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Modo: Corpus Pro

MANDATO. EL PODER OTORGADO AL MANDATARIO CON FACULTADES PARA SUSTITUIRLO, NO COMPRENDE LA POSIBILIDAD DE QUE, AL EJERCERLO, PUEDA TRANSMITIR TALES FACULTADES SUSTITUTORIAS A UN TERCERO (CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/98. · Registro digital (IUS): 6230
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Enero de 2000, , Pág. 145.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 42/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS DEL QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: ISMAEL MANCERA PATIÑO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos civiles números 797/95, 95/96 y 294/96, por mayoría de votos, siendo ponente del primero el Magistrado Genaro Rivera, y de los dos últimos la Magistrada María del Pilar Parra Parra, en lo conducente, sostuvo:

En el amparo directo civil 797/95:

"QUINTO. Los conceptos de violación expresados en segundo orden, son sustancialmente fundados. En efecto, en las páginas veintiocho y siguiente de la demanda de garantías (fojas treinta y treinta y uno del presente toca), los peticionarios de garantías manifiestan: ‘Por otra parte y a mayor abundamiento debe decirse que la multicitada escritura 7723, sin perjuicio de los vicios y de las fallas que se han manejado con anterioridad en ningún momento se acredita que el señor Lic. Héctor Hernández Cervantes, en su carácter de delegante primario acreditó el carácter con el cual se ostentó, como director general de Bancomer, S.N.C., y si bien en los antecedentes que aparecen en copia pudiera aceptarse que se le autorizó para delegar en forma total o parcial los poderes y además pudiera revocarlos, esta persona no fue expresamente facultada por su mandante para sustituir en favor de terceros las facultades de sustitución del poder, en su caso al Sr. Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién y, por ende, éstos al Sr. Luis Daniel Reynoso Gutiérrez para que éste también los pudiera sustituir en favor del Sr. Luis Teodoro Peralta Martínez y luego éste pudiera sustituirlo a favor del Sr. Lic. Marcos Arturo García Celaya, habida cuenta que si bien es cierto que por virtud de la sustitución, el sustituto adquiere los mismos derechos y obligaciones que el mandatario, en tanto éste requiere de ejecución del mandato, y que ésta sólo puede otorgarla el poderdante, no hay razón para que se entienda conferida al tercero que llegue a tener la calidad de sustituto, si aquél no lo ha dispuesto en estos términos, lo que se explica en razón de la confianza que se tiene al mandatario original, de que habrá de seleccionar cuidadosamente a la persona que le suceda, confianza que no puede presumirse en relación al sustituto al que posiblemente ni conozca el mandante.’. Ahora bien, del apéndice de la escritura pública número 7,723 de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del notario público número 43 en esta ciudad, que en copia certificada se acompañó con el escrito inicial de demanda que dio origen al juicio natural, con el propósito de acreditar la personalidad del promovente Marcos Arturo García Celaya como representante legal de la institución de crédito actora, ahora tercero perjudicada, se advierte que en la certificación realizada por el notario para acreditar la personalidad de Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, hizo la transcripción relativa de diversa escritura pública en que se protocolizó el oficio número 101-1070, por medio del cual se comunica a Héctor Hernández Cervantes que por acuerdo del presidente de la República Mexicana y con fundamento en el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, se le designó como director general de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito. El