DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 43/98-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: ISMAEL MANCERA PATIÑO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el amparo en revisión 162/95-1, que dio origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
"TERCERO. Resultan infundados los agravios expresados por las autoridades responsables inconformes, pues de manera contraria a lo que alegan, en el presente juicio de garantías no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 107 de la Constitución Federal, en virtud de que la quejosa no tenía obligación de agotar el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, antes de promover el juicio de amparo que nos ocupa. En efecto, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se aprecia que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado (que constituye la materia de la litis en la revisión que nos ocupa), en el oficio número 2779 de fecha diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, suscrito por el director de Administración Urbana de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado, mediante el cual y en relación a su trámite de autorización del desarrollo urbano denominado Crosthwaite, se le comunicó que de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Ingresos en vigor del Estado de Baja California de mil novecientos noventa y cuatro, debía pasar a recaudación de rentas del Estado a enterar diversas cantidades. Ahora bien, la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, en vigor para el año de mil novecientos noventa y cuatro, no prevé algún medio de defensa para inconformarse en contra del cobro de la cantidad citada en el oficio 2779 arriba mencionado, así como tampoco se advierte algún recurso, juicio o medio de defensa legal en el Reglamento de Fraccionamientos para el Estado de Baja California que pudiera dejar sin efecto el acto reclamado, por lo que si no existen defensas en las leyes en las que se fundamentó el acto impugnado, no se puede exigir que se agoten instancias previstas por otras diversas antes de acudir al juicio de garantías, ya que si bien es cierto que conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: ‘... Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados ...’, este precepto debe entenderse en el sentido de que el recurso, juicio o medio de defensa legal, debe estar previsto en la ley que rija el acto impugnado y no en leyes distintas, pues resultaría excesivo exigir que se agoten instancias previstas por otras leyes antes de acudir al juicio de garantías, pues impondría al gobernado una carga diabólica al tener que indagar en todos los ordenamientos legales del país, si éstos prevén algún recurso contra la determinación de la autoridad que le ha sido desfavorable, convirtiéndose así la promoción del amparo en un laberinto, lo cual es contrario a la finalidad y técnica del mismo, que sólo debe entenderse que exige que se agoten los recursos que la ley que rige el propio acto previene, siempre y cuando la interposición de éstos no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión del acto de autoridad. En este orden de ideas, este Tribunal Colegiado considera que si bien es verdad que conforme a los preceptos que cita la autoridad responsable, es viable acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado para inconformarse en contra del acto reclamado, sin embargo, como ya se dijo, en virtud de que en la ley en que se fundamentó tal acto de autoridad no se prevé ningún medio de impugnación, resulta válido concluir que en el juicio de garantías que nos ocupa, era optativo para el gobernado acudir previamente ante el citado tribunal de lo contencioso; por tanto, los agravios expresados por las autoridades responsables resultan inoperantes. Atento a lo anterior, al no actualizarse la causal de improcedencia que alegaron las autoridades inconformes, deberá confirmarse la sentencia que se revisa en su parte conducente."
La anterior ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis:
"RECURSOS ORDINARIOS, JUICIOS O MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO ES NECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO SI NO LOS PREVÉ LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO. En efecto, si no existen defensas en las leyes en las que se fundamentó el acto impugnado, no se puede exigir que se agoten instancias previstas por otras diversas antes de acudir al juicio de garantías, ya que si bien es cierto que conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: ‘... Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados ...’, este precepto debe entenderse en el sentido de que el recurso, juicio o medio de defensa legal, debe estar previsto en la ley que rija el acto impugnado y no en leyes distintas, pues resultaría excesivo exigir que se agoten instancias previstas por otras leyes antes de acudir al juicio de garantías, pues impondría al gobernado una carga diabólica al tener que indagar en todos los ordenamientos legales del país si éstos prevén algún recurso contra la determinación de la autoridad que le ha sido desfavorable, convirtiéndose así la promoción del amparo en un laberinto, lo cual es contrario a la finalidad y técnica del mismo que sólo debe entenderse que exige que se agoten los recursos que la ley que rige el propio acto previene, siempre y cuando la interposición de éstos no exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión del acto de autoridad." (Tesis XV.1o.1 K, publicada en la página 267, Tomo II, julio de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época).
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 2007/87, sostuvo el siguiente criterio:
"CUARTO. En sus conceptos de agravio sostiene la recurrente que, contrariamente a lo afirmado por el a quo, el presente juicio de amparo es improcedente, pues previamente a su tramitación la quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación en contra del acto reclamado, por consistir este último en una resolución por virtud de la cual una autoridad administrativa federal, como lo es el procurador federal del Consumidor, en términos del artículo 57 de su ley orgánica, impone una multa a la quejosa. Es fundado el argumento de la autoridad responsable, dado que en la especie se surte la causal de improcedencia consagrada en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, cuando dice así: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de las judiciales, cuando deban ser revisados de oficio, conforme a la ley que los rija, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva.’. Se realiza en la especie el supuesto contemplado en el numeral y fracción transcritos, toda vez que la quejosa reclama un acto proveniente de una autoridad administrativa, es decir, distinta de la judicial, en contra del cual procede un juicio cuya tramitación puede tener por resultado la revocación, anulación o modificación del proveído de mérito, a la vez que su promoción suspende los efectos del acto sin exigir mayores requisitos de los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la resolución reclamada por la demandante fue dictada por una autoridad administrativa y en consecuencia distinta de la judicial, como lo es el procurador federal del Consumidor, en su calidad de titular de la dependencia del mismo nombre, la que es definida por el artículo 57 de su ley orgánica en los siguientes términos: ‘Artículo 57. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con funciones de autoridad administrativa encargada de promover y proteger los derechos e intereses de la población consumidora, mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley.’. Ahora bien, en la resolución reclamada se impone a la quejosa una sanción pecuniaria derivada de la comisión de diversas violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (ordenamiento de naturaleza igualmente administrativa y de observancia general en toda la República, conforme a su artículo 1o.), en razón de lo cual se está en presencia de una multa impuesta por infracciones a normas administrativas federales, susceptible de ser impugnada mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, al tenor de lo preceptuado en el numeral 23, fracción III, de su ley orgánica, que textualmente dice: ‘Artículo 23. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se inicien contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación: ... III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales ...’. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, es uno de los medios de impugnación a que se refiere el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al decir ‘juicio ... por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados’ los actos de que se trata, pues cualquiera de estos tres resultados puede obtenerse gracias a la sentencia que al respecto llegue a dictarse, según lo previene el numeral 239 del Código Fiscal de la Federación en sus diversas fracciones. En adición a lo anterior y conforme a lo establecido por los artículos 141 y 144 del código antes invocado, la promoción del juicio de nulidad permite la suspensión de los efectos del acto impugnado, sin exigir para ello mayores requisitos de los previstos por la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva contemplada en su articulado. En estas condiciones, es incuestionable que la quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, debió agotar el juicio de nulidad en contra de la multa impuesta por la responsable, en aras del principio de definitividad. No es óbice a lo anterior, la observación del Juez de Distrito, en el sentido de que el juicio de nulidad no se consagra en la ‘ley del acto’, es decir, no se previene en la Ley Federal de Protección al Consumidor, con apoyo en la cual se dictó la resolución reclamada, toda vez que en la especie debe considerarse al Código Fiscal de la Federación como ‘la ley del acto’. En efecto, ha sido tradición de los tribunales y autoridades que conocen del juicio de amparo, interpretar la fracción XV del artículo 73 tantas veces citado, en el sentido de que el particular solamente estará obligado a agotar previamente al juicio de garantías los recursos, juicios o medios de defensa, cuando éstos se prevean en la ‘ley del acto’. A falta de una noción unánimemente aceptada acerca de lo que significa la ‘ley del acto’, es criterio de este Tribunal Colegiado que por ella debe entenderse cualquier norma jurídica o conjunto normativo (ley en el sentido material con independencia de su categoría formal) que resulte aplicable o que regule por algún título al acto reclamado; desde luego, para estar en presencia de este supuesto, es menester que la ley se refiera expresamente al acto de que se trate, sin que esté por tanto autorizado hacer extensiva por analogía o por mayoría de razón la eficacia de cualquier ordenamiento a casos no previstos claramente en el mismo. Por lo demás, la circunstancia de que un ordenamiento regulador del acto no aparezca citado como fundamento del mismo, no es obstáculo en modo alguno para considerarlo como la ‘ley del acto’, toda vez que no existe norma constitucional u ordinaria, o principio que autorice una interpretación de este género. Por el contrario, de la lectura del propio artículo 73 en la fracción en estudio, se desprende sin lugar a dudas que no estuvo en la mente del legislador restringir la operancia del principio de definitividad en materia administrativa a la observancia de un requisito como el señalado, según puede advertirse de la expresión empleada por aquél, al decir que el juicio es improcedente cuando los actos puedan ser reparados ‘conforme a la ley que los rija’. De ser otro el propósito perseguido con la norma, en el texto se consignaría claramente que los actos debían ser revisados ‘conforme a la ley que los funde’, situación que no acontece según antes se expuso. En adición a lo anterior, conviene notar que el texto constitucional del cual deriva la regla de procedencia del juicio de garantías objeto de análisis, tampoco conduce a una interpretación distinta de la aceptada por este tribunal, dado que prescribe simplemente que en contra del acto reclamado deben agotarse los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa que en su contra otorguen las leyes, al decir: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión. ...’. De modo que es de concluir que para la operancia de la regla consignada en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, basta que en alguna ley aplicable en forma directa e inmediata al acto reclamado, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, siempre que con su tramitación se suspendan los efectos del acto reclamado en las condiciones precisadas en el propio numeral, con independencia de que esa ley aparezca o no como fundamento de la actuación de la autoridad. De otra manera, aceptar que por la ‘ley del acto’ debe entenderse al ordenamiento que aparezca como fundamento de la resolución reclamada, implicaría no sólo atribuir al precepto respectivo un sentido que riñe notoriamente con su texto, sino también condicionar la observancia de las leyes (en la parte de los recursos) a la actuación de las autoridades, pues la tramitación de los medios ordinarios de defensa dependería en todo caso de que aquéllas citaran en la resolución la disposición aplicable al respecto. En la especie, las razones antes expuestas conducen a tener a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la Federación (en lo relativo a la sustanciación y resolución del juicio de nulidad) como la ‘ley del acto’ reclamado, para los efectos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues aunque no fueron citados en la fundamentación de la resolución impugnada, le son aplicables porque se trata de una multa impuesta por violaciones a normas administrativas federales. Así las cosas, vista la causal de improcedencia aplicable al asunto, se impone revocar el fallo combatido y sobreseer en su lugar el juicio de garantías, al tenor de lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. A igual conclusión llegó este tribunal en un negocio similar, al conocer del juicio de amparo en revisión número 1303/87, promovido por Anuncios en Directorios, S.A. de C.V., en sesión del día cuatro de agosto último, por unanimidad de votos."
La anterior ejecutoria dio lugar a la siguiente tesis:
"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN: ‘LA LEY DEL ACTO’. Ha sido tradición de los tribunales y autoridades que conocen del juicio de amparo, interpretar la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el particular solamente está obligado a agotar previamente al juicio de garantías los recursos o medios de defensa, cuando éstos se prevean en la ‘ley del acto’. A falta de una noción unánimemente aceptada acerca de lo que significa la ‘ley del acto’, es criterio de este Tribunal Colegiado que por ella debe entenderse cualquier norma jurídica o conjunto normativo (ley en sentido material con independencia de su categoría formal) que resulte aplicable o que regule por algún título al acto reclamado; desde luego, para estar en presencia de este supuesto es menester que la ley se refiera expresamente al acto de que se trate, sin que esté por tanto autorizado hacer extensiva por analogía o por mayoría de razón la eficacia de cualquier ordenamiento a casos no previstos claramente en el mismo. Por lo demás, la circunstancia de que un ordenamiento regulador del acto no aparezca citado como fundamento del mismo, no es obstáculo en modo alguno para considerarlo como la ‘ley del acto’ toda vez que no existe norma constitucional u ordinaria, o principio que autorice una interpretación de este género. Por el contrario, de la lectura del propio artículo 73 en la fracción en estudio, se desprende sin lugar a dudas que no estuvo en la mente del legislador restringir la operancia del principio de definitividad en materia administrativa a la observancia de un requisito como el señalado, según puede advertirse de la expresión empleada por aquél al decir que el juicio es improcedente cuando los actos puedan ser reparados ‘conforme a la ley que los rija’. De ser otro el propósito perseguido con la norma, en el texto se consignaría claramente que los actos debían ser revisados ‘conforme a la ley que los funde’, situación que no acontece según antes se expuso. En adición a lo anterior, conviene notar que el texto constitucional del cual deriva la regla de procedencia del juicio de garantías objeto de análisis, tampoco conduce a una interpretación distinta de la aceptada por este tribunal, dado que prescribe simplemente que en contra del acto reclamado deben agotarse los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa que en su contra otorguen las leyes, al decir: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos de lo que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión.’. De modo que es de concluir que para la operancia de la regla consignada en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, basta que en alguna ley aplicable en forma directa e inmediata al acto reclamado, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, siempre que con su tramitación se suspendan los efectos del acto reclamado en las condiciones precisadas en el propio numeral, con independencia de que esa ley aparezca o no como fundamento de la actuación de la autoridad. De otra manera, aceptar que por la ‘ley del acto’ debe entenderse al ordenamiento que aparezca como fundamento de la resolución reclamada, implicaría no sólo atribuir al precepto respectivo un sentido que riñe notoriamente con su texto, sino también condicionar la observancia de las leyes (en la parte de los recursos) a la actuación de las autoridades, pues la tramitación de los medios ordinarios de defensa dependería en todo caso de que aquéllas citaran en la resolución la disposición aplicable al respecto. En la especie, las razones antes expuestas conducen a tener a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la Federación (en lo relativo a la sustanciación y resolución del juicio de nulidad) como la ‘ley del acto’ reclamado, para los efectos de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues aunque no fueron citados en la fundamentación de la resolución impugnada, le son aplicables porque se trata de una multa impuesta por violaciones a normas administrativas federales." (Aparece publicada en la página 457, tomo 217-228, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época).
CUARTO. Es procedente que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo.
Lo anterior se confirma con la información recibida por el titular de la Red de Informática Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante oficio número 2-III-2000-1, de fecha dos de marzo del dos mil, en el sentido de que en el lapso que comprende del seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho al seis de enero de mil novecientos noventa y nueve, inclusive, no se recibió ninguna promoción en el asunto en que se actúa.
A este respecto sirve de apoyo la tesis P. XXVI/92, publicada en la página 32, Tomo IX-Enero, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que posibilita dictar la resolución que corresponda."
QUINTO. Ante todo resulta necesario establecer si en el presente asunto se produce o no la contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes, de acuerdo con el contenido de sus respectivas resoluciones que en copia certificada remitieron y cuya parte conducente ha sido transcrita en el considerando tercero de esta misma resolución.
Con relación a los requisitos que deben reunirse para estimar si existe o no contradicción de tesis o criterios entre los Tribunales Colegiados, la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la tesis de jurisprudencia 22/92, visible en el tomo 58, del mes de octubre de 1992, página 22, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Del contenido de las resoluciones materia de la contradicción, se aprecia que tanto el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, interpretaron la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, concretamente, en cuanto a determinar en qué caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que en dicho precepto se prevé.
Efectivamente, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 162/95-1, concretamente al ocuparse del estudio de la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, concluye que si en la ley en que se fundamentó el acto reclamado no se prevé la posibilidad de hacer valer algún recurso en su contra, no se puede exigir a la parte quejosa que agote instancias previstas en otros ordenamientos legales antes de acudir al juicio de garantías, ya que la referida fracción XV del precepto citado, debe entenderse en el sentido de que el recurso, juicio o medio de defensa legal, debe estar previsto en la ley que rija el acto impugnado y no en leyes distintas, puesto que resultaría excesivo exigir que se agoten instancias previstas por otras leyes antes de acudir a la vía de amparo, ya que tal proceder se traduciría en imponer al gobernado una "carga diabólica" al tener que indagar en todos los ordenamientos legales del país, si prevén algún recurso contra la determinación de la autoridad que le ha sido desfavorable; circunstancia que a su vez resultaría contraria a la finalidad y técnica del juicio de amparo.
Como se puede apreciar, el Tribunal Colegiado antes referido, considera a la expresión "ley que rija al acto", como sinónima de "ley que fundamenta el acto", lo cual se corrobora con lo asentado en la parte final de su resolución, en cuanto a que, si bien conforme a los preceptos que cita la autoridad responsable en el acto reclamado (correspondientes a la Ley de Ingresos del Estado de Baja California), es viable acudir al Tribunal Contencioso Administrativo de ese Estado para inconformarse en contra de dicho acto, el caso es que como la ley en que se fundamentó el mismo no prevé ningún medio de impugnación, entonces era opcional para el gobernado acudir ante dicho tribunal o promover el juicio de amparo como lo hizo.
En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución que emitió al resolver el amparo en revisión 2007/87, con relación a la interpretación de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, sostuvo en su parte medular que el particular solamente está obligado a agotar previamente al juicio de garantías los recursos o medios de defensa, cuando éstos se prevean en la "ley del acto", entendiéndose por ésta a cualquier norma jurídica o conjunto normativo que resulte aplicable o que regule por algún título al acto reclamado, esto es, que la ley se refiera expresamente al acto de que se trate. Así, el hecho de que un ordenamiento regulador del acto no sea citado como fundamento del mismo, no es obstáculo para considerarlo como la "ley del acto", pues conforme a lo previsto en la disposición legal citada, el legislador no pretendió restringir la operancia del principio de definitividad; de ahí que se haya establecido la expresión de que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos puedan ser reparados de acuerdo con la "ley que lo rija". Que de ser otro el propósito perseguido con la norma, entonces en el texto se hubiera consignado claramente que los actos debían ser revisados "conforme a la ley que los funde", lo cual no acontece.
Asimismo, el Tribunal Colegiado último citado, considera que para la operancia de la regla consignada en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, basta que en alguna ley aplicable en forma directa se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, siempre que con su tramitación se suspendan los efectos del acto reclamado en las condiciones precisadas en el propio numeral, con independencia de que esa ley aparezca o no como fundamento de la actuación de la autoridad, pues de no ser así, se condicionaría la observancia de las leyes (en la parte relativa a los recursos) a la actuación de las autoridades, es decir, la interposición de los medios ordinarios de defensa dependería, en todo caso, de que las autoridades citaran en la resolución la disposición legal aplicable.
Ahora bien, para llevar a cabo el análisis anunciado, esto es, determinar si existe o no contradicción de tesis, es necesario tener en cuenta que el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, cuya interpretación motivó los criterios denunciados, fue reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6977-dc357a14/definitividad-en-el-juicio-de-amparo-significado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- MANDATO. EL PODER OTORGADO AL MANDATARIO CON FACULTADES PARA SUSTITUIRLO, NO COMPRENDE LA POSIBILIDAD DE QUE, AL EJERCERLO, PUEDA TRANSMITIR TALES FACULTADES SUSTITUTORIAS A UN TER (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- INCIDENTE DE FALSEDAD DE LAS FIRMAS DE LA DEMANDA O RECURSO EN AMPARO DIRECTO. ES ADMISIBLE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE EL ASUNTO SE LISTE Y DEBE RESO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2005-PL)
- MANDATO. EL MANDATARIO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS NO PUEDE SUSTITUIRLO, SIN CONTAR CON FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA EXPEDIDO LAS COPIAS O DOCUMENTOS QUE EL OFERENTE LE HABÍA SOLICITADO PREVIAMENTE, BASTA QUE ÉSTE SOLICITE EL APLAZ (CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2004-PL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUPLENCIA DE LA QUEJA INDEBIDA TRATANDOSE DEL MINISTERIO PUBLICO. (s/clave)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA FALTA DE PROTESTA NO DISMINUYE LA VALIDEZ DE SUS ACTUACIONES.- (3547)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis