DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, PRIMERO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, OCTAVO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: GUILLERMO BECERRA CASTELLANOS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los criterios sostenidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, son los que a continuación se indican:
En el recurso de queja número 16/97, en la parte conducente, el mencionado Tribunal Colegiado consideró lo siguiente:
"CUARTO.-Son infundados los agravios hechos valer.-Este colegiado estima, contra lo sostenido por la recurrente, que la demanda de garantías es un documento privado porque en ella aparece la firma del promovente del amparo quien invariablemente comparece como sujeto de derecho privado, por tanto, es factible de objetarse de falsa en términos del artículo 153 de la Ley de Amparo.-Al respecto se comparten las tesis que aparecen publicadas en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, la primera de ellas en el Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, página 83, y la segunda en el Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, página 237, que en su orden dicen: ‘FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL.-Toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no sabe firmar, mediante la impresión de la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta, no hay forma de saber si es voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el escrito, promover el juicio constitucional, máxime que el promovente omite formular oportunamente (esto es, antes de fenecer el término para la promoción), ante la responsable un escrito en el que exprese el porqué firmó de manera distinta a la que utilizó en el juicio natural, en ambas instancias o, en su caso, hiciera suyo su contenido, ya que de otra forma, se propiciaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos oportunos, para después en cualquier tiempo, subsanar la omisión de voluntad de promover cuando éste debió ser oportuno; sin que, en la hipótesis, el presidente del Tribunal Colegiado estuviera obligado a requerirlo para la ratificación del escrito de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo, dado que cuando llegaron los autos al tribunal, ya había transcurrido con exceso el término de quince días para la promoción del juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo.’, y ‘FALSEDAD DE DOCUMENTO. ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. EL ESCRITO DE DEMANDA REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE JURÍDICAMENTE DE SER OBJETADO DE FALSO.-Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo se establece qué debe entenderse por documento, en este caso son aplicables supletoriamente al ordenamiento invocado los numerales correspondientes del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en el artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; y en el artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso. Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos «los documentos» que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por las partes, pues éstas constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto citado.’.-Sin que proceda modificar el auto recurrido para que se ordene citar a la impetrante de garantías, a ratificar la demanda susodicha, puesto que ello es posible cuando es el propio órgano jurisdiccional el que oficiosamente advierte la irregularidad y no ha transcurrido el término para la promoción del juicio de garantías, circunstancias ambas que no se dan en la especie.-En cuanto al pedimento del agente del Ministerio Público, debe decirse que no se está de acuerdo con la ejecutoria del entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del rubro: ‘DEMANDA DE GARANTÍAS. NO ES DE AQUELLOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO.’, localizable en el Informe de mil novecientos ochenta y tres, Tercera Parte, páginas 267 y 268, debido a que, según se dejó en claro, de no permitirse la impugnación de la rúbrica del libelo por el que se ejerce la acción constitucional se quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada, rector del juicio de amparo, y se haría nugatorio el artículo 21 de la ley de la materia; criterio que inclusive este tribunal sustentó al fallar el amparo directo 579/96, en el que se planteó una objeción de naturaleza similar.-En consecuencia, procede declarar infundada la queja interpuesta y hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis.-Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO.-Se declara infundado el presente recurso de queja interpuesto por Irene García Salazar de Guasch, exclusivamente por lo que ve a la parte del auto que se menciona en el considerando tercero de esta ejecutoria, dictado en el juicio de amparo 1070/97-II, seguido ante el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado.-SEGUNDO.-Hágase la denuncia de contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (citadas ambas en la presente ejecutoria)."
En el amparo directo en revisión 579/96, el mismo Tribunal Colegiado, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
"ÚNICO.-Este Tribunal Colegiado estima innecesario transcribir y examinar los fundamentos de la sentencia reclamada y los conceptos de violación propuestos en la demanda de garantías, en razón de que se manifiesta debidamente acreditado un motivo de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio, según se pondrá de relieve a continuación.-En efecto, el estudio de las causales de improcedencia se considera de orden público y por ello debe anteponerse a la cuestión de fondo que atañe a la constitucionalidad de los actos reclamados, según se establece en la tesis de jurisprudencia 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas 553 y 554 que dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.-Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.’.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley de Amparo, corresponde a este tribunal resolver conjuntamente con el amparo lo relativo al incidente de nulidad de la firma que calza la demanda de garantías, ya que el mismo no se encuentra previsto como artículo de previo y especial pronunciamiento en el ordenamiento citado.-Durante el trámite de la incidencia la tercera perjudicada formuló diversas consideraciones relativas a la trascendencia de la firma que debe ostentar que garantiza la identidad del sujeto cuya voluntad se manifiesta en el ocurso y la improcedencia de la acción de amparo cuando se demuestra que su ejercicio no fue estimulado por una promoción que suscriba el directo quejoso, por existir pruebas de que la firma que avala la petición de garantías no proviene de su puño y letra.-Por su parte, Tomás Galván Mejía, al dar contestación a la demanda incidental sustancialmente adujo, que era suya la firma cuya autenticidad se ponía en duda; que cualquier discrepancia en los rasgos con respecto a firmas anteriores podría obedecer a factores externos de diversa índole y que la incidentista carecía de conocimientos técnicos para sostener su afirmación de falsedad, la cual tendría que descansar en el dictamen de expertos. Que aunado a lo anterior, la incidencia debía considerarse improcedente debido a que previamente había sido planteada ante la autoridad responsable que inicialmente la admitió y posteriormente revocó su determinación rechazándola, motivo por el cual no puede intentarse de nueva cuenta, puesto que ha precluido ese derecho, además de que debe considerarse que cualquier nulidad se convalidó con la promoción subsecuente por parte de la incidentista, y por último, al haber efectuado la ratificación de su firma ante la Sala al dar contestación a la anterior incidencia el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis.-Con relación a la procedencia del incidente planteado debe señalarse que el principio de preclusión se produce cuando alguna de las partes no ejercita oportunamente y en forma legal algún derecho de orden procesal y cuando ocurre que esa facultad se ejercitó en forma anticipada ante una autoridad incompetente para conocer del trámite del amparo en el que se suscita, en este caso la Sala señalada como responsable cuya participación queda limitada a recibir la demanda, emplazar a los terceros perjudicados y asentar la certificación a que se refiere el artículo 163 de la Ley de Amparo, y posteriormente, una vez que se turna al Tribunal Colegiado para la sustanciación del juicio se hace valer ese derecho oportunamente.-Ahora bien, este tribunal adquiere convicción plena de que la firma que ostenta la demanda de amparo no pertenece a Tomás Galván Mejía, cuenta habida de que las diferencias estructurales que presentan esos rasgos, en relación a las firmas que calzan otros documentos que obran en el juicio natural y la presunción de falsedad que de ellas deriva se vio robustecida y adquirió eficacia probatoria plena, con vista a los dictámenes periciales emitidos, dado que éstos se consideran el medio idóneo para acreditar ese hecho y por sus características merecen credibilidad, valorados conforme a los artículos 143, 144 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, teniendo en cuenta que estuvieron a cargo de Hilario Lomelí González y José Antonio Fernández Villanueva, peritos designados por este tribunal y el incidentista respectivamente, quienes son profesionistas que justificaron poseer conocimientos de grafoscopía y documentoscopía, tener amplia experiencia en su especialidad y estar libres de impedimento; que sus opiniones, además de ser coincidentes en lo esencial y haber sido ratificadas ante la presencia judicial, fueron concluyentes al establecer que la firma dubitada que calza la demanda de garantías no procede del puño y letra del mencionado Galván Mejía, afirmación que sustentaron en estudios que incluyeron la observación metódica y sistemática del documento dubitado y los que se consideraron indubitables, utilizando para ello instrumentos ópticos que les permitieron identificar los elementos constitutivos y formales de cada firma, tales como microscopios de diversas especies, comparativos de las formas del grafismo, medición e identificación de la presión muscular ejercitada, medición en grados de lo que se describe como la inclinación axial de los ejes magistrales y el empleo de ampliaciones fotográficas que facilitaron la aplicación de los métodos empleados en la confronta y les permitieron establecer las diferencias sustanciales siguientes: 1. Las firmas indubitables de Tomás Galván Mejía, por la seguridad en la construcción de sus trazos denotan habilidad escritural por parte de su autor, mientras que la firma dubitada revela inseguridad y escasa habilidad en la persona de quien proviene; 2. Las firmas indubitables confrontadas se estructuran en cinco momentos gráficos provocados por el levantamiento por el instrumento de escritura que elimina los rasgos de enlace entre las letras que las conforman, en tanto que la firma dubitada se estructura en siete momentos gráficos; 3. Los puntos de ataque de las firmas indubitables aparecen apoyados, acerados y en ganchete y sus trazos finales preferente y acusadamente acerados en ganchete y arpón; la firma dubitada se estructura con sus puntos de ataque inicial apoyados y sus trazos finales apoyado en ganchete y arpón; 4. El empleo de micrómetros y medidores de espesor revela que la firma dubitada presenta una presión muscular ejercida por su autor uniforme y hasta .001 milésimas de pulgada; 5. Los rasgos de la manuscritura indubitable son del tipo anguloso, es decir, predomina el ángulo sobre la curva, inversamente a los rasgos de la firma dubitada; 6. Mientras que la firma dubitada se construyó con signos y gramas que no corresponden a las letras ‘a’, de la palabra Galván, las indubitables las definen correctamente, al igual que la letra ‘v’ que en estas últimas se estructura con un rasgo ascendente y no aparece en la firma dubitada.-Aunado al amplio respaldo de razones técnico-científicas de los dictámenes desahogados, no existe opinión en contrario, puesto que el quejoso no cumplió la prevención que le fue formulada en el sentido de presentar al perito de su parte, para los fines de aceptación y protesta del cargo, de ahí que este tribunal, en uso de su arbitrio para apreciar la prueba técnica a cargo de los peritos auxiliares de la administración de justicia, encuentre procedente desconocer a Tomás Galván Mejía, como autor de la firma que calza la demanda de garantías. Por lo que se refiere a la objeción formulada verbalmente por el autorizado durante el desahogo de la audiencia, debe señalarse que resulta insuficiente y debe desestimarse, en atención a que está dirigida íntegramente a la opinión del perito designado por la incidentista, de suerte que aun en el supuesto de que resultara fundada y suficiente para demeritar su valor, tendría que prevalecer el dictamen del perito nombrado oficialmente, puesto que conforme al artículo 151 de la Ley de Amparo, dicha prueba no es colegiada, su estudio contiene el detalle de los elementos técnicos empleados y proviene de un profesionista cuya calidad no fue cuestionada.-Una vez demostrado que la demanda carece del signo escrito que exteriorice la voluntad de la persona en cuyo nombre se demanda la protección y dado que por disposición del artículo 107, fracción I, constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, éste debe declararse improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 4o., interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo y debe sobreseerse con fundamento en el 74, fracción III, del ordenamiento reglamentario que se cita, al no existir petición de la parte que figura como afectada por el acto de autoridad. No representa obstáculo a la determinación que se adopta la ratificación de firma que dice haber efectuado Tomás Galván Mejía, ante la autoridad responsable, ya que no se trata de una comparecencia en la que personalmente la haya reconocido ante la presencia judicial, sino de la presentación del escrito en que dio contestación a la incidencia de nulidad planteada originalmente ante la Sala, al cual se acompañó copia fotostática simple de una credencial expedida por el Instituto Federal Electoral y de un documento escrito en idioma extranjero, ambos a nombre del quejoso, razón por la que formalmente no existe certeza plena de su autenticidad, ni pueden considerarse como una verdadera ratificación de firma. A mayor abundamiento, el ocurso a que se alude fue presentado ante la Sala el catorce de marzo de mil novecientos noventa y seis, es decir, una vez que había transcurrido en exceso el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, como límite de presentación de la demanda de garantías, puesto que la sentencia reclamada se la notificó en forma personal el tres de enero del año mencionado, iniciando el cómputo al día siguiente, conforme lo establece el artículo 127 del código procesal civil aplicable, concluyendo el veinticuatro del mismo mes y año, razón por la cual de ninguna forma podría subsanar la deficiencia que se examina. Sobre el particular, se consideran atendibles y se comparten en lo conducente las razones que informan la tesis de jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 50, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y dos, página 78, que textualmente señala: ‘FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL.’ (quedó transcrita).-El sobreseimiento decretado en relación a la autoridad ordenadora debe comprender los actos atribuidos a la ejecutora, los cuales no fueron reclamados por vicios propios. En este aspecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 516, localizable en la página 339, del Apéndice y Tomo inicialmente mencionados, cuyo contenido íntegro es el siguiente: ‘SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe).-A consecuencia, del desconocimiento de la autenticidad de la firma que calza la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 211, fracción II, de la Ley de Amparo, procede dar además vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito para los fines de su representación.-Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se sobresee en el juicio de garantías interpuesto por Tomás Galván Mejía, en contra de las autoridades y los actos que se describen en el resultando primero de esta ejecutoria.-SEGUNDO.-Dése vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito."
CUARTO.-Por su parte, los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que se estiman coincidentes con el contenido en el amparo directo 579/96 transcrito, se contienen en las resoluciones recaídas en los amparos directos 441/89, 31/90, 183/90, 291/90 y 374/90, los cuales sustancialmente son iguales, motivo por el cual sólo se transcribe la primera de ellas que en la parte que interesa dice:
"SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado de la Sala responsable y con los autos originales de primera y segunda instancia que a él se acompañaron.-TERCERO.-Resulta innecesario transcribir y analizar las consideraciones fundatorias de la sentencia recurrida, así como los conceptos de violación que en su contra se expresan, en razón de que en la especie, opera una causal de improcedencia que, por ser de orden público, debe examinarse preferentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, y jurisprudencia número ciento cincuenta y ocho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y dos de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y cinco, del rubro: ‘IMPROCEDENCIA.’.-En efecto, de la demanda de amparo se desprende que la firma que la calza es notoriamente diferente a las que, entre otras, aparecen a fojas dieciséis vuelta, setenta y uno, y setenta y siete del toca de apelación; veintidós, treinta y uno, cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y seis, y sesenta y dos del expediente de primer grado, lo cual permite concluir que no fue el quejoso quien firmó el escrito de demanda de garantías.-En esas condiciones, dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no sabe firmar, mediante la impresión de la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma o, como en la especie, que la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta, no hay forma de saber si es voluntad de la persona cuyo nombre encabeza el escrito, promover el juicio constitucional, máxime que en el caso, el disidente omitió formular, oportunamente (esto es, antes de fenecer el término para la promoción), ante la Sala responsable, un escrito en el que expresara el porqué firmó de manera distinta a la que utilizó en el juicio natural en ambas instancias, o en su caso, hiciera suyo su contenido, pues, de otra forma, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos oportunos, para que después en cualquier tiempo, subsanara la omisión de voluntad de promover, cuando éste debió ser oportuno; sin que en la hipótesis el presidente de este cuerpo colegiado estuviera obligado a requerirlo para la ratificación del escrito de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo, pues, cuando llegaron los autos a este tribunal (veintiséis de octubre último), ya había transcurrido con exceso el término de quince días para la promoción del juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, dado que la sentencia reclamada fue notificada el seis de septiembre pasado; lo contrario, se repite, propiciaría que se subsanara indebidamente, en cualquier tiempo, la omisión de voluntad de promover, lo cual resultaría contrario a la equidad, y porque además la firma discrepante se encuentra en la demanda de garantías, no en una promoción ya dentro del procedimiento del juicio; por cuyas razones se estima que es una hipótesis diversa a la que contempla la jurisprudencia número diecinueve de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Informe de labores de ese Alto Tribunal al finalizar el año de mil novecientos ochenta y nueve, en la página ochenta y cuatro, bajo el rubro: ‘FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.’, criterio que este tribunal sostiene al resolver el toca 607/89, en sesión de treinta y uno de enero del año en curso.-En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 4o. y 166, fracción I, del propio ordenamiento, lo que obliga a sobreseer en el juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de ese cuerpo legal.-Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 y 177 de la Ley de Amparo y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se (sic).-Resuelve: ÚNICO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido en nombre de Francisco Reyes García, contra los actos reclamados de la Sala responsable, precisados en el resultando segundo de esta ejecutoria."
De los juicios de amparo directo antes precisados, derivó la tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, página ochenta y tres, que dice:
"FIRMA EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NOTORIAMENTE DISTINTA A LAS QUE OBRAN EN EL JUICIO NATURAL.-Toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o, si no sabe firmar, mediante la impresión de la huella digital o la firma de otra persona a su ruego, es por lo que, ante la falta de firma o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta, no hay forma de saber si es voluntad de la persona, cuyo nombre encabeza el escrito, promover el juicio constitucional, máxime que el promovente omite formular oportunamente (esto es, antes de fenecer el término para la promoción) ante la responsable un escrito en el que exprese el porqué firmó de manera distinta a la que utilizó en el juicio natural, en ambas instancias o, en su caso, hiciera suyo su contenido, ya que de otra forma, se propiciaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos oportunos, para después en cualquier tiempo, subsanar la omisión de voluntad de promover cuando éste debió ser oportuno; sin que, en la hipótesis, el presidente del Tribunal Colegiado estuviera obligado a requerirlo para la ratificación del escrito de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo, dado que cuando llegaron los autos al tribunal, ya había transcurrido con exceso el término de quince días para la promoción del juicio constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo."
