SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA. CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: FRANCISCO OLMOS AVILEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver, el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el recurso de queja 90/96, relativo al incidente de suspensión, derivado del amparo indirecto número 541/96, promovido por Alfonso Jazo Villanueva, en lo que interesa, determinó:
"Considerando: I. Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del presente recurso de queja, conforme a lo dispuesto por los artículos 95, fracción XI, 99, cuarto párrafo, de la ley reglamentaria del amparo; al Acuerdo 1/93 emitido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los artículos 37, fracción III, 38 y quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se interpuso contra una resolución pronunciada por una Juez de Distrito en Materia Administrativa que corresponde a este Tercer Circuito, en la que la juzgadora negó en parte y concedió en otra la suspensión provisional solicitada. II. El acuerdo recurrido en la parte que interesa, es del tenor literal siguiente: ‘En cambio, se concede a Alfonso Jazo Villanueva, la suspensión provisional, para el efecto de que entre tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea desposeído del automotor que líneas arriba se describió; la presente medida surte sus efectos desde luego y se otorga sin exigir garantía alguna en virtud que de la demanda de garantías no se desprende que se irrogue algún daño o perjuicio, a tercero perjudicado, con dicha medida; sin embargo, la suspensión que se concede no lo faculta a explotar el tractocamión que ya se mencionó con antelación, en virtud de que no exhibe el permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la explotación de los servicios de autotransporte federal, atento a lo dispuesto por los artículos 6o. y 8o., fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.’. III. La autoridad recurrente hace valer los siguientes agravios: ‘Primero. Violación a lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 de la Ley de Amparo, en virtud de que sin estar debidamente fundado y motivado el auto de fecha 6 de noviembre de 1996, se le concede la suspensión solicitada al quejoso, por cuanto hace a que no sea desposeído del automotor que señala en su demanda. En efecto, el auto recurrido carece de una debida motivación, al conceder la suspensión provisional al quejoso para el efecto de que el quejoso no sea desposeído del automotor que señala en su demanda; pues no obstante de que el Juez en el mismo señala que: «... se concede a Alfonso Jazo Villanueva, la suspensión provisional, para el efecto de que entre tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea desposeído del automotor que líneas arriba se describió, la presente medida surte sus efectos desde luego y se otorga sin exigir garantías, pues no se desprende que se irrogue algún daño o perjuicio, a tercero perjudicado, con dicha medida; sin embargo, la suspensión que se concede no lo faculta a explotar el tractocamión que ya se mencionó con antelación, en virtud de que no exhibe el permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la explotación de los servicios de autotransporte federal, atento a lo dispuesto por los artículos 6o. y 8o., fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal ...». De lo expuesto por el Juez a quo, se desprende que no motiva debidamente su resolución, pues no expresa las razones, motivos o circunstancias inmediatas, que lo lleven a determinar que en el caso concreto no se contravienen disposiciones de orden público, ni se causan perjuicios al interés social; requisitos exigidos por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo para otorgar la suspensión provisional; es decir, el Juez de Distrito no señala qué elementos tomó en consideración para tener por cumplidos los requisitos antes anotados. Máxime que tampoco fundamenta su resolución, pues no cita el precepto legal que sustente su proceder, por lo que la resolución que concede la suspensión provisional, carece de los requisitos esenciales de todo acto de autoridad, fundamentación y motivación. En concordancia con lo anterior, se sigue que la fundamentación y motivación son requisitos esenciales de todo acto de autoridad, entendiéndose por fundamentación, la expresión exacta del precepto legal aplicable al caso, y por motivación, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso en concreto se configuren las hipótesis normativas, tal y como se sustenta en la jurisprudencia número tres, Informe 1978, Segunda Parte, Sala Administrativa, página 7, SCJN, Séptima Época. Segundo. Violación a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo por falta de observancia, ya que el Juez a quo omite señalar las consideraciones que lo llevaron a tener por cumplidos los requisitos que exige el artículo citado para conceder la medida suspensional. Además de que al concederse se están dando efectos constitutivos de derechos al amparo, siendo que ésta no es su finalidad, pues le permite gozar al quejoso de la posesión del tractocamión marca Peterbilt, modelo 1985, número de serie 1XP9D29X0FP177668.’