LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/98-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, al resolver por unanimidad de votos la improcedencia número 213/97, promovida por Anselmo López Padilla y Jesús Mireya Godínez Llanes de López, estimó en lo conducente lo que sigue:
"III. Son fundados los agravios hechos valer, aunque para ello deba suplirse parcialmente la deficiencia de los mismos en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. Los inconformes aducen en esencia que les agravia el desechamiento de la demanda de garantías, que de primera intención realizó el resolutor, dado que contrario a lo sustentado por dicha autoridad de control, el acuerdo que se reclama sí es un acto de imposible reparación, puesto que el Juez responsable al pronunciar la sentencia correspondiente, no podrá modificar la decisión tomada, acerca de no llamar a juicio al notario público como tercero. Al respecto cabe señalar que un acto de imposible reparación es todo aquel que produce de manera directa e inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales. Sin embargo, al tenor del criterio sustentado por el Máximo Tribunal del país que aparece publicado en las páginas ciento treinta y siete, ciento treinta y ocho y ciento treinta y nueve, del Tomo IV, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y seis de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y que interrumpió de manera parcial la jurisprudencia bajo la voz: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, también procede la vía indirecta, como excepción, contra aquellas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuya afectación sea de tal gravedad que trascienda al resultado del fallo. Pues dicha jurisprudencia establece: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.»). Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, conduce a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, para establecer que en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe precisarse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas éstas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis y, además, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Cabe precisar que la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconoce esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede el juicio cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que deberá ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo.’. De acuerdo con lo apuntado, este tribunal estima que no es notoria la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal, en virtud de que si bien se reclama el auto que no admitió el recurso de revocación contra el diverso proveído que a su vez negó llamar a juicio, como tercero interesado, al licenciado Jesús Manzanares Lejarazu, lo cierto es que con el desechamiento del referido medio de defensa, el a quo al dictar la sentencia correspondiente, ya no abordará lo atinente al llamado del citado tercero, por lo que la sentencia que llegare a dictar, aunque resultara favorable a los peticionarios, no remediaría de manera alguna la irregularidad reclamada. De ahí que el citado acto sí sea de imposible reparación. En ese orden de ideas, procede revocar el auto que se revisa y ordenar la admisión de la demanda, cuyo desechamiento se combate, salvo que exista otra causa distinta de improcedencia de la analizada."
TERCERO. El mismo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, al resolver por unanimidad de votos, la revisión principal 943/97, promovida por Banco del Centro, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, estimó en lo pertinente lo que sigue:
"III. Son sustancialmente fundados los agravios que se estudiarán a continuación, los cuales se analizarán en forma conjunta por la íntima relación que guardan entre sí, en tanto que, por las razones que más adelante se expondrán, se hará innecesario el examen de los demás. Este propio tribunal en sesión de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, al resolver el toca de revisión relativo a la improcedencia 213/97, formado con motivo del recurso interpuesto por Anselmo López Padilla y Jesús Mireya Godínez Llanes de López, sustentó el siguiente criterio: (se transcribe el mismo texto reproducido en el considerando anterior de esta ejecutoria). Ahora bien, de lo acabado de transcribir es fácil deducir que en aquel asunto se ventiló una hipótesis similar a la que ahora se resuelve, pues, en efecto, en aquella ocasión el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado, decidió desechar la demanda de garantías por estimar que no es un acto de ejecución irreparable la negativa de revocar el proveído por el que el juzgador natural inadmitió la denuncia del juicio a tercero, promovida por los mencionados López Padilla y Godínez Llanes, decisión que, según se vio, no fue compartida por este Tribunal Colegiado, quien en la ejecutoria invocada aparte de que consideró que la omisión de llamar a juicio a un tercero sí es un acto que causa un perjuicio de imposible reparación, ordenó al Juez de Distrito referido que admitiera la demanda respectiva. Luego, si en el presente negocio se plantea también una situación idéntica al asunto de que se trata, o sea, que en la hipótesis que se revisa el Juez de Distrito resolvió que la resolución reclamada que confirmó la negativa a denunciarle el juicio a José de Jesús Navarro Castellanos, solicitada por el banco recurrente, no ocasionaba a éste un perjuicio irreparable, es indudable que por ello cobran aplicación los argumentos sustentados en el aludido expediente 213/97, lo cual, además, acarrea la consecuencia de que la causa de improcedencia invocada por el Juez en el fallo recurrido para sobreseer en el juicio tampoco sea aplicable. Consiguientemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y en su lugar entrar al estudio del fondo del asunto. Como ha quedado insubsistente la resolución impugnada con el examen de los anteriores agravios, ya no es necesario estudiar los demás con base en la jurisprudencia 602 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AGRAVIOS. SI EL EXAMEN DE UNO LLEVA A LEVANTAR EL SOBRESEIMIENTO. ES INNECESARIO ESTUDIAR LOS RESTANTES. Si el estudio de un agravio pone de manifiesto lo infundado de la causal de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, y no apareciendo probado otro motivo legal para sostener el sentido del fallo, lo procedente atento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, será revocar la resolución recurrida y entrar al examen del fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, lo cual vuelve innecesario el examen de los restantes agravios.’. En el concepto de que como el criterio que sustentó este tribunal tanto en el referido expediente 213/97, el cual, según se vio, fue reiterado en el presente asunto, se encuentra en contradicción con la opinión emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de este propio circuito, en la ejecutoria publicada en la página 355 del Tomo XIII, correspondiente a abril de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del rubro: ‘DENUNCIA DE JUICIO A TERCEROS, AUTO QUE DESECHA LA PETICIÓN DE HACERLA. NO ES ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE QUE HAGA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). IV. La institución de crédito quejosa formuló los siguientes conceptos de violación: (se transcribe). V. Supliendo parcialmente sus deficiencias con apoyo en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, resulta fundado el concepto de violación que se estudiará a continuación, y por esa razón ya no se examinarán los restantes. Los artículos 1054 y 1094, fracción V, del Código de Comercio, en su orden disponen: ‘En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva.’, y ‘Se entienden sometidos tácitamente: ... V. El tercer opositor y el que por cualquier motivo viniere al juicio en virtud de un incidente.’. De lo acabado de transcribir es fácil deducir que, contra lo afirmado por el ad quem, la intervención de cierta clase de terceros en los juicios mercantiles sí es una institución que se encuentra prevista en el Código de Comercio. Corrobora lo anterior lo dispuesto por el diverso numeral 1362 del mismo cuerpo de leyes, que dice: ‘En un juicio seguido por dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir otra acción distinta de la que se debate entre aquéllos. Este nuevo litigante se llama tercer opositor.’. Ahora bien, aun cuando ciertamente el tercero llamado a juicio no guarda semejanza con la intervención que en el procedimiento respectivo tienen las personas a que aluden los numerales transcritos, es inexacto, en cambio, que esa situación impida al ad quem aplicar en forma supletoria sobre el particular el enjuiciamiento civil del Estado, dado que lo verdaderamente importante estriba en que el legislador no quiso excluir deliberadamente de los juicios mercantiles a los terceros que pueden acudir a ellos. Al respecto se invoca la jurisprudencia 277 del Tomo IV del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘LEYES SUPLETORIAS EN MATERIA MERCANTIL. Si bien los Códigos de Procedimientos Civiles de cada Estado, son supletorios del de Comercio, esto no debe entenderse de modo absoluto, sino sólo cuando falten disposiciones expresas sobre determinado punto, en el código mercantil, y a condición de que no pugnen con otras que indiquen la intención del legislador, para suprimir reglas de procedimientos o de pruebas.’. Cabe agregar, que aun cuando la litis denuntiatio es una figura jurídica que no se encuentra instituida en la legislación mercantil, esa situación tampoco es obstáculo para aplicar supletoriamente el enjuiciamiento civil de Jalisco, de acuerdo con lo que sobre el particular opina el tratadista Jesús Zamora Pierce en su obra ‘Derecho Procesal Mercantil’ tercera edición, páginas 38, 39, 43, 44, 46 y 47, justo donde refiere que: ‘B. Importancia de la supletoriedad. Difícilmente podría exagerarse la importancia que reviste la aplicación supletoria de los códigos procesales civiles en el procedimiento mercantil. El Código de Comercio no contiene normas que permitan determinar la competencia por cuantía o tramitar el incidente de ejecutoriedad de sentencia; no regula el recurso de denegada apelación, si bien menciona la existencia de tal recurso (artículo 1077, fracción VIII); no fija trámite para el recurso de revocación, ni para los remates, ni para el incidente de nulidad de actuaciones; no menciona siquiera la notificación personal, ni la notificación por boletín, ni la jurisdicción voluntaria, ni el juicio sumario, ni la caducidad de la instancia, ni la ejecución de sentencias extranjeras o provenientes de otra entidad federativa, ni la acción de jactancia; y la enumeración podría alargarse definitivamente ... F. Caso de instituciones no establecidas. a) Ejemplos. Se trata ahora, no ya de instituciones procesales establecidas por el Código de Comercio, pero reglamentadas por el mismo en forma incompleta o deficiente, sino de aquellas otras sobre las cuales guarda un total y absoluto silencio. ¿Deben aplicarse en este caso, supletoriamente, las instituciones íntegras, trasplantándolas del campo procesal civil? La cuestión reviste importancia, pues en este caso se encuentran, entre otros: la admisibilidad de fotografías, copias fotostáticas y demás elementos de la técnica contemporánea como pruebas en el enjuiciamiento mercantil; la procedencia de los recursos de apelación extraordinaria y de queja y del mal llamado recurso de responsabilidad; el incidente de ejecutoriedad de sentencia; la caducidad de la instancia; el incidente de nulidad de actuaciones, etc. No es nuestra intención, por el momento, referirnos a todos y cada uno de los casos de posible aplicación supletoria de normas adjetivas civiles. El Código de Comercio, en su carácter de ordenamiento procesal, es a tal punto defectuoso, que el problema de la suplencia se plantea en él a cada paso, y, entendemos sistemáticamente correcto el referirnos aquí a las reglas generales y aguardar los capítulos subsiguientes para intentar su aplicación. Limitémonos ahora a señalar por lo menos un caso de aplicación supletoria en materia en que el Código de Comercio es omiso, ya no sólo en reglamentar sino incluso en establecer la institución. El código de procedimientos del distrito (artículo III) se refiere a una publicación diaria llamada «Boletín Judicial» (establecida por el artículo 204 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal), en la cual se inserta noticia de todas las resoluciones dictadas por los juzgados locales. Si las partes o sus procuradores no ocurren al tribunal a enterarse de la resolución, la notificación se dará por hecha y surtirá sus efectos a condición de que haya sido publicada en el boletín (artículo 125, C.P.C.). El Código de Comercio nada dice respecto al boletín, publicación que ni siquiera había sido creada cuando nació el código a fines del siglo pasado. A pesar de ello, y por aplicación supletoria de la ley civil, todas y cada una de las miles de resoluciones dictadas diariamente en el distrito en juicios mercantiles les son notificadas a las partes, cuando así procede, mediante publicación en el «Boletín Judicial». Los tribunales no se han visto llamados a pronunciarse sobre este punto, pues ningún Juez se ha negado a aplicar en este caso las reglas del proceso civil, y ningún litigante ha impugnado las notificaciones hechas por este medio, conscientes como están todos de la enorme utilidad del boletín. Sin él, los abogados se verían obligados, para enterarse de los acuerdos dictados en sus negocios, a visitar diariamente todos los juzgados civiles y familiares y todas las Salas del Tribunal Superior ... y la administración de justicia haría alto ante la imposibilidad humana de transportarse. La Ley de Quiebras pretende limitar y reducir el campo de la supletoriedad, la califica de excepcional y la refiere tan sólo a los preceptos expresamente reglamentados por ella. Pero he aquí que también en los procedimientos de quiebras y de suspensión de pagos se efectúan notificaciones por boletín. De donde podemos concluir que los códigos locales pueden integrar el procedimiento mercantil, tanto cuando éste no reglamenta o reglamenta deficientemente una institución procesal, como cuando es omiso en el establecimiento de la misma ... c) Tesis basada en la necesidad de la integración. Nuestro sistema de derecho prohíbe a las personas hacerse justicia por sí mismas o ejercer violencia para reclamar su derecho, obliga al Estado a establecer tribunales que estarán expeditos para administrar justicia y garantiza que sólo mediante juicio seguido ante esos tribunales podrá privarse a alguien de sus derechos. Ello equivale a instituir, con el carácter de garantía constitucional, la obligación de los Jueces de resolver todas las controversias que se presenten ante ellos. En los juicios mercantiles, el Juez debe aplicar las reglas de procedimiento convenidas por las partes, a falta de convenio observará las disposiciones de la ley comercial, y sólo en defecto de ambas puede proceder a aplicar la norma procesal civil (artículo 1051, C. Com.). La supletoriedad, mencionada como el último en una enumeración de tres elementos, reviste un carácter excepcional, es un recurso extraordinario al que puede acudir el Juez cuando le sea indispensable para dar cumplimiento a su obligación de impartir justicia. Lo normal es que el juzgador se apoye en las reglas convencionales o mercantiles, lo excepcional, jurídicamente, es que ocurra a las de la legislación procesal civil ... Resumiendo las reglas enunciadas podemos decir: Los códigos locales de procedimientos civiles suplen las normas aplicables al proceso mercantil únicamente cuando no existe disposición mercantil aplicable, a condición de que el precepto que se pretende aplicar supletoriamente sea congruente con los principios del enjuiciamiento de comercio e indispensable para su trámite o resolución.’. Si a lo anterior se agrega que siendo el juicio natural un procedimiento ordinario, y que por ello no tiene señalada una tramitación especial que pudiera verse afectada con la denuncia del juicio a tercero, este tribunal considera que el llamado de éste para que se apersone a él contribuye a una rápida y eficaz impartición de justicia, pues aparte de que evita la incertidumbre en la decisión de situaciones que tienen relación con la causa controvertida en un juicio ya iniciado, suprime también la posibilidad de que una vez demandado dicho tercero en forma separada, puedan llegar a pronunciarse sentencias contradictorias respecto de los derechos que ya son ventilados en el procedimiento natural. Procede entonces conceder la protección federal solicitada para el efecto de que el ad quem decida la alzada ciñéndose a los lineamientos de la presente ejecutoria. Como habrá de quedar insubsistente el fallo reclamado con el análisis de los anteriores conceptos de violación, resulta innecesario el examen de los restantes. Al respecto se invoca la jurisprudencia 168 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario en comento, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en sesión de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, al resolver por unanimidad de votos el toca de revisión principal 738/93, interpuesta por Jesús Perezlete Gutiérrez, consideró lo siguiente:
"TERCERO. Este órgano colegiado no estudiará la resolución combatida, ni los agravios opuestos en su contra, en virtud de que se advierte que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, cuyo análisis debe realizarse aun de oficio, por ser la procedencia del amparo una cuestión de orden público, según lo establecido por la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.’. En efecto, del examen a las constancias que se remitieron a este tribunal para la sustanciación del recurso, las cuales tienen eficacia probatoria plena por tratarse de documentos públicos, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte en lo conducente: 1) Que el hoy quejoso fue demandado por su cónyuge -entre otros- por la custodia y la pérdida de la patria potestad de su menor hijo Jesús Perezlete González. 2) Que mediante escrito de veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y tres, el demandado hoy quejoso, solicitó al a quo se denunciara el juicio a Jesús Perezlete del Real y Celia Guillermina Gutiérrez de Perezlete, para el efecto de que les perjudicara la sentencia respectiva, en virtud de que el referido menor fue entregado en custodia a dicha pareja, desde los cinco o seis meses de edad. 3) Que por auto de diecisiete de mayo del precitado año, el Juez del conocimiento admitió tal denuncia. 4) Que la actora interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo anterior, mismo que se resolvió mediante el auto que constituye el acto reclamado en el presente juicio, en el cual se determinó no admitir el escrito de denuncia de mérito. Ahora bien, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: ‘... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.’. Luego, en la jurisprudencia emanada de la contradicción de tesis 3/89, entre las sustentadas por el Cuarto y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 291 del Tomo IV, Primera Parte, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, se señala: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto «Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...». El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.’. En este orden de ideas, es evidente que el acto reclamado, es decir, el acuerdo que desechó la denuncia del juicio a terceros, no puede ser considerado como de ejecución de imposible reparación, toda vez que dicho proveído no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por las garantías individuales, sino que sólo entraña una transgresión a derechos adjetivos que tienen efectos formales o intraprocesales, los que se podrán actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente, y hasta ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó al quejoso; pues bien, puede ocurrir que éste obtenga sentencia favorable, con lo que se subsanaría el posible perjuicio del cual se dolió; y si no le favoreciere la referida sentencia, deberá hacerlo valer como agravio en la apelación respectiva y en su caso, alegarlo como violación procesal en amparo directo. No pasa desapercibida para este tribunal la jurisprudencia emanada de la contradicción de tesis 5/91, entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en las páginas 11 y 12, de la Gaceta Número 59, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título dice: ‘CUSTODIA DE MENORES. LA MEDIDA PROVISIONAL RELATIVA, ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.’, misma que no resulta aplicable al caso al no presentarse el supuesto que ésta prevé. En esa tesitura, procede revocar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de garantías con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."
QUINTO. La presente denuncia de posible contradicción de tesis fue presentada por parte legitimada para ello, en virtud de haber sido propuesta por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, uno de los órganos contendientes y que falló la improcedencia 213/97 y la revisión principal 943/97, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo y de la tesis de la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, cuyo criterio comparte este Tribunal en Pleno, publicada en la página 68, Tomo VIII-Noviembre, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, identificada con el número 4a. XXXV/91, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."
SEXTO. Los antecedentes de los casos sujetos al conocimiento de los Tribunales Colegiados contendientes, son los siguientes:
Por escrito presentado el veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, Anselmo López Padilla y Jesús Mireya Godínez Llanes de López, promovieron juicio de amparo indirecto, en el que señalaron como autoridades responsables al Juez y primer secretario del Juzgado Décimo de lo Mercantil de Guadalajara, Jalisco, a quienes atribuyeron los actos siguientes:
"Del C. Juez Décimo de lo Mercantil reclamamos el auto decretado en nuestra contra con fecha 16 dieciséis de enero de 1997 mil novecientos noventa y siete, dentro de las actuaciones del juicio mercantil ordinario, expediente número 1646/96, en cuanto declara inadmisible el recurso de revocación que interpusimos en contra del diverso auto de fecha 13 trece de diciembre de 1996 mil novecientos noventa y seis, que decreta no haber lugar al llamamiento del señor licenciado Jesús Manzanares Lejarazu, notario público suplente, adscrito al titular de la Notaría Número 10 de esta municipalidad, en su carácter de tercero respecto de la contro
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6905-9813e73a/litisdenunciacion-o-denuncia-del-juicio-a-terceros-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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