ACCIÓN RESCISORIA DE CONTRATO. LA MORA O INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA Y SU ACREDITAMIENTO DEBE SER ESTIMADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO).
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER SOLÍS LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo número 1556/99, interpuesto por Promotora del Cabo, S.A. de C.V., expresó lo que a continuación se transcribe en la parte conducente:
"SEXTO.-Los conceptos de violación hechos valer son fundados pero inoperantes. Por razón de método su estudio se hará en orden distinto al propuesto.
"El acto reclamado se hizo consistir en la sentencia dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco el doce de abril de mil novecientos noventa y nueve, en el toca número 116/99 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución pronunciada por la Juez Décimo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, en el juicio mercantil ordinario número 850/94.
"En el fallo reclamado la Sala del conocimiento estimó infundados los agravios y confirmó la sentencia apelada la que, a su vez, resolvió que la actora carecía de derecho para ejercer la acción de rescisión del contrato de compraventa de diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, dejando a salvo los derechos de aquélla para ejercerlos en la vía y forma que estimara procedentes (fojas 21 del toca y 68 del juicio natural).
"La empresa quejosa aduce que la resolución reclamada es contraria a derecho, porque la Juez natural no podía por sí misma, en su sentencia, hacer valer de oficio excepciones a favor de la demandada, pues ésta, al contestar la demanda, no planteó como excepción o defensa la falta de domicilio para el cumplimiento de las obligaciones de pago en el contrato fundatorio de la acción. Agrega la peticionaria de garantías que tal aspecto debió hacerse valer como excepción, por ser propia y singular del demandado, máxime que, arguye, no se está frente a una excepción impropia.
"De la demanda del juicio natural se advierte que la ahora quejosa demandó a Fidela Rizo Ruiz por la rescisión del contrato de promesa de compraventa, celebrado por aquélla, como vendedora, y esta última, como compradora, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y, como consecuencia, la desocupación y entrega del local objeto del contrato; el pago de la pena convencional; el pago de la cantidad equivalente al veinte por ciento total de la operación a que se obligó la demandada ante el incumplimiento del contrato apuntado; el pago de una indemnización por el deterioro de la finca; el pago de cuotas de mantenimiento, así como de servicios; y el pago de gastos y costas (fojas 1 y 2 del juicio natural).
"Como hechos de la demanda, la actora, entre otras cuestiones, señaló que el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve celebró con la demandada un contrato de promesa de compraventa, respecto del local número B-1 del centro comercial Plaza Marina, Cabo San Lucas, en Cabo San Lucas, Baja California Sur; que la empresa actora se obligó a construir el local de acuerdo a las características descritas en el contrato, mientras que la demandada se comprometió a pagar la cantidad de $64,655.36 USD (sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco 36/100 dólares americanos), mediante un enganche del veinticinco por ciento, el cual se había cubierto parcialmente, mientras que el resto del precio se cubriría en cinco años mediante sesenta amortizaciones iguales y sucesivas, a partir del treinta de mayo de mil novecientos noventa; que la actora entregó el local objeto del contrato y, sin embargo, la demandada no cubrió ni realizó pago alguno del saldo restante, y que actualmente se encuentran vencidas cuarenta y cinco amortizaciones mensuales, más intereses legales y moratorios generados por su incumplimiento, por lo que la prominente vendedora decidió rescindir el contrato de referencia, exigir la devolución del local y demás consecuencias (foja 2 del juicio de origen).
"De lo anterior se evidencia que, tal como lo advirtió la Juez del conocimiento, en el caso, aunque el contrato se denominó como promesa de venta, en realidad se trata de una verdadera operación de compraventa, según lo dispuesto en los artículos 2168 y 2169 del Código Civil para el Estado de Jalisco, vigente en la época de la celebración del contrato y sus correlativos 2248 y 2249 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio de acuerdo con lo establecido en el numeral 2o. de este ordenamiento antes de sus reformas, porque del texto del contrato, así como de lo aseverado por la actora en su demanda, se desprende que hubo convenio expreso sobre la transferencia de la cosa y su precio, aunque en el contrato no se haya especificado que el bien fue entregado ni el precio haya sido satisfecho en su totalidad; máxime que la actora manifestó haber entregado el local materia del contrato (foja 2) y que la demandada lo aceptó en su contestación (foja 17).
"Tiene aplicación la tesis publicada en la página 58, Volúmenes 175-180, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, que dice:
"'COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA, CONTRATO DE.' (la transcribe).