QUINTO.-Asimismo, el criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que también se considera coincidente con la queja número 16/97, precisada con antelación, se contiene en la resolución recaída en la diversa queja número 39/94 y que es del tenor siguiente:
"TERCERO.-Del proveído recurrido se advierte que el Juez de Distrito estimó desechar el incidente de nulidad promovido por el aquí recurrente, por considerarlo frívolo e improcedente, en razón de que no era el medio idóneo para impugnar tales inconformidades, toda vez que en el caso lo procedente era interponer el recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo; además, dicho Juez Federal tomó en consideración que al haber comparecido a juicio el hoy recurrente y ofrecer pruebas, quedaron consentidas, y por ende, convalidadas las actuaciones de las cuales pretendía su nulidad.-Por su parte, el recurrente en esencia expone como agravios: Que promovió el incidente de nulidad porque la firma que calza la demanda de garantías, no corresponde a la de Esteban Plácido Malazzo Saconni, representante de la parte quejosa en el juicio de amparo, del cual deriva esta queja, ya que entre la firma que aparece en la citada demanda y la que obra en el acta de la junta del consejo de administración de la citada empresa, de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en donde dicha persona aceptó el cargo de director general de la referida sociedad quejosa, no existe similitud alguna, por lo que es falsa la firma que aparece en la demanda de amparo. Por ello, considera el recurrente que el incidente de nulidad planteado era la vía idónea para acreditar la falsificación de dicha firma y como consecuencia la nulidad de todo lo actuado con posterioridad y no el recurso de queja que prevé el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, según lo sustentó el a quo. Además de que lo que planteó en dicho incidente de nulidad, fue la falsedad de la firma que suscribe dicha demanda, no la procedencia de la demanda.-Es fundado lo expresado por el quejoso, en el sentido de que al promover el incidente de nulidad, en esencia lo que impugnó fue la firma que suscribe el escrito inicial de demanda, y al haberlo desechado por frívolo e improcedente el a quo, le causa perjuicio, toda vez que para probar sus afirmaciones es necesario ofrecer pruebas y no era mediante el recurso de queja que prevé el artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, como iba a poder hacerlo, ya que mediante ese recurso no podría ofrecer las pruebas conducentes; efectivamente, al emitir el auto controvertido el a quo, no apreció la circunstancia de que en esencia lo impugnado por el hoy recurrente, mediante el incidente de nulidad hecho valer era la falsedad de la firma del representante de la sociedad quejosa que suscribió dicha demanda de garantías, aun y cuando erróneamente el recurrente haya denominado a la vía elegida para tal impugnación ‘incidente de nulidad absoluta’, pues se aprecia claramente que lo que en realidad impugnó el hoy recurrente mediante ese incidente fue la firma que calza la demanda de amparo.-En esta circunstancia, el Juez Federal debió de aplicar en la especie lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo, el cual expresamente dispone: ‘Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. ...’.-No es obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el precepto legal invocado establezca que sólo serán objetables de falsos ‘los documentos’ que presentaren las partes en el juicio de amparo, puesto que esa acepción comprende también las promociones presentadas por las partes, pues estas constituyen documentos, por lo que se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto citado. Por ello, la objeción de falsedad que planteó el hoy recurrente, respecto de la firma del representante de la quejosa que obra en el escrito inicial de demanda, debió admitirla el a quo, suspendiendo la audiencia constitucional, a fin de que las partes pudieran ofrecer las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad de dicha firma.-Cabe mencionar que si bien en ningún precepto de la ley de la materia, se establece qué debe entenderse por documento, en este caso son aplicables supletoriamente al ordenamiento invocado los numerales correspondientes del Código Federal de Procedimientos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6894-220c386c/demanda-de-amparo-el-escrito-relativo-reviste-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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