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Modo: Corpus Pro

SOCIEDAD LEGAL. SUPUESTOS EN LOS QUE UNO DE LOS CÓNYUGES TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO HIPOTECARIO ENTABLADO EN CONTRA DEL OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO VIGENTE HASTA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO). CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/98. · Registro digital (IUS): 7513
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 915.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1031/95, sostuvo en lo que interesa:

"IV. Los agravios aducidos son parcialmente fundados si se suplen en la deficiencia de su exposición, en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. Debe desestimarse lo dicho en tales agravios, sobre que el a quo no mencionó en su fallo que en la demanda de amparo el quejoso expresó que el catorce de mayo de mil novecientos noventa se llevó a cabo la subdivisión del lote de terreno adquirido por la tercera afectada, Carmen Curiel Hernández (cónyuge del quejoso), y que, según afirma la recurrente, de acuerdo con los datos que se desprenden de la documental pública exhibida por el quejoso, tal subdivisión se inscribió en el Registro Público el veintidós de julio de mil novecientos noventa y tres, pues no dice la recurrente de qué modo tal omisión le agravia o de qué forma esos hechos desvirtúan lo decidido en el fallo recurrido. Por otra parte, la recurrente sostiene que el Juez Federal valoró incorrectamente las documentales consistentes en las copias certificadas del acta de matrimonio 119334 y la escritura número 4415, porque si bien en dicha acta aparece que el quejoso se casó bajo el régimen de sociedad legal, no tomó en cuenta, dice la inconforme, que Carmen Curiel Hernández (cónyuge del quejoso), se ostentó como soltera al adquirir el inmueble objeto del juicio de donde provienen los actos reclamados y, por ende, agrega, aun cuando el quejoso haya demostrado que está unido en matrimonio con Carmen Curiel, ello no era suficiente para concederle el amparo. Asimismo, la recurrente se duele de que el quejoso reconoció que su cónyuge adquirió el inmueble cuestionado como soltera y, por tanto, al no justificar que contribuyó en la formación del fondo común, entonces la aludida acta no constituye prueba fehaciente para justificar el derecho de propiedad, y en apoyo de su aserto invoca el criterio de rubro: 'SOCIEDAD LEGAL, BIENES ADQUIRIDOS DURANTE SU VIGENCIA CON EL CAUDAL COMÚN.'. Sin embargo, tales motivos de inconformidad son inoperantes, porque el Juez Federal externó: '... la ejecutoria que invoca la tercera perjudicada, Eustolia Arreola Cortés, en su escrito que obra a fojas 69 y 71, no es aplicable al presente caso, en virtud de ser superada por la jurisprudencia que se invoca en este considerando, bajo la voz: «SOCIEDAD LEGAL PREVISTA POR EL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. BIENES QUE LA INTEGRAN.». Tampoco representa obstáculo a lo resuelto lo manifestado por la tercera citada, en el sentido de que la demandada en el juicio natural, Carmen Curiel Hernández (esposa del aquí quejoso), al adquirir el inmueble materia del juicio natural, en sus generales manifestó ser soltera, al igual que al realizar el contrato de garantía hipotecaria, el cual es el documento fundatorio de la acción en dicho procedimiento, pues dichas manifestaciones de ninguna manera pueden establecer que la persona que las realiza tenga ese estado civil, toda vez que la única forma de comprobar lo anterior es precisamente con las constancias relativas al registro, tal y como lo establece el artículo 33 del Código Civil del Estado de Jalisco.', consideraciones que la recurrente no cuestiona, pues nada dice sobre que no sea aplicable al caso el artículo 33 del Código Civil local, ni tampoco argumenta que el criterio jurisprudencial invocado por el a quo no superó al que cita la propia recurrente y, por ende, que éste debería prevalecer sobre aquél. Sin embargo, supliendo la deficiencia de los agravios en términos de la disposición legal señalada al comienzo de este considerando, se advierte que el fallo recurrido, en cuanto concedió el amparo solicitado, resulta ilegal dado que el Juez de Distrito perdió de vista que no aparece acreditado en el sumario que la adquisición por la sociedad legal que forma el peticionario del amparo y la demandada en el juicio natural, respecto del predio materia de la litis, haya sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad a nombre de dicha sociedad legal para que, en términos de los artículos 2934 y 2938 del Código Civil local, hubiera surtido efectos contra terceros; de lo que se sigue que si la referida adquisición, de la que el quejoso pretende hacer valer el cincuenta por ciento a título de gananciales, no puede surtir efectos frente al demandante en el juicio natural, que tiene a su favor el derecho real de hipoteca sobre el bien inmueble relativo, es inconcuso que no existe base para sostener que dicho quejoso debió haber sido llamado a juicio y que se le violó la garantía de audiencia que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que lo debido era denegarle la protección constitucional solicitada y no concederle el amparo que impetró. No está por demás agregar, que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la falta de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los inmuebles adquiridos durante la sociedad legal no impide que exista legitimación para salir en defensa de los bienes relativos; sin embargo, el propio Alto Tribunal ha hecho la excepción de que la adquisición relativa y el derecho que genera no puede ser oponible frente a terceros que sean titulares de derechos reales (como es el caso del que genera la hipoteca), según se advierte del criterio jurisprudencial que con el número 368 se publicó en las páginas doscientos cuarenta y siete y siguiente del Tomo IV, Materia Civil, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: 'SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. Tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal; que la disposición sustantiva aplicable señala que los cónyuges tienen el dominio de los bienes de dicha sociedad y que cada uno en ejercicio del derecho real de que es titular, puede disponer de la parte alícuota que le corresponde, siempre y cuando el otro cónyuge otorgue su consentimiento; que el Registro Público de la Propiedad, por su propia naturaleza, sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos; y que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en los términos de la disposición aplicable, sólo produce como consecuencia que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros titulares también de derechos reales, debe concluirse que la falta de inscripción registral de los bienes que constituyen la sociedad conyugal, adquiridos durante ella, no impide que exista legitimación para hacer valer por el cónyuge no demandado en un juicio ejecutivo mercantil, derivado del ejercicio de la acción cambiaria directa y como consecuencia de una obligación quirografaria, la tercería excluyente de dominio respecto de la parte alícuota que le corresponde del bien embargado, ya que el derecho real de que es titular le confiere esa calidad frente al derecho personal o de crédito que corresponde al embargante.'. Por ello, es exactamente aplicable en el caso la tesis de jurisprudencia publicada con el número 369 de la parte y Apéndice antes citado, de rubro y texto siguientes: 'SOCIEDAD CONYUGAL, NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO. Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y los bienes inmuebles se adquirieron durante su vigencia, en relación a los cónyuges, no hay duda de que tales bienes forman parte de la comunidad, pero ello no significa que tal situación sea oponible frente a terceros de buena fe, si los bienes aparecen inscritos en el Registro Público de la Propiedad a nombre de uno solo de los cónyuges, con quien contrató el tercero, y no de ambos, como debía ser, porque la inscripción en el Registro Público de la Propiedad es la única forma de garantizar los intereses de quienes contratan con los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y evitar así que sean defraudados, por ocultaciones o modificaciones de capitulaciones matrimoniales que sólo conocen los cónyuges.'. En tales condiciones, lo procedente es modificar la sentencia recurrida en lo que es materia de la revisión, para confirmar su resolutivo segundo que niega a sobreseer en el juicio (sic) y revocar el tercero que concedió el amparo, para en su lugar denegar la protección constitucional solicitada."

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 62/98 sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Son fundados los agravios esgrimidos por la recurrente. Le asiste razón en cuanto a que el Juez de Distrito hizo una indebida apreciación de las pruebas que aquélla aportó en el juicio de garantías y omitió observar la tesis de jurisprudencia pronunciada por este Tribunal Colegiado, atinente al interés jurídico que tienen los cónyuges no llamados a juicio cuando los bienes que forman el caudal común de la sociedad legal son materia de actos afectatorios, la cual fue expuesta en el capítulo de conceptos de violación de la demanda de garantías con el propósito de hacer patente su interés jurídico en dicha instancia. Así es, la jurisprudencia en comento se encuentra publicada con el número 614 en el Tomo IV, Materia Civil, página 450, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuya sinopsis dice: 'SOCIEDAD LEGAL, LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN BIENES DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De acuerdo con lo que preceptúa el artículo 207 del Código Civil de Jalisco, el régimen de sociedad legal consiste en la formación de un patrimonio común, diferente de los patrimonios de los consortes, lo cual se corrobora con lo que dispone el numeral 226 de la invocada codificación. Por tanto, cuando en un juicio seguido contra uno solo de los consortes se dictan actos que afectan bienes del fondo social, el otro, como tercero extraño, está en aptitud de acudir al juicio de garantías indirecto contra esos actos.'. Además de las actuaciones que integran el juicio de garantías 1125/97-IV, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en esta entidad, mismas que fueron remitidas a este tribunal para la sustanciación del recurso de revisión a estudio, las cuales merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que existen, entre otras, las siguientes pruebas: a) Copia certificada del acta de matrimonio número 41709, expedida el nueve de agosto de mil novecientos noventa y tres por el subdirector del Archivo del Registro Civil del Estado de Jalisco, en donde se hace constar que en la oficina número 12 del Registro Civil de esta ciudad, en el libro número 3, a foja 77 y con el número 152, aparece una partida del matrimonio celebrado el tres de julio de mil novecientos setenta y nueve entre Gildardo Morales Balbuena y María del Refugio Gómez Corona, bajo el régimen de sociedad legal (foja 16 del cuaderno de amparo). b) Contrato de compraventa celebrado en esta ciudad el catorce de abril de mil novecientos ochenta y nueve, respecto del lote de terreno número 23, manzana D, de la Unidad Habitacional Tetlán Río Verde, así como la finca sobre él construida, que se identifica con el número 2480 de la calle Hacienda Medocima, de la unidad habitacional referida, en donde compareció como vendedor, Banpaís, S.N.C., antes Financiera del Norte, División Fiduciaria, así como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y como comprador, Gildardo Morales Balbuena, quien se ostentó como 'soltero', registrada el seis de agosto de mil novecientos noventa en favor de este último, con número de orden 351128, incorporada bajo documento 3497 de la sección primera, de la oficina primera del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad (fojas 17 a 26 de dicho expediente). c) Copias certificadas de diversas actuaciones, relativas al juicio civil sumario hipotecario 1537/93, del índice del Juzgado Quinto de lo Mercantil de esta ciudad, promovido por María Elena Cuéllar Guerrero en contra de Gildardo Morales Balbuena, por la terminación del plazo pactado para la devolución del capital otorgado en mutuo; por el pago de la cantidad de quince mil pesos, como suerte principal; por el pago de los intereses moratorios a razón del trece por ciento mensual, a partir del cinco de abril de mil novecientos noventa y dos; por el pago de las cantidades que resulten de la responsabilidad fiscal, adicionadas con el interés pactado; y el pago de gastos y costas del juicio; lo anterior, en virtud del incumplimiento del deudor en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria celebrado entre la actora, como mutuante, y el demandado, como mutuatario, por la cantidad e intereses mencionados, por un plazo de seis meses, en donde se estableció la garantía real hipotecaria sobre el inmueble mencionado en el inciso b); seguido el juicio por sus etapas procesales, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro se dictó sentencia, en la cual se condenó al demandado a todas las prestaciones reclamadas y, en su caso, que se sacara a remate el bien dado en garantía y sujeto de cédula hipotecaria (fojas 53 a 60 del expediente de amparo). De lo anterior se desprende que la recurrente se encuentra unida en matrimonio con el demandado del juicio natural bajo el régimen de sociedad legal; que el inmueble descrito en el inciso b) ingresó como ganancial al caudal común, ya que fue adquirido por su consorte durante la vigencia de la sociedad legal; que existe un juicio seguido en contra de éste, en donde se dictaron actos que afectan al bien inmueble perteneciente al fondo social y que la inconforme resulta ser tercera extraña al juicio de referencia. Por tanto, como el inmueble hipotecado forma parte del patrimonio común creado por los cónyuges y de acuerdo con el artículo 207 del Código Civil del Estado de Jalisco, anterior a las últimas reformas, es distinto del patrimonio de uno y otro, pero les pertenece en un cincuenta por ciento a cada uno de ellos; de modo que los actos que afectan a dichos bienes comunes indudablemente perjudican los intereses de cada socio, lo que los legitima para ocurrir en defensa de su parte alícuota. Lo anterior se corrobora con lo que dispone el artículo 226 de la citada ley, que en lo conducente dice: 'El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad; y las acciones en contra de ésta o sobre los bienes sociales serán dirigidas contra ambos cónyuges.'. Consecuentemente, la recurrente sí tiene interés jurídico para comparecer al juicio de garantías, contrario a lo opinado por el a quo. En vista de lo anterior, no es verdad que fuera necesario acreditar en el juicio de amparo que el bien inmueble cuya afectación reclama, se encontrase inscrito en el Registro Público de la Propiedad a fin de que se respetara su garantía de audiencia, sino únicamente debía justificarse que su adquisición tuvo lugar durante la vigencia de la sociedad legal. Es aplicable al respecto, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala, visible en la Cuarta Parte, Volumen LX, página 276, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: 'SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si al contraerse el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, los consortes no poseían bienes que comunicarse, no era necesario el otorgamiento de la escritura pública de las capitulaciones matrimoniales, ni la inscripción de éstas en el Registro Público de la Propiedad, en el que sólo han de constar asientos sobre actos concretos sobre bienes determinados, y sólo tiene efectos publicitarios; por lo tanto, si los bienes se adquirieron después de contraído el matrimonio, la participación de la mujer respecto de aquéllos nació ipso jure (artículo 172 del Código Civil de Veracruz), por lo que es innegable el derecho de la esposa para reclamar los bienes embargados a su esposo en el juicio ejecutivo mercantil que se le siguió, ya que a ella le corresponde proindiviso de los inmuebles embargados pertenecientes a la sociedad conyugal el 50%, de conformidad con el artículo 976 del Código Civil de Veracruz citado.'. También es aplicable, en lo conducente, la tesis visible en el Tomo I, junio de 1995, página 444, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis dice: 'EMBARGO DE UN BIEN INMUEBLE PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL EN UN JUICIO SEGUIDO CONTRA UNO DE LOS CONSORTES EL CÓNYUGE NO DEMANDADO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNARLO POR LO QUE RESPECTA AL CINCUENTA POR CIENTO QUE LE CORRESPONDE, AUNQUE NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. Si en un juicio seguido en contra de uno de los cónyuges se embarga un bien inmueble adquirido durante la vigencia del matrimonio contraído bajo el régimen de sociedad conyugal, el consorte no demandado tiene interés jurídico para impugnar dicho embargo a través del juicio de amparo por lo que toca al cincuenta por ciento que le corresponde, aunque no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal, pues si bien la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció jurisprudencia bajo el rubro «SOCIEDAD CONYUGAL. NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA. PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS.», ésta se refiere a los casos en que un tercero de buena fe celebra contrato de compraventa con el cónyuge a nombre de quien aparece inscrito el bien inmueble, en cuyo caso, para que el otro tenga derecho, a impugnar legalmente dicho contrato, es necesario que el bien materia del mismo esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad a nombre de la sociedad conyugal, lo que tiene por objeto proteger la buena fe del adquirente, pero esto no sucede en el caso de un embargo efectuado dentro de un juicio seguido únicamente en contra de uno de los cónyuges.'. De ahí que sea inaplicable la tesis jurisprudencial invocada por el a quo, visible bajo el rubro: 'SOCIEDAD CONYUGAL, NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO.', toda vez que la misma se originó con motivo de la tramitación de amparos directos en los que, obviamente, los quejosos no eran terceros extraños al juicio de origen que reclamasen violación a su garantía de audiencia. Así que tampoco se comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, al resolver el toca relativo a la revisión principal número 1031/95, dado que el mismo se sustenta en la jurisprudencia que se ha estimado inaplicable. Por consiguiente, como ya quedó precisado cuando se hizo el análisis de las pruebas documentales públicas ofrecidas por la impetrante de garantías en el juicio de amparo indirecto 1125/97-IV, ésta se encuentra unida en matrimonio con el demandado del juicio natural bajo el régimen de sociedad legal; además, que el inmueble de referencia ingresó como ganancial al caudal común al haber sido adquirido por su cónyuge durante la vigencia del matrimonio; asimismo, que existe un juicio seguido en contra de éste en donde se dictaron actos que afectan al bien inmueble perteneciente al fondo social; y también, que la quejosa no fue oída y vencida en el juicio en mención. Ahora bien, en términos del artículo 207 del Código Civil del Estado de Jalisco, anterior a las últimas reformas, el régimen de la sociedad legal consistente en la formación de un patrimonio común de los cónyuges, diferente del patrimonio de uno y otro, el cual les pertenece en un cincuenta por ciento a cada uno de ellos; luego entonces, como los actos reclamados afectan la parte alícuota de la quejosa respecto del inmueble hipotecado sin que hubiere sido oída y vencida en el juicio en cuestión, indudablemente que dichos actos son violatorios en su perjuicio de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución General de la República. Por tanto, lo debido es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable, en lo conducente, el criterio jurisprudencial visible en el Tomo XI-Junio, página 306, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, el cual se comparte por este órgano jurisdiccional, cuya sinopsis dice: 'SOCIEDAD CONYUGAL. CORRESPONDE A AMBOS CÓNYUGES EL DOMINIO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). De conformidad con lo previsto por el artículo 178 del Código Civil del Estado de Nayarit, la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio, o durante él, pudiendo comprender los bienes propiedad de los esposos al formarla, y aquellos futuros que adquieran. Ahora bien, por disposición del artículo 188, del código citado, el dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, mientras subsista dicha sociedad. Así, es incuestionable el derecho que le asiste a la esposa para reclamar el embargo practicado con motivo de un juicio ejecutivo mercantil, promovido exclusivamente en contra de su cónyuge, respecto de un bien inmueble adquirido durante la vigencia de dicha sociedad, porque a ella corresponde proindiviso el 50% del mismo y, por consiguiente, al afectarse su parte proporcional con el embargo trabado sobre el referido bien, sin haber sido oída y vencida en juicio, se viola en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional.'."

CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe contradicción entre los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados en comento, pues sólo en tal supuesto es dable pronunciarse acerca de cuál debe prevalecer.

Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 58, octubre de 1992

"Tesis: 4a./J. 22/92

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 76/90. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.

"Contradicción de tesis 30/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.

"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.

"Contradicción de tesis 71/90. Sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.

"Tesis de jurisprudencia 22/92. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada celebrada el cinco de octubre de mil novecientos noventa y dos. Unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Felipe López Contreras, previo aviso.

"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 178, página 120."

De la tesis de jurisprudencia anterior, se infiere que para que exista contradicción de tesis deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, de las sentencias transcritas se desprende que en ambos casos se analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales.

En efecto, la problemática consistió en determinar si en el juicio hipotecario seguido contra uno de los miembros de la sociedad legal, se viola o no la garantía de audiencia cuando no habiendo sido llamado a juicio el cónyuge no demandado se afecta un bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad, pero que no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad precisamente en favor de la sociedad legal.

Asimismo, se adoptaron criterios jurídicos discrepantes, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo que no se viola la garantía de audiencia cuando el bien en controversia no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad, independientemente de que se pruebe que aquél fue adquirido durante la vigencia de la sociedad legal. Lo anterior, en virtud de que si el bien no está inscrito en el Registro Público a nombre de la sociedad legal, no surte efectos frente a terceros, por lo que no hay necesidad de que sea oído en juicio el cónyuge no demandado.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito afirmó que para que deba ser oído en el juicio hipotecario el cónyuge no demandado, basta que se acredite que la adquisición del bien controvertido se llevó a cabo durante la vigencia de la sociedad legal, ya que la inscripción en el Registro Público de la Propiedad no tiene efectos constitutivos de derechos, sino únicamente frente a terceros, lo cual no impide que el cónyuge no demandado esté legitimado para defender en juicio su derecho sobre la parte alícuota del bien en litigio.

Además, los razonamientos que apoyaron tales posturas se encuentran en la parte considerativa de las sentencias respectivas, y se analizaron los mismos elementos, a saber, los efectos patrimoniales de la sociedad legal y los efectos de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de los bienes inmuebles adquiridos durante su vigencia.

Por todo lo anterior, debe decirse que sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil del Tercer Circuito, la cual consiste en determinar si en el juicio hipotecario seguido contra uno de los miembros de la sociedad legal, se viola o no la garantía de audiencia cuando no habiendo sido llamado a juicio el cónyuge no demandado se afecta un bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad, pero que no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad precisamente en favor de la sociedad legal.

No es óbice para determinar que en el presente caso existe contradicción de tesis, el hecho de que no se hayan publicado las tesis respectivas en el Semanario Judicial de la Federación, por no ser éste un requisito exigido por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.

QUINTO. Antes de iniciar propiamente el estudio de fondo de la presente contradicción de tesis, conviene advertir que los artículos a interpretar son, esencialmente, del 207 al 274 del Código Civil del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 14 de mayo de 1935, mismos que se refirieren al régimen patrimonial de la sociedad legal.

Sin embargo, tales preceptos actualmente se encuentran abrogados, según se desprende del artículo primero transitorio del decreto publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 25 de febrero de 1995, por virtud del cual entró en vigor el Código Civil del Estado de Jalisco vigente.

No obstante que pudiera pensarse que tales disposiciones, al estar abrogadas harían inexistente la contradicción de tesis, no pasa desapercibido para esta Sala lo que dispone el artículo octavo transitorio del decreto publicado el 25 de febrero de 1995:

"Octavo. Los derechos y obligaciones derivados de hechos y actos jurídicos celebrados bajo la vigencia del código anterior se regirán por el mi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7513-928e5e38/sociedad-legal-supuestos-en-los-que-uno-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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