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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN AMPARO INDIRECTO. NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE LOS ARTÍCULOS 293 Y 294 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, QUE PREVÉN EL OTORGAMIENTO DE TÉRMINOS EXTRAORDINARIOS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS FUERA DEL LUGAR DEL JUICIO. TESTIMONIAL. ES ADMISIBLE EN AMPARO INDIRECTO AUNQUE DEBA DESAHOGARSE EN EL EXTRANJERO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2004-PL. · Registro digital (IUS): 19775
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, DÉCIMO TERCERO Y OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 554.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, DÉCIMO TERCERO Y OCTAVO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO TAMAYO VALENZUELA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que el tema jurídico planteado es un tópico de enorme trascendencia y común a la materia del amparo, puesto que trata sobre la admisión en el juicio de garantías de pruebas a ser desahogadas en el extranjero.

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja civil 5/2004, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO-Resulta fundado el recurso de queja que hace valer la recurrente. Los tres agravios que expone la quejosa se estudian en conjunto dada la estrecha relación que guardan entre sí las consideraciones que contienen, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo. Refiere la recurrente que el Juez de Distrito desechó incorrectamente la prueba testimonial que ofreció a cargo de Armando García Canitró, Concepción Durán Rosendo y Ricardo Lorenzo Cortizo para desahogarse en España, dado que tal probanza no está prohibida por la ley, por el contrario, el título segundo, capítulo II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, regula la preparación y desahogo de alguna prueba foránea, ya sea por exhorto o carta rogatoria; además, la misma fue ofrecida conforme a lo dispuesto por los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, pues se anunció con la anticipación requerida y se precisó que se ofrecía para probar dónde se encontraba la quejosa al momento del emplazamiento que reclama, es decir, la ofreció precisamente para probar el hecho que afirmaba. Agrega que el juicio de garantías es de breve y pronta resolución, lo cual no debe llegar al grado de impedirle corroborar los hechos narrados en su demanda de garantías en los que basa sus pretensiones, pues se haría nugatorio el derecho de recibir una correcta administración de justicia. Sostiene que no porque la ley reglamentaria establezca un plazo para ofrecer y desahogar pruebas, deben llevarse a cabo todos los actos procesales en este periodo, pues ello dependerá de cada caso concreto. Se dice que son fundados los argumentos de la quejosa, porque efectivamente, el artículo 150 de la ley de la materia permite que en el juicio de amparo se admitan toda clase de pruebas a excepción solamente de la confesional y las que fueran contra la moral o contra el derecho. Asimismo, en forma alguna tal legislación de amparo o la supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles, limita el desahogo de las probanzas al lugar de residencia del órgano en que se tramita el juicio, sino por el contrario, la última legislación citada dedica el libro cuarto a la cooperación procesal internacional y al respecto su numeral 543 establece que en los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las disposiciones del libro cuarto, las leyes aplicables, y por los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país; asimismo, el artículo 548 hace mención de la práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, al efecto dichos dispositivos señalan: ‘Artículo 543. En los asuntos del orden federal, la cooperación judicial internacional se regirá por las disposiciones de este libro y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenios de los que México sea parte.’. ‘Artículo 548. La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramitan ante tribunales nacionales, podrá encomendarse a los miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este código dentro de los límites que permita el derecho internacional. En los casos en que así proceda, dichos miembros podrán solicitar a las autoridades extranjeras competentes, su cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas.’. Por otra parte, existen ya tratados internacionales firmados por nuestro país los cuales deben ser observados por los juzgadores, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución, que regulan la cooperación internacional que es necesaria cuando un órgano jurisdiccional de un Estado está impedido de actuar en el territorio de otro Estado, pero requiere de la práctica de actos procesales en el territorio de este último, solicitud que se hace a aquél a través de exhortos internacionales, cartas rogatorias o comisiones rogatorias. De la décima primera sesión ordinaria de la Conferencia de La Haya, Holanda, celebrada del siete al veintiséis de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, y concluida el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta, emanó la Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil y Comercial; México suscribió la misma y el decreto de aprobación del Senado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Con anterioridad, nuestro país ya era miembro de la Convención Interamericana sobre recepción de Pruebas en el Extranjero suscrita en Panamá, el treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco, y de su Protocolo Adicional suscrito en La Paz, Bolivia, el veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro. Por tanto, si la Ley de Amparo permite la recepción de la prueba testimonial para acreditar los supuestos que refiere la peticionaria de garantías, es incuestionable que la circunstancia de que la misma deba desahogarse fuera del territorio nacional no impide su admisión y desahogo, pues la legislación supletoria y el derecho internacional privado ya tienen regulada esta situación a través de la suscripción de diversos tratados que establecen la cooperación entre Estados con el fin de realizar actos procesales, como en el caso el desahogo de pruebas cuyo resultado será considerado por el órgano jurisdiccional en el procedimiento correspondiente. Además, la oportunidad de aportar pruebas en cualquier procedimiento es una formalidad esencial inmersa en la garantía genérica de audiencia, según principio rector consagrada en el artículo 14 constitucional que debe ser observada por todo juzgador, por lo que en forma alguna se puede dejar de recibir una prueba con el pretexto de la jurisdicción territorial del órgano que la recibe, pues todas las legislaciones, inclusive la propia Ley de Amparo, prevén actuaciones fuera del lugar de residencia del órgano que conoce del asunto. El artículo 28 de la Ley de Amparo prevé la notificación personal al quejoso privado de su libertad por medio de exhorto, asimismo, los artículos 298 y 543 a 568 del Código Federal de Procedimientos Civiles, regulam las diligencias que no pueden practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que se siga el juicio. No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que se apoyó el Juez de Distrito para desechar la prueba testimonial que ofreció la quejosa para desahogarse en España. En virtud de que los testigos tienen su domicilio en ese lugar y los hechos que pretende probar, se dice que tuvieron verificativo en ese lugar. Dicha tesis se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de dos mil dos, página seiscientos ochenta y dos, y a la letra dice: ‘PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SU ADMISIÓN SI SE PRETENDEN DESAHOGAR EN EL EXTRANJERO.’ (la transcribe). En esencia, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene que no es posible admitir una prueba para desahogarse en el extranjero, pues ello traería como consecuencia el retardo en un juicio de amparo que debe ser de pronta resolución, por lo que se dejaría de observar el principio de expeditez que rige al juicio constitucional. Contrario a lo reseñado, este órgano considera que si bien de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la administración de justicia debe ser pronta y expedita, y en materia de amparo se estableció un juicio de carácter sumario de breve sustanciación y pronta resolución en el que no existe propiamente un periodo probatorio determinado que distinga momentos específicos para el ofrecimiento y admisión de las pruebas, sino que se trata de un periodo difuso contemplado desde la presentación de la demanda y hasta la celebración de la audiencia constitucional, tan es así que el artículo 147 de la Ley de Amparo dispone que en el auto de admisión de demanda de amparo indirecto se pedirán los informes justificados a las autoridades responsables, se notificará del juicio al tercero perjudicado y, asimismo, se señalará fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá ser fijada dentro de los treinta días siguientes; igualmente se estableció en tal ordenamiento que las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, aunque deberán anunciarse previamente la testimonial, la pericial y la inspección judicial a fin de que sean preparadas debidamente; sin embargo, el que tal procedimiento se haya previsto para sustanciarse en forma ágil y rápida, no llega al extremo de impedir el diferimiento de la audiencia constitucional, si para ello existe un motivo suficiente como es el de respetar las formalidades esenciales de todo procedimiento: verbigracia, llamar a juicio al tercero perjudicado, recabar constancias que tuvo a la vista la autoridad responsable al emitir su sentencia y dar oportunidad al quejoso o al tercero perjudicado de probar sus manifestaciones. Así, sobre el principio de expeditez procesal prevalece siempre la garantía de audiencia que implica para el gobernado la oportunidad de defenderse y de probar los supuestos bajo los cuales plantea esa defensa, sin que bajo ningún motivo se pueda contraponer el principio de celeridad del juicio de amparo al de correcta administración de justicia, como lo consideró el Juez de Distrito conforme a la tesis que no comparte ese Tribunal Colegiado, pues subordina al factor tiempo el pleno ejercicio de las garantías individuales consagradas constitucionalmente, como la de audiencia, que es ilimitada. Al respecto, debe precisarse que la garantía de audiencia constituye un principio jurídico de primer orden al que por su importancia deben subordinarse otros principios como el de celeridad en los juicios, que si bien encuentra igualmente sustento constitucional en el diverso artículo 17, aquel que aquí se defiende es de primer orden, pues es la base de todo procedimiento jurisdiccional legal y justo; en cambio, el tiempo que incuestionablemente invierten las partes con motivo del juicio, constituye tan sólo un acto de molestia consustancial a todo acto de autoridad, factor que debe asumirse en aras de la salvaguarda de los valores fundamentales, como son la vida, la libertad, las propiedades, posesiones y derechos sustantivos que se deducen en los juicios. Por lo anterior y en observancia de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página ciento treinta y tres, que dice: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (la transcribe). Por consiguiente, ante la contradicción de criterios que se advierte sobre la misma materia, este tribunal considera procedente, de conformidad con los artículos 196 y 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hacer la correspondiente denuncia de posible contradicción de tesis, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fije el criterio que debe prevalecer. En otro orden de ideas, se destaca que la Ley de Amparo no admite la aplicación supletoria del artículo 293 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en razón de que como quedó establecido en párrafos que anteceden, el procedimiento del juicio de amparo es sumario y en él no se distinguen diversas etapas que van sucediendo una a la otra, como en el caso de la ley adjetiva civil federal que dispone una etapa para llamar a juicio al contrario, el cierre de la litis con la contestación de la demanda y posteriormente la etapa de pruebas dividida a su vez en los periodos de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas en periodo ordinario y extraordinario, y finalmente formulación de alegatos; a diferencia de ello, en el juicio de amparo todas estas etapas inician con la admisión de demanda y concluyen con la celebración de la audiencia constitucional y durante este lapso las partes en el juicio biinstancial están en aptitud de ofrecer las pruebas que consideren pertinentes. En esta tesitura, si los artículos 293 y 294 del Código Federal de Procedimientos Civiles que se relacionan entre sí, refieren que el promovente del juicio está en aptitud de solicitar plazos extraordinarios para la práctica de diligencias fuera del lugar del juicio, que van desde dos hasta siete meses, pero condiciona el otorgamiento de estos plazos extraordinarios a que se soliciten dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que abra a prueba el juicio, es indudable que todo ello se determina y rige en razón de las diversas etapas procesales en que se divide el procedimiento civil federal; por tanto, si en el trámite del juicio de garantías no existe una fase procesal específica para el desahogo de pruebas, sino que éstas se ofrecen y desahogan en forma difusa desde la admisión de la demanda de amparo hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, con respeto de los requisitos propios de la materia de anunciar con determinada anticipación cierto tipo de pruebas como la pericial, testimonial e inspección ocular; por tal virtud al no existir un periodo determinado de pruebas que pueda denominarse ordinario, tampoco existe un auto específico que abra el juicio a prueba, por lo que la parte interesada en ofrecer una prueba que debe tener lugar fuera de la residencia del juzgado del conocimiento no tiene obligación de solicitar los términos extraordinarios, únicamente cumplir con los requisitos que establece el artículo 151 de la Ley de Amparo consistentes en anunciar la testimonial, pericial o inspección judicial con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional. En las condiciones anotadas, al resultar fundados los agravios expuestos por la recurrente, procede declarar fundado el recurso de queja materia de esta resolución."

TERCERO. Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja civil 10/2002-13, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Resulta inoperante el agravio hecho valer por el recurrente, relativo al desechamiento de la prueba testimonial a cargo de Benigno Justo Antas, ofrecida por aquél para ser desahogada en el país de España (provincia de Orense, Galicia), pues independientemente de los argumentos vertidos en contra de la determinación impugnada, este Tribunal Colegiado estima que, conforme a la Ley de Amparo, jurídicamente es improcedente la admisión de tal prueba en los términos precisados. Para explicar la anterior proposición, es menester tener presente que el juicio de amparo fue concebido por el legislador como un juicio extraordinario que tiene como misión la protección de las garantías individuales de los gobernados frente a los gobernantes; lo anterior implica que no es una instancia más para decidir las controversias suscitadas en relación con la normatividad positiva secundaria. Y dado el objeto del juicio constitucional, en su regulación imperan principios procesales como, entre otros, el de expeditez o celeridad y el de economía procesal, en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es evidente que en la decisión de controversias sobre derechos sustantivos la justicia debe ser pronta y expedita, con mayor razón debe ser en tratándose de los derechos primarios de la persona previstos en la Constitución como derechos subjetivos públicos o garantías individuales; y, de manera concreta, tiene aplicabilidad en razón de que el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad estatal se ejerce por órgano jurisdiccional y por vía de acción, por lo que la administración de justicia en materia de amparo debe ser expedita. De suerte que si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, la Ley de Amparo fija esos plazos y términos, con orientación constitucional, en procuración de que haya celeridad en el juicio de garantías. Así, dicho principio de celeridad en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, que es el que al caso interesa, se constata desde que, por principio general, el Juez de Distrito deberá resolver si admite o desecha la demanda dentro del término de veinticuatro horas contadas desde su presentación (artículo 148 de la Ley de Amparo). Y aun cuando la ley de la materia, para no hacer nugatorio u obstaculizar el acceso al juicio constitucional por meros tecnicismos jurídicos, prevé que el juzgador federal prevenga al promovente cuando advierte alguna de las irregularidades precisadas en el numeral 146 de la misma, éste cuenta con un término de no más de tres días para tal efecto. Asimismo, la audiencia constitucional deberá señalarse para celebrarse a más tardar dentro del término de treinta días (artículo 147). Y las autoridades responsables cuentan con cinco días para la rendición de su informe con justificación, que el Juez de Distrito podrá ampliar si estimara que el caso lo amerita; informe que además deberá rendirse con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la referida audiencia. En lo concerniente a las pruebas en el juicio de amparo, el legislador estableció que, por regla general, las mismas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia de juicio, y aun cuando la documental puede presentarse con anterioridad, ello es sin perjuicio de que el Juez la tenga por recibida en el acto de la audiencia. De manera específica y en lo que aquí interesa, la Ley de Amparo dispone que la prueba testimonial deberá ser anunciada con anticipación a la audiencia constitucional, de modo que el juzgado pueda entregar a las partes copia del interrogatorio para que, al verificarse la audiencia, puedan preguntar a los atestes; tal anuncio de la prueba debe hacerse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el de dicha celebración (artículo 151). Y aun cuando existe la posibilidad de que la aludida audiencia sea aplazada o suspendida, ya sea porque el informe justificado no fue rendido con la apuntada anticipación o porque las autoridades no expidan con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes, dicho aplazamiento será únicamente por el tiempo necesario para satisfacer la oportunidad respecto al conocimiento del informe justificado y para la expedición de copias o documentos, tan es así que en el último caso el Juez Federal debe hacer uso de los medios de apremio y, en su caso, consignar a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato. El análisis de los anteriores preceptos, ponen de manifiesto que el juicio de garantías fue estructurado como un medio de defensa extraordinario, en cuya tramitación debe prevalecer el principio de expeditez o celeridad, sin que pueda avenirse a su sustanciación reglas del procedimiento común en el caso federal sobre dilación probatoria, pues chocaría con su propia naturaleza. En atención a dicho principio, este Tribunal Colegiado estima que la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo, cuando ésta carece de disposición expresa respecto a las formas y procedimientos conforme a los cuales se debe sustanciar y decidir el juicio de garantías, debe realizarse única y exclusivamente en relación a las disposiciones que atañen al curso ordinario y normal del procedimiento, mas no en lo concerniente a las disposiciones que la nombrada ley instrumental prevé para casos extraordinarios, como es lo relativo al desahogo de pruebas en el extranjero que forzosamente requiere el otorgamiento de un término extraordinario de pruebas que, conforme al artículo 293, fracción IV, de la señalada legislación supletoria sería de seis meses y que en la mayoría de los casos esa dilación probatoria se llega a alargar por mucho mayor tiempo. En todo caso, si tal hubiera sido la intención del legislador de amparo, es claro que expresamente hubiera previsto tal situación, en atención a que dicha apertura de tiempo extraordinario de prueba excede aproximadamente en cinco veces más al término que el legislador, dada la naturaleza del juicio de amparo y en consideración al aludido principio de celeridad que lo rige, señaló para la resolución del juicio. Y aun cuando es posible que, de manera excepcional, una prueba pueda ser desahogada fuera del lugar del juicio de amparo, pero dentro del país, a través de exhorto; lo cierto es que este desahogo es posible que pueda llevarse a efecto mediante el diferimiento de la audiencia constitucional que debe celebrarse dentro de los siguientes treinta días, en tanto que para la diligenciación en el extranjero no existe la posibilidad de admitir que se pueda realizar en ese breve término, por lo que el juzgado no está en posibilidades de ordenar el diferimiento de la audiencia para su celebración dentro de los siguientes treinta días como lo especifica la ley, pues ya en este caso se requerirá el otorgamiento de una dilación probatoria de seis meses. Pero, además, en todo caso dicha diligenciación dentro del país se rige por el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que no sucede en el desahogo de una prueba, como la del caso, en que su diligenciación en el extranjero requerirá del cumplimiento de extremos o requisitos diversos a la aludida legislación instrumental supletoria, pues si bien en el citado ordenamiento, en su libro cuarto ‘De la cooperación internacional’, capítulos del I al VI, se prevé la expedición de exhortos o cartas rogatorias internaciones para la diligenciación de notificaciones, recepción de pruebas y otros actos de mero trámite, lo cierto es que en tratándose de la recepción de pruebas en país extranjero para surtir efectos en juicios que se tramiten ante tribunales del país, en dicho libro exclusivamente se regulan los requisitos de forma que deben contener para su expedición, sujetándose en cuanto al fondo o sustanciación a lo dispuesto en los tratados y convenios de los que el país sea parte, además del prolongado lapso extraordinario de prueba que se ha precisado, circunstancias que de haber sido consideradas por el legislador, necesariamente habría previsto en la Ley de Amparo, y si no lo hizo, fue precisamente por la prioridad que otorgó al principio de celeridad en el juicio de amparo. Por ende, se estima que la admisión de la prueba testimonial, para ser desahogada en tierra extranjera, resulta improcedente, por ser contraria al aludido principio de expeditez o celeridad que caracteriza al juicio constitucional, así como el de igualdad procesal de las partes, si se toma en cuenta que el preindicado término extraordinario de prueba de seis meses, previsto en el artículo 293, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además de rebasar de manera notablemente excesiva al previsto para la sustanciación y decisión del juicio de garantías, sujeta al tercero perjudicado a sufrir esa excesiva prolongación del mismo. Razones por las cuales este Tribunal Colegiado considera que en el juicio de garantías es inadmisible la prueba testimonial para ser desahogada en el extranjero, lo cual conduce a confirmar, aunque bajo consideraciones diversas a las vertidas por la secretaria encargada del despacho, el desechamiento de la prueba testimonial ofrecida a cargo de Benigno Justo Antas y José Antonio Mouriño Alonso."

De la sentencia anterior, derivó la tesis siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, junio de 2002

"Tesis: I.13o.C.3 K

"Página: 682

"PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SU ADMISIÓN SI SE PRETENDEN DESAHOGAR EN EL EXTRANJERO. En clara consideración y congruencia con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita, el legislador estableció el juicio de amparo como un juicio extraordinario de breve sustanciación y pronta resolución, óptica desde la cual debe apreciarse que haya señalado que la audiencia constitucional debe celebrarse dentro del término de treinta días a partir del auto admisorio de la demanda, así como que, por regla general, las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en dicha audiencia, debiendo anunciarse previamente la testimonial, la pericial y la inspección judicial. Lo anterior conlleva a establecer que no fue intención del legislador contemplar la posibilidad de que en el juicio de amparo se admitieran pruebas para ser desahogadas en el extranjero, pues de ser así el juicio de garantías se alargaría excesivamente porque, de manera específica, en tratándose de la prueba testimonial, el Juez de Distrito tendría que aplicar supletoriamente el artículo 293, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prevé un término extraordinario de prueba de seis meses, que es excesivamente mayor al previsto para la resolución del juicio de garantías, generándose una situación que pugnaría de manera manifiesta con el principio de expeditez o celeridad que rige a dicho juicio constitucional, por lo que no procede la aplicación supletoria del citado precepto del código federal por estar en abierta pugna con los principios rectores del juicio de amparo.

"Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

"Queja 10/2002. Abraham Marcelino Martínez García. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretaria: Elizabeth León Mares.

"Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 16/2002-PL que fue declarada inexistente por la Segunda Sala en sesión de fecha 17 de enero de 2003."

CUARTO. Por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja civil 49/96, consideró en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. De las copias certificadas relativas al juicio de amparo de donde proviene el presente recurso, las cuales remitió el Juez de Distrito en justificación de su informe y que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se aprecia lo siguiente: Que por escrito de dos de abril de mil novecientos noventa y seis, Juan Ferreiro Andrés, por conducto de su autorizado, ofreció dentro del juicio de garantías en el que tiene el carácter de tercero perjudicado, entre otras pruebas, la testimonial a cargo de Ángel Rodríguez Méndez y Manuel Modesto Fernández Fragua, ambos con domicilio en España y manifestó lo siguiente: (se transcribe). Así también, en diverso escrito del propio promovente ofreció la prueba testimonial a cargo de José Anton Cortés, señalando que dicho testigo también tiene su domicilio en España y manifestó que como el testigo tenía su domicilio en el país de España, ello le impedía presentarlo en forma personal, motivo por el cual solicitaba que se enviara carta rogatoria al lugar señalado para el desahogo de la prueba (foja cuarenta). La secretaria de Acuerdos del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, encargada del despacho por ministerio de ley, acordó las referidas promociones en proveído de treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, teniendo por anunciada la prueba testimonial ofrecida por el hoy recurrente, pero le requirió para que presentara a sus testigos en el local del juzgado el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, apercibiéndolo que de no hacerlo se declararía desierta la prueba, y sin que hubiera lugar a girar las cartas rogatorias solicitadas por el promovente, porque no mencionaba la imposibilidad que tuviera para presentar a los testigos, pues sólo se limitó a decir que era porque el domicilio de aquéllos está ubicado fuera de este país, lo cual no era suficiente, ya que era necesario precisar las causas que le impedían presentarlos (fojas cuarenta y seis, y cuarenta y siete), apoyando su determinación en dos tesis de Tribunales Colegiados de Circuito. Es incorrecta la consideración de la Juez Federal. Así es, como la Ley de Amparo no regula las formalidades y requisitos para ofrecer y desahogar la prueba testimonial; pues el artículo 151, sólo establece que debe anunciarse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar el de la audiencia ni el del ofrecimiento y que se debe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19775-1a3dde3d/pruebas-en-amparo-indirecto-no-son-aplicables-supletoriamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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