TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES REQUISITO DE FORMA QUE AL OFRECERSE, SE PROPORCIONE EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.
SECRETARIO: ANTONIO ESPINOZA RANGEL.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-La sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en el recurso de queja número 20/95, promovido por Manuel Bernardo Espinoza Barragán, en la parte conducente es del tenor siguiente:
"TERCERO.-El recurrente expresó como agravios, lo siguiente: ‘Por razón de método, cabe advertir en principio que el mandamiento que se impugna viola en perjuicio de los agraviados el contenido y términos del artículo 151 de la Ley de Amparo ya consultada, en tanto que en ninguno de sus párrafos se establece la obligación procesal de que el oferente de la prueba testimonial deba proporcionar el nombre de los testigos; circunstancia por la cual no le es dable al juzgador exigir se le suministren dichos nombres para tener por legal y oportunamente anunciada tal probanza.-Al respecto, es aplicable la tesis que bajo la denominación de: «TESTIMONIAL EN EL AMPARO, NO HAY OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TESTIGOS AL ANUNCIARLA.», aparece a foja 835 del Informe correspondiente al año de 1989, Tercera Parte, Tribunales Colegiados, que a la letra dice: «La Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ninguno de sus preceptos establece que el oferente de la prueba testimonial deba suministrar el nombre, domicilio de sus testigos, por lo que el Juez del amparo debe dejar insubsistente la resolución que aun teniendo por anunciada dicha prueba, condicione a su desahogo a que la oferente señale el nombre y domicilio de los testigos, y en su lugar, dictar otra en la que tenga por anunciada la prueba testimonial ofrecida en forma simple y llana.».-Por otra parte, cabe hacer notar que el acuerdo combatido infringe también las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, pues contrariamente a lo que se sostiene en dicho acuerdo y en la ejecutoria en que pretende apoyar el mismo, procede insistir, en primer término, que ni en el mencionado artículo 151 de la Ley de Amparo en cita, ni en ningún otro precepto de tal ordenamiento reglamentario, se prevé que el oferente de una prueba testimonial esté obligado procesalmente a proporcionar los nombres de los testigos al anunciarla para que tal probanza pueda tenerse por legalmente ofrecida; y, en segundo lugar, porque tal omisión en modo alguno equivale a dejar en estado de indefensión a las otras partes del juicio de garantías, ni impide al juzgador el poder determinar los elementos relativos a la idoneidad de los testigos, ya que en esencia jurídica, carece de trascendencia quiénes sean las personas que comparezcan a la audiencia constitucional a desahogar la probanza de mérito, dado que sólo se requiere que sean aptas e idóneas para testificar, lo que en todo caso determinará el Juez al valorar la prueba, una vez desahogada ésta.-A mayor abundamiento, precisa señalar que el H. Primer Tribunal Colegiado de este mismo Quinto Circuito, reiteradamente ha sostenido que sí es procedente la sustitución de testigos en materia de amparo; situación esta de la que lógicamente es dable concluir que legalmente no es correcto pretender exigir el nombre de los testigos al anunciarse la prueba testimonial, en tanto que, como ya se dijo, en esencia jurídica carece de trascendencia quiénes sean las personas a cargo de quien debe desahogarse tal probanza, tan es así, que inclusive es factible, como también ya se señaló, la sustitución de los testigos inicialmente propuestos en el escrito en que se anunció este medio de prueba.-Lo anteriormente argumentado encuentra apoyo en la diversa tesis que con el título de: «TESTIGOS. SUSTITUCIÓN DE LOS, EN MATERIA DE AMPARO. ILEGALIDAD DEL ACUERDO QUE LA DENIEGA SI LA PROBANZA FUE PROPUESTA EN TÉRMINOS DE LEY.», aparece a foja 768 del Informe antes consultado, y la cual textualmente dice: «Contraviene las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo el acuerdo pronunciado por un Juez de Distrito que deniega la sustitución de testigos propuestos, cuando la prueba testimonial lo fue en términos de ley, motivando su determinación en que de accederse a ello se dejaría en estado de indefensión a las otras partes del juicio de amparo, puesto que, en primer término la Ley de Amparo no prohíbe de manera expresa tal sustitución, pues no existe disposición que así lo establezca; en segundo lugar, porque tampoco puede estimarse que por accederse a la solicitud queden en estado de indefensión las otras partes del juicio de garantías, ya que ello no equivale a ofrecer una prueba distinta de la inicial, que sólo lo sería si se pretendiese modificar el interrogatorio fuera del término establecido por la ley para tener por anunciada en tiempo dicha prueba; además, porque en esencia jurídica carece de trascendencia quiénes sean las personas que comparezcan a la audiencia constitucional a desahogar la probanza de mérito dado que sólo se requiere que sean aptos e idóneos para testificar, lo que en última instancia determinará el Juez al valorar la prueba; y por último, los testigos sustitutos por el hecho de no ser objetados, tampoco deja a las demás partes del juicio de amparo en estado de indefensión porque el procedimiento que rige el juicio de garantías no consigna el incidente de tachas.».-En las circunstancias apuntadas, es incuestionable la ilegalidad del acuerdo en que el señor Juez de primer grado tiene por no anunciada la prueba testimonial ofrecida por el exponente; procediendo en consecuencia que ese H. Tribunal Constitucional declare fundado este recurso de queja, ordenando dejar insubsistente el mandamiento que se combate, y que se dicte otro en que se tenga por anunciada tal probanza en tiempo y forma.’.-CUARTO.-Es fundado el único agravio que formula el recurrente y suficiente para revocar el auto recurrido de fecha veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco, que tuvo por no anunciada la prueba testimonial ofrecida oportunamente por el promovente, al considerar el a quo que es requisito de forma proporcionar el nombre de los testigos cuando se ofrece esta prueba.-Por su parte, el recurrente dice: Que la omisión de proporcionar los nombres de los testigos al ofrecer esta prueba no impide al Juez Federal poder determinar la idoneidad de los mismos, ya que estos elementos deben determinarse al momento de desahogar dicha prueba, al tenor de lo prescrito por el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles.-En efecto, examinada la resolución anterior a la luz del único agravio expuesto por el quejoso, es de estimarse que la consideración del Juez Federal resulta incorrecta, pues como lo aduce el recurrente, el artículo 151 de la Ley de Amparo no establece la obligación procesal de que el oferente de la prueba testimonial deba proporcionar el nombre de los testigos, así como ningún otro precepto de dicho ordenamiento reglamentario; tampoco es cierto que la omisión de los nombres al ofrecer esta probanza, deje en estado de indefensión a las otras partes del juicio de garantías, ni tampoco impide que por esa omisión el juzgador pueda determinar los elementos relativos a la idoneidad de los testigos ofrecidos.-Ciertamente, el artículo 151 de la Ley de Amparo no establece la obligación procesal de que al ofrecerse la prueba testimonial deba indicarse el nombre de los testigos, pues los únicos requisitos que deben satisfacerse, a saber son: Que la prueba sea anunciada cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin que se computen el día del ofrecimiento ni el de la propia audiencia; que se exhiba copia de los interrogatorios al tenor de los cuales serán examinados los testigos y que no sean más de tres testigos por cada hecho, por lo que sólo en el caso de que no se cumplan estos requisitos, podrá el Juez no admitirla.-En referencia a la tesis en que fundamenta el a quo su resolución, este tribunal no comparte el criterio sustentado y estima que al caso es aplicable la diversa tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuya voz dice: ‘PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO, ILEGAL RECHAZO DE LA, POR FALTA DE SEÑALAMIENTO DEL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TESTIGOS.’, y que se encuentra visible en la página 64, Volumen 81, Séptima Época, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, y que a la letra dice: ‘Si el quejoso ofreció prueba testimonial con la observación de que él haría comparecer a los testigos a la audiencia, resulta ilegal la denegación por el Juez de Distrito de la prueba fundada en la falta de señalamiento del nombre y domicilio de los testigos. En primer término, cabe hacer notar que la Ley de Amparo no requiere el señalamiento de esos datos como condición para admitir la prueba testimonial. Por otra parte, aun en el supuesto de que se consideren aplicables supletoriamente las disposiciones relativas del Código Federal de Procedimientos Civiles, en sus artículos 165 y 166, lo cierto es que estos preceptos ni algún otro del referido código exigen al oferente de la prueba testimonial la manifestación de los nombres y domicilios de los testigos, que lógicamente resulta necesaria tan sólo en los casos en que el Juez Federal deba citar personalmente a esos mismos testigos, hipótesis que no se surte en las condiciones apuntadas.’.-En tales circunstancias, procede estimar fundado el agravio formulado.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 98 y 99 de la Ley de Amparo; y 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO.-Se declara fundado el presente recurso de queja."
TERCERO.-La sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo en revisión 1613/94 promovido por René Rincón Gordillo, en la parte conducente es del tenor siguiente:
"TERCERO.-La parte recurrente expresa como agravios los siguientes: ‘Primero. El a quo viola en mi perjuicio las normas esenciales del procedimiento, toda vez que en la audiencia constitucional acordó el desechamiento de las pruebas ofrecidas por el suscrito, consistentes en la testimonial y la inspección ocular, para acreditar con la primera la posesión que tengo del inmueble materia de la controversia, y con la segunda a practicarse en dicho departamento, que adminiculada con la testimonial, servirían para corroborar la posesión que detento de la casa que habito; con el argumento incorrecto de que no habían sido ofrecidas con las formalidades de ley, es decir, por no haber señalado sus nombres y domicilios, así como por no haber precisado el lugar o lugares a inspeccionarse del inmueble de mérito. En cuanto al desechamiento de la prueba testimonial, éste es ilegal, toda vez que como se podrá apreciar en el escrito de demanda inicial, me comprometí a presentarlos al juzgado el día y hora que para tal efecto se señalaran, acompañando los interrogatorios correspondientes, como lo dispone el artículo 151 de la ley de la materia; por lo que en todo caso, si no existiese la obligación por parte del suscrito para presentarlos, considero que entonces sí hubiese sido necesario mencionar sus nombres y domicilios para que fueran citados a declarar por el juzgador. Sin embargo, suponiendo sin conceder que en cualquier forma debí señalar sus nombres y sus domicilios, el a quo debió haberme requerido, en todo caso, para que subsanara dicha omisión y no desechándome la prueba, como lo hizo.-Segundo. De igual forma me causa agravios el desechamiento de la diversa prueba de inspección judicial que ofrecí con la finalidad de que el personal del juzgado diera fe sobre la existencia del inmueble y de la persona que lo habita, es decir, de quien tiene la posesión; de ahí que hubiese señalado que dicha prueba tendría que adminicularse con la testimonial que conforme a la jurisprudencia establecida por nuestro Máximo Tribunal es la idónea para acreditar tal evento; por lo que el desechamiento de ambas pruebas contraviene lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, así como los preceptos 165, 166 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por lo tanto, no está debidamente fundado ni motivado dicho desechamiento de pruebas.-Tercero. La sentencia que se impugna viola en mi perjuicio, además los artículos 77 y 78 de la ley de la materia en razón de que el juzgador efectúa una incorrecta apreciación de los hechos. En efecto, esto es así, toda vez que en la parte considerativa que también me agravia, señala que se surte la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que en concepto del juzgador federal, el acto que se reclama ya fue materia de diverso juicio de garantías ventilado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, dentro del expediente 548/93-I, en el cual se sobreseyó respecto de los mismos actos que se reclaman en el presente juicio; a cuyo efecto se remite a la copia de dicha ejecutoria que obra a fojas 223 del expediente; sin embargo, como podrán advertir los señores Magistrados a quienes corresponda resolver este recurso, en el juicio aquel (548/93-I), se dictó sobreseimiento el diecinueve (sic) de octubre de mil novecientos noventa y tres, por considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 4o., ambos de la Ley de Amparo, al estimar que no se me causaba en ese momento ningún agravio directo dentro del juicio original 355/92 del índice de la responsable, ya que no se había dictado aún el mandamiento de ejecución dentro del juicio ordinario de terminación de contrato de arrendamiento, de donde deviene el acto que se reclama, es decir, que como no se había ordenado aún la desocupación del departamento materia de la litis, en el que el demandado lo es Carlos Rincón, no me deparaba agravio alguno todo lo actuado hasta ese momento dentro de dicho juicio, sobreseyéndose en el juicio de garantías por dicho motivo, mas no se analizó en el referido expediente 548/93-I, la constitucionalidad o no del acto que posteriormente se emitió por el Juez Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario en el Distrito Federal (autoridad responsable), y que es precisamente el acto que ahora se reclama en el presente juicio 251/94-I, y que consiste en el auto de ejecución del ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, dictado por la responsable, el cual no obstante que ordenó la notificación en forma personal a Carlos Rincón, ésta se verificó por medio de lista publicada el seis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, fecha muy posterior a la del diecinueve (sic) de octubre de mil novecientos noventa y tres, en que se resolvió el diverso juicio de garantías 548/93-I, como se puede apreciar en la constancia que obra a foja 156 de autos; por lo que, en consecuencia, el sobreseimiento decretado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal no se encuentra debidamente fundado ