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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE FALSEDAD DE LAS FIRMAS DE LA DEMANDA O RECURSO EN AMPARO DIRECTO. ES ADMISIBLE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO HASTA ANTES DE QUE EL ASUNTO SE LISTE Y DEBE RESOLVERSE CONJUNTAMENTE CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2005-PL. · Registro digital (IUS): 19728
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 553.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 45/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: MIGUEL BONILLA LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, según la cual podrán denunciar la contradicción quienes tengan esa calidad.

TERCERO. Metodología. En términos de la jurisprudencia plenaria 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(3) deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Material Civil del Primer Circuito. Este análisis se realizará en el orden expuesto.

CUARTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. Este tribunal conoció del caso siguiente: en un juicio de amparo directo laboral se concedió la protección constitucional. La responsable dio cumplimiento dictando un nuevo laudo. Inconformes, los quejosos interpusieron queja por defecto, la cual fue admitida.

El tercero perjudicado promovió lo que denominó incidente de objeción de firmas, en el que adujo que las signaturas puestas al calce del escrito de queja no eran de la autoría de los quejosos.

El incidente fue desechado mediante acuerdo de presidencia. En dicho auto, se arguyó que el artículo 35 de la Ley de Amparo no permite más incidencias de especial pronunciamiento que las expresamente reconocidas, de modo que si la misma legislación no contemplaba la existencia del incidente de objeción de firmas, no era dable darle trámite y no podía aplicarse supletoriamente la ley procesal civil federal.

Adicionalmente a esta razón, en el acuerdo referido se sostuvo que en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que compendia las atribuciones jurisdiccionales de los Tribunales Colegiados de Circuito, no se encuentra la de resolver esa clase de incidentes, y ni siquiera podía entenderse que esta facultad estuviera implícitamente considerada en la fracción IX de dicho numeral (que previene la competencia para conocer de los demás asuntos que de forma expresa les encomiende la ley o los Acuerdos Generales emitidos por la Suprema Corte de Justicia), pues no existía ninguna regla específica que diera competencia a los Tribunales Colegiados para conocer de esa suerte de incidentes.

En contra de esta determinación el tercero perjudicado interpuso reclamación. En sus agravios se limitó a manifestar que el escrito mediante el cual se interpone un recurso como el de queja debe ser catalogado como un documento privado ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio de la Ley de Amparo, de modo que las reglas de aquél sobre el incidente de objeción de documentos deben aplicarse a ésta.

Al resolverla, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito estimó que los agravios eran inoperantes, en tanto no combatían las razones torales del auto recurrido: 1) que el artículo 35 excluye la tramitación de un incidente de esa naturaleza en el amparo directo y 2) que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece como competencia de los colegiados el conocimiento de esa clase de incidentes.

No obstante la declaración de inoperancia, en su sentencia el colegiado sostuvo a guisa de "a mayor abundamiento", que el artículo 35 de la Ley de Amparo establecía terminantemente que no habría en los juicios de garantías más incidentes de previo y especial pronunciamiento que los señalados de manera expresa en la misma ley, de modo que si entre las normas que regulan al amparo directo, no se contemplaba la existencia del incidente de objeción de firmas, no podía dársele trámite.

Además, sostuvo que resultaban inaplicables las reglas del incidente de falsedad de documentos previsto en el artículo 153 de la misma ley, pues este dispositivo era exclusivo del amparo indirecto, dadas su redacción y su pertenencia al título segundo del ordenamiento mencionado, referido al amparo indirecto.

Obsérvese que este colegiado hace una afirmación universal, no vinculada sólo a la fase de ejecución en una sentencia de amparo directo, sino referida a la tramitación del juicio de amparo directo en lo general; esto es, su premisa es de tal extensión que puede afirmarse sin duda alguna que en concepto de este tribunal nunca, en el amparo directo, podrá admitirse un incidente como el de falsedad, por no ser caso expresamente recogido en la ley.

Sobre la base de estas consideraciones, dicho tribunal emitió la tesis:

"INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. AL ENCONTRARSE EXPRESAMENTE REGULADO EN LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO BIINSTANCIAL, NO PUEDE HACERSE EXTENSIVA SU APLICACIÓN AL AMPARO DIRECTO. El artículo 35 de la Ley de Amparo es aplicable tanto al juicio de amparo directo como al biinstancial, por encontrarse previsto dentro del título primero, relativo a las ‘Reglas generales’ del amparo, el cual es tajante al señalar que en los juicios de garantías no se sustanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente contemplados en la ley. En ese orden de ideas, si el incidente de objeción de falsedad de documentos se encuentra previsto en el diverso numeral 153 de la citada ley, que está comprendido en el título segundo, denominado ‘Del juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito’, específicamente en el capítulo IV, intitulado ‘De la sustanciación del juicio’, que regulan el procedimiento del juicio de amparo biinstancial, y no al amparo en general, es incuestionable que no puede hacerse extensiva su aplicación al procedimiento que rige el amparo directo, por no encontrarse expresamente contemplada la tramitación de ese incidente en el procedimiento que sigue el juicio constitucional en la vía directa.

"Reclamación 10/2004. Ignacio Rodríguez Sotelo. 24 de noviembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Torres Lagunas. Secretaria: María Isabel Rojas Letechipia."

QUINTO. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por su parte, este diverso órgano jurisdiccional conoció del caso siguiente: un sujeto formuló demanda de amparo en la vía directa en contra de una sentencia definitiva del orden civil. Al recibirla, el tribunal requirió al promovente para que la ratificara, sobre la base de que la firma con que se signaba ésta difería visiblemente de la que obraba al calce de la demanda que dio origen al juicio natural. El quejoso la ratificó.

Seguido el trámite, el asunto se turnó a un relator y con posterioridad la tercera perjudicada promovió incidente de falsedad de firma respecto de la demanda de amparo. Este incidente fue admitido por auto de presidencia.

En contra de dicho auto, el quejoso interpuso recurso de reclamación. Al resolverlo, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó, en lo que interesa a efectos de resolver la presente contradicción, que la demanda de amparo directo era un documento privado, en términos de la legislación procesal civil federal -supletoria a la materia de amparo-, de modo que sí cabía tacharla de falsa y para ello debía aplicarse analógicamente el trámite previsto en el artículo 153 de la Ley de Amparo para el incidente de falsedad de documento en amparo indirecto.

A este respecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito concluyó:

"Debe considerarse que, tratándose de amparo directo, es precisamente hasta antes de la publicación de la lista de mérito que el inconforme estará en aptitud de objetar un documento presentado por la otra parte, puesto que, dicha actuación, equivale a la audiencia prevista por la ley tratándose de amparo indirecto, cuenta habida de que precede al dictado de la sentencia de amparo correspondiente."

De este asunto nació la tesis siguiente:

"INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS EN AMPARO DIRECTO. TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. El artículo 153 de la Ley de Amparo que regula expresamente la cuestión relativa a la objeción de documentos por falsedad en el amparo indirecto, debe aplicarse por analogía cuando se objeta de falso algún documento, sea público o privado, durante el trámite del amparo directo, en razón de la falta expresa de la norma aplicable al caso y por igualdad de hechos; por lo que si en el amparo indirecto el incidente en cuestión puede promoverse en cualquier momento y dentro de la audiencia constitucional, cuando el mismo se promueva en la vía directa puede intentarse hasta antes de la publicación de la lista correspondiente en la que el asunto de donde deriva la objeción vaya a ser fallado en sesión de pleno, pues dicha actuación equivale a la audiencia prevista por la ley tratándose de amparo indirecto.

"Reclamación 10/2005. Luis Enrique Martínez Bernal. 23 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Dinnorah Jannett Carbajal Rogel."

SEXTO. Fijación de la materia de la contradicción. Como se advierte, sí existe la contradicción de criterios denunciada, pues los dos tribunales contendientes analizaron un mismo problema jurídico, consistente en determinar si durante la tramitación del juicio de amparo directo se admite la procedencia de la objeción de firma respecto de la demanda o recurso presentado por una de las partes.

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al conocer de un recurso de queja por defecto en el cumplimiento de una sentencia de amparo directo, expresamente sostuvo que en el amparo directo, incluso en su ejecución, no era admisible esa clase de incidentes, pues, a su entender, ello no estaba permitido por lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Amparo, en el sentido de que si en amparo no son admisibles más que los artículos de especial pronunciamiento expresamente reconocidos por la ley, entonces, ante la inexistencia de alguna norma expresa que reconozca la existencia de la objeción de falsedad durante la tramitación del juicio de amparo directo, resultaba que no podía dársele cabida a semejante incidencia; además, agregó que el artículo 153 de la Ley de Amparo no podía servir de base para admitir dicho incidente, pues contenía una regla específica para el amparo indirecto.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, si bien no abordó de manera expresa este problema, lo respondió implícitamente, pues a su juicio la objeción de la firma con que se signa una demanda es una incidencia que debe ser resuelta con arreglo al procedimiento previsto para desahogar esa misma objeción en amparo indirecto, al tenor del artículo 153 de la Ley de Amparo.

A este efecto, resulta irrelevante que la objeción de firma, en un caso, se haya establecido respecto de un recurso presentado durante la ejecución de la sentencia de amparo directo y en otro se haya planteado respecto de la demanda de amparo misma, pues al final de cuentas, los dos tribunales sostienen puntos de vista encontrados en cuanto a que si durante la tramitación del amparo directo es admisible la objeción de la firma con la que se signa la promoción de alguna de las partes, tales como la demanda o el escrito mediante el cual se interpone un recurso.

Así, si ambos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron una misma cuestión jurídica -¿es admisible la objeción de falsedad de firmas en el amparo directo?-, bajo elementos esencialmente iguales -respecto de una demanda o recurso-, y adoptaron criterios discrepantes en sendas sentencias, es claro que se surte la contradicción de tesis.

No es óbice a esta conclusión el que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito haya formulado a guisa de "a mayor abundamiento" sus consideraciones relativas al tema de la contradicción, cuando en puridad técnica eran prescindibles.

En efecto, esta Suprema Corte advierte que en verdad, en el caso sometido al conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, dado que los agravios del recurrente habían sido calificados de inoperantes, para desestimar el recurso no se ameritaba pronunciarse respecto de si cabía o no la objeción de firmas; bastaba con constatar que los argumentos que sostenían el auto de presidencia combatido no eran controvertidos en su totalidad con los agravios para determinar que dicho auto quedaba firme, en aplicación de las reglas de eficacia de los agravios.

Sin embargo, como en el caso se está frente a una contradicción de tesis -en la que existe una finalidad clara, esencial, que es la de unificar criterios en aras de la seguridad jurídica- ha de estimarse que son de tomarse en cuenta para efectos de uniformar la interpretación del orden jurídico nacional todos los razonamientos vertidos por los órganos jurisdiccionales contendientes a lo largo de la parte considerativa de sus sentencias, sean constitutivos de la decisión final -el o los puntos resolutivos- o resulten añadidos prescindibles, vinculados indirecta o marginalmente con la cuestión concreta que debe decidirse; y es que tanto en uno como en otro caso, se está frente a la posición pública que asume un órgano jurisdiccional ante determinada cuestión jurídica y de la que cabe la presunción de que en lo futuro seguirá sosteniendo.

En efecto, en el procedimiento de contradicción de tesis no se decide si una sentencia es congruente con las pretensiones de las partes ni si la relación entre sus consideraciones y la decisión final peca de exceso o defecto, pues no es un recurso.

La función del procedimiento de contradicción de tesis es de unificación en la interpretación jurídica, a fin de eliminar la coexistencia de opiniones diferentes respecto de la forma en la que debe interpretarse una norma legal, cómo debe ser aplicada o cómo debe integrarse una laguna, y obtener un solo criterio válido. Su teleología es garantizar la seguridad jurídica.

Es claro, entonces, que para satisfacer esa finalidad, en el procedimiento de contradicción de tesis no es menester que los criterios encontrados sean los que, en los casos concretos, constituyan el sostén de los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de "a mayor abundamiento" pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales y sean la posición pública, que un cierto tribunal adopta frente a ciertos problemas jurídicos que, presumiblemente, respetará en lo futuro.

Así, en casos como el presente, en el que en términos de técnica jurídica las consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito que se estiman contradictorias con las del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, muy bien pudieron omitirse sin que el sentido final de su sentencia se afectara, en aras de la seguridad jurídica es correcto y necesario que se dilucide cuál debe ser la respuesta final, por resultar incontrovertible que en los dos casos, un par de órganos jurisdiccionales de forma clara y expresa se posicionaron frente al modo como debe ser respondida determinada cuestión jurídica, dándole la forma de tesis a sus respectivas opiniones.

SÉPTIMO. Solución. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su texto vigente desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, el artículo 35 de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 35. En los juicios de amparo no se sustanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente establecidos por esta ley.

"En los casos de reposición de autos, el Juez ordenará la práctica de certificación en la que se hará constar la existencia anterior y la falta posterior del expediente. Queda facultado el juzgador para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral o al derecho. Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen y quedará sujeta a las sanciones previstas por el Código Penal. Contra la interlocutoria que dicten los Jueces de Distrito en el incidente de reposición de autos, procede el recurso de revisión.

"Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de sustanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que dispone esta ley sobre el incidente de suspensión."

Como se advierte, este precepto -ubicado en el título primero de la Ley de Amparo, referido a las "reglas generales" del juicio de garantías y, por ende, aplicables al directo y al indirecto- regula la materia de incidentes (o artículos, como también los denomina "por ser partes de un pleito unidos a éste").(4) Un incidente es, en definición extraída del Vocabulario Jurídico de Eduardo J. Couture, un:

"Litigio accesorio que se suscita con ocasión de un juicio, normalmente sobre circunstancias de orden procesal, y que se decide mediante una sentencia interlocutoria."(5)

Más completa, y a efectos de ilustrar de mejor modo el sentido de esta sentencia, la definición de Montón Redondo:

"... un incidente es toda cuestión que surge durante el transcurso de un proceso y que, de alguna manera afecta -o puede afectar- o incidir en su tramitación, resultados o intereses de las partes; siendo, bajo este planteamiento, sus características definitorias esenciales la conexión o relación con el objeto, presupuestos o trámites de aquél, y la exigencia de una resolución independiente, previa o simultánea."(6)

A efectos de comprender los alcances del artículo 35, conviene acudir a su texto original:

"Artículo 35. En los juicios de amparo no se sustanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los expresamente establecidos por esta ley.

"Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de previo y especial pronunciamiento, se decidirán de plano y sin forma de sustanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamente con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que dispone esta ley sobre el incidente de suspensión."

Según se aprecia, el texto vigente difiere del original en que incorpora un segundo párrafo, relativo a la reposición de autos. En la iniciativa de reforma con la que se introdujo esa parte, se explicó que se hacía para regular un incidente no expresamente previsto y cuya necesidad se hizo patente a raíz de los sismos de mil novecientos ochenta y cinco, por cuya virtud fueron extraviados un sinnúmero de expedientes.

Ahora bien, haciendo abstracción del segundo párrafo del texto vigente del artículo 35, se sigue que el legislador estableció la distinción entre: 1) incidentes de especial pronunciamiento previstos en ley de forma expresa -primer párrafo-, 2) de previo y especial pronunciamiento, por su naturaleza pero no previstos en ley de forma expresa -tercer párrafo- y 3) los que carecen del atributo de ser de previo y especial pronunciamiento, no previstos en ley expresa y que deben decidirse conjuntamente con la sentencia definitiva -también en el tercer párrafo-.

El primer párrafo del artículo 35 establece que para el caso de los de especial pronunciamiento hay numerus clausus, pues no son sustanciables en esa forma más que los expresamente reconocidos en la ley.

Así, las cuestiones incidentales sólo podrán tramitarse como de especial pronunciamiento si es que la ley expresamente lo permite.

El mismo precepto, en su tercer párrafo, dispone que el resto de las cuestiones incidentales (esto es, las que no están expresamente consignadas en ley) se resolverán en dos formas: 1) de plano, si por su naturaleza fueren de previo y especial pronunciamiento y 2) simultáneamente con la definitiva en caso contrario.

A efectos de dilucidar a qué se refiere cada una de estas variedades, debe contestarse a tres cuestiones que atañen a la forma de resolver un incidente: una vez planteado, 1) ¿debe tramitarse junto al proceso principal o en pieza separada?, 2) ¿debe paralizar o no la tramitación del principal, en tanto se resuelve? y 3) ¿debe resolverse antes o junto con la definitiva?(7)

Si un incidente es de tal entidad que el procedimiento principal debe paralizarse mientras se resuelve, será de previo pronunciamiento.

Ahora bien, tanto si supone la paralización del juicio como si no, será de especial pronunciamiento en tanto debe resolverse antes que el principal y mediante un procedimiento propio que culmine con una resolución también propia.

Entonces un incidente de previo y especial pronunciamiento supone que paraliza el proceso principal y que debe resolverse en pieza separada; en otros términos, suspende la tramitación del juicio principal hasta en tanto es decidido por sentencia interlocutoria propia.

En contrapartida, un incidente que no es de especial ni de previo pronunciamiento, se resuelve simultáneamente con la definitiva.(8)

Un incidente de sólo especial, pero no de previo, pronunciamiento es aquel que no opone obstáculos a la tramitación de la cuestión principal ni suspende el trámite inicial, pero merece una sentencia propia, que concierna únicamente a la cuestión incidental planteada, que no será examinada en la definitiva que decida el fondo del litigio.(9)

Así, el primer párrafo del artículo 35 de la Ley de Amparo previene que sólo se seguirán en cuerda separada, merecedoras de un procedimiento especial y de una sentencia propia, las cuestiones incidentales que expresamente estén señaladas por el legislador, por ser de especial pronunciamiento, suspendan o no el procedimiento.

En este caso se encuentra, por ejemplo, el incidente de nulidad de notificaciones que regula el artículo 32 de la Ley de Amparo, mediante el cual la parte perjudicada con una notificación puede pedir que se anule si lo hace antes del dictado de la definitiva, y que se sustanciará en una sola audiencia en la que se recibirán probanzas, las partes alegarán y a continuación procederá a resolverse. Este incidente, dice el segundo párrafo del artículo 32, se considerará de especial pronunciamiento, pero no lo suspenderá, esto es, no será previo:

"Artículo 32. Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las disposiciones precedentes, serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a que se refiere este artículo, antes de dictarse sentencia definitiva, en el expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, y que se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad.

"Este incidente, que se considerará como de especial pronunciamiento, pero que no suspenderá el procedimiento, se sustanciará en una sola audiencia, en la que se recibirán las pruebas de las partes, se oirán sus alegatos, que no excederán de media hora para cada una y se dictará la resolución que fuere procedente. Si se declarare la nulidad de la notificación, se impondrá una multa de uno a diez días de salario al empleado responsable, quien será destituido de su cargo, en caso de reincidencia.

"Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano y se impondrá al promovente una multa de quince a cien días de salario."

Otro caso es el del segundo párrafo del artículo 35 de la ley mencionada, que regula el incidente de reposición de autos, el cual se sustancia mediante un procedimiento específico:

"En los casos de reposición de autos, el Juez ordenará la práctica de certificación en la que se hará constar la existencia anterior y la falta posterior del expediente. Queda facultado el juzgador para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios que no sean contrarios a la moral o al derecho. Si la pérdida es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen y quedará sujeta a las sanciones previstas por el Código Penal. Contra la interlocutoria que dicten los Jueces de Distrito en el incidente de reposición de autos, procede el recurso de revisión."

Un caso más es la acumulación de autos en el amparo indirecto, incidente que, conforme al numeral 62 "suspenderá todo el procedimiento en los juicios de que se trate, hecha excepción de los incidentes de suspensión" y que se sustanciará mediante un procedimiento específico previsto en los artículos 57 a 64 de la ley en cita. Según se ve, este incidente es de previo y especial pronunciamiento:

"Artículo 62. Desde que se pida la acumulación hasta que se resuelva, se suspenderá todo procedimiento en los juicios de que se trate, hecha excepción de los incidentes de suspensión".

Un ejemplo último, para efectos de este recuento sumario y meramente ilustrativo: el incidente de objeción de falsedad de documentos regulado en los artículos 153 y 154 de la Ley de Amparo, que dado su trámite especial debe estimarse igualmente de especial pronunciamiento:

"Artículo 153. Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.

"Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.

"Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente de (sic) la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario."

"Artículo 154. La audiencia a que se refiere el artículo siguiente y la recepción de las pruebas, serán públicas."

Por otra parte, en el tercer párrafo del artículo 35 en comento, se dispone que las cuestiones incidentales que por su propia naturaleza sean de previo y especial pronunciamiento y que no estén dentro de la regla del primer párrafo, se resolverán de plano, sin sustanciación alguna, dentro del mismo expediente.

Según la academia, el verbo sustanciar significa: "Conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta ponerlo en estado de sentencia" y la expresión de plano: "Dicho de aceptar una resolución judicial: sin trámites."

Así, lo que este dispositivo previene es que fuera de las cuestiones específicamente regladas, las demás incidencias que por su naturaleza ameriten suspender el procedimiento, serán resueltas sin mayor trámite, sin necesidad de agotar un procedimiento específico.

Esto es comprensible: en aras de la celeridad procesal, el legislador previó un sistema expedito y pronto para la resolución de los juicios de amparo, en el que, salvo casos expresamente señalados, no hubiera mérito para el retraso en el dictado de la sentencia final, fincado en el examen de cuestiones procedimentales previas.

¿Cuándo una cuestión incidental, por su propia naturaleza, puede reputarse como de previo pronunciamiento? La respuesta es netamente procesal: será de previo pronunciamiento y, por ende, suspenderá el procedimiento aquel incidente sin cuya resolución es absolutamente imposible de hecho o de derecho sustanciar en la demanda y emitir pronunciamiento de fondo.(10)

En el mismo tercer párrafo, se previene también que las cuestiones incidentales que por su naturaleza no sean de previo pronunciamiento ni estén consignadas en la ley como de trámite, especial en términos del primer párrafo, se resolverán en la definitiva; esto es, a contrario sensu, pertenecen a esta clase todas aquellas cuya falta de resolución anticipada no hace imposible el dictado de la sentencia definitiva.

De un recuento de lo expuesto hasta el momento, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

I. El artículo 35 de la Ley de Amparo establece un sistema amplio de admisibilidad de las cuestiones incidentales, pues en verdad no prohíbe el planteamiento de ninguna incidencia en ninguna de las dos vías del juicio de garantías, directa o indirecta, sino que enuncia la posibilidad de resolver todo tipo de acontecimientos accesorios que se originen en un negocio e interrumpan, alteren o suspendan su curso ordinario; es decir, admite la procedencia de incidentes de cualquier índole.(11)

II. En cambio, sí establece un margen cerrado para la tramitación de incidencias de especial pronunciamiento, pues sólo son admisibles los incidentes de tramitación especial cuando la ley expresamente lo p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19728-6dcf0e3d/incidente-de-falsedad-de-las-firmas-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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