. IV. Los agravios hechos valer por la parte recurrente, son jurídicamente ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido. En efecto, tal como quedó transcrito en el considerando segundo de esta ejecutoria y como bien lo evidencia la autoridad inconforme en el primer motivo de inconformidad, en la determinación combatida la a quo concedió al promovente del amparo la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que en tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva, las cosas permanecieran en el estado que guardaban y no fuera desposeído del automotor ahí descrito, agregando que dicha medida suspensional surtía sus efectos desde luego y se otorgaba sin exigir garantía alguna, en virtud de que de la demanda no se desprendía que con esa decisión se irrogara algún daño o perjuicio a tercero perjudicado. Ahora bien, atento a lo antes expuesto, cabe señalar que le asiste la razón a la autoridad inconforme en cuanto esgrime que la Juez Federal no emitió prolijas razones, motivos o circunstancias inmediatas que la llevaran a determinar que en el caso concreto no se contravenían disposiciones de orden público, ni se causaban perjuicios al interés social, requisitos que, indica, exige el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. Asimismo, es verdad que la juzgadora no citó precepto legal alguno en el que apoyara su decisión de conceder la suspensión provisional solicitada. No obstante lo anterior, se considera que la falta de fundamentación y motivación de que adolece el acuerdo recurrido, resulta insuficiente para modificarlo o revocarlo, puesto que ante la falta de reenvío sobre el particular, este órgano colegiado estima que debe examinar si en el caso a estudio quedaron satisfechos los requisitos exigidos por la ley para conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. En efecto, la técnica procesal para resolver acerca de la materia de la suspensión, debe girar en torno a lo preceptuado por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el que en la parte que interesa señala textualmente: ‘Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. ... III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto ...’. Pues bien, como se puede advertir de la demanda de garantías, el promovente del amparo señaló, entre otro acto reclamado, el desposeimiento y secuestro del tractocamión marca Peterbilt, modelo 1985, número de serie 1XP9D29X0FP177668. En tales condiciones, este tribunal no encuentra objetivamente incorrecta la concesión de la suspensión provisional solicitada que decretó la a quo en el acuerdo combatido. Se concluye así, porque en el presente asunto quedaron satisfechos los requisitos previstos en el transcrito numeral 124 de la Ley de Amparo. En primer término, la medida suspensional fue solicitada por el quejoso; en segundo lugar, es evidente que con la concesión de la suspensión provisional no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público; esto es, al suspenderse provisionalmente las órdenes para que el promovente del amparo no sea desposeído del automotor descrito con anterioridad, no se propicia la realización de actos similares o parecidos a los que en forma ejemplificativa contempla el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo y, por su parte, la autoridad inconforme no formuló agravio alguno mediante el cual pretenda evidenciar que con la suspensión referida se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, pues si bien se alega que con la suspensión se están dando efectos constitutivos de derechos al amparo, porque le permite al quejoso gozar de la posesión del tractocamión descrito en líneas precedentes, cabe decir que tal argumento es ineficaz, dado que según se advierte del capítulo relativo a las pruebas de la demanda de amparo, el promovente ofreció las documentales siguientes: ‘1. Documental privada, consistente en las copias fotostáticas certificadas ante notario público de la solicitud presentada ante la extinta Administración Fiscal Federal de Tijuana, el día 29 de mayo de 1991, en la que se solicitó la regularización de la unidad (sic) marca Peterbilt modelo 1985 con número de serie 1XP9D29X0FP177668; se relaciona esta prueba con todos y cada uno de los antecedentes y agravios del presente juicio de garantías. 2. Documental oficial, consistente en las copias fotostáticas certificadas ante notario público del recibo de pago número 343796 de fecha 30 de julio de 1991; se relaciona esta prueba con todos y cada uno de (sic) los antecedentes y agravios del presente juicio de garantías. 3. Documental privada, consistente en copias certificadas ante notario público del título de propiedad, con sus traducciones al idioma castellano respectivamente; se relaciona esta prueba con todos y cada uno de los antecedentes y agravios del presente juicio de garantías.’. Como se ve, el quejoso ofreció diversos documentos para acreditar, entre otros extremos, que es el propietario del vehículo controvertido; de ahí que no puede afirmarse que la suspensión en el presente asunto esté dando efectos constitutivos de derechos al amparo, pues es evidente que al exhibirse documentos tendientes a evidenciar la propiedad del vehículo, se estima que tal circunstancia lleva implícita la defensa de la posesión del mismo; por tanto, es inexacto que con la decisión recurrida se le esté permitiendo a dicho demandante del amparo gozar de la posesión del tractocamión controvertido. Es importante destacar que los elementos de convicción aludidos, fueron remitidos por la a quo a este Tribunal Colegiado para la sustanciación del recurso, obrando dichos documentos a fojas 26 a la 30 y vuelta del presente toca. Finalmente, cabe señalar que en el supuesto de que se ejecutaran las órdenes desposesorias reclamadas, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionaran al promovente del amparo. Consecuentemente, al quedar de manifiesto la ineficacia de los agravios planteados por la autoridad recurrente y al evidenciarse que por las razones aquí expresadas el acuerdo recurrido no es objetivamente incorrecto, lo que procede es declarar infundado el presente recurso de queja. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se declara infundada la queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la resolución de cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, dictada en el diverso recurso de queja 71/96, relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 541/96, promovido por Alfonso Jazo Villanueva, en lo que interesa, sostuvo:
"Considerando: PRIMERO. El auto recurrido dice: ‘Guadalajara, Jalisco, seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis. Tramítese incidente de suspensión por duplicado, con apoyo en el artículo 131 de la Ley de Amparo, pídanse con sendas copias de la demanda del escrito aclaratorio a las autoridades señaladas como responsables, sus informes previos que deberán rendir dentro del término de veinticuatro horas y por duplicado.’. De la lectura de la demanda se desprende que el quejoso reclama el que no se haya emitido resolución alguna, en relación a la solicitud de regularización de un vehículo de procedencia extranjera, al amparo del programa de regularización publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, así como la orden de desposeerlo o bien secuestrar el tractocamión marca Peterbilt, modelo 1985, número de serie 1XP9D29X0FP177668. En cuanto al primero de los aludidos actos, la suspensión provisional debe negarse, en virtud de revestirle la característica de negativos en cuya contra es improcedente otorgar la medida cautelar, porque indudablemente se tendrían que estudiar situaciones que son propias de la sentencia que en el amparo se pronuncie. El anterior criterio encuentra su apoyo en la tesis de jurisprudencia número 1096, visible en la página 759, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, voz: ‘ACTOS NEGATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.’. En cambio, ‘... se concede a Alfonso Jazo Villanueva, la suspensión provisional, para el efecto de que entre tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea desposeído del automotor que líneas arriba se describió; la presente medida surte sus efectos desde luego y se otorga sin exigir garantía alguna en virtud que de la demanda de garantías no se desprende que se irrogue algún daño o perjuicio, a tercero perjudicado, con dicha medida; sin embargo, la suspensión que se concede no lo faculta a explotar el tractocamión que ya se mencionó con antelación, en virtud de que no exhibe el permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la explotación de los servicios de autotransporte federal, atento a lo dispuesto por los artículos 6o. y 8o., fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.’. SEGUNDO. El recurrente hace valer el siguiente: ‘Agravio: Único. Violación a lo dispuesto por los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, en virtud de que sin estar debidamente fundado y motivado el auto de fecha 6 de noviembre de 1996, se concede al quejoso la suspensión provisional en contra de los actos de la suscrita. La medida suspensional decretada constituye una indebida aplicación de lo preceptuado por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez del conocimiento al conceder la suspensión provisional en relación con los actos reclamados a la suscrita autoridad señalada como responsable, la deja en imposibilidad de cumplir con las funciones que legalmente tiene encomendadas, esto es, salvaguardar los intereses del fisco federal en materia del impuesto a la importación. Asimismo, con la medida suspensional indebidamente otorgada, se contravienen disposiciones de orden público, como son las previstas por los artículos 146 a 150 de la Ley Aduanera, en virtud de que esto implica el permitir la tenencia de vehículos de procedencia extranjera dentro del territorio nacional, sin que tales vehículos cumplan con los requisitos previstos en las leyes federal o locales respectivas. Es de aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia 1015, visible en la página 803, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, que a continuación se cita: «VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN, SI NO SE DEMUESTRA SU ESTANCIA LEGAL EN EL PAÍS».’. TERCERO. Es fundado y suficiente para revocar el auto recurrido, el agravio en el que se aduce que éste carece de fundamentación y motivación. En efecto, la a quo otorgó a Alfonso Jazo Villanueva, la medida cautelar que solicitó ‘... para el efecto de que entre tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, las cosas permanezcan en el estado que guardan y no sea desposeído del automotor que líneas arriba se describió ...’, enseguida, precisó las condiciones del otorgamiento, empero, no señaló el sustento legal de su actuación, esto es, no indicó los preceptos legales que apoyen su decisión de conceder la medida cautelar, lo cual contraviene las disposiciones contenidas en la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo, aplicable por analogía, que ordena que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, deberán contener los fundamentos legales en que se apoyen y, desde luego, las razones que justifiquen su aplicación. En consecuencia, procede revocar el auto combatido a efecto de que la Juez de Distrito resuelva nuevamente sobre la suspensión definitiva (sic) solicitada por Alfonso Jazo Villanueva, atendiendo a los lineamientos antes expuestos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Para los efectos precisados en el considerando tercero de esta resolución, se revoca, en la parte recurrida, el auto dictado el seis de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en este Estado, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 541/96, promovido por Alfonso Jazo Villanueva."