"Expuesto lo anterior, no asiste la razón a la quejosa al aseverar que es incorrecta la resolución reclamada que confirmó la de primer grado, porque en ésta se introdujo oficiosamente una excepción que correspondía hacer valer a la demandada, como lo es la relativa a la falta de domicilio para cumplir las obligaciones de pago en el contrato.
"En efecto, la procedencia de la acción de rescisión de un contrato de compraventa por mora del deudor, como acontece en el caso, generalmente descansa en el acreditamiento de los siguientes elementos: a) la existencia de la obligación; b) la exigibilidad de ésta; y c) el incumplimiento del deudor, en el entendido de que respecto de este elemento se ha considerado suficiente que el acreedor afirme la existencia de tal incumplimiento, pues conforme a las reglas que regulan la prueba corresponde al deudor demostrar el cumplimiento. Sin embargo, en aquellos casos en que se omitió convenir en el contrato base de la acción el lugar donde debería realizarse el pago, el incumplimiento del deudor constituye tan sólo uno de los elementos integrantes de la referida acción y no es suficiente, junto con la existencia de la obligación y su exigibilidad, para tener por integrados los elementos de la acción intentada, sino que conforme al artículo 2001 del Código Civil del Estado de Jalisco, vigente en la época del contrato, y su correlativo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, de aplicación supletoria a la codificación mercantil, que establecen que por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, debe exigirse, como un elemento más para la procedencia de la acción, el requerimiento que haga el vendedor-acreedor al comprador-deudor en el domicilio de éste, pues al haberse omitido señalar en el contrato en qué domicilio, en el de la vendedora o en el del comprador, debía cubrirse el precio, es obvio que el comprador se encontró imposibilitado fácticamente de cumplir con la obligación de pago de referencia, imposibilidad que, como bien lo señaló la juzgadora de origen y confirmó el tribunal de alzada, conduce a admitir que no pudo la demandada incurrir en mora, ya que el resultado no se debió a una causa que dependiera de su voluntad.
"De lo anterior resulta que si el vendedor-acreedor no probó haber ocurrido al domicilio del comprador-deudor a cobrar el precio de la cosa, y menos acreditó que éste se hubiera negado a pagar, es obvio que no pudo incurrir en mora y, por ende, no quedan debidamente integrados los elementos de la acción para exigir la rescisión de la compraventa, que se sustenta, precisamente, en una mora.
"Así, es inconcuso que al no contener el contrato de compraventa el domicilio para el pago de la obligación, debe entenderse como lugar para ese efecto, el domicilio del deudor, resultando indispensable el requerimiento para tener por integrados los elementos de la acción; elementos que deben examinarse de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de la acción, sin que fuera menester, como lo pretende la quejosa, que se hiciera valer como excepción, ya que tal aspecto no es una excepción propia, en tanto que excluye por sí misma la acción sin necesidad de destruirla mediante la alegación en contrario, por lo que se está en presencia de una excepción impropia, en cuyo caso el Juez está en el deber de estimarla de oficio.
"Por lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 448, Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto:
"'EXCEPCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA; CASO EN QUE NO PROCEDE.' (la transcribe).
"En consecuencia, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo procede denunciar la contradicción de tesis, entre la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y este órgano jurisdiccional, en el criterio de la presente resolución.
"En cambio, sobre lo considerado, este Tribunal Colegiado comparte el criterio de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, identificada como I.8o.C. J/4, visible en la página 1021, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"'PAGO. SU REQUERIMIENTO, ES UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR MORA, CUANDO NO SE SEÑALA EL DOMICILIO EN EL QUE SE DEBE DE CUBRIR EL PRECIO.-La procedencia de la acción de rescisión de un contrato de compraventa por mora del deudor, generalmente descansa en el acreditamiento de los siguientes elementos: a) la existencia de la obligación, b) la exigibilidad de ésta, y c) el incumplimiento del deudor, en el entendido de que respecto a este elemento, se ha considerado suficiente que el acreedor afirme la existencia del incumplimiento, pues conforme a las reglas que regulan la prueba, corresponde al deudor demostrar el cumplimiento. Sin embargo, en aquellos casos en que se omitió señalar en el contrato base de la acción el lugar donde debería realizarse el pago, el incumplimiento del deudor constituye tan sólo uno de los elementos integrantes de la referida acción y no es suficiente, junto con la existencia de la obligación y la exigibilidad de ésta, para tener por integrados los elementos de la acción rescisoria intentada, sino que conforme al artículo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal, el que establece que por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, debe exigirse, como un elemento más para la procedencia de tal acción, el requerimiento que haga el vendedor-acreedor al comprador-deudor, en el domicilio de éste, pues al haberse omitido señalar el domicilio en que se debía cubrir el precio, es obvio que dicho comprador se encontró en la imposibilidad fáctica de cumplir la obligación o pago de referencia; imposibilidad que necesariamente conduce a la admisión de que no pudo incurrir en mora, en tanto que es claro que el resultado no se debió a una causa que dependiera de su voluntad. De tal manera que si el vendedor-acreedor no probó haber ocurrido al domicilio del comprador-deudor a requerirle el pago del precio de la cosa, y menos acreditó que éste se hubiera negado a pagar, es obvio que el deudor no pudo incurrir en mora y, por ende, no quedan debidamente integrados los elementos de la acción para exigir la rescisión de la compraventa, con apoyo precisamente en una mora en la que no se incidió, por lo que debe concluirse que en ese supuesto el requerimiento de pago sí es un elemento de la acción de rescisión por mora.'
"Asimismo, sobre lo externado este tribunal comparte el criterio jurisprudencial sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número 560 aparece publicado en las páginas 402 y 403, Tomo IV, Materia Civil, del más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"'MORA EN LA COMPRAVENTA CUANDO NO SE PACTA LUGAR DE PAGO NI CUMPLIMIENTO SIMULTÁNEO.-Si en un contrato de compraventa no se convino la simultaneidad en la entrega de la cosa y el pago del precio ni se señaló lugar para hacer dicho pago, es aplicable la regla general consignada en el artículo 2082 de Código Civil para el Distrito Federal, en el sentido que establece para ese efecto el domicilio del deudor; lo que lleva a determinar como consecuencia lógica y jurídica que para constituir en mora al comprador, se requiere que el vendedor ocurra a dicho domicilio a realizar el cobro; y si no demuestra ese extremo en el juicio de rescisión que promueva por el impago, no puede prosperar esa cuestión.'
"De igual forma sustenta lo considerado, la tesis publicada en la página 108, Volúmenes 205-216, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, del tenor siguiente:
"'MORA. COMPRAVENTA A PLAZO EN QUE NO SE FIJÓ LUGAR DE PAGO (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).-El artículo 1976 del Código Civil para el Estado de Nuevo León (semejante al artículo 2082 del Distrito Federal), dispone que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, por regla general, salvo que las partes convinieren otra cosa o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley. Por ello, si en el contrato no se fijó lugar de pago, y los actores no probaron haber requerido a los demandados, éstos no incurrieron en mora y la acción rescisoria fundada en incumplimiento, no se acreditó.'
"Los artículos 1976 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y 2082 del Código Civil Federal, citados en las tesis transcritas, están redactados de manera similar que el numeral 2001 del código sustantivo local de Jalisco, antes de sus reformas, aplicables al caso.
"Sobre el estudio oficioso de los elementos de la acción, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 6, publicada en la página 6, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice:
"'ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.-La improcedencia de la acción, por falta de uno de sus requisitos esenciales, puede ser estimada por el juzgador, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de las condiciones requeridas para la procedencia de dicha acción.'."
QUINTO.-Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de dicho circuito, al resolver el amparo directo civil número 84/95, interpuesto por Héctor Armando Rodríguez Espinoza, sostuvo:
"Asimismo, son fundados los restantes conceptos de violación por cuanto que combaten la sentencia reclamada por la infracción al artículo 266 (sic) del Código de Procedimientos Civiles y la indebida aplicación de la tesis jurisprudencial, cuyo rubro es: 'ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE SU IMPROCEDENCIA.', ya que la responsable analiza cuestiones que no fueron materia de la litis y al hacerlo confunde los elementos de la acción con las excepciones y con los presupuestos de la acción.
"En efecto, el artículo 269 del Código Civil del Estado de México expresa que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.
"Por otra parte, hay excepciones propias e impropias. Entre las primeras está la de compensación, espera, prescripción, etcétera, que tienden a destruir la acción en forma directa y éstas no pueden ser estudiadas oficiosamente por el juzgador, puesto que se refieren no sólo a cualquier defensa de fondo que no consista en la simple negación de los hechos afirmados del actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluye sus efectos jurídicos y por lo mismo la acción.
"En cambio, las impropias tienden a destruir la acción por vía indirecta y se refieren precisamente a los presupuestos de la acción, en cuyo caso el Juez puede estudiarlos oficiosamente, aun seguido el juicio en rebeldía, pues éstas se refieren a los elementos constitutivos del juicio, es decir, a los requisitos establecidos por el derecho procesal para que pueda examinarse y decidirse el fondo del litigio y, por ello, ante la inexistencia de uno de esos elementos el Juez debe declararlo de oficio.
"Lo que es acorde al tenor de la jurisprudencia número 1034 visible en el tomo de Jurisprudencias y Tesis Sobresalientes 1955-1963, sustentadas por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:
"'EXCEPCIONES Y DEFENSAS.' (la transcribe).
"En el caso a estudio, la acción fue la de otorgamiento y firma de escritura respecto del inmueble ubicado en la Calle Treinta y Dos número setenta y cuatro, de la colonia Maravillas, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, porque el vendedor originario no había cumplido con el convenio, al no restituirle al comprador el precio, intereses y gastos efectuados en la fecha pactada; y porque en ese convenio estipularon que en caso de incumplimiento se tendría por no hecha la compraventa.
"El demandado no opuso como excepción más que la de inexistencia del convenio porque la firma era falsa, lo que no acreditó.
"Sin embargo, el Juez natural estimó no probada la acción porque el actor no acreditó haber requerido al demandado precisamente en su domicilio, aplicando la norma supletoria que prevé el artículo 1911 del Código Civil.
"La parte quejosa es el actor en el juicio original y arguye que tanto el Juez de primera instancia como la Sala al confirmar el fallo entran al estudio oficioso de temas que no conformaron la litis, ya que el demandado no opuso como excepción la circunstancia de que no había incurrido en mora porque en el convenio no se había pactado lugar de pago y regía la norma supletoria aludida, conforme a la cual el acreedor debe exigir del deudor el pago en el domicilio del deudor.
"Ahora bien, tanto lo estimado en primera instancia como lo resuelto por la responsable al confirmar esa resolución es incorrecto. Porque el tema de que los demandados no habían incumplido por no incurrir en mora, ya que en el convenio no se señaló lugar de pago, se refiere precisamente a una excepción propia, es decir, a una contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurídicos de la acción, o dicho en otras palabras, es una oposición tendiente a impugnar y anular el derecho de la acción, para lo cual era necesario que el demandado lo invocara y así el Juez poder analizarlo. Sin constituir de ninguna manera dicho tema una excepción impropia que aun sin invocarla el demandado puede el Juez estudiarla oficiosamente, pues no se trata de destruir la acción por la inexistencia de los elementos constitutivos del juicio.
"De manera que si, en la especie, la parte demandada no se excepcionó con la circunstancia de que no había incurrido en mora porque en el convenio se había pactado lugar de pago y regía la norma supletoria que prevé el artículo 1911 del Código Civil, conforme a la cual el acreedor debe exigir del deudor el pago en el domicilio del deudor, es obvio que ni el Juez de los autos ni la responsable al confirmar la sentencia de primera instancia podían analizar tal cuestión, pues dicho tema es una excepción propia y para analizarlo era menester que el demandado lo invocara como excepción.
"De modo que si la responsable no consideró lo antes expuesto, la sentencia reclamada es infractora de los preceptos que señala el quejoso, lo que deviene en violatorio del artículo 14 constitucional, por lo que procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, parta de la consideración de que es fundado el agravio del apelante en el sentido de que lo relativo a que no se había pactado lugar de pago y regía la norma supletoria prevista en el artículo 1911 del Código Civil, es una excepción propia que el demandado no invocó y que el Juez no podía estudiar de oficio y hecho lo cual, pero ahora con plenitud de jurisdicción, dicte la nueva sentencia que corresponda."
De la anterior resolución derivó la tesis aislada que a continuación se identifica y transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: I, junio de 1995
"Tesis: II.1o.C.T.1 C
"Página: 448
"EXCEPCIÓN, ESTUDIO OFICIOSO DE LA; CASO EN QUE NO PROCEDE.-La excepción relativa a que el demandado no incumplió con su obligación, por no incurrir en mora ya que en el convenio no se señaló lugar de pago; se refiere precisamente a una excepción propia, es decir a una contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluye los efectos jurídicos de la acción o dicho en otras palabras es una oposición tendiente a impugnar y anular el derecho de la acción, para lo cual es necesario que el demandado lo invoque y así el Juez pueda analizarlo. Sin constituir de ninguna manera dicho tema una excepción impropia que aun sin invocarla el demandado pueda el Juez estudiarlo oficiosamente, pues no se trata de destruir la acción por la inexistencia de los elementos constitutivos del juicio. De tal manera, que si la parte demandada no se excepciona con la circunstancia de que no ha incurrido en mora porque en el convenio no se había pactado lugar de pago y regía la norma supletoria que prevé el artículo 1911 del Código Civil conforme a la cual el acreedor debe exigir del deudor el pago en el domicilio del deudor; es obvio que ni el Juez de los autos ni la responsable al confirmar la sentencia de primera instancia pueden analizar tal cuestión, pues dicho tema es una excepción propia y para analizarlo es menester que el demandado lo invoque como excepción.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
"Amparo directo 84/95. Héctor Armando Rodríguez Espinoza. 8 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Vianey Gutiérrez Velázquez."
SEXTO.-Previamente debe señalarse que es procedente resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, no obstante que el Tribunal Colegiado que preside el Magistrado denunciante -Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito- al resolver el asunto del que deriva la contraposición de criterios, no haya emitido una tesis específica, sino como puede apreciarse de la parte final de la transcripción que se hace de la ejecutoria respectiva en el considerando cuarto anterior, se concretó a hacer suyos los criterios sustentados en las tesis emitidas por otros diversos Tribunales Colegiados -Cuarto y Octavo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito-, los cuales difieren de la tesis sustentada por un tercero -anterior Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito- en relación al tema.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada de la actual Segunda Sala:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, febrero de 2000
"Tesis: 2a. VIII/2000
"Página: 282
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE, SI LA DENUNCIA PROVIENE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE, SIN EMITIR DIRECTAMENTE UNA TESIS, HACE SUYA LA SUSTENTADA POR OTRO ÓRGANO COLEGIADO.-De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo y 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que dichos numerales establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustentan los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte, de donde deriva que un criterio judicial puede ser sometido al procedimiento de contradicción de tesis, cuando se sustenta por una Sala de la Suprema Corte o por un Tribunal Colegiado de Circuito, que sea divergente de otro criterio proveniente de otra Sala o de otro Tribunal Colegiado, respectivamente, satisfaciéndose estos requisitos, entre otros supuestos, cuando el órgano denunciante se concreta a hacer suyo el criterio sustentado por un Tribunal Colegiado que difiere de la tesis sustentada por un tercero en asuntos materia de su competencia.
"Contradicción de tesis 85/99-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Noveno, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 4 de febrero del año 2000. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez."
SÉPTIMO.-En consecuencia, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es dable determinar cuál es el que debe prevalecer.
Para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 58, octubre de 1992
"Tesis: 4a./J. 22/92
"Página: 22
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 76/90. Entre los Tribunales Colegiados Primero del Cuarto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito. 12 de agosto de 1991. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Néstor Gerardo Domínguez.
"Contradicción de tesis 30/91. Entre los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos del Primer Circuito en Materia de Trabajo. 2 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Pablo Jesús Hernández Moreno.
"Contradicción de tesis 33/91. Sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 16 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Ramón Gopar Aragón.
"Contradicción de tesis 71/90. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. 30 de marzo de 1992. Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres.
"Contradicción de tesis 15/91. Sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Elías Álvarez Torres."
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no la contradicción de criterios.
De las resoluciones de los Tribunales Colegiados de las que derivó la presente denuncia de contradicción de tesis, se desprende:
1. De la ejecutoria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo número 1556/99, interpuesto por Promotora del Cabo, S.A. de C.V., se aprecia que:
a. La quejosa interpuso demanda de amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el recurso de apelación en que se confirmó la resolución del Juez natural en el juicio ordinario mercantil, en la que declaró de oficio que la actora carecía de los elementos para ejercitar la acción de rescisión de contrato de compraventa, pues al no haber demostrado que haya requerido de pago al deudor en el domicilio de este último -ante la ausencia de lugar pactado para el cumplimiento de la obligación-, no quedó acreditado que el deudor se haya negado a realizar el pago y, en consecuencia, haya incurrido en mora, condición esta última que es uno de los requisitos esenciales de la acción pretendida y que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7530-13bf091d/accion-rescisoria-de-contrato-la-mora-o-incumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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