PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 50/98-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: ANTONIO ESPINOZA RANGEL.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RC. 2755/98, sostuvo en esencia lo siguiente:
"CUARTO.-El único agravio hecho valer por Environmental Systems Products, Inc., es fundado, lo que conduce a revocar la sentencia que se revisa.-Es incorrecta la apreciación del Juez de Distrito en la que considera que el acto que la quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable (en el cual se tuvo por reconocida la personalidad de la demandada), constituye una transgresión de carácter intraprocesal y que por ese motivo en su contra procede el juicio de amparo directo, habida cuenta que, si bien es cierto, el más Alto Tribunal de la Federación había venido sosteniendo ese criterio, el mismo fue modificado al resolverse el amparo en revisión 6/95, promovido por G.S. Comunicaciones, S.A. de C.V. por el Tribunal Pleno, por unanimidad de once votos en su sesión privada celebrada el veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, interrumpiendo parcialmente el criterio sustentado en la jurisprudencia número P./J. 6/91, de rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, habiendo determinado igualmente que la votación era idónea para integrar tesis de jurisprudencia; motivo por el cual, atento a lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Amparo, el nuevo criterio adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación restó obligatoriedad a esa jurisprudencia en la parte que fue motivo de modificación, constituyendo un precedente que norma y da directrices a los Tribunales Colegiados de Circuito así como a los Juzgados de Distrito sobre la cuestión tratada, por lo que se debió haber acatado la nueva tesis de nuestro Máximo Tribunal de amparo y a esa conclusión debió haber llegado el Juez Federal; de tal suerte que, en el caso concreto, al no haberse desconocido la personalidad de la parte actora, supuesto en el cual en contra de la resolución que así lo determinara procedería el juicio de amparo directo, porque con ella se estaría dando fin al juicio, sino de la persona que compareció al procedimiento en representación de la demandada, lo correcto era que, una vez agotado el recurso de apelación correspondiente, se interpusiera el juicio de amparo indirecto o biinstancial, tal como lo agotó correctamente la parte quejosa, interpretación que se establece claramente en la nueva tesis que ha quedado identificada con antelación, que se encuentra plasmada en la página 137 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, la cual a la letra dispone lo siguiente: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.»).-Una nueva reflexión sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, conduce a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, para establecer que en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe precisarse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis y, además, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Cabe precisar que la procedencia del amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconoce esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede el juicio cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo.’.-En consecuencia, al ser fundado el agravio externado por la amparista, lo procedente es revocar la resolución que se revisa y siguiendo las directrices establecidas por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se procederá a estudiar los conceptos de violación que hizo valer la empresa quejosa.-QUINTO.-Este tribunal de amparo considera que el tercer motivo de inconformidad que aduce la peticionaria de garantías, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional que impetra.-En él, Environmental Systems Products, Inc., alega que la Sala responsable transgrede en su perjuicio las garantías individuales que se encuentran establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, al reputar inaplicables las diversas tesis que citó en sus agravios, las cuales la quejosa considera se ajustan a la controversia, porque el poder con el que los apoderados de la enjuiciada pretendieron acreditar tal carácter, constaba en una copia certificada y no en la escritura original o testimonio de la misma, en la que el notario público ciento tres del Distrito Federal no hizo constar el número de fojas de que constaba la copia certificada, requisito que, según dice la quejosa, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró como necesario para su validez al igual que el sello y la firma del notario, porque con ello se da certeza y seguridad al documento, evitando que pueda ser sustituido en alguna de sus fojas.-Como ya se dijo, este motivo de queja es fundado, ya que de las constancias que obran agregadas en autos, se constata que al comparecer al juicio ejecutivo mercantil 776/97 ‘B’, tramitado ante el Juzgado Cuadragésimo Tercero de lo Civil, la demandada, Control Ambiental Integral, S.A. de C.V., por conducto de sus apoderados Marielle A. Bello Chapa y Rafael Ruiz Hernández, éstos pretendieron acreditar su personalidad mediante la exhibición de la copia fotostática certificada del poder general que obra en la escritura pública número treinta y seis mil seiscientos cuatro, de fecha trece de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del notario público ciento tres de esta capital (fojas 222 a 225), en la cual se asentó por el fedatario lo siguiente ‘Armando Gálvez Pérez Aragón, notario público número ciento tres del Distrito Federal, certifico: Que esta copia fotostática, es una reproducción fiel y exacta de su original con el que la comparé. Doy fe. México, Distrito Federal, a trece de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.’; corroborándose de esta transcripción que el fedatario público no acató en su totalidad los requisitos a que hacen referencia las diversas tesis que la quejosa cita en su demanda de garantías, como son, en el caso concreto, el de indicar el número de fojas que integran el instrumento cotejado, lo cual se hace necesario, porque con su satisfacción se da certeza y seguridad al documento respecto a las personas que son ajenas al mismo; de que no se introducirán copias ajenas al mismo; además de que tampoco se indicó el número y fecha del que les corresponde, tal como lo exige la fracción IV del artículo 56 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, por lo que ante la presencia de esas deficiencias, la autoridad señalada como responsable no debió otorgarles eficacia probatoria para acreditar la personalidad de los apoderados de la enjuiciada, pero al no hacerlo así, transgredió en perjuicio de la peticionaria de amparo sus derechos individuales.-Sirve de apoyo a lo anteriormente razonado, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tercera Sala, Tomo VIII, julio de 1991, que a la letra dispone lo siguiente: ‘COPIAS CERTIFICADAS. DEBEN OSTENTAR EL SELLO Y LA RÚBRICA DEL NOTARIO PÚBLICO Y ADEMÁS LA CERTIFICACIÓN DEBE ALUDIR AL NÚMERO DE HOJAS QUE INTEGRAN EL DOCUMENTO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO (LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe).-Así también, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia número 184, que aparece publicada en la página 126 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, que dice: ‘COPIAS CERTIFICADAS. PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEBEN OSTENTAR EL SELLO Y LA RÚBRICA DEL NOTARIO PÚBLICO Y LA CERTIFICACIÓN DEBE ALUDIR AL NÚMERO DE HOJAS QUE INTEGRAN EL DOCUMENTO (LEY ORGÁNICA DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE GUERRERO).’ (se transcribe).-En este orden de ideas, al ser fundado el concepto de violación que se ha estudiado, procede conceder la protección constitucional que impetra la quejosa.-Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la resolución que se revisa.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Environmental Systems Products, Inc., por conducto de su apoderado, en contra de la resolución de dieciocho de marzo del año en curso, pronunciada por el Magistrado Vidal Saldaña Alfaro, integrante de la Décimo Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal."
TERCERO.-El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/98, sostuvo en esencia lo siguiente:
"CUARTO.-No procede el análisis de los agravios expresados, en virtud de que en la especie, este tribunal de oficio advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto número 310/97-I, materia del presente recurso, como se verá a continuación y, por ende, resulta innecesario resolver si el Juez de Distrito actuó o no debidamente al negar a la sociedad quejosa, aquí recurrente, el amparo y protección que de la Justicia Federal había solicitado.-Al efecto, debe destacarse que la improcedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que este tribunal examinará de oficio la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del mencionado artículo, en relación con el numeral 114, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu; toda vez que, en el caso concreto, dicha causal de improcedencia cobra actualidad, en virtud de que el acto reclamado constituye una violación al procedimiento y que no tiene una ejecución de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo.-Resulta aplicable al respecto, la tesis jurisprudencial número 819, publicada en la página quinientos cincuenta y siete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DECLARACIÓN DE LA, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN.’ (se transcribe).-De las constancias de autos, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa reclamó de la Décimo Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como ordenadora, y del Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil de esta capital, como ejecutora, la resolución dictada el diez de abril de mil novecientos noventa y siete en el expediente número 1640/96, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Unión de Crédito del Valle de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Mexicana de Desarrollos Empresarial, Sociedad Anónima de Capital Variable, de Félix Edmundo Zepeda Morales y de Fernando Enrique Villalpando Muñoz, así como contra la ahora recurrente, en la que confirmó la sentencia interlocutoria dictada por el referido Juez natural, en la que éste había declarado improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada, aquí recurrente, resolución en la que literalmente se dijo: ‘... II.-Son infundados los motivos de inconformidad que hace valer la demandada en contra de la sentencia interlocutoria de fecha veintisiete de enero del año en curso, que declara improcedente la excepción de falta de personalidad opuesta por la ahora recurrente.-No obstante ser verdad que al oponer la excepción de falta de personalidad, la demandada sostuvo que no se tenía la certeza de que hubiesen sido revocadas las facultades del poderdante de la actora, que confirió el poder en su carácter de interventor-gerente de la sociedad actora, así como que para justificar si se había nombrado o no liquidador, se solicitó se girara oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para tal efecto; no menos cierto es que, como sostiene el propio recurrente, no consta que el a quo hubiese ordenado que se girara el oficio solicitado, omisión que fue consentida por el apelante, dado que no impugnó el auto que ordenaba citar a las partes para oír sentencia interlocutoria, con lo que consintió que dicho fallo, que constituye la materia de esta apelación, se dictara en el estado que guardan los autos.-En esas condiciones, no estando demostrado que el interventor-gerente hubiese dejado de serlo por haberse nombrado liquidador, procede confirmar la sentencia interlocutoria apelada en sus términos, ya que esta Sala carece de elementos de juicio para resolver lo contrario.-III.-No estando el caso comprendido dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 1084 del Código de Comercio, no ha lugar a hacer especial condena en costas.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la sentencia interlocutoria apelada, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil citado al proemio de esta resolución.-SEGUNDO.-No se hace especial condena en costas.-TERCERO.-Notifíquese, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.’.-Al respecto cabe hacer notar, que dicha resolución no tiene una ejecución de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, o de las personas que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, tales como la vida, la integridad personal, la propiedad, la libertad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen ficticiamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus intereses.-En cambio las violaciones intraprocesales, no tienen el carácter de actos de ejecución irreparable, ya que no lesionan por sí los derechos sustantivos del gobernado, puesto que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones puedan trascender al resultando del fallo y ocasionar que éste resulte adverso a los intereses de la parte agraviada.-En los términos expresados, se concluye que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado tutelados por las garantías constitucionales, cuestión que en el caso concreto no sucede porque la resolución impugnada por sí misma no toca tales derechos. Por otra parte, el segundo supuesto se actualiza, esencialmente, respecto de los actos en los que se conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que éstos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que en los casos en los que el agraviado logra el objetivo primordial, tales efectos y consecuencias se extinguen sin ocasionar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado.-Dentro de este segundo supuesto se encuentra el acto reclamado, toda vez que éste sólo tiene efectos intraprocesales que pueden extinguirse en caso de que el recurrente obtenga un fallo favorable a sus intereses; sin embargo, en caso de que no acontezca, es decir, en el supuesto de que la ahora inconforme obtuviera un fallo desfavorable a sus intereses y, por ende, no se extingan los derechos y consecuencias del acto reclamado, ésta podría impugnar la violación reclamada en el juicio constitucional que promueva en contra de la sentencia definitiva que resuelva el juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra por Unión de Crédito del Valle de México, Sociedad Anónima de Capital Variable; de manera que como la resolución que declaró infundada la excepción de falta de personalidad que opuso la ahora recurrente en el referido juicio ejecutivo mercantil, no constituye un acto de ejecución irreparable, es evidente que no procede el amparo indirecto para reclamarlo, puesto que, se reitera, sólo tiene efectos intraprocesales que no afectan los derechos fundamentales que tutela la Constitución.-Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 3/84, sustentada entre el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 232, en la página ciento cincuenta y siete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).-En tal virtud, como la resolución que declaró infundada la excepción de falta de personalidad que opuso el quejoso en el juicio ejecutivo mercantil de referencia, no tiene una ejecución de imposible reparación, sino que se trata de una violación procesal reclamable en amparo directo que eventualmente pueda promoverse en contra de la sentencia que resuelva el multicitado juicio ejecutivo mercantil, debe revocarse la sentencia que se revisa y resolverse que lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías de que se trata, con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción VIII y 114, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Corporación Villalpando Hermanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de actos de la Décimo Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil de esta capital, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta sentencia."
CUARTO.-Por razón de método, debe advertirse en principio, si en el caso existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Quinto y Octavo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito.
Previamente al estudio de la cuestión planteada, debe decirse que al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que dichos preceptos regulan la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica, como forma o sistema de integración de jurisprudencia y que por "tesis" debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el juzgador en la solución de un negocio jurídico.
De igual modo, se ha estimado que para que exista materia sobre cuál pronunciarse, esto es, para que se pueda dilucidar qué tesis debe prevalecer en un caso determinado de contradicción, debe existir cuando menos, formalmente, oposición de criterios jurídicos respecto de una misma situación jurídica controvertida. Asimismo, para que se surta la procedencia de la contradicción, la oposición debe suscitarse entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, pues precisamente esas consideraciones constituyen la tesis sustentada por los órganos jurisdiccionales.
Finalmente, la determinación que se adopte al resolver la contradicción debe precisar el criterio que en el futuro deberá prevalecer con el carácter de jurisprudencia, sin afectar las situaciones jurídicas concretas resultantes de las sentencias opuestas. De lo expuesto, se infiere que para la procedencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 120 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, tesis 178, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Ahora bien, del análisis comparativo de las transcripciones contenidas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, se advierte que existe contradicción de tesis.
Ello es así, ya que en la denuncia que se analiza se surten los requisitos de referencia, toda vez que en las sentencias pronunciadas se emiten criterios que resultan contradictorios, como se pasa a demostrar.
Por una parte, se advierte que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 2755/98, sustentó el criterio relativo a que al no haberse desconocido la personalidad de la parte actora, supuesto en el cual en contra de la resolución que así lo determinara procedería el juicio de amparo directo, porque con ella se estaría dando fin al juicio, sino de la persona que compareció al procedimiento en representación de la demandada, lo correcto era, que una vez agotado el recurso de apelación correspondiente, se interpusiera el juicio de amparo indirecto o biinstancial, apoyando su determinación en la tesis del Tribunal Pleno, cuyo rubro es:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’)."
Por otra parte, se advierte que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 175/98, sustentó el criterio de que el acto reclamado constituye una violación al procedimiento y que no tiene una ejecución de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo, esto es, los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Constitución, por lo que las violaciones intraprocesales no tienen el carácter de actos de ejecución irreparable, ya que no lesionan por sí los derechos sustantivos del gobernado, puesto que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones puedan trascender al resultando del fallo y ocasionar que éste resulte adverso a los intereses de la parte agraviada y que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado tutelados por las garantías constitucionales; por tanto, es evidente que no procede el amparo indirecto para reclamarlo, puesto que, se reitera, sólo tienen efectos intraprocesales que no afectan los derechos fundamentales que tutela la Constitución.
De lo anteriormente reseñado, se conoce que mientras el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se refirió a que el Juez de amparo debió acatar el criterio obligatorio emitido por el Tribunal Pleno en la tesis mencionada; por su parte, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, argumentó en su resolución que los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo cuando afectan directa e inmediatamente los derechos fundamentales del gobernado.
QUINTO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que sustenta este Tribunal Pleno, atento a las consideraciones siguientes:
En primer término, es de señalar que en la Ley de Amparo dos son los sistemas reconocidos para integrar la jurisprudencia obligatoria, según se desprende de lo dispuesto por los artículos del 192 al 197-B de dicho ordenamiento, que establecen lo siguiente:
"Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
"Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustenten en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas.
"También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y de Tribunales Colegiados."
"Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los J
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7096-f921e078/personalidad-en-contra-de-la-resolucion-que-dirime · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES REQUISITO DE FORMA QUE AL OFRECERSE, SE PROPORCIONE EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- REMATE DE BIENES EMBARGADOS. EL DEUDOR PODRÁ LIBERARLOS ANTES DEL FINCAMIENTO DE AQUÉL, SIEMPRE QUE CUBRA LA SUERTE PRINCIPAL, LOS INTERESES Y LAS COSTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- ACCIÓN RESCISORIA DE CONTRATO. LA MORA O INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA Y SU ACREDITAMIENTO DEBE SER ESTIMADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR. (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI LAS PRUEBAS Y ALEGATOS LOS RECIBE UN JUEZ DE DISTRITO Y LA SENTENCIA LA EMITE EN DIVERSA FECHA EL QUE LO SUSTITUYE, ELLO NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- EXCLUYENTES. (s/clave)
- EXPEDIENTE LABORAL. COMPETE A LAS PARTES VELAR POR SU INTEGRIDAD. (1501)
- EXPEDIENTE LABORAL. COMPETE A LAS PARTES VELAR POR SU INTEGRIDAD. (716)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis