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Modo: Corpus Pro

NULIDAD. AUN CUANDO ES IMPROCEDENTE SU EJERCICIO EN FORMA RECONVENCIONAL EN LOS JUICIOS SUMARIOS, ELLO NO IMPIDE EL QUE PUEDA OPONERSE COMO EXCEPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/99. · Registro digital (IUS): 7505
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 687.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: ALFONSO SIERRA LAM.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Los criterios que dieron lugar a la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, son los siguientes:

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 235/99, promovida por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, así como los juicios de amparo directo 508/89 y 212/91, promovidos, respectivamente, por José Inés Iglesias Delgadillo y Alfonso Tessada Alvarado, consideró lo siguiente:

Amparo en revisión 235/99.

"CUARTO.-Los agravios expresados por Gerardo Ramírez Organista y Jorge Fernando Ruiz Pérez, en su carácter de apoderados de la tercera perjudicada Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex Accival, S.A., son sustancialmente fundados.-En efecto, asiste razón a la recurrente en cuanto a que dada la naturaleza de la acción ejercida en la reconvención, ésta no es legalmente posible tramitarla en la vía civil sumaria hipotecaria; ello es así, porque según se advierte de las constancias que obran en el expediente principal (fojas 17, 24 y 33), así como de lo manifestado por los propios quejosos en el punto segundo de antecedentes de la demanda de garantías, plantearon su reconvención para obtener: 'la declaración judicial de nulidad del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria y su convenio modificatorio', que la actora acompañó como documentos fundatorios a su escrito inicial de demanda (véase foja 17 del juicio de amparo); acción que no encuadra dentro de alguna de las hipótesis previstas por los artículos 618 y 669 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco y, por tanto, los demandados no están en posibilidad de acceder a esa vía de privilegio, ya que tales preceptos son limitativos y no enunciativos, así como de aplicación estricta, porque establecen reglas de excepción a las normas generales que rigen la tramitación de los juicios ordinarios, por lo que precluye el derecho del demandado para contrademandar.-Respecto de los juicios sumarios rige el principio de que únicamente es admisible la contrademanda cuando, por su propia naturaleza, deba tramitarse en vía sumaria.-Consideraciones y doctrina acordes a los criterios sustentados por este propio órgano jurisdiccional, en las tesis que se transcriben a continuación, las cuales incluyen, desde luego, los datos de publicación respectivos: 'RECONVENCIÓN. NO SE ESTÁ OBLIGADO A PROPONERLA SI LAS ACCIONES NO SON ACUMULABLES (LEGISLACIÓN DE JALISCO).' (la transcribe).-'VÍA SUMARIA, SU IMPROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).' (la transcribe).-No obsta para arribar a la conclusión que antecede, el argumento vertido por el Juez de Distrito, en cuanto a que de no admitirse la reconvención equivaldría a privar a la demandada del derecho para controvertir la validez del documento fundatorio de la acción; habida cuenta que tal determinación no es veraz, puesto que el juzgador olvida que, según criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nulidad de un acto jurídico (como lo es el contrato fundatorio), puede hacerse valer también como excepción. Sobre el particular son aplicables las tesis emitidas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dicen: 'NULIDAD. PUEDE HACERSE VALER COMO ACCIÓN O EXCEPCIÓN.' (la transcribe).-A mayor abundamiento, cabe agregar que el desechamiento de la reconvención tampoco podría dar lugar, necesariamente, a sentencias contradictorias, puesto que de oponerse por la demandada la excepción de nulidad del documento fundatorio y llegar a declararse acreditada ésta, por sentencia firme que resuelva el fondo del asunto, se estaría ante la presencia de cosa juzgada (artículo 420 del enjuiciamiento civil local) y, por tanto, legalmente no podría darse la posibilidad de que en juicio posterior promovido por la acreedora se resolviera en forma contraria, esto es, que el acto no se encuentra viciado de nulidad. Lo mismo acontecería en el supuesto de que dicha excepción se declarase infundada, pero la consecuencia jurídica sería la inversa, o sea, que el deudor ya no podría obtener en ulterior juicio la declaratoria judicial de nulidad del acto. Estos razonamientos también encuentran su apoyo en el artículo 89 del citado código, que establece: 'La sentencia firme produce acción y excepción contra los que litigaron ...'.-La tesis que se invoca en el fallo recurrido, en el rubro de (sic) no es obligatoria para este colegiado, ya que se emitió por un órgano jurisdiccional de la misma jerarquía, cuyo criterio no se comparte.-De esta suerte, es inconcuso que el Juez de Distrito indebidamente estableció lo contrario, por lo que debe revocarse la sentencia impugnada que concedió la protección constitucional para efectos y, en su lugar, negar el amparo impetrado.-QUINTO.-En atención a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, deberá ordenarse la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la contradicción que al parecer existe entre el criterio sustentado por este Segundo Tribunal Colegiado del mismo ramo y circuito, en la tesis número III.1o.C.75 C, que con el rubro de: 'NULIDAD. ACCIÓN DE. LA PROPUESTA EN VÍA DE RECONVENCIÓN EN JUICIO SUMARIO ES PROCEDENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).', aparece publicada en la página 375, Tomo VIII, julio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejandro Rosales Cárdenas y María Dolores Regalado Huízar de Rosales, contra el acto de la autoridad que se precisa en el resultando primero de esta ejecutoria.-TERCERO.-Denúnciese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis a que se refiere el considerando quinto de esta ejecutoria.-Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.-Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Rodolfo Moreno Ballinas y Gustavo Alcaraz Núñez, con voto particular del Magistrado Gerardo Domínguez. Firman los señores Magistrados presidente y ponente, con la secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.-El voto particular se expresa en los términos siguientes: Disiento del criterio de la mayoría, por las razones que a continuación se precisan.-En principio, la ley no condiciona en modo alguno el ejercicio de la reconvención, por lo que debe estimarse que, en ese aspecto, sigue la tradición española, en cuyo enjuiciamiento se inspira.-Por otra parte, es evidente que el legislador omitió regular de manera específica a la figura jurídica de la reconvención o contrademanda. En consecuencia, para comprenderla es menester acudir a la doctrina. Así, cabe citar a Becerra Bautista, quien en su obra titulada 'El Proceso Civil en México', undécima edición, Porrúa, México, mil novecientos ochenta y cuatro, páginas 59 a 62, sostiene, en lo que interesa: 'Para comprender, doctrinalmente, la reconvención, ante el silencio del legislador, creemos que puede acudirse a la excepción de conexidad, que permite deducir por analogía, la admisibilidad de la demanda reconvencional.-Pallares afirma lisa y llanamente, que nuestra legislación admite tanto las reconvenciones ex eadem causa como las ex dispari causa, pero no aduce texto alguno en qué fundar su aserto. Sodi distingue la compensación que es una excepción, de la reconvención «que es una acción», pero asigna a ésta las características doctrinales que le señala Angelotti. Castillo Larrañaga y De Pina transcriben a Mortara y las disposiciones del código, pero nada aclaran.-En teoría vimos que el derecho canónico admitió la reconvención por conexidad. Por tanto, si en nuestra legislación la conexidad existe cuando hay identidad de personas y cuando las acciones provengan de la misma causa, quiere decir que puede demandarse reconvencionalmente cuando el demandado tenga una acción autónoma derivada de la misma causa; igualmente, podrá reconvenir, cuando las acciones permitan obtener cosas distintas, no obstante ser las mismas.-En el primer caso: si Ticio demanda el divorcio y su mujer contrademanda la nulidad del matrimonio, surgen las dos acciones de la misma causa: El matrimonio.'.-Más adelante, el propio autor agrega que hace tal interpretación analógica, porque tanto la reconvención como la excepción de conexidad obedecen a la misma razón jurídica: La necesidad de evitar sentencias contradictorias y la economía de juicios.-Ahora bien, es cierto que por regla general, la acción de nulidad que se ejerce como acción principal debe ventilarse en juicio ordinario, por no encontrarse prevista en ninguno de los supuestos de los numerales 618 a 641 y 669 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, vigente hasta el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco.-Empero, considero que lo anterior no impide que dicha nulidad se pueda oponer en vía de reconvención, en un juicio sumario, cuando no se pueda desvincular del documento base de la acción principal (causa), pues no debe perderse de vista que mediante la reconvención se pretende dilucidar, dentro del procedimiento, una controversia diversa a la que le dio origen, la cual puede provenir: a) De hechos o situaciones derivados de la misma relación jurídica que motiva el juicio original; o, b) De otros diversos.-En el primero de tales supuestos, existe tal relación de interdependencia entre la controversia original y la reconvención, que sólo resolviéndolas a un tiempo puede evitarse el pronunciamiento de sentencias contradictorias. Tal es el caso, precisamente, de la acción de cumplimiento de un contrato frente a la reconvención por la nulidad del mismo que, de no resolverse así, podría dar lugar a los problemas que en esa hipótesis, según lo establece la doctrina, produce la cosa juzgada.-Por ende, limitar la procedencia de la reconvención, so pretexto de que en el juicio sumario no pueden tratarse cuestiones de nulidad del fundatorio de la acción, equivaldría a privar al demandado del derecho de controvertir las cuestiones inherentes a ese documento que, menester es precisarlo, sirve de base al juicio en el que se le compele a defenderse; esto es, el civil sumario hipotecario; y no obstante que a ello lo obligan, por otro lado, los artículos 273 y 275 del propio ordenamiento legal, que expresamente disponen: 'Artículo 273. El demandado formulará la contestación dentro del término señalado observando en lo conducente lo que se previene para la demanda.-Las excepciones y defensas que se tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación, a no ser que fueren supervenientes.-El demandado que oponga reconvención o compensación, lo hará necesariamente al contestar la demanda; y se dará traslado del escrito al actor, para que conteste en el término de ocho días si el juicio fuere ordinario y cinco si fuera sumario, observándose respecto de éste y del demandado, las mismas reglas anteriormente establecidas.'.-'Artículo 275. Las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo que la demanda y se decidirán en la misma sentencia.'.-La interpretación sistemática jurídica de los anteriores preceptos legales, así como de los citados previamente, permite corroborar que la acción de nulidad, ejercida por la parte quejosa en vía de reconvención, respecto del contrato fundatorio de la acción, resulta procedente.-En efecto, en los artículos 618 a 641 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que contienen las reglas generales de los juicios sumarios, no se hace referencia expresa a la figura jurídica de la reconvención. Sin embargo, el 620 establece categóricamente que la tramitación de tales juicios se sujetará a las disposiciones especiales de este título y, en lo no previsto en él (la reconvención no se encuentra prevista en dicho título), a las reglas generales y disposiciones del juicio ordinario, dentro del cual el artículo 273 del propio cuerpo de leyes, claramente especifica que en la contestación de la demanda se propondrá la aludida reconvención, y que se dará traslado del escrito al actor para que conteste en el término de cinco días, si el juicio fuere sumario. Y como en la especie la acción principal se tramita en esa vía -sumaria hipotecaria-, es incuestionable que debe admitirse la reconvención, sobre todo porque en las reglas establecidas para el juicio hipotecario, contempladas en los artículos 669 al 682 del Código de Procedimientos Civiles que se invoca, no existe alguno que expresamente la prohíba; de ahí que el demandado y ahora quejoso, goza de todas las prerrogativas de defensa que la ley no prohíbe, en la vía a que la actora sujetó el pleito y, considerar lo contrario, equivaldría a privar al demandado del derecho de controvertir el documento base de la acción en el juicio en el que se le compele a defenderse, no obstante que el artículo 275 del mismo ordenamiento legal ordena que las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo que la demanda y se decidirán en la misma sentencia.-Por otra parte, no debe perderse de vista que, de acuerdo con conocido apotegma jurídico, donde existe la misma razón debe haber la misma disposición y, por ende, si la nulidad del fundatorio de la acción, el demandado puede hacerla valer como excepción en el juicio sumario, es incuestionable que también puede plantearla como acción reconvencional en el propio juicio, pues no existe justificación alguna para considerar que en uno y otro casos exista diversa razón, ni para considerar que con la excepción y la reconvención relativas se persiga otro resultado que no sea la nulidad del fundatorio de la acción, ilustra sobre el tema, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2209 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Segunda Parte, página 1947 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y ocho, cuyo sumario a la letra dice: 'NULIDAD COMO ACCIÓN Y COMO EXCEPCIÓN.' (la transcribe).-No es óbice para arribar a la conclusión anterior, se insiste, el hecho de que ni en las reglas de procedencia del juicio sumario contenidas en el artículo 618 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, ni en las de procedencia del sumario hipotecario, contempladas en el numeral 669 del propio ordenamiento legal, se autorice específicamente la procedencia de la acción de nulidad y que, por constituir reglas de excepción, éstas deben interpretarse y aplicarse limitativamente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 del Código Civil para el Estado de Jalisco, sustancialmente idéntico al 11 del Código Civil para el Distrito Federal, dado que, merced a tal característica, tales reglas deben, efectivamente, aplicarse en sentido estricto, siempre que se trate de acciones deducidas en forma principal, pues a éstas se refiere generalmente el ordenamiento legal en consulta.-Empero, cuando la acción ejercida sea reconvencional (cuyo ejercicio, según se planteó al inicio de este voto, no se encuentra condicionado en forma alguna por la ley) y no encaje perfectamente en el tipo de acciones que deben tramitarse sumariamente, en términos de los mencionados artículos 618 y 669 del ordenamiento legal en cita, deberá ponderarse, primeramente, si aquélla tiene estrecha vinculación con la principal, dado que, de ser así, deberá admitirse en la vía sumaria y tramitarse y resolverse en la misma sentencia, tanto porque ambas (nulidad y cumplimiento) derivan de la misma causa (el control), como por economía procesal e inmediatez en los juicios, y porque sólo de esa forma es posible, en tales casos, evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, con los consecuentes problemas que en esos supuestos produce la cosa juzgada, y que pueden evitarse mediante la reconvención, según lo establezca la doctrina.-Tampoco deja de advertirse que este tribunal ha sustentado la tesis de rubro: 'RECONVENCIÓN. NO SE ESTÁ OBLIGADO A PROPONERLA SI LAS ACCIONES NO SON ACUMULABLES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).', transcrita en el voto de la mayoría.-Sin embargo, me parece que dicha tesis se encuentra equivocada, porque interpreta, sin mencionarlo, el artículo 27, párrafo segundo, del código procesal civil local, el cual establece que no podrán acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias. Empero, como dice Alsina, dicha regla no es aplicable en la reconvención, porque siendo ésta una contrademanda, que puede tener su origen en la misma o en distinta relación jurídica, ocurrirá a menudo que ambas pretensiones se contradigan."

Amparo directo 508/89.

"CUARTO.-Los conceptos de violación transcritos en el considerando anterior, que se estudian en forma conjunta por estar interrelacionados, son unos fundados y otros infundados, por las siguientes razones: Resultan sustancialmente fundados aquellos conceptos en los que el quejoso sostiene que la Sala responsable viola en su agravio, por indebida valoración de pruebas, los artículos 286, 391, 392, 395 y 411, fracción II, del código procesal civil del Estado, así como por omitir la aplicación de los artículos 1715, fracciones I y III, 1755, 2234 y 2235 del Código Civil del Estado, pues como acertadamente lo sostiene el peticionario de garantías, la ad quem realizó una inexacta valoración de la prueba testimonial ofrecida por el actor en el juicio de origen, hoy tercero perjudicado, y dentro de la cual rindieron declaración los testigos María Cleofas Morfín Zambrano y José Guadalupe Gallardo Cruz (fojas 39 y 39 vuelta de autos del juicio de origen), pues con base en dicha probanza, la ad quem arribó a la errónea conclusión de que existía contrato de compraventa celebrado entre el actor y el demandado en el juicio de origen, así como la hermana de este último, respecto del inmueble materia de la litis cuando, por el contrario, como lo hace notar el peticionario de garantías, de las declaraciones de tales testigos no se aprecia que éstos hayan depuesto acerca de los elementos esenciales del presunto contrato ni, por tanto, sobre los hechos sujetos a prueba, ya que en sus declaraciones no se refieren a compraventa alguna, no identifican el inmueble, ni señalan que fue el precio pactado por la compraventa; además, al contestar a la segunda pregunta directa del interrogatorio, formulada en los siguientes términos: 'que diga el testigo si es cierto y le consta que el señor Gutiérrez Tavares ocurría a la casa del señor José Inés Iglesias Delgadillo a pagar los abonos del lote marcado con el número 2623 de la calle Francisco de Ayza, del Sector Libertad', la primera de los testigos manifestó no constarle que el abono se lo haya hecho al señor Inés, ya que no conocía a éste, y el segundo de los declarantes dijo que se quedó afuera del domicilio del señor José Inés, al que no conoce y cuando salió el señor González Tavares, éste le platicaba que había cubierto un abono relativo a la propiedad donde él vivía; de donde resulta evidente que tales testigos, como lo sostiene el quejoso, no pudieron declarar sobre hechos que conocieran por sí mismos, ni sobre las circunstancias del contrato de compraventa y, por tanto, su declaración no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 411, fracción II, de la ley adjetiva civil del Estado; de ahí que no pueda estimarse acertada la valoración que hiciera la Sala respecto de la referida prueba testimonial. Tiene aplicación al caso, la tesis visible a fojas 869, Cuarta Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: 'PRUEBA TESTIMONIAL.' (se transcribe).-También le asiste la razón al peticionario de garantías al considerar que la Sala viola en su agravio los artículos 391, 392 y 395 del código local de procedimientos civiles, por inexacta valoración de la confesión provocada que éste ofreciera a cargo del actor, hoy tercero perjudicado (fojas 55 del juicio de origen), ya que como lo hace notar el quejoso, al dar respuesta a la tercera posición que le fue articulada, el actor reconoció expresamente que el demandado, hoy quejoso, no había comparecido a firmar el presunto contrato de compraventa, ya que únicamente había sido signado por la medio hermana de éste y dos testigos también; al responder a la cuarta posición, reconoció que en el supuesto contrato (fundatorio) de fecha 14 de junio de 1978, no se hizo constar el precio pactado, admitiendo igualmente, al producir respuesta a la quinta posición, que en el referido contrato no se identificó el terreno que fue materia de la compraventa, confesión que lleva a concluir que tampoco con este elemento de convicción se justifica la celebración del contrato de compraventa, por no acreditarse la existencia de sus requisitos esenciales, como son: el consentimiento del vendedor, la identidad del objeto materia de la compraventa y el precio pactado; confesión que, por otra parte, se advierte es coincidente con lo que afirmó el quejoso al dar contestación a la demanda interpuesta en su contra.-Resulta también fundada la afirmación del quejoso, al sostener que la ad quem se equivoca al determinar que la compraventa quedó acreditada mediante la presunción que ésta deduce, analizando en conjunto las pruebas documentales, de posiciones y testimonial ofrecidas por el actor, hoy tercero perjudicado, concluyendo que: 'sí existió la operación aunque físicamente en principio haya comparecido la hermana del vendedor y, por tanto, no es descabellado que éste (el vendedor) haya otorgado finiquito en el que se da por recibido el precio'; sin embargo, como lo sostiene el quejoso, de las constancias del juicio de origen no se aprecia la existencia de la presunción que advierte la Sala, pues no hay vinculación entre los documentos fundatorios, las pruebas testimonial y de confesión que aportara el actor, hoy tercero perjudicado, para tener por acreditada la compraventa con la presunta obligación de escriturar que se reclama al hoy quejoso, ya que, como ha quedado expresado en párrafos anteriores, no quedó probada la celebración de la compraventa; por otra parte, para que surtiera efectos plenos de prueba de presunciones, requería la existencia de dos hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto aún y que se trata de demostrar, infiriendo del hecho conocido el desconocido, operación lógica que no lleva a cabo el ad quem y que no puede inferirse de las actuaciones del juicio de origen, según razones expresadas anteriormente. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número 228, visible a fojas 646, Cuarta Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: 'PRESUNCIONES.' (se transcribe).-Por los mismos motivos antes señalados, también le asiste la razón al quejoso al afirmar que la Sala viola en su agravio la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional, al omitir aplicar lo dispuesto por los artículos 1715, fracciones I y III, 1755, 2234 y 2235 del Código Civil del Estado, ya que como atinadamente sostiene el peticionario de garantías, no se reúnen los requisitos que señalan los preceptos legales antes citados para tener por justificada la celebración de la compraventa, ya que los documentos fundatorios exhibidos por el actor, hoy tercero perjudicado, según se señaló, adolecen de la falta de firma del vendedor, de la falta de identificación del inmueble y de la falta de estipulación del precio pactado, requisitos que no fueron subsanados a través de las diversas pruebas que aportó al juicio de origen el tercero perjudicado; por otra parte, tampoco se puede considerar que se trate de venta ad mesuram, por no haber otorgado su consentimiento el vendedor y menos aún para la venta de un bien que estuviera plenamente identificado, de donde resulta que tampoco pudo existir precio pactado, pues únicamente se indica precio por metro de un inmueble no determinado.-Por el contrario, resulta infundado el concepto de violación en el que el peticionario de garantías estima violados en su agravio los artículos 273, 275 y 280 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque la Sala confirma la resolución del inferior en la parte que estima improcedente la acción reivindicatoria intentada en forma reconvencional, determinando equivocadamente en su concepto, que tal acción únicamente puede ejercitarse en la vía ordinaria, y no conforme a las reglas del juicio sumario, bajo las cuales se sustanciaba el de origen; sin embargo, no le asiste la razón al quejoso al estimar que la Sala realizó una interpretación equivocada de los citados artículos de la ley adjetiva civil, pues contra lo que éste sostiene, él no se encontraba obligado a ejercitar la acción reivindicatoria precisamente al producir contestación a la demanda, ya que como atinadamente afirma la Sala, no precluye su derecho a tal acción por el solo hecho de no ejercitarla al haber producido contestación a la demanda, toda vez que la correcta interpretación del último párrafo del artículo 273 de la ley adjetiva civil del Estado, lleva a concluir que si bien es cierto que debe proponerse la reconvención al contestar la demanda, ello es únicamente en los casos en que proceda, esto es, en el caso de que la acción que se pretenda ejercitar en forma reconvencional pueda hacerse valer en la misma vía en que se dirima la litis principal, ya que en caso contrario, la acción que tenga el demandado en contra del actor deberá hacerla valer por cuerda separada y por vía idónea; cabe hacer notar que en el caso a estudio, como acertadamente lo sostuvo la Sala, no se da la hipótesis de que las acciones de ambas partes resulten ejercitables en idéntica vía, ya que la acción pro forma que ejercitara la parte actora, hoy tercera perjudicada, debe sustanciarse en juicio sumario, de acuerdo con el artículo 618, fracción IV, de la ley adjetiva civil del Estado, en tanto que la acción reivindicatoria debe intentarse en vía ordinaria, de conformidad con el artículo 266 del ordenamiento legal ya citado.-En consecuencia, evidenciadas las alegadas violaciones de garantías, lo procedente es conceder el amparo solicitado.-Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 103 y 107, fracción VI, de la Constitución Federal de la República, 44, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 76 al 79 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ..."

Amparo directo 212/91.

"CUARTO.-De los conceptos de violación se advierte que el primero de ellos, en el que se alega una violación procesal, es sustancialmente fundado, por ende, de estudio preferente, lo cual conducirá a la concesión del amparo que se solicita, sin necesidad de estudiar los restantes motivos de inconformidad que se expresan, según se pondrá de relieve a continuación. Al efecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 440, publicada en la página 775, Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.' (se transcribe).-En dicho concepto aduce el quejoso que la responsable viola en su perjuicio los artículos 1o., 22, 266, 267, 286 y 618 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, así como los numerales 14 y 16 constitucionales, pues adversamente a lo razonado por el ad quem, la acción intentada por el actor no procedía se tramitara en la vía sumaria, ya que en todas aquellas contiendas que no tengan señalado en el código procesal civil una tramitación especial se ventilan en la vía ordinaria, como lo establece el artículo 267 del propio código. Que como en los juicios sumarios los términos son más restringidos, no pudo apelar el auto en el que se admitió la demanda, por lo que la Sala debió estudiar el agravio relativo a la excepción que sobre la improcedencia de la vía hizo valer en la contestación de la demanda, ya que son disposiciones de orden público que no deben quedar al arbitrio de las partes, con lo cual eran aplicables las tesis que cita en su libelo de amparo.-Es primordialmente fundado el concepto de violación que se alega, pues contrariamente a lo sostenido por la responsable, la vía sumaria ejercitada por el actor es improcedente. Se dice lo anterior, ya que de la lectura de las actuaciones de primera y segunda instancia se colige que el hoy tercero perjudicado Juan José Gutiérrez Moreno, demandó en la vía civil sumaria al hoy quejoso, entre otras prestaciones, el cumplimiento de un contrato de obra a precio alzado, según se desprende del fundatorio de la acción. Ahora bien, para el ejercicio de las acciones, el artículo 618 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco determina todos aquellos asuntos que deben tramitarse como juicios sumarios. Dicho precepto a la letra dice: 'Artículo 618. Se tramitarán como juicios sumarios: I. Aquéllos cuyo interés no exceda de ciento ochenta y dos días de salario mínimo; II. Los que versen sobre pago o aseguración de alimentos; III. Los que versen sobre cualquier gestión relativa a los contratos de arrendamiento o alquiler, depósito, comodato, aparcería, transportes y hospedaje; IV. Los que tengan por objeto la firma de una escritura, la elevación de minuta a instrumentos públicos o a la otorgación de un documento; V. Los que tengan por objeto el cobro de honorarios debidos a peritos o personas que ejerzan una profesión mediante título expedido por autoridad competente; VI. La calificación de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7505-bc269395/nulidad-aun-cuando-es-improcedente-su-ejercicio-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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