notario también copió el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial el día catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, y el artículo 20 del Reglamento Orgánico de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, en donde se establece que el director general de la institución podrá delegar sus facultades y constituir apoderados. En esas condiciones, si bien en el caso concreto Héctor Hernández Cervantes acreditó su personalidad como director general de Bancomer como Sociedad Nacional de Crédito, y conforme al artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, así como en lo dispuesto en el mencionado reglamento orgánico de la institución actora, goza de todas las facultades de un mandatario general en términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria en la materia mercantil, por lo que resulta correcta la delegación de facultades que realizó en favor de Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, estas personas no fueron expresamente facultadas por su mandante para sustituir en favor de terceros las facultades de sustitución del poder, y en el caso, no podían legalmente hacerlo en favor de Luis Teodoro Peralta Martínez para que éste luego pudiera sustituirlo a favor de Marcos Arturo García Celaya, quien se ostentó en el juicio natural como representante legal de la institución actora ahora tercera perjudicada, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2574 del Código Civil, el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandante si tiene facultades expresas para ello, y como ha quedado establecido, la institución de crédito mandante no confirió a Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, facultades expresas para encomendar a un tercero el desempeño del mandato, sino que tales facultades expresas las confirió únicamente al director general de la sociedad actora, ahora tercera perjudicada, en los términos de los preceptos legales y reglamentarios en que se le otorgan tales facultades. Es aplicable a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/1 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en las páginas cuatrocientos cincuenta y cinco y siguiente del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, que dice: ‘MANDATARIO, CARECE DE FACULTADES PARA CONFERIR A OTRO NO SÓLO EL PROPIO PODER SINO TAMBIÉN LA ATRIBUCIÓN DE SUSTITUIRLO, SI NO FUE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO. Si un mandatario sólo fue autorizado para que otorgara a otro el propio poder, pero no para conferir al sustituto la propia facultad de sustitución, en virtud de la cual este último pudiera a su vez investir a uno ulterior del citado mandato, es claro que este ulterior mandatario carece de la personalidad con que promovió el juicio relativo. A ello no obsta que de acuerdo con los términos del poder conferido al primero de ellos y de los del artículo 2554 del Código Civil aplicable en materia federal y supletorio del Código de Comercio, dicho mandato se confiriera «con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley», estableciendo dicho precepto legal que con ello debe entenderse conferido «sin limitación alguna», pues tal disposición general encuentra la excepción contenida en el diverso artículo 2574 del mismo código, que claramente establece que «el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello», es decir, que al respecto es la voluntad expresa del mandante la que determina el alcance del mandato.’. En mérito de todo lo anterior, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la que siga los lineamientos señalados en esta ejecutoria. En mérito de todo lo anterior, y con fundamento además en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo procedente es conceder el amparo solicitado."

En el amparo directo civil 95/96:

"QUINTO. Los conceptos de violación son infundados y, por tanto, ineficaces para otorgar la protección constitucional solicitada. Por lo que al primero atañe debe decirse que, en efecto, el director general de la institución crediticia quejosa, licenciado Héctor Hernández Cervantes, sí tiene facultades expresas para delegar total o parcialmente sus poderes y revocarlos. Ello se desprende de la parte final, de la foja 19, del apéndice agregado al testimonio de la escritura pública 7,661, volumen 193, de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, otorgada ante la fe del licenciado Carlos Gámez Fimbres, notario público 43, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, que contiene la transcripción que hizo el notario, del artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; documento notarial que anexó al diverso poder con el que el licenciado Jesús Borchardt Ojeda, en supuesta representación del banco actor, ejercitó la acción ante el a quo, al promover juicio ejecutivo mercantil en contra de Gumersindo Lizárraga Peral. También es verdad que el director general de la hoy quejosa, otorgó poder general a Víctor Borras Setién y Agustín López Munguía, lo que se corrobora con el contenido de la cláusula única transcrita a fojas 13 y 14 del apéndice agregado al testimonio de la escritura pública reseñada. Determinó la ad quem que si bien es cierto el director general del banco actor hoy quejoso de conformidad con el artículo 20 de la ley reglamentaria antes invocada ‘... goza de todas las facultades de un mandatario general en términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria en la materia mercantil, por lo que resulta correcta la delegación de facultades que realizó en favor de Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, pero estas personas no fueron expresamente facultadas por el mandante de Bancomer, S.A. para sustituir el poder, y si esto es así, no podían legalmente hacerlo en favor de Luis Daniel Reynoso Gutiérrez, para que éste luego pudiera sustituirlo a favor de Jesús Borchadt Ojeda, quien se ostentó en el juicio natural como representante legal de la institución actora, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2574 del Código Civil, el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello, y como ha quedado establecido, la institución de crédito mandante no confirió a Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, facultades expresas para encomendar a un tercero el desempeño del mandato ...’ (foja 69 vuelta del citado toca). En ese contexto, si bien en el caso concreto Héctor Hernández Cervantes acreditó su personalidad como director general de Bancomer, y conforme al artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, así como en lo dispuesto en el reglamento orgánico de dicha institución crediticia, y por ello goza de todas las facultades de un mandatario general en términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria en la materia mercantil, debe decirse que fue correcta la delegación de facultades que realizó en favor de Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién; empero, estas personas no fueron facultadas expresamente para transmitir en favor de terceros las facultades de sustitución del poder, por lo que, en la especie, estaban impedidos, legalmente, para hacerlo en favor de Luis Daniel Reynoso Gutiérrez, y éste a su vez, pudiera trasladarlas a Jesús Borchardt Ojeda, quien se ostentó en el juicio natural como representante legal de la hoy peticionaria pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2574 del Código Civil, el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresamente establecidas para ello, y como ha quedado establecido, la institución de crédito mandante no confirió a Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, facultades expresas para encomendar a un tercero el desempeño del mandato, sino que a ellos tales facultades se las confirió únicamente el director general de la sociedad actora, en los términos de los preceptos legales y reglamentarios. Es aplicable a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/1 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en las páginas cuatrocientos cincuenta y cinco y siguiente del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, que dice: ‘MANDATARIO, CARECE DE FACULTADES PARA CONFERIR A OTRO NO SÓLO EL PROPIO PODER SINO TAMBIÉN LA ATRIBUCIÓN DE SUSTITUIRLO, SI NO FUE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO. Si un mandatario sólo fue autorizado para que otorgara a otro el propio poder, pero no para conferir al sustituto la propia facultad de sustitución, en virtud de la cual este último pudiera a su vez investir a uno ulterior del citado mandato, es claro que este ulterior mandatario carece de la personalidad con que promovió el juicio relativo. A ello no obsta que de acuerdo con los términos del poder conferido al primero de ellos y de los del artículo 2554 del Código Civil aplicable en materia federal y supletorio del Código de Comercio, dicho mandato se confiriera «con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley», estableciendo dicho precepto legal que con ello debe entenderse conferido «sin limitación alguna», pues tal disposición general encuentra la excepción contenida en el diverso artículo 2574 del mismo código, que claramente establece que «el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello», es decir, que al respecto es la voluntad expresa del mandante la que determina el alcance del mandato.’. En tal sentido se pronunció este propio órgano jurisdiccional al resolver, por mayoría de votos, el juicio de amparo directo 797/95, en sesión de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Por lo que al segundo concepto de violación concierne, como ya se asentó al inicio de este considerando, es infundado. Lo anterior resulta así, porque las argumentaciones en él contenidas, la quejosa las hace derivar del supuesto de que las formuladas en el primer concepto de inconformidad resultasen fundadas. En las condiciones apuntadas, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado."

Y en el amparo directo civil 294/96:

"QUINTO. El primer concepto de violación hecho valer, es infundado. En efecto, aduce medularmente el quejoso que la escritura pública número 7,723, contrariamente a lo que resolvió la responsable, sí reúne los requisitos previstos por la Ley del Notariado y es idónea para acreditar la personalidad del propio peticionario, porque de las copias certificadas de las escrituras públicas que obran agregadas a la que se menciona al inicio de este párrafo, se aprecia una relación suficientemente clara que hace factible el conocimiento del contenido y alcance de los actos jurídicos en el otorgamiento de los mandatos. Afirma además, que el hecho de que el notario no haya cumplido sacramentalmente con extractar, insertar o transcribir los documentos respectivos, no resta eficacia a la escritura porque tal omisión se subsanó en la relación de documentos que acreditaban la personalidad de quien otorgó el poder, en la que se agregó copia íntegra de la escritura 7,659 y certificaciones de otras, que permiten juzgar acerca de la comprobación fehaciente de dicha personalidad. Del análisis del testimonio de la escritura pública 7,723, de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos, otorgada ante el notario público 43 de esta ciudad, licenciado Carlos Gámez Fimbres, se advierte que el fedatario para referirse a la personalidad, únicamente hizo alusión a que el otorgante manifestó acreditarla con certificación de la escritura número 7,659, volumen 195, de fecha seis de enero de mil novecientos noventa y dos, pasada ante la fe del Lic. Carlos Gámez Fimbres, que contiene el poder otorgado por Bancomer, S.A., en favor de Luis Teodoro Peralta Martínez, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta ciudad, bajo el número 5,836, volumen 17, libro primero de la Sección de Comercio, cuya copia certificada ‘se agregará al apéndice y a los testimonios que de esta escritura se expidan’ (foja 6 del expediente de primera instancia); sin embargo, no se hace transcripción del documento de que se trata. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, fracción VIII, de la Ley del Notariado del Estado de Sonora, en la redacción de las escrituras se observará el requisito respecto de la personalidad de quien comparezca en representación de otros, de insertar o extractar los documentos respectivos; o bien, relacionarlos en la escritura y asentar que quedan agregados al apéndice, para ser extractados o transcritos en el testimonio. De lo anterior se infiere que no es suficiente que el notario haga constar que el poderdante tiene facultades para otorgar poderes o que únicamente relacione los documentos respectivos, pues en este evento debe, además de asentar que quedan agregados al apéndice, extractarlos o transcribirlos en el testimonio, lo que no sucedió en el caso. Esto es así, dado que las transcripciones son indispensables para que el tribunal del conocimiento pueda juzgar por sí mismo la comprobación fehaciente de la personalidad, habida cuenta que la fe del notario público no comprende la facultad de reconocer la personalidad de un representante, para todos los efectos legales. De ahí que asista la razón a la Sala responsable en su determinación sobre este aspecto y en la aplicación en lo esencial, de la tesis que cita bajo rubro ‘PODER, REQUISITOS PARA REPRESENTAR A UNA SOCIEDAD.’. En otro orden de ideas, cabe apuntar que no es acertado el alegato del promovente del amparo, en el sentido de que la responsable se contradice al admitir que la falta de personalidad es un presupuesto procesal que puede subsanarse en cualquier estado del juicio, por lo que no es requisito insoslayable, expresa, que se extracten o transcriban los documentos si se pueden exhibir en juicio como complementarios para acreditar la personalidad, máxime si obran agregados. La decisión de la Sala es correcta, puesto que si bien puede acreditarse la personalidad en cualquier estado del juicio, esto es permisible, siempre y cuando se atiendan los requisitos que quedaron precisados. Del mismo modo, el tribunal de apelación no interpretó indebidamente la tesis referida a ‘NOTARIOS Y CERTIFICACIONES DE LOS.’, y cuando las certificaciones de las diversas escrituras agregadas a la 7,723, reuniesen las características para considerarse expedidas conforme a la ley, como antes se dijo, a fin de que se acredite la personalidad en casos como el que es motivo de examen, debe acatarse estrictamente lo que dispone el artículo 29 de la Ley del Notariado invocado. El segundo concepto es igualmente infundado. Ciertamente, del examen que se realiza del testimonio de la escritura 7,723 que en copia certificada se acompañó al escrito inicial de demanda que dio origen al juicio de primera instancia, con el propósito de acreditar la personalidad del promovente Marcos Arturo García Celaya como representante legal de la quejosa, se observa que el director general de la institución bancaria, licenciado Héctor Hernández Cervantes, sí tiene facultades expresas para delegar total o parcialmente sus facultades y constituir apoderados. Ello se corrobora con el análisis de la certificación que el notario asentó para acreditar la personalidad de Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, en la que hizo la transcripción relativa de diversa escritura pública 12,826 (fojas 14 a 22) en la que se protocolizó el oficio número 101-1070, por medio del cual se comunica a Héctor Hernández Cervantes que por acuerdo del presidente de la República Mexicana y con fundamento en el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, se le designó como director general de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito. El notario también copió el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada en el Diario Oficial el día catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, y el artículo 20 del Reglamento Orgánico de Bancomer, Sociedad Nacional de Crédito, en donde se establece que el director general de la institución podrá delegar sus facultades y constituir apoderados. Determinó la ad quem que si bien es cierto, el director general del banco actor, hoy quejoso, de conformidad con el artículo 20 de la ley reglamentaria antes invocada ... ‘goza de las facultades de un mandatario en los términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal y, por tanto, es correcta la delegación de facultades a favor de Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, lo cierto es que estas personas no fueron expresamente facultadas por su mandante para sustituir, en favor de terceros, las facultades de sustitución del poder, por lo que no podían éstos hacerlo a favor de diversa persona, ni ésta a favor del licenciado Marcos Arturo García Celaya, quien se ostenta en juicio como representante legal de la actora Bancomer S.A., ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2574 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello, de lo que tiene que concluirse que Bancomer no confirió a Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién facultades expresas para encomendar a un tercero el desempeño del mandato, sino que tal facultad se le otorgó solamente al director de la sociedad actora, por lo que no puede tener validez el que se otorgó a favor del licenciado Marcos Arturo García Celaya, por el C. Luis Teodoro Peralta Martínez, quien a su vez recibió facultades de Luis Daniel Reynoso Gutiérrez y éste de Víctor Borras Setien y Agustín López Munguía, sin tener éstos facultades para hacerlo ...’ (fojas 35 vuelta y 36 del toca de apelación). En ese contexto, si bien en el caso concreto Héctor Hernández Cervantes acreditó su personalidad como director general de Bancomer, y conforme al artículo 20 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, así como en lo dispuesto en el reglamento orgánico de dicha institución crediticia, y por ello goza de todas las facultades de un mandatario general en términos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria en la materia mercantil, debe decirse que fue correcta la delegación de facultades que realizó en favor de Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién; empero, estas personas no fueron facultadas expresamente para transmitir en favor de terceros las facultades de sustitución del poder, por lo que, en la especie, estaban impedidos, legalmente, para hacerlo en favor de Luis Daniel Reynoso Gutiérrez, y éste a su vez, pudiera trasladarlas a Marcos Arturo García Celaya, quien se ostentó en el juicio natural como representante legal de la hoy peticionaria pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2574 del Código Civil, el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresamente establecidas para ello, y como ha quedado establecido, la institución de crédito mandante no confirió a Agustín López Munguía y Víctor Borras Setién, facultades expresas para encomendar a un tercero el desempeño del mandato, sino que a ellos tales facultades se las confirió únicamente el director general de la sociedad actora, en los términos de los preceptos legales y reglamentarios. Es aplicable a los anteriores razonamientos, la tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/1 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en las páginas cuatrocientos cincuenta y cinco y siguiente del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, que dice: ‘MANDATARIO, CARECE DE FACULTADES PARA CONFERIR A OTRO NO SÓLO EL PROPIO PODER SINO TAMBIÉN LA ATRIBUCIÓN DE SUSTITUIRLO, SI NO FUE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO. Si un mandatario sólo fue autorizado para que otorgara a otro el propio poder, pero no para conferir al sustituto la propia facultad de sustitución, en virtud de la cual este último pudiera a su vez investir a uno ulterior del citado mandato, es claro que este ulterior mandatario carece de la personalidad con que promovió el juicio relativo. A ello no obsta que de acuerdo con los términos del poder conferido al primero de ellos y los del artículo 2554 del Código Civil aplicable en materia federal y supletorio del Código de Comercio, dicho mandato se confiera: «con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley», estableciendo dicho precepto legal que con ello debe entenderse conferido «sin limitación alguna», pues tal disposición general encuentra la excepción contenida en el diverso artículo 2574 del mismo código, que claramente establece que «el mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas para ello», es decir, que al respecto es la voluntad expresa del mandante la que determina el alcance del mandato.’. En tal sentido se pronunció este propio órgano colegiado al resolver, por mayoría de votos, los juicios de amparo directo 797/95 y 95/96, en sesiones de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cinco y once de abril de mil novecientos noventa y seis. En lo que atañe a la parte final del motivo de inconformidad en estudio, las argumentaciones en él contenidas son infundadas, dado que las mismas la quejosa las hace derivar del supuesto de que los restantes conceptos resultaren fundados."

TERCERO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al resolver los amparos directos civiles 483/93, 805/95, 91/96 y 181/96, así como el amparo directo laboral 823/95, con excepción del 91/96, que fue resuelto por mayoría de votos, los restantes, se resolvieron por unanimidad de votos, siendo ponentes de los cuatro primeros, al momento en que se emitieron, respectivamente, los Magistrados David Guerrero Espriu, Faustino Cervantes León, Pablo Domínguez Peregrina y Luis Humberto Morales, y del resuelto en último término, el Magistrado Pablo Domínguez Peregrina, en lo conducente, sostuvo:

En el amparo directo civil 483/93:

"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expresados. En forma previa para mejor compresión del asunto, es necesario precisar los antecedentes del acto reclamado. Por escrito presentado el catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, el apoderado general para pleitos y cobranzas de Bancomer, S.A., demandó en la vía ejecutiva mercantil de las empresas Alimentos de Sonora, S.A. de C.V., Promotora Alimentaria del Campo, S.A. de C.V., Reproductora Santa Ana, S.A. de C.V., Sonora Agroindustrial, S.A. de C.V. y Agronegocios, S.A. de C.V., el pago de las diversas prestaciones, entre ellas, la cantidad de $6,000'000,000.00 (seis mil millones de pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal y $403'125,001.00 (cuatrocientos tres millones ciento veinticinco mil un pesos 00/100 M.N.), por concepto de intereses normales. Dicha demanda fue admitida por auto de veinte de febrero de mil novecientos noventa y dos (fojas 12 del cuaderno principal). Una vez realizados los emplazamientos correspondientes, Roberto Romero Sapiens, en su carácter de representante legal de las sociedades mercantiles demandadas, dio contestación a la demanda, opuso excepciones y defensas, entre las que destacan, falta del cumplimiento del plazo a que está sujeta la acción intentada y falta de personalidad consistente en ‘todas aquellas omisiones de fondo y de forma, necesarias para la legal validez y existencia de la escritura pública número 7661 y con la cual el C. Lic. Jesús Borchardt Ojeda pretende acreditar su personalidad para representar a la institución bancaria demandada, incluyendo aun aquellas que conlleven a la nulidad de dicho instrumento público y que el juzgador puede hacer valer de oficio, por tratarse la personalidad de las partes de un requisito de procedibilidad necesario para fincación del juicio’ (fojas 46 del cuaderno principal). Seguido el juicio por sus tramites legales, el ocho de junio de mil novecientos noventa y dos, se dictó sentencia definitiva en la cual se declaró que la parte actora de Bancomer, S.A., por conducto de su apoderado legal acreditó los extremos de la acción intentada en contra de las demandadas, a quienes se les desestimaron las excepciones y defensas opuestas (fojas 118 y siguientes del cuaderno principal). La parte demandada inconforme con la sentencia anterior, interpuso recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien por conducto de la Primera Sala Mixta, dictó sentencia el seis de agosto de mil novecientos noventa y tres, de cuyo texto se desprende que decidió revocar la sentencia de primer grado, en virtud de que de acuerdo con los agravios planteados, se declaró procedente la excepción de falta de personalidad opuesta y en consecuencia se absolvieron a las demandadas de las prestaciones reclamadas. Contra la sentencia anterior, la parte actora por conducto de su apoderado general para pleitos y cobranzas licenciado Jesús Bochardt Ojeda, enderezó demanda de garantías misma que por razón de turno le correspondió conocer a este Primer Tribunal Colegiado. Así las cosas, cabe puntualizar que la litis en el presente caso, se constriñe a determinar si la Sala responsable estuvo en lo correcto al declarar procedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la demandada y para ello es pertinente referirse a los argumentos expuestos para apoyar su decisión. 1) De la copia certificada de la escritura pública número 7661, asentada en el protocolo del notario público número cuarenta y dos, licenciado Carlos Gámez Fimbres, con ejercicio y residencia en esta ciudad, y sus anexos, se desprende que el director general de Bancomer, S.N.C., hoy S.A., licenciado Héctor Herná

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6230-298d0b5e/mandato-el-poder-otorgado-al-mandatario-con-facultades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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