SOCIEDAD LEGAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO UNO DE LOS CÓNYUGES EN EL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DEL OTRO, AUN CUANDO SE EMBARGUEN BIENES COMUNES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRIGUEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, los días dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (mayoría de votos); veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis (mayoría de votos); y primero de febrero de mil novecientos noventa y seis (mayoría de votos), resolvió, respectivamente, los amparos en revisión números 239/95, 216/95 y 383/95, en cuyas partes considerativas conducentes de los fallos, se establece:
a) Amparo en revisión 239/95.
"SEXTO.-El concepto de violación resulta fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada.
"Ciertamente, aduce la quejosa que el embargo trabado sobre el bien inmueble de su propiedad descrito en autos transgrede sus garantías de exacta aplicación de la ley y seguridad jurídica, ya que sin haber sido llamada a juicio pretende desposeérsele del bien inmueble de su propiedad, sin tomar en cuenta que le corresponde el 50% del mismo y que en ningún momento dio su consentimiento ni avaló el pagaré fundamento del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el embargo y todas sus consecuencias legales, por lo que considera que la actuación del Juez Segundo del Ramo Civil transgrede sus garantías.
"Ahora bien, del análisis de los antecedentes que informan el juicio de garantías se advierte que la quejosa contrajo matrimonio con el demandado Guty Cárdenas Delgado bajo el régimen de sociedad legal, el primero de noviembre de mil novecientos sesenta y tres; asimismo, de fojas 12 a 17 obra copia certificada de la escritura 9416, de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y seis, que contiene el contrato de compraventa sobre el bien inmueble en litigio, celebrado con la fraccionadora Satélite del Noroeste, S.A. de C.V., como vendedora y como parte compradora Guty Cárdenas Delgado, asistido de su esposa Norma Alicia López López (sic) de Cárdenas.
"De las constancias antes reseñadas se advierte que en el caso a estudio, el demandado y la hoy inconforme se encuentran unidos en matrimonio bajo el régimen de sociedad legal y con tal carácter adquirieron en propiedad el bien inmueble de que se trata.
"Precisado lo anterior, es pertinente señalar que el artículo 309 del Código Civil para el Estado de Sonora, establece: 'El régimen de la sociedad legal consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes, sin que el dominio de cada cónyuge sobre bienes o partes determinadas o alícuotas se precisen, sino al liquidarse la sociedad por las causas que la ley establece. La representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinen, con excepción de los casos señalados en el artículo 330.'.
"El artículo 328 del mismo ordenamiento prevé: 'El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad legal.'.
"Por último, el artículo 330 del citado ordenamiento señala: 'Los bienes inmuebles y los medios de transporte de propulsión mecánica, no pueden ser obligados ni enajenados por un cónyuge sin el consentimiento del otro; pero el Juez debe suplir ese consentimiento, previa audiencia del opositor.'.
"De la lectura de los ordenamientos reseñados se advierte que los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad legal conforman un patrimonio común, cuyo dominio y posesión reside en ambos cónyuges, salvo la excepción establecida por el ordenamiento últimamente señalado, pues en caso de que uno de los cónyuges obligue o enajene bienes inmuebles o medios de transporte de propulsión mecánica, entonces sí se requiere el consentimiento del otro, el cual puede ser suplido inclusive por alguna autoridad jurisdiccional.
"Pues bien, en el presente caso es de entenderse que aun cuando el bien inmueble de referencia fue adquirido mediante contrato de compraventa celebrado por el demandado y su esposa, y posteriormente fue objeto de embargo en el juicio ejecutivo mercantil 2609/86, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil, instaurado por Gaspar Palma Morales en contra de Guty Cárdenas Delgado, se actualiza lo previsto por el artículo 330 del Código Civil para el Estado, el cual aplicado al caso concreto establece el derecho de la mujer de externar o negar su consentimiento; por tanto, es evidente que actúa incorrectamente el Juez de primera instancia al no haber ordenado llamar a juicio a Norma Alicia López de Cárdenas, en su carácter de cónyuge del demandado, ya que con su actuación hizo nugatorias las disposiciones expresamente establecidas en el ordenamiento últimamente señalado, pues aun cuando el artículo 309 del citado ordenamiento establece que la representación de la sociedad suele recaer en cualquiera de los cónyuges cuando éstos expresamente así lo determinan, también lo es que en las copias certificadas del juicio ejecutivo del que emanan los actos reclamados no se encuentra debidamente acreditado que el representante de la sociedad legal de que se trata fuese el demandado, ello con independencia de que como quedó establecido con anterioridad, al momento de gravar o enajenar un bien inmueble o vehículo de propulsión mecánica siempre se requiere la autorización del otro cónyuge; así las cosas, este órgano colegiado estima que la actuación del Juez primiinstancial, al dejar de llamar a juicio a la esposa del demandado, transgrede las garantías de legalidad y seguridad de la quejosa.
"Cabe aclarar que este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que había venido sustentando en diversas ejecutorias, en relación con que la esposa no pueda considerarse tercera extraña al procedimiento cuando el marido fue oído ante la potestad y el matrimonio se llevó a cabo bajo el régimen de sociedad legal pues la tesis que sustentan las ejecutorias de que se habla, y que fue emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien establece que todos los bienes adquiridos por un matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, forman parte del fondo común que la constituye, también lo es que en el criterio señalado no se hace referencia al supuesto que se analiza, esto es, a la excepción que precisa el artículo 330 del ordenamiento señalado, consistente en el consentimiento expreso del otro cónyuge a efecto de enajenar o gravar cualquier bien inmueble o medio de transporte de propulsión mecánica, sino que establece en forma genérica que las acciones entabladas en contra de la sociedad pueden ser deducidas frente a cualquiera de los cónyuges, sin necesidad de demostrar que dicho bien ingresó a la sociedad legal a causa del caudal común; sin embargo, se insiste, la hipótesis de que se ocupó la ejecutoria que dio vida a la tesis señalada no analiza el caso del que aquí se trata, pues en ningún momento se hace referencia al supuesto del que habla el artículo 330 del Código Civil, sino que se limita a establecer, medularmente, que los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad legal forman parte del fondo común que la constituye, sin que exista necesidad de que el cónyuge que invoque en su favor la propiedad del mismo, así como tampoco que se encuentre obligado a demostrar que el bien ingresó a la sociedad a costa del caudal común. Pero además de ello, las ejecutorias anteriores tenían como sustento el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro: 'SOCIEDAD LEGAL. TERCERA EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO. NO LO ES LA ESPOSA SI EL MARIDO FUE OÍDO ANTE LA POTESTAD COMÚN Y EL MATRIMONIO SE AJUSTÓ A ESE RÉGIMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).', y en el mismo se establece que de acuerdo a lo previsto por la legislación civil del Estado de Hidalgo, es el marido el legítimo representante y administrador de la sociedad legal, lo que no resulta acorde con la legislación actual del Estado de Sonora, pues en la misma se establece que dicha representación puede ser ejercida por cualquiera de los dos cónyuges.
"En este orden de ideas, si la tesis de contradicción emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que se habla, así como la emitida por el tribunal referido en la que se apoyan las ejecutorias anteriores de este tribunal, no resultan exactamente aplicables al caso, es por ello que este órgano colegiado rectifica su criterio.
"En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder a la quejosa la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez de primera instancia, dejando insubsistente todo lo actuado, reponga el procedimiento y otorgue a la quejosa la garantía de audiencia en el juicio ejecutivo mercantil 2609/86, instaurado por Gaspar Palma Morales en contra de Guty Cárdenas Delgado."
b) Amparo en revisión 216/95.
"SEXTO.-Ahora bien, como antes se dijo, la recurrente quejosa Ernestina Foncerrada Peralta, endereza sus agravios contra el considerando octavo de la sentencia recurrida, en los que expresa lo siguiente:
"Que el inmueble especificado en el referido, fue adquirido por la quejosa y su esposo Miguel Robles Cáñez durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, por lo que el mismo corresponde al patrimonio común de dicha sociedad; sin embargo, el a quo le niega la protección constitucional solicitada con respecto al embargo trabado sobre tal inmueble, con el argumento de que para tal efecto fue señalado por el banco actor, lo que resulta incorrecto, porque de conformidad con los artículos 330, 331 y 340 del Código Civil para el Estado de Sonora, el multicitado bien integra el patrimonio común constituido por la sociedad legal, mismo que fue afectado en el juicio ejecutivo mercantil tramitado ante la responsable, respecto del cual le corresponde en corporeidad un cincuenta por ciento, por lo que, en todo caso, debió ser afectado en esa proporción para cubrir la deuda contraída por su esposo, y al ser afectado en su totalidad el mismo resulta violatorio de la garantía de audiencia.
"Lo anterior resulta fundado por las razones que enseguida se expresan.
"Del análisis de los antecedentes que informan el juicio de garantías se advierte que la quejosa Ernestina Foncerrada Peralta contrajo matrimonio con el demandado Miguel Hidalgo Robles Cáñez bajo el régimen de sociedad legal, el dieciocho de junio de mil novecientos sesenta; asimismo, a fojas 22-25 v. obra copia certificada de la escritura 1460, de trece de marzo de mil novecientos sesenta y tres, que contiene el contrato de compraventa sobre el bien inmueble que se identifica con el número 16, manzana 8, del cuartel once, de Hermosillo, Sonora, celebrado con Trinidad viuda de Portillo, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del señor Gilberto Portillo Badilla, como vendedora y como parte compradora Miguel Robles Cáñez.
Tal bien, conforme al artículo 322 del Código Civil para el Estado de Sonora, al haberse adquirido durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad legal, se presume que integra el fondo común de dicha sociedad.
Precisado lo anterior, es pertinente señalar que el artículo 309 del Código Civil para el Estado de Sonora, establece: 'El régimen de la sociedad legal consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes, sin que el dominio de cada cónyuge sobre bienes o partes determinadas o alícuotas se precise, sino al liquidarse la sociedad por las causas que la ley establece. La representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinen, con excepción de los casos señalados en el artículo 330.'.
"El artículo 328 del mismo ordenamiento, prevé: 'El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad legal.'.
"Por último, el artículo 330 del citado ordenamiento señala: 'Los bienes inmuebles y los medios de transporte de propulsión mecánica, no pueden ser obligados ni enajenados por un cónyuge sin el consentimiento del otro; pero el Juez puede suplir ese consentimiento, previa audiencia del opositor.'.
"De la lectura de los ordenamientos reseñados se advierte que los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad legal conforman un patrimonio común, cuyo dominio y posesión reside en ambos cónyuges, salvo la excepción establecida por el ordenamiento últimamente señalado, pues en caso de que uno de los cónyuges obligue o enajene bienes inmuebles o medios de transporte de propulsión mecánica, entonces sí se requiere el consentimiento del otro, el cual puede ser suplido inclusive por alguna autoridad jurisdiccional.
"Pues bien, en el presente caso es de entenderse que aun cuando el bien inmueble de referencia fue adquirido mediante contrato de compraventa por el demandado, y posteriormente fue objeto de embargo en el juicio ejecutivo mercantil 212/94, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de Hermosillo, Sonora, instaurado por Bancomer, S.A., en contra de Miguel Robles Cáñez, se actualiza lo previsto por el artículo 330 del Código Civil para el Estado de Sonora, el cual aplicado al caso concreto, establece el derecho de la mujer de externar o negar su consentimiento; por tanto, es evidente que actúa incorrectamente el Juez responsable al no haber ordenado llamar a juicio a Ernestina Foncerrada Peralta, en su carácter de cónyuge del demandado, ya que con su actuación hizo nugatorias las disposiciones expresamente establecidas en el ordenamiento últimamente citado, pues aun cuando el artículo 309 del citado ordenamiento establece que la representación de la sociedad suele recaer en cualquiera de los cónyuges cuando éstos expresamente así lo determinan, también lo es que en las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil del que emanan los actos reclamados no se encuentra debidamente acreditado que el representante de la sociedad legal de que se trata fuese el demandado, ello con independencia de que como quedó establecido con anterioridad, al momento de gravar o enajenar un bien inmueble o vehículo de propulsión mecánica siempre se requiere la autorización del otro cónyuge; así las cosas, este órgano colegiado estima que la actuación del Juez primiinstancial, al dejar de llamar a juicio a la esposa del demandado, transgrede las garantías de legalidad y seguridad.
"Idéntico criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver por mayoría de votos el amparo en revisión 239/95, el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
"En mérito de lo anterior, lo procedente es revocar la negativa a la concesión del amparo respecto del bien precisado en el considerando octavo de la resolución recurrida y conceder a la quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez Cuarto del Ramo Civil de Hermosillo, Sonora, dejando insubsistente todo lo actuado, reponga el procedimiento y otorgue a la quejosa la garantía de audiencia en el juicio mercantil 212/94, instaurado por Bancomer, S.A., en contra de Miguel Robles Cáñez.
"SÉPTIMO.-Por su parte, el recurrente, representante del banco tercero perjudicado, aduce agravios contra los argumentos contenidos en el considerando séptimo de la resolución recurrida, en el que se concede el amparo a la quejosa con respecto al embargo y adjudicación hecho sobre el inmueble con una superficie de 675 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Centenario, sección Salazar, de esta ciudad.
"Ahora bien, son infundados los agravios en la parte en que se aduce, en esencia, que la quejosa no puede considerarse como tercera extraña al juicio del que derivan los actos antes precisados y al no estimarlo así el Juez de Distrito en la resolución objeto de impugnación, contraviene lo dispuesto por los artículos 330, 331, 340 y 2819 del Código Civil para el Estado de Sonora, los cuales disponen que las deudas contraídas durante el matrimonio sujeto al régimen de sociedad legal, serán a cargo de la sociedad y podrán hacerse efectivas sobre bienes propios o gananciales de los consortes, por lo que si el citado bien fue adquirido durante la vigencia de esa sociedad, ésta debe responder por la deuda contraída por uno de los consortes; que las deudas con cargo a la sociedad procederán contra ésta, aun cuando se dirijan exclusivamente contra alguno de los cónyuges y lo decidido en el juicio en que éste intervino produce la autoridad de cosa juzgada respecto de la sociedad legal, así como del otro cónyuge; por tanto, la concesión del amparo para el efecto de que, en relación con el inmueble de que se trata, se deje insubsistente en un 50% del remate decretado sobre el mismo porque la quejosa no fue oída ni vencida en el juicio del que emana dicho acto, resulta violatorio de los preceptos antes indicados.
"En efecto, como ya se precisó en el considerando anterior, la quejosa contrajo matrimonio con el demandado bajo el régimen de sociedad legal, y por disposición expresa del artículo 328 del Código Civil para el Estado de Sonora, el dominio de los bienes reside en ambos cónyuges mientras subsiste la sociedad legal.
"Ahora bien, conforme a tal disposición, es incuestionable el derecho que le asiste a la quejosa como esposa del demandado para reclamar el embargo practicado con motivo de un juicio ejecutivo mercantil promovido exclusivamente en contra de su cónyuge, respecto de un bien adquirido durante la vigencia de dicha sociedad.
"En tales condiciones, al estar plenamente demostrado que la quejosa Ernestina Foncerrada Peralta está casada con el demandado bajo el régimen de sociedad legal y que el inmueble a que se ha hecho referencia fue adquirido durante la vigencia del contrato de matrimonio, de ello resulta que la quejosa tiene derechos innegables para defender tal bien y, como en el caso, el mismo fue embargado sin recabar previamente su consentimiento, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 330 del Código Civil para el Estado de Sonora, se pone de manifiesto que al no haber sido llamada al juicio del que deriva tal embargo, no obstante tener los derechos antes precisados, se violó en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.
"En tales condiciones, contra lo que sostiene el banco recurrente, la quejosa tiene el carácter de tercera extraña al juicio del que deriva el acto reclamado, calidad que adquiere tomando en consideración que, previamente al embargo recaído al bien precisado en este considerando, se debió recabar su consentimiento para ser gravado, en términos de lo dispuesto por el artículo 330 del Código Civil para el Estado de Sonora.
"De consiguiente, al haberse violado la garantía de audiencia en detrimento de los intereses de la quejosa respecto al inmueble descrito en este considerando, lo conducente es confirmar la concesión del amparo respecto al mismo, el cual también es precisado en el considerando octavo de la resolución recurrida, pero por los motivos expresados en esta ejecutoria."
c) Amparo en revisión 383/95.
"SÉPTIMO.-Hasta lo aquí expuesto y dilucidado, se obtiene que el criterio sustentado por el Juez de Distrito fue inexacto al sobreseer por razón de falta de interés jurídico.
"En este tenor, por motivo de método y contenido es preciso considerar de manera conjunta, tanto la última parte argumental del escrito de agravios adhesivos, así como los conceptos de queja hechos valer en la demanda de amparo por la mujer casada quejosa, de los cuales este órgano colegiado extrae, que habrá de revocarse la sentencia constitucional venida a revisión y concederse el amparo y protección federal.
"Así pues, concluye y sostiene la institución bancaria que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 309 y 310 del Código Civil del Estado, ninguno de los cónyuges puede considerarse como tercero respecto de la sociedad por lo que hace a obligaciones a cargo de ésta, y que en el supuesto no conferido de que el bien inmueble reclamado formara parte de la sociedad legal, la deuda también fue adquirida durante la sociedad legal y, por tanto, también forma parte de ella, y que en ese sentido la deuda de la sociedad legal debe responder con el patrimonio de la misma.
"En sustento a sus argumentos cita la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estima que el Juez violó por inexacta aplicación o interpretación, de título: 'SOCIEDAD LEGAL, AFECTACIÓN DE BIENES DE LA, EN JUICIOS SEGUIDOS CONTRA UNO DE LOS CÓNYUGES.'.
"Que el artículo 331 del Código Civil local indica claramente que cuando no se trata de obligaciones adquiridas por los cónyuges, proceden las acciones contra la sociedad legal aun dirigidas exclusivamente a uno de los cónyuges, y producen autoridad de cosa juzgada con el otro.
"Que carece de interés jurídico la quejosa porque no es el momento para conocer si se afecta o no su derecho, porque en relación con el artículo 340 del ordenamiento precitado, hasta la liquidación de la sociedad se determinará quién y cómo resulta acreedor.
"Estos argumentos también son infundados.
"El artículo 309 del Código Civil para el Estado de Sonora, establece: 'Artículo 309. El régimen de la sociedad legal consiste en la formación y administración de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes, sin que el dominio de cada cónyuge sobre bienes o partes determinadas o alícuotas se precise, sino al liquidarse la sociedad por las causas que la ley establece. La representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinen, con excepción de los casos señalados en el artículo 330.'.
"El artículo 328 del mismo ordenamiento, prevé: 'El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad legal.'.
"Por último, el artículo 330 del citado ordenamiento dice: 'Los bienes inmuebles y los medios de transporte de propulsión mecánica, no pueden ser obligados ni enajenados por un cónyuge sin el consentimiento del otro; pero el Juez puede suplir ese consentimiento, previa audiencia del opositor.'.
"De la lectura de los ordenamientos reseñados se advierte que los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad legal conforman un patrimonio común, cuyo dominio y posesión reside en ambos cónyuges, salvo la excepción establecida por el ordenamiento últimamente señalado, pues en caso de que uno de los cónyuges obligue o enajene bienes inmuebles o medios de transporte de propulsión mecánica, entonces sí se requiere el consentimiento del otro, el cual puede ser suplido incluso por alguna autoridad jurisdiccional.
"Por otra parte, se advierte que en el caso, de una lectura integral de la demanda de garantías, se obtiene que la quejosa, ostentándose como tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil ya reseñado, pide amparo contra la desposesión, adjudicación y escrituración de un inmueble que se reputa de la sociedad legal a la que pertenece.
"Ahora bien, en este asunto es de entenderse que aun en el evento de que el bien inmueble reclamado fue adquirido mediante contrato de compraventa celebrado por el demandado, y posteriormente haya sido objeto de embargo dentro del juicio ejecutivo mercantil número 2138/92, del índice del Juzgado Tercero Civil en Ciudad Obregón, Sonora, se actualiza lo previsto por el artículo 330 del Código Civil para el Estado, el cual aplicado al caso concreto, establece el derecho de la mujer a externar o negar su consentimiento; por tanto, es evidente que actúa incorrectamente el Juez de primera instancia al no haber ordenado llamar a juicio a Lorena Salido Campa de Padilla, en su carácter de cónyuge del demandado, ya que con su actuación hizo nugatorias las disposiciones expresamente establecidas en el ordenamiento últimamente señalado, pues aun cuando el artículo 309 del citado ordenamiento establece que la representación de la sociedad suele recaer en cualquiera de los cónyuges cuando éstos expresamente así lo determinan, también lo es que en las copias certificadas del juicio ejecutivo del que emanan los actos reclamados no se encuentra debidamente acreditado que el representante de la sociedad legal de mérito fuese el demandado, ello con independencia de que, como quedó establecido con anterioridad, al momento de gravar o enajenar un bien inmueble o vehículo de propulsión mecánica siempre se requiere de la autorización del otro consorte; así las cosas, este Tribunal Colegiado estima que la actuación del Juez primiinstancial, al dejar de llamar a juicio a la esposa del demandado, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa.
"Es pertinente hacer notar a la institución bancaria recurrente, que este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que había venido sustentando en diversas ejecutorias, en relación a que la esposa no puede considerarse tercera extraña al procedimiento cuando el marido fue oído ante la potestad y el matrimonio se llevó a cabo bajo el régimen de sociedad legal, pues la tesis que sustentan las ejecutorias de que se habla, y que fue emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien establece que todos los bienes adquiridos por un matrimonio celebrado por el régimen de sociedad legal forman parte del fondo común que lo constituye, también lo es que en el criterio señalado no se hace referencia al supuesto que se analiza, esto es, a la excepción que precisa el artículo 330 del ordenamiento señalado, consistente en el consentimiento expreso del otro cónyuge a efecto de enajenar o gravar cualquier bien inmueble o medio de transporte de propulsión mecánica, sino que establece en forma genérica que las acciones entabladas en contra de la sociedad pueden ser deducidas frente a cualquiera de los dos cónyuges, sin necesidad de demostrar que dicho bien ingresó a la sociedad legal a causa del caudal común; sin embargo, se insiste, la hipótesis de que se ocupó la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia señalada no analiza el caso que aquí se trata, pues en ningún momento se hace referencia al supuesto del que habla el artículo 330 del Código Civil, sino que se limita a establecer, medularmente, que los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad legal forman parte del fondo común que lo constituye, sin que exista necesidad de que el cónyuge invoque en su favor la propiedad del mismo, así como tampoco que se encuentre obligado a demostrar que el bien ingresó a la sociedad a costa del patrimonio común.
"Además de ello, las ejecutorias anteriores tenían como sustento el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro: 'SOCIEDAD LEGAL. TERCERA EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO. NO LO ES LA ESPOSA SI EL MARIDO FUE OÍDO ANTE LA POTESTAD COMÚN Y EL MATRIMONIO SE AJUSTÓ A ESE RÉGIMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).', y en el mismo se establece que, de acuerdo a lo previsto por la legislación civil del Estado de Hidalgo, es el marido el legítimo representante y administrador de la sociedad legal, lo que no resulta acorde con la legislación actual del Estado de Sonora, pues en la misma se establece que dicha representación puede ser ejercida por cualquiera de los cónyuges, cuestión que tampoco contempla el criterio de la Tercera Sala que también cita la recurrente.
"En este orden de ideas, deviene incorrecto lo argumentado por la revisionista adhesiva y lo procedente es conceder a la quejosa la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez de primera instancia, dejando insubsistente todo lo actuado, otorgue a la quejosa la garantía de audiencia en el juicio ejecutivo mercantil 2138/92, instaurado por Banpaís, S.A., en contra de Rogelio Padilla Salido y Rogelio Padilla Mexía.
"El criterio antes sustentado ha sido sostenido por este Tribunal Colegiado en el diverso amparo en revisión civil 239/95, aprobado por mayoría de votos en sesión de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en que fue ponente el Magistrado Pablo Domínguez Peregrina y secretaria la Lic. Carmen Alicia Bustos Carrillo."
Las anteriores ejecutorias dieron lugar a la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: III, junio de 1996
"Tesis: V.1o.10 C
"Página: 947
"SOCIEDAD LEGAL. ES TERCERA EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA ESPOSA EN EL JUICIO SEGUIDO CONTRA EL MARIDO. ABANDONO DEL CRITERIO SUSTENTADO POR ESTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).-Del análisis sistemático de los artículos 309, 328 y 330 del Código Civil del Estado de Sonora, se advierte que los bienes adquiridos durante la vigencia de la sociedad legal conforman un patrimonio común, cuyo dominio y posesión residen en ambos cónyuges salvo la excepción establecida por el ordenamiento últimamente señalado pues en caso de que uno de los cónyuges obligue o enajene bienes inmuebles o medios de transporte de propulsión mecánica, entonces sí requiere el consentimiento del otro el cual puede ser suplido inclusive por alguna autoridad jurisdiccional. Por lo que si el inmueble fue adquirido mediante contrato de compraventa celebrado por el demandado y su esposa, y posteriormente fue objeto de embargo en un juicio ejecutivo mercantil, se actualiza lo previsto por el artículo 330 del Código Civil para el Estado de Sonora, el cual establece el derecho de la mujer de extender o negar su consentimiento; por tanto, la falta de llamamiento al juicio a la cónyuge del demandado es incorrecta, ya que hace nugatorias las disposiciones expresamente establecidas en el ordenamiento últimamente señalado, pues aun cuando el artículo 309 del Código Civil para el Estado de Sonora, establece que la representación de la sociedad suele recaer en cualquiera de los dos cónyuges, cuando expresamente así lo determinen, también lo es que no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7506-06fbb0fb/sociedad-legal-no-tiene-el-caracter-de-tercero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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