QUINTO. Como cuestión previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia 178, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 120, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Asimismo, los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirven de marco de referencia para determinar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Las normas legales indicadas en lo que interesa disponen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ... La resolución que pronuncien ... o el Pleno de la Suprema Corte ... sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando se denuncia la existencia de dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos, sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación (Tribunales Colegiados o Salas de la Suprema Corte) en el trámite del juicio de amparo, en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través del fallo que resuelve la denuncia de contradicción, en que se define cuál es el criterio jurisprudencial que debe prevalecer y, dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
Asimismo, el criterio que sustente la resolución que decida la contradicción de tesis, también puede servir para normar la conducta procesal que debe asumir el órgano de control constitucional, al abordar el tema o punto de derecho debatido, ya que la realidad muestra que muchas contradicciones de tesis surgen por la actuación indebida de los Jueces de Distrito, como sucedió en la especie, en que se omitió fundar y motivar la concesión de la suspensión provisional.
En la jurisprudencia antes transcrita se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
Las consideraciones anteriores conllevan a precisar los términos "tesis", "jurisprudencia judicial" e "interpretación jurídica".
Por "tesis" se entiende la posición o criterio que adopta el juzgador a través de argumentaciones de índole lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia determinada. En sentido amplio "tesis" es toda afirmación, no evidente en sí misma y que, por consiguiente, requiere de argumentación que la justifique. En el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, tomo VI semitrino-zurubí, página 1270, dicho término se define así: "(Del latín thesis ...) f. Conclusión, preposición que se mantiene con razonamientos. ...".
Por otra parte, el texto del artículo 192 de la Ley de Amparo, aporta elementos para definir los términos "jurisprudencia judicial", como la interpretación de la ley que realizan los órganos del Poder Judicial de la Federación competentes (Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito), para aplicarla a las hipótesis jurídicas planteadas en las controversias que se someten a su conocimiento.
En relación con los vocablos "interpretación jurídica", consisten en la tarea de descifrar, desentrañar, descubrir o encontrar el significado o sentido de la norma de derecho, cuando ésta es oscura o imprecisa, a través de uno, o bien, de varios métodos específicos de interpretación jurídica (exegético, sistemático, histórico, sociológico, etc.).
Los conceptos de jurisprudencia judicial y de interpretación jurídica fueron abordados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en las tesis de ejecutoria publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volúmenes XLIV y XLIX, Segunda Parte, páginas 86 y 58, respectivamente, que dicen:
"JURISPRUDENCIA, NATURALEZA. La jurisprudencia, en el fondo, consiste en la interpretación correcta y válida de la ley que necesariamente se tiene que hacer al aplicar ésta."
"INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA. Interpretar la ley es desentrañar su sentido y por ello la jurisprudencia es una forma de interpretación judicial, la de mayor importancia, que tiene fuerza obligatoria según lo determinan los artículos 193 y 193 bis de la Ley de Amparo reformada en vigor, según se trate de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o a través de sus Salas. En síntesis: la jurisprudencia es la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley, debiendo acatarse, la que se encuentra vigente en el momento de aplicar aquélla a los casos concretos, resulta absurdo pretender que en el periodo de validez de una cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos con interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la única aplicable."
De las consideraciones apuntadas, cabe destacar que la existencia de la contradicción de tesis requiere de manera indispensable que la oposición de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que precisamente, como antes se definió, esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo materia de la contradicción de tesis.
Tiene aplicación la tesis aislada sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II, agosto de 1995, página 69, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Conforme a las premisas anteriores, procede examinar si se reúnen o no los requisitos de existencia de la presente contradicción de tesis, que se precisan en la jurisprudencia antes invocada.
1) En los fallos materia de la contradicción, pese a que examinan idéntica cuestión jurídica, como es el recurso de queja (hipótesis prevista en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo) interpuesto contra la determinación en que se omite fundar y motivar la concesión de la suspensión provisional del acto reclamado, se adoptaron criterios discrepantes, pues mientras que el Primer Tribunal Colegiado consideró fundado el recurso de queja, ya que estableció que la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado constituía una violación a las reglas de procedimiento, por lo que revocó dicho acuerdo y ordenó al Juez de Distrito que dictara uno nuevo en que fundara y motivara la determinación relativa a la suspensión provisional de los actos reclamados; por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado consideró infundado el recurso de queja y asumiendo plenitud de jurisdicción, confirmó la determinación recurrida
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6971-6a14035a/suspension-provisional-la-omision-de-fundar-y-motivar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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