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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI LAS PRUEBAS Y ALEGATOS LOS RECIBE UN JUEZ DE DISTRITO Y LA SENTENCIA LA EMITE EN DIVERSA FECHA EL QUE LO SUSTITUYE, ELLO NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PORQUE NO SON ACTOS PROCESALES DISTINTOS, SINO UNO SOLO. CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/98. · Registro digital (IUS): 6900
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO C
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, , Pág. 294.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El criterio que sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, se contiene en su resolución de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho, pronunciada en el recurso de revisión número 139/98, derivado del juicio de amparo 18/98, promovido por Celio Humberto Ramírez Sánchez, por sí y como apoderado de Adriana Alberu Varona, que señala en lo conducente:

"TERCERO. Previamente al examen de los agravios que se hacen valer, este Primer Tribunal Colegiado considera pertinente referirse a la siguiente cuestión jurídica procesal suscitada dentro del juicio de amparo. A fojas 579 del expediente de amparo obra el acta relativa a la audiencia constitucional verificada en el juicio a que se refiere este toca de revisión, la cual se celebró el día veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, siendo presidida por el entonces titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, licenciado Jorge Farrera Villalobos, actuando con la secretaria licenciada María del Carmen Ponce Silva, sin asistencia de las partes; tal acta fue suscrita por dichos funcionarios judiciales y de su contexto se desprende que, declara abierta la audiencia, la secretaria dio cuenta con diferentes constancias de autos, así como con el informe justificado que rindió el presidente de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y las constancias que acompañó a su informe; con el acta de emplazamiento al tercero perjudicado; con el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual ofrece diversas documentales; con el escrito presentado por el apoderado de la persona moral tercera perjudicada, mediante el cual formula los alegatos que le corresponden y las demás constancias del expediente; también consta que el Juez acordó tener por hecha la relación de constancias para los efectos legales consiguientes y como pruebas de las partes, las que aparecen agregadas en autos así como las de la quejosa y tercera perjudicada, que presentaron tanto con el escrito de demanda como con los diversos ocursos ya relacionados; en la etapa de alegatos, el Juez a quo tuvo por reproducidos los que formularon ambas partes señalándose a continuación: ‘Se procede a dictar la resolución siguiente. Doy fe.’ (dos firmas ilegibles). A partir de la foja 580 y hasta la 593 aparece glosada al expediente la sentencia ahora recurrida, mediante la cual se concedió a la quejosa la protección de la Justicia Federal, al finalizar dicha resolución se anotan: ‘Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Torres García, Juez Tercero de Distrito en el Estado y la secretaria con quien actúa y que autoriza, licenciada María del Carmen Alfaro Rodríguez hasta hoy tres de abril de mil novecientos noventa y ocho, fecha en que se terminó el engrose de la presente resolución y lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. C. Juez de Distrito en el Estado. Licenciado Gerardo Torres García. Rúbrica. La secretaria del juzgado María del Carmen Alfaro Rodríguez. Rúbrica.’. Pues bien, de lo expuesto se advierte que mientras la parte inicial de la audiencia constitucional, que comprende lo relativo a la admisión y desahogo de pruebas y la formulación de alegatos, fue presidida por el entonces titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, la sentencia fue emitida por el nuevo titular de ese órgano jurisdiccional, es decir, por una persona física diversa. Lo anterior en opinión de este Primer Tribunal Colegiado, no constituye ninguna irregularidad, ni infracción a las reglas fundamentales del procedimiento del juicio de amparo, ni implica tampoco causa alguna de nulidad de las actuaciones procesales de que se trata. En efecto, no se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia, ya que, como antes se destacó, una vez declarada abierta la audiencia constitucional, la secretaria del juzgado dio cuenta con las constancias de autos y con las promociones de las partes quejosa y tercera perjudicada, acordando el antes titular del juzgado, tener por ofrecidas y recibidas implícitamente, las pruebas a que dichas partes se refieren; igualmente, tuvo por formulados los alegatos de las mismas partes y acto continuo se dictó el fallo correspondiente. Es cierto que la audiencia constitucional se inició el veintiséis de febrero del año en curso; también es cierto que la misma se dio por concluida hasta el tres de abril, ambas de este año, cuando se terminó de engrosar la resolución y lo permitieron las labores del juzgado, pues así se asienta en la parte final de la propia sentencia. Lo anterior, sin embargo, no contraría la última parte del primer párrafo del artículo 155 mencionado, pues a continuación de las fases previas de la audiencia constitucional, fue emitido el fallo correspondiente, que constituye ahora la materia de la revisión. Este precepto legal no previene, expresamente, que dicho fallo deba ser emitido única y exclusivamente por la persona que presidió la audiencia constitucional, ni tampoco dispone la nulidad de dichas actuaciones procesales, por la circunstancia de que sean diferentes los titulares del órgano jurisdiccional de que se trata aun cuando implícitamente, puede considerarse que necesariamente es el titular quien preside la audiencia, el que debe emitir la sentencia; sin embargo, cuando, como en el caso no sucede así, ello no implica la nulidad de dichas actuaciones, dado que, tanto una como otra, fueron practicadas con las formalidades de ley suscritas por los respectivos titulares, el secretario que intervino en cada una de las mismas actuaciones dando fe de lo sucedido y acordado en ellas. Lo anterior lleva a considerar, por lo que toca a la parte inicial de la audiencia, que ésta es válida porque aparece constancia levantada por escrito de que dicha actuación se verificó en los términos en que se desarrolló y aparece suscrita tanto por el Juez como por la secretaria que intervino y que también suscribe, al igual que el titular. No estimarlo de esta manera, lleva a considerar nulas unas actuaciones que por sí mismas son formal y materialmente válidas por estar ajustadas a la ley; pero también lleva, eventualmente, a dejar sin efecto el desahogo de ciertas pruebas que no pudieran ser repetidas por ejemplo, la testimonial, si alguno de los declarantes ya no fuera posible localizar o materialmente imposible que volviera a declarar. Así se invalidarían actuaciones en casos diversos a los previstos expresamente por la ley de la materia, en los términos del artículo 91, fracción IV. En otro orden de ideas, cabe precisar que en el caso tampoco se producen dos actos procesales diversos, quebrantando lo dispuesto por el mencionado artículo 155 de la ley de la materia, ello es así, porque desde el periodo de pruebas, hasta el dictado de la sentencia de garantías en realidad se constituye un solo acto procesal, y si bien, con esto último concluye el procedimiento judicial constitucional, empero, la diferencia de tiempo entre una y otra actuación no viola el principio de seguridad jurídica ni pueden desconocerse que se trate de un solo acto procesal ya que, conforme al artículo 346 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el Juez está en posibilidad legal de dictar la sentencia en un momento distinto del en que inició la audiencia constitucional, por una parte, y por otra, se cumple con aquel principio, pues las pruebas ofrecidas quedaron admitidas y desahogadas, así como formulados los alegatos si los hubo, sin la incertidumbre de que, posteriormente, pudieran ser desconocidas dichas promociones, actuaciones y acuerdos dictados dentro de la audiencia por quien podía emitirlos conforme a la ley."

Esta resolución dio origen a la tesis aislada IX.1o.27 K, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, agosto de 1998. Página 826, que a la letra dice:

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE INFRINGEN LAS NORMAS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI AQUÉLLA FUE CELEBRADA POR EL TITULAR DEL JUZGADO DE DISTRITO Y LA SENTENCIA FUE EMITIDA POR UN NUEVO TITULAR. No se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia, si la parte inicial de la audiencia constitucional, que comprende lo relativo a la admisión y desahogo de pruebas y la formulación de los alegatos de las partes, fue presidida por el titular del Juzgado de Distrito, obrando constancia por escrito de la misma, y la sentencia sea dictada por el nuevo titular de ese órgano jurisdiccional, es decir, por una persona física diversa, toda vez que dicho numeral no previene, expresamente, que la sentencia debe ser emitida única y exclusivamente por la persona (titular) que inició la audiencia constitucional, ni tampoco dispone la nulidad de dichas actuaciones procesales, dado que, tanto una, como otra, fueron practicadas con las formalidades de ley, suscritas por los respectivos titulares y el secretario que intervino en cada una de ellas, dando fe de lo sucedido y acordado en las mismas. La audiencia es válida, porque aparece constancia escrita de que dicha actuación se verificó, los términos en que se desarrolló y está suscrita tanto por el Juez como por el secretario que intervino, dando fe del acto. Además, aquella circunstancia no significa que se trate de dos actos procesales diversos y se quebrante lo dispuesto por el susodicho precepto legal, porque, desde el periodo de pruebas, hasta el dictado de la sentencia, en realidad, se constituye un solo acto procesal; y si bien, con esta última se concluye el procedimiento judicial constitucional, la diferencia de tiempo entre una y otra actuación, no viola el principio de seguridad jurídica ni puede desconocerse que se trate de un solo acto procesal ya que, conforme el artículo 346 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, el Juez está en posibilidad legal de dictar la sentencia en un momento distinto del en que inició la audiencia constitucional por lo que, todo ello, cumple con el principio de seguridad jurídica, pues las pruebas ofrecidas quedaron admitidas y desahogadas, así como formulados los alegatos, sin la incertidumbre de que, posteriormente, pudieran ser desconocidas dichas promociones, actuaciones y acuerdos dictados dentro de la audiencia, por quien podía emitirlas conforme a la ley."

QUINTO. El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en los amparos en revisión 194/97, 313/97, 334/97, 376/97, 2/98, medularmente se precisa:

Juicio de amparo en revisión 2/98:

"PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver este recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracciones VIII, último párrafo y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. En el caso, es innecesario transcribir la sentencia recurrida, así como los agravios que hace valer Martha Susana Martínez Romero, en virtud de que este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, estima que en el caso concreto debe ordenarse la reposición del procedimiento, en virtud de que existe una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías. En efecto, en el caso a estudio, la audiencia constitucional del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, se celebró con la asistencia del licenciado Jorge Quezada Mendoza, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México; y la resolución que se revisa, se pronunció hasta el veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, por el licenciado Javier Cardoso Chávez, Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Ahora bien, el artículo 155 de la Ley de Amparo señala: ‘Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. ...’. Del contenido del precepto antes transcrito, se desprende que la audiencia constitucional se compone en estricto sentido de un solo acto procesal, conformado a su vez por el periodo relativo a la admisión de pruebas y alegatos de las partes y del pedimento del Ministerio Público Federal; y por la sentencia propiamente dicha, sin que exista ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición alguna que autorice la separación de estas dos etapas, ni tampoco se prevé que la audiencia se lleve a cabo por el titular del Juzgado de Distrito en funciones en ese momento y que la sentencia sea dictada por el Juez que lo sustituya, pues de ser ello así, significa que el dictado de la sentencia se verificó fuera de la audiencia constitucional, pues aquélla forzosamente debe ser el acto culminante de ésta, de ahí que, si en el caso la audiencia constitucional fue celebrada inicialmente por el licenciado Jorge Quezada Mendoza y posteriormente se dicta la sentencia por el licenciado Javier Cardoso Chávez, debe estimarse que ello es contrario a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia. Este tribunal comparte el criterio que sostienen el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en las tesis número I.2o.C.4 C y IX.2o.3 K, visibles en las páginas 732 y 344, Tomos IV, agosto de 1996 y III, abril de 1996, ambos de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las cuales se aplican por analogía, del rubro: ‘SENTENCIA DE AMPARO. NO PUEDE DICTARLA EL SECRETARIO DEL JUZGADO SI EL JUEZ DE DISTRITO CELEBRÓ LA AUDIENCIA CONSTlTUCIONAL. De conformidad con los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los secretarios de los Juzgados de Distrito están facultados para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias se hayan celebrado los días en que los Jueces de Distrito de que dependan disfruten de vacaciones, por lo tanto, si la audiencia constitucional fue celebrada por el Juez de Distrito titular del juzgado, el secretario del despacho no puede legalmente dictar sentencia definitiva, toda vez que ésta debe ser pronunciada por su titular.’. Así como la que dice: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SI LA CELEBRA EL JUEZ DE DISTRITO ASISTIDO DEL SECRETARIO CON QUIEN ACTÚA, Y POSTERIORMENTE LA SENTENCIA ES DICTADA POR EL SECRETARIO, ESTE PROCEDER ES CONTRARIO A LAS REGLAS QUE RIGEN EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Y SE DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Del contenido del artículo 155 de la Ley de Amparo se desprende que la audiencia constitucional se compone en estricto sentido de un solo acto procesal, conformado a su vez por el periodo relativo a la admisión de pruebas y alegatos de las partes y del pedimento del Ministerio Público Federal, y por la sentencia propiamente dicha, sin que exista ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición alguna que autorice la separación de estas dos etapas, ni tampoco se prevé que la audiencia se lleve a cabo por el titular del Juzgado de Distrito y que la sentencia sea dictada por el secretario encargado del despacho, pues de ser ello así significa que el dictado de la sentencia se verificó fuera de la audiencia constitucional, pues aquélla forzosamente debe ser el acto culminante de ésta, de ahí que, si en el caso la audiencia constitucional fue celebrada inicialmente por el Juez de Distrito, y posteriormente se dicta la sentencia por el secretario encargado del despacho por ministerio de ley, debe estimarse que ello es contrario a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia, por lo que en términos de la fracción IV del artículo 91, de la propia ley procede revocar la sentencia recurrida y ordenar al Juez que reponga el procedimiento del juicio de amparo, dictando acuerdo con citación a las partes en el que señale nueva fecha para la celebración de la audiencia en la que deberá dictar la sentencia acorde con lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley de Amparo.’. En consecuencia, procede revocar la resolución que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento, para que el Juez Federal dicte acuerdo con citación a las partes, en el que señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en la cual deberá dictar la sentencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Amparo; y hecho que sea, resuelva conforme a derecho proceda. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver los amparos en revisión números 313/97 y 334/97, promovidos por César Alfonso Borboa López y David Romero Gómez, resueltos en sesiones ordinarias de fecha veinticuatro de octubre y veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, respectivamente."

Juicio de amparo en revisión número 376/97:

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, fracción IV y 85, fracción II de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, 38, 29 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. La resolución recurrida se notificó al quejoso recurrente el día diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, y el escrito de agravios se presentó con fecha veintiuno del mismo mes y año, mediando entre ambas fechas como inhábiles los días quince, dieciséis y veinte de noviembre del año próximo pasado, por lo cual resulta oportuno este recurso. TERCERO. La sentencia recurrida es del tenor literal siguiente: (la transcribe). CUARTO. Los agravios esgrimidos por el recurrente son del tenor literal siguiente: (los transcribe). QUINTO. Este Tribunal Colegiado advierte que es innecesario el análisis de los agravios hechos valer por el quejoso, ahora recurrente, tomando en consideración que en el caso se violaron las leyes del procedimiento. El artículo 160, fracción IV de la Ley de Amparo dice: ‘Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso: ... IV. Cuando el Juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley.’. De la lectura de las constancias que obran en el cuaderno de amparo indirecto del que deriva este recurso, aparece a fojas 41 y vuelta, la diligencia relativa a la celebración de la audiencia constitucional verificada el once de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que se asentó que comparecieron a ella el Juez Federal asistido de su secretario que autoriza y da fe; no obstante, al calce de esa actuación se aprecia únicamente la firma del juzgador y no así la del secretario con quien actuó. En esta tesitura, la audiencia constitucional requiere la presencia del Juez y del secretario que la autoriza y dicha presencia sólo tiene una forma de demostrarse posteriormente: que al calce de dicha actuación aparezca la firma de ambos, que debe ser impresa por mandato de ley, de tal forma que la ausencia de cualquiera de las dos firmas invalida la diligencia respectiva y desde luego trasciende en la sentencia recurrida y, si en el caso, la audiencia constitucional carece de la firma del secretario, sin necesidad de abocarse al estudio de los agravios planteados, debe revocarse la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se subsane tal deficiencia formal en la audiencia constitucional que habrá de celebrarse cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley de Amparo y el código procesal civil federal, de aplicación supletoria en el juicio y se pronuncie otra resolución, toda vez que la violación cometida encuadra exactamente en lo previsto en la fracción IV del artículo 160 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, cabe destacar que el artículo 155, primer párrafo de la Ley de Amparo ordena: ‘Art. 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.’. Ese artículo viene a comentario porque en la especie la audiencia constitucional la celebró el licenciado Jorge Quezada Mendoza, en ese entonces Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México y la resolución recurrida la emite el licenciado Javier Cardoso Chávez, si bien con el mismo carácter de Juez de Distrito; sin embargo, legalmente la resolución recaída en el juicio de garantías debe dictarse en la propia audiencia, conforme lo dispone el artículo 155 de la Ley de Amparo y, si en el caso, la audiencia constitucional la dicta un Juez y la resolución recurrida la emite uno diverso, ello deviene en violación a las leyes del procedimiento, pues ello se efectuó en forma diversa a la dispuesta por la ley al no haber sido dictada la resolución recurrida por el Juez que celebró la audiencia constitucional. En mérito de las consideraciones anteriores, procede revocar la resolución recurrida y ordenar reponer el procedimiento a partir de la audiencia constitucional relativa."

Juicio de amparo en revisión 334/97:

"PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VIII, último párrafo y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. En el caso, es innecesario transcribir la sentencia recurrida, así como los agravios que hace valer el quejoso David Romero Gómez, en virtud de que este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo, estima que en el caso concreto debe ordenarse la reposición del procedimiento, en virtud de que existe una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías. En efecto, en el caso a estudio, la audiencia constitucional del trece de mayo de mil novecientos noventa y siete, se celebró con la asistencia del licenciado Jorge Quezada Mendoza, Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad de Toluca, México; y la resolución que se revisa se pronunció hasta el veintinueve de septiembre del año en curso, por el licenciado Javier Cardoso Chávez, Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Ahora bien, el artículo 155 de la Ley de Amparo, establece: ‘Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. ...’. Del contenido del precepto antes transcrito, se desprende que la audiencia constitucional se compone en estricto sentido de un solo acto procesal, conformado a su vez por el periodo relativo a la admisión de pruebas y alegatos de las partes y del pedimento del Ministerio Público Federal; y por la sentencia propiamente dicha, sin que exista ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición alguna que autorice la separación de estas dos etapas, ni tampoco se prevé que la audiencia se lleve a cabo por el titular del Juzgado de Distrito en funciones en el momento y que la sentencia sea dictada por el Juez que lo sustituya, pues de ser ello así, significa que el dictado de la sentencia se verificó fuera de la audiencia constitucional, pues aquélla forzosamente debe ser el acto culminante de ésta, de ahí que, si en el caso la audiencia constitucional fue celebrada inicialmente por el licenciado Jorge Quezada Mendoza y posteriormente se dicta la sentencia por el licenciado Javier Cardoso Chávez, debe estimarse que ello es contrario a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia. Este tribunal comparte el criterio que sostienen el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en las tesis número I.2o.C.4 C y IX.2o.3 K, visibles en las páginas 732 y 344, Tomos IV, agosto de 1996 y III, abril de 1996, ambos de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las cuales se aplican por analogía, del tenor literal siguiente: ‘SENTENCIA DE AMPARO. NO PUEDE DICTARLA EL SECRETARIO DEL JUZGADO SI EL JUEZ DE DISTRITO CELEBRÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (la transcribe). Así como la que dice: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SI LA CELEBRA EL JUEZ DE DISTRITO ASISTIDO DEL SECRETARIO CON QUIEN ACTÚA, Y POSTERIORMENTE LA SENTENCIA ES DICTADA POR EL SECRETARIO, ESTE PROCEDER ES CONTRARIO A LAS REGLAS QUE RIGEN EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Y SE DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’ (la transcribe). En consecuencia, procede revocar la resolución que se revisa y ordenar la reposición del procedimiento, para que el Juez Federal dicte acuerdo con citación a las partes, en el que señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en la cual deberá dictar la sentencia, acorde con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Amparo y hecho que sea, resuelva conforme a derecho proceda."

El juicio de amparo en revisión 313/97:

"PRIMERO. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver este recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracciones VIII, último párrafo y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. En el caso, es innecesario transcribir la sentencia recurrida, así como los agravios que hace valer César Alfonso Borboa López, en virtud de que este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, estima que en el caso concreto debe ordenarse la reposición del procedimiento, en virtud de que existe una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías. En efecto, en el caso a estudio, la audiencia constitucional del siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se celebró con la asistencia del licenciado José María Álvaro Navarro, Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México; y la resolución que se revisa se pronunció hasta el quince de agosto del año en curso, por el licenciado Jorge Quezada Mendoza, Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México. Ahora bien, el artículo 155 de la Ley de Amparo, establece: ‘Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. ...’. Del contenido del precepto antes transcrito, se desprende que la audiencia constitucional se compone en estricto sentido de un solo acto procesal, conformado a su vez por el periodo relativo a la admisión de pruebas y alegatos de las partes y del pedimento del Ministerio Público Federal y por la sentencia propiamente dicha, sin que exista ni en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición alguna que autorice la separación de estas dos etapas, ni tampoco se prevé que la audiencia se lleve a cabo por el titular del Juzgado de Distrito en funciones en ese momento y que la sentencia sea dictada por el Juez que lo sustituya, pues de ser ello así, significa que el dictado de la sentencia se verificó fuera de la audiencia constitucional, pues aquélla forzosamente debe ser el acto culminante de ésta, de ahí que, si en el caso la audiencia constitucional fue celebrada inicialmente por el licenciado José María Álvaro Navarro y posteriormente se dicta la sentencia por el licenciado Jorge Quezada Mendoza, debe estimarse que ello es contrario a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 155 de la ley de la materia. Este tribunal comparte el criterio que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en las tesis número I.2o.C.4 C y IX.2o. 3 K, visibles en las páginas 732 y 344, Tomos IV, agosto de 1996 y III, abril de 1996, ambos de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las cuales se aplican por analogía, del rubro: ‘SENTENCIA DE AMPARO. NO PUEDE DICTARLA EL SECRETARIO DEL JUZGADO SI EL JUEZ DE DISTRITO CELEBRÓ LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.’ (la transcribe). Así como la que dice: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SI LA CELEBRA EL JUEZ DE DISTRITO ASISTIDO DEL SECRETARIO CON QUIEN ACTÚA, Y POSTERIORMENTE LA SENTENCIA ES DICTADA POR EL SECRETARIO, ESTE PROCEDER ES CONTRARIO A LAS REGLAS QUE RIGEN EL TR

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6900-7a26ab60/audiencia-constitucional-si-las-pruebas-y-alegatos-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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