responder por el sustituto.-c) El mandatario tiene el derecho de renunciar al mandato; por tanto, si se le prohibiese absolutamente a sustituirse, no se le dejaría más alternativa que la de usar tal derecho.-Laurent concluye la narración diciendo que el cónsul (Napoleón), quien en un principio había dado razones en apoyo de la prohibición absoluta, terminó por declarar que acataba las observaciones.-El mismo autor (obra citada, parágrafo 485, páginas 540 y 541) describe la intervención en el tribunado del relator Tarrible, quien hizo notar que la ley no prohibía la sustitución, sino que la toleraba, pero sólo cuando tuviera para el mandante la misma ventaja que hubiera podido obtener con la ejecución del mandato por el mandatario; si la sustitución resultaba perjudicial, tendría acción contra el mandatario.-Laurent hace notar que entre las aparentes alternativas, que oscilaban entre prohibir la sustitución y la de reconocer al mandatario el derecho a sustituirse, tanto el consejo de Estado como el tribunado no se pronunciaron por un sistema absoluto, puesto que no se habló ni de la prohibición total de sustituir ni del derecho ilimitado a hacerlo. La decisión se hizo depender de las circunstancias concretas, específicamente del interés del mandante. Para el citado autor, esta solución, que después fue establecida en la ley, coincidió con la teoría de Pothier, para quien la sustitución no era válida, sino cuando era equivalente a la ejecución del mandato por el mandatario.-Por este motivo, la dificultad que presentaba la cuestión planteada, se resolvió mediante la regulación de la responsabilidad del mandatario.-Se pensó que, si el mandato se otorgaba, por regla general, en interés del mandante, si el mandatario realizaba sustitución, habría dos posibilidades, una que la gestión tuviera éxito; otra, que fracasara. Si ocurría lo primero, el dueño del negocio nada tendría que reclamar al mandatario, puesto que su interés quedaba satisfecho. En cambio, si ocurría lo segundo, se estimó que el interés del dominus negotii afectado por el fracaso de la gestión, podía ser resarcido dándole acción contra el sustituto.-Por esta razón, no se prohibió la sustitución ni se estableció que si se hacía, la sustitución fuera nula. En lugar de ello, se consignó el deber del mandatario de llevar a cabo personalmente la gestión y la sustitución simplemente se toleró, regulándola a través del sistema de responsabilidades a que se refiere el artículo 1994 del Código Francés, antecedente mediato de los actuales artículos 2575 y 2576 del Código Civil para el Distrito Federal.-Lo expuesto sobre el artículo 1994 del Código Civil Francés ha sido entendido de igual manera por el autor italiano Gustavo Minervini, quien en su obra El Mandato. La Comisión, el Contrato de Comisión de Transporte (traducción por José Peré Raluy, Barcelona 1959, páginas 126 y 127), dice: La ratio del párrafo 1o. del art. 1994 del Code, fue que la sustitución no autorizada debía estimarse lícita en cuanto beneficiara y no dañara al dominus, como se infiere claramente de los trabajos preliminares a que antes se aludió. El sustituyente responde frente al dominus del incumplimiento del sustituto, en todo supuesto, sea cual sea la causa determinante (incluso el caso fortuito, a menos que el sustituyente pruebe que, aun sin la sustitución, el cumplimiento habría sido imposible); no debe gravitar sobre el dominus el riesgo de una sustitución no autorizada e innecesaria.-La apreciación que se ha venido comentando se encuentra corroborada también por Luis Da Cunha Goncalvez, eminente comentador del Código Civil Portugués de 1867, legislación que como antes se dijo constituye un enlace entre el Código Civil Francés y los ordenamientos sustantivos mexicanos. Dicho autor en su Tratado de Derecho Civil, Coimbra 1933, volumen VII, páginas 455 a 458, dice en lo conducente: Estando el mandato basado en la confianza del mandante, parece lógico que el mandatario es solamente quien debe desempeñarlo personalmente, sin hacerse sustituir por otra persona. Sin embargo, esta sustitución puede tornarse indispensable, en interés del propio mandante; puede ser uno de los actos necesarios para el buen desempeño del mandato, necesidad que solamente el mandatario, conforme a las circunstancias o urgencias del caso, podrá apreciar. La sustitución del mandatario es designada vulgarmente como sustitución de poderes; y es la que hace el mandatario por iniciativa o conveniencia propias, sin renuncia o revocación del mandato.-Según esto, en la sustitución del mandato se pueden presentar cuatro hipótesis, a saber: 1a. Omisión de poderes o silencio del mandante en la escritura de mandato, en otras palabras, en la procuración. 2a. Concesión de poderes, sin designación del sustituto. 3a. Autorización del mandante con la simultánea designación del sustituto. 4a. Prohibición expresa de sustitución.-En el artículo 1342, el legislador sólo se refirió directamente a las dos primeras hipótesis e indirectamente a la tercera; mas se abstuvo de hacer referencia alguna a la cuarta ... I. Respecto a la primera hipótesis, el artículo 1342 dispone que el mandatario no puede encomendar a otro el cumplimiento del mandato, si para eso no le hubieren sido dados poderes. Diversa era, no obstante, la orientación, tanto en el derecho romano, como en el derecho canónico, que admitían la sustitución del mandatario por iniciativa de éste y sin autorización del mandante, salvo en los casos en que el nombramiento de aquél hubiera sido determinado por sus cualidades personales, principalmente de carácter profesional. Y, en este mismo orden de ideas, el proyecto primitivo de este código, artículo 1400, estaba redactado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6196-7d6dc453/mandato-el-mandatario-con-poder-general-para-pleitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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