AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA EXPEDIDO LAS COPIAS O DOCUMENTOS QUE EL OFERENTE LE HABÍA SOLICITADO PREVIAMENTE, BASTA QUE ÉSTE SOLICITE EL APLAZAMIENTO DE AQUÉLLA PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ASÍ LO ACUERDE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS BAÑALES SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia versan sobre una materia común, como lo es la interpretación del artículo 152 de la Ley de Amparo y que puede aplicarse a todas las materias.
Además, la competencia se justifica en términos de la tesis jurisprudencial número P./J. 136/99, sustentada por este propio Tribunal en Pleno, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 5, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS. El artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, no debe interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que en amparos sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, debe determinarse atendiendo a la materia del amparo, sino que debe hacerse en relación con los criterios que entran en contradicción al resolverse. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustentan sobre temas de su especialidad, pero no cuando se establezcan criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino que se refieren a la materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones, además de que se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las Salas al resolverlas, con lo que no se superaría la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de contradicción. Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 10, fracción VIII, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver las contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que ‘no sean de la competencia exclusiva de las Salas’."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formulan los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, el cual sustenta uno de los criterios cuya contradicción se denuncia.
TERCERO. No es impedimento para efectuar el análisis de fondo de la denuncia de contradicción de tesis, la circunstancia de que el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito no haya conformado jurisprudencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, toda vez que los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para dirimir una contradicción de tesis, no exigen dicho requisito.
Criterio que se refleja en la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
CUARTO. Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del asunto.
Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para que exista contradicción de criterios, es necesario que concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, cabe citar la tesis jurisprudencial siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. Las sentencias emitidas por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente en Materia Civil, al resolver los recursos de revisión 196/92, 192/92, 375/92, 531/92 y 25/96, contienen similares consideraciones, por lo cual únicamente se transcriben, en lo que interesa, las relativas a la última de ellas:
"TERCERO. Los agravios antes transcritos son inatendibles en parte e infundados en lo demás.
"Por cuestión de orden, este Tribunal Colegiado primero analizará la violación al procedimiento del juicio de garantías que plantean los recurrentes, y posteriormente las cuestiones de fondo.
"Los recurrentes alegan que solicitaron se aplazara la audiencia constitucional, petición que no fue acordada de conformidad, por el Juez Federal por lo que no se pudo llevar a cabo el estudio profundo del asunto al no tener a la vista las copias correspondientes.
"Sobre el particular debe puntualizarse, que si bien es cierto que el quejoso Carlos Mendoza Muñoz solicitó que se difiriera la audiencia constitucional, no menos cierto resulta, que como correctamente lo consideró el Juez Federal, para diferirse dicha audiencia es necesario que solicite que se requiera a la autoridad para que expida las copias correspondientes, lo que no ocurrió en la especie, porque la solicitud de diferimiento se hizo en los siguientes términos: ‘Que, por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 152 de la Ley de Amparo, y toda vez que se señalaron las diez horas con diez minutos del día de hoy para que se tuviera verificativo la audiencia constitucional, vengo a manifestar a su Señoría bajo protesta de decir verdad, que con fecha dieciséis de noviembre del presente año, presenté ante la Oficialía Mayor del honorable Juzgado Primero Civil, un escrito en donde solicito me sean expedidas copias certificadas, esto con el fin de poderlas presentar ante su Señoría como pruebas para demostrar lo manifestado en nuestro escrito de demanda de amparo, pero sin embargo dichas copias no me fueron otorgadas por la autoridad del conocimiento, es por ello que acudo ante este honorable juzgado, a fin de que se aplace la audiencia de hoy, para poder obtener las copias que solicité a la autoridad responsable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted ciudadano Juez, respetuosamente procedo y pido se sirva: Único. Acordar de conformidad lo solicitado en el cuerpo del presente ocurso.’ (foja 58). Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión 192/92 y 196/92, visible en la página 281, Tomo X, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA DIFERIRSE PRECISA PEDIR SE REQUIERA A LA AUTORIDAD EXPIDA LAS COPIAS SOLICITADAS.’ (se transcribe)."
La jurisprudencia surgida de la sentencia antes transcrita y demás precedentes a que se hizo referencia con anterioridad, aparece publicada con el número VI.1o. J/4, en el Tomo III, marzo de 1996, página 711, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y textualmente dice:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA DIFERIRSE PRECISA PEDIR SE REQUIERA A LA AUTORIDAD EXPIDA LAS COPIAS SOLICITADAS. El artículo 152 de la Ley de Amparo, sólo autoriza el aplazamiento de la audiencia constitucional cuando las autoridades o funcionarios obligados a expedir las copias o documentos que les hayan solicitado para ser presentados como pruebas en el juicio de garantías, se negaren a hacerlo, y siempre que el interesado solicite al Juez de Distrito que requiera a los omisos, resulta que ese imperativo debe satisfacerse para que el Juez Federal haga el requerimiento y acceda al aplazamiento de la audiencia constitucional, pues si sólo se pide el diferimiento, no se cumple con todos los requisitos que para ese efecto señala tal disposición legal."
SEXTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 473/2004, en lo conducente, textualmente expuso:
"TERCERO. Es fundado el agravio en el que la recurrente impugna el acuerdo que se pronunció en la audiencia constitucional, negando su diferimiento.
"En efecto, en la audiencia constitucional de fecha veintiuno de julio del año dos mil cuatro, el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, emitió un acuerdo que, en lo conducente, dice:
"‘... agréguese a los presentes autos el escrito de la parte quejosa con que se da cuenta y en atención a su contenido, dígase a la ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud de diferir la audiencia constitucional hasta en tanto el secretario de Finanzas del Estado le expida la certificación que le solicitó mediante escrito presentado el nueve de julio del año en curso, toda vez que el artículo 152 de la Ley de Amparo, sólo autoriza el aplazamiento de la audiencia de referencia cuando las autoridades o funcionarios obligados a expedir las copias o documentos que les hayan solicitado para ser presentados como pruebas en el juicio de garantías, se negaren a hacerlo, y siempre que el interesado solicite al Juez de Distrito que requiera a los omisos, por lo que si en el presente caso la promovente sólo pide el diferimiento de la audiencia, es claro que no se cumple con todos los requisitos que para ese efecto señala el precepto invocado con antelación.’. Resulta de exacta aplicación a lo anterior la jurisprudencia VI.1o. J/4, consultable en la página 711 del Tomo III, marzo de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, relativa a Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro siguiente:
"‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA DIFERIRSE PRECISA PEDIR SE REQUIERA A LA AUTORIDAD EXPIDA LAS COPIAS SOLICITADAS.’
"El texto de la tesis de jurisprudencia cuyo rubro se cita en el acuerdo transcrito, es el siguiente: (se transcribe).
"Se estima pertinente transcribir el artículo 152 de la Ley de Amparo, que previene:
"‘Artículo 152.’ (se transcribe).
"En el escrito por el que la quejosa Petra Espinoza Castañeda solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, expresó lo siguiente:
"‘La suscrita he solicitado una certificación a la Secretaría de Finanzas, la cual pretendo ofrecer como prueba, tal como lo demuestro con la copia de recibido de dicho escrito que acompaño al presente escrito, y como hasta el día de hoy no se me ha expedido la copia certificada, vengo mediante el presente escrito a solicitar se difiera la audiencia constitucional que se fijó para el día de hoy a las 10 horas con 55 minutos; lo anterior a fin de estar en posibilidad de ofrecer mis pruebas.’ (foja 112).
"La copia que la quejosa exhibió con el mencionado escrito, dice:
"‘C. Secretario de Finanzas del Estado presente. Petra Espinoza Castañeda, mexicana, mayor de edad, con domicilio en Rayón #335, zona centro de esta ciudad, autorizando a la C. Licenciada Marcela Méndez Barrientos para oír notificaciones, con todo respeto expongo: La suscrita estoy tramitando un amparo ante el Juez Tercero de Distrito, expediente número 639/04 en contra de actos del C. Juez Primero del Ramo Civil, porque dentro del juicio 739/03 se embargó un bien de mi propiedad y para ofrecerlo como prueba solicito que se me expida una certificación respecto de lo siguiente: Quién es el propietario del vehículo camioneta marca Ford, tipo Pick Up, 3 puertas, modelo 1993, No. de motor hecho en México, serie AC2LMS44616, color gris, placas TG-C-09-482. Desde cuándo el propietario del vehículo camioneta marca Ford, tipo Pick Up, 3 puertas, modelo 1993, No. de motor hecho en México, serie AC2LMS44616, color gris, placas TGC-09-482, es dueño del mismo. Autorizando para que reciba la certificación la C. Marcela Méndez Barrientos. Protesto lo necesario. San Luis Potosí, S.L.P., a 7 de julio de 2004. Petra Espinoza C.’. Al calce una firma que dice Petra Espinoza C. y la impresión de un sello que dice: ‘Recibido. Secretaría de Finanzas. Dirección Administrativa. Jul. 9 2004. Oficialía de Partes. San Luis Potosí, S.L.P.,-11:20.’ y una rúbrica ilegible sobre la impresión del sello (foja 113).
"Como ya se dijo, son esencialmente fundados los agravios, toda vez que en autos consta que la petición de la quejosa a la autoridad Secretaría de Finanzas del Estado, por la expedición de una certificación para presentarla como prueba en el juicio de garantías, la realizó oportunamente, o sea, con más de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Igualmente, con oportunidad, la quejosa solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional para su celebración.
"Es de hacer notar que la quejosa solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional para estar en posibilidad de ofrecer la prueba que previamente había anunciado, pues había pedido al Juez de Distrito que por medio de oficio solicitara a la Secretaría de Finanzas del Estado, información respecto a quién es propietario y desde cuándo, de la camioneta marca Ford, placas TGC-09-482 (foja 108), lo que no se acordó favorablemente, pues se indicó a la quejosa, que ella se encontraba en posibilidad de solicitar de manera directa esa información a la autoridad y que, únicamente, en el caso de que esa autoridad fuera omisa o se negara a ello y acreditada esa circunstancia, el Juez de Distrito procedería a requerir a la autoridad con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo (foja 109 vuelta).
"Ahora bien, considerando que el juicio de garantías es un medio de control constitucional que, entre otras cosas, tiene por objeto proteger a los gobernados contra los actos de las autoridades que violen sus garantías individuales, no debe ser estricta la aplicación de las normas que regulan su tramitación, de tal manera que haga nugatorio ese objetivo, sino que debe facilitarse la preparación de la defensa de los agraviados a fin de que puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio; por lo que, si en el caso, la quejosa, con la solicitud de diferimiento de la audiencia constitucional exhibió copia del escrito por el que solicitó la expedición de una certificación, acreditándolo con la impresión del sello de recepción de la autoridad correspondiente, y además, informó al Juez de Distrito, que hasta el día de la audiencia la autoridad no le había expedido el documento solicitado, debe estimarse que no obstante que no solicitara de manera expresa el requerimiento a la autoridad omisa, tal petición se implica y, por tanto, se cumplen los supuestos del artículo 152 de la Ley de Amparo, para que se aplace la audiencia para los efectos que se precisan en el propio artículo. Esto es, que el Juez de Distrito requiera de la autoridad la expedición de la certificación que solicitó la quejosa y, en su caso, sancione a ésta si resulta que ya se le había expedido. Máxime que, en el caso, el Juez ya había determinado en diverso proveído: ‘... que con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo, la promovente se encuentra en posibilidad de solicitar dicha información directamente ante la autoridad exactora que refiere y únicamente para el caso de que dicha autoridad fuera omisa en la expedición de tales documentales, o bien, se negara expresamente a ello, previa acreditación, este tribunal procederá a formular el requerimiento respectivo con fundamento en el propio numeral en cita.’ (foja 109 vuelta).
"Cabe citar, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 28/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 58, de rubro y texto siguientes:
"‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ACUERDE SU APLAZAMIENTO, EN TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS QUE PRECISA EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE LA PARTE INTERESADA EXHIBA JUNTO CON SU SOLICITUD DE DIFERIMIENTO, LA COPIA DEBIDAMENTE SELLADA DEL ESCRITO EN EL QUE SOLICITÓ LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS O DOCUMENTOS RESPECTIVOS, O BIEN, CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA SE NEGÓ A RECIBIRLO.’ (se transcribe).
"De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, este Primer Tribunal Colegiado no adopta la tesis de jurisprudencia VI.1o. J/4 que se invocó para denegar el diferimiento de la audiencia constitucional, por ende, con fundamento en el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo, deberá denunciarse la contradicción de tesis que en opinión de este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito se ha suscitado.
"En este orden de ideas, procede revocar la sentencia y el acuerdo recurridos, y en su lugar mandar reponer el procedimiento para que el Juez a quo provea nuevamente el escrito de la quejosa de fecha veintiuno de julio del año en curso, acordando el diferimiento de la audiencia constitucional, requiriendo a la autoridad Secretaría de Finanzas del Estado por la expedición de la certificación que aquélla le solicitó y, en su caso, sancione a ésta, si ya se le había expedido antes de aquella fecha; y en su oportunidad, se pronuncie sentencia en la audiencia constitucional, como en derecho proceda. ..."
La tesis aislada que surgió de la ejecutoria acabada de transcribir, aparece publicada con el número IX.1o.86 K, en el Tomo XX, noviembre de 2004, página 1923, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y textualmente dice:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACUERDE SU APLAZAMIENTO EN TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO, NO ES INDISPENSABLE PEDIR EXPRESAMENTE SE REQUIERA A LA AUTORIDAD LA EXPEDICIÓN DE COPIAS O DOCUMENTOS SOLICITADOS. Conforme al artículo 152 de la Ley de Amparo, para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal de acordar el aplazamiento de la audiencia constitucional y de requerir a la autoridad omisa para que expida las copias o documentos que se le solicitaron, es requisito indispensable que la parte interesada exhiba, junto con la solicitud de diferimiento, la copia del escrito a través del cual solicitó la expedición de copias o documentos para presentarlos como prueba en el juicio, la que debe ostentar el sello de recepción correspondiente o, en su defecto, constancia fehaciente de que la autoridad se negó a recibirlo. Empero, no es indispensable que se pida expresamente que se requiera a la autoridad omisa, pues tal petición se implica en la solicitud del diferimiento de la audiencia constitucional."
SÉPTIMO. Por razón de método debe estudiarse, en primer lugar, si en el caso existe materia para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito antes mencionados.
De acuerdo con las consideraciones precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, y tomando en cuenta las consideraciones que adujeron los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que se transcribieron con antelación, este Alto Tribunal estima que en el caso sí existe la contradicción denunciada entre los Tribunales Colegiados contendientes.
Lo anterior, en virtud de que mientras que el actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la ejecutoria transcrita anteriormente, sustancialmente sostiene que para que proceda el diferimiento de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 152 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que expresamente se solicite al Juez de Distrito se requiera a la autoridad por la expedición de las copias o documentos solicitados que se pretenden aportar como prueba en el juicio de garantías, por así disponerlo expresamente el citado precepto legal; el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostiene que para diferir la audiencia constitucional no es necesario que el interesado solicite expresamente al Juez de Distrito requiera a la autoridad por la expedición de las copias o documentos solicitados para presentarlos como prueba en la audiencia constitucional, porque esa circunstancia va implícita en la solicitud de diferimiento de la audiencia constitucional.
Es decir, en la especie, los indicados Tribunales Colegiados se pronuncian respecto a un mismo tema, partiendo de la interpretación del artículo 152 de la Ley de Amparo, pues mientras que el actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito sostiene que de conformidad con el indicado precepto, el diferimiento de la audiencia constitucional únicamente procede cuando el interesado expresamente solicita al Juez de Distrito se requiera a la autoridad para que expida las copias o documentos solicitados para presentarlos en el juicio de amparo; el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito considera que esa manifestación expresa no es necesaria, porque se encuentra implícita en la solicitud de diferimiento de la audiencia constitucional.
De acuerdo con lo anterior, en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, puesto que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron posiciones jurídicas diferentes, además de que sus criterios opuestos se presentan en las consideraciones, razonamientos e interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas y la divergencia de sus criterios proviene del examen de los mismos elementos.
Además, este Tribunal Pleno advierte que la materia de la misma se constriñe a determinar si cuando se solicite el diferimiento de una audiencia constitucional porque determinadas autoridades no han expedido a la parte interesada las copias o documentos que previamente les fueron solicitados para ofrecerlos como prueba en juicio, es necesario o no que el interesado expresamente solicite que se requiera a dichas autoridades por la expedición de las citadas constancias, o esa petición va implícita en la solicitud de diferimiento de la audiencia constitucional.
OCTAVO. Cabe destacar que no pasa inadvertida para este Tribunal Pleno la circunstancia de que el anterior Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de marzo de mil novecientos noventa y dos, resolvió la diversa contradicción de tesis número 191/91, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en donde sustentó la tesis que dice:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO DE LA. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR COPIAS O DOCUMENTOS PARA EL AMPARO. Para solicitar al Juez que opere el artículo 152 de la Ley de Amparo y que requiera a la autoridad que exhiba copias o documentos solicitados por las partes y difiera la audiencia, en principio la petición de esas copias o documentos debe hacerse a la autoridad por lo menos cinco días hábiles antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, a fin de que dicha autoridad pueda disponer del tiempo razonable para atender la petición, a menos que en el caso haya circunstancias especiales que justifiquen la petición posterior." (que aparece publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 76, abril de 1994, página 14).
Sin embargo, este Tribunal Pleno considera que esa tesis jurisprudencial no hace improcedente o deja sin materia la contradicción de tesis a estudio, porque como puede advertirse de la lectura de la tesis transcrita, la materia de la citada contradicción versó sobre la oportunidad con que cuenta el interesado para que haga la petición a la autoridad correspondiente en el que le solicite la expedición de copias o documentos, a fin de que el Juez de Distrito esté en aptitud de acordar el diferimiento de la audiencia constitucional, en términos del artículo 152 de la Ley de Amparo; en cambio, la contradicción que aquí se resuelve no versa sobre esa cuestión, sino que se refiere a que si en términos del aludido precepto, para que el Juez acuerde el diferimiento de la audiencia, es necesario que el interesado le solicite expresamente que requiera a las autoridades correspondientes para que le expidan las copias o documentos previamente solicitados para ofrecerlos como prueba en el juicio de amparo, o si esa petición va implícita en la solicitud de aplazamiento de la audiencia constitucional.
Tampoco resulta improcedente o sin materia la contradicción de tesis a estudio por el hecho de que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de febrero de dos mil uno, haya resuelto la diversa contradicción de tesis número 59/98, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito, Primero del Vigésimo Circuito y Primero del Décimo Circuito, en la cual se decidió que debía prevalecer el criterio que dice:
"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO ACUERDE SU APLAZAMIENTO, EN TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS QUE PRECISA EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE LA PARTE INTERESADA EXHIBA JUNTO CON SU SOLICITUD DE DIFERIMIENTO, LA COPIA DEBIDAMENTE SELLADA DEL ESCRITO EN EL QUE SOLICITÓ LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS O DOCUMENTOS RESPECTIVOS, O BIEN, CONSTANCIA FEHACIENTE DE QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA SE NEGÓ A RECIBIRLO. De conformidad con lo dispuesto en el precepto citado, para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal de acordar el aplazamiento de la audiencia constitucional y de requerir a la autoridad omisa para que expida las copias o documentos que se le solicitaron, es requisito indispensable que la parte interesada exhiba, junto con su solicitud de diferimiento, la copia del escrito a través del cual solicitó la expedición de copias o documentos para presentarlos como pruebas en el juicio, la que debe ostentar el sello de recepción correspondiente o, en su defecto, constancia fehaciente de que la autoridad responsable se negó a recibirlo. Lo anterior en virtud de que si sólo bastare la manifestación del interesado en el sentido de que se presentó su solicitud, sin demostrarlo, el diferimiento de la audiencia quedaría al arbitrio de las partes, lo que resulta inadmisible, pues si se pretende exigir el cumplimiento de una obligación, es necesario que previamente se demuestre que se cuenta con el derecho para exigirla y, en el caso, el requerimiento para que se cumpla la obligación que a los funcionarios o autoridades impone el referido precepto, solamente procederá en los términos indicados." (que aparece publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 58 en la Novena
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19810-15acc982/audiencia-constitucional-cuando-la-autoridad-responsable-no-haya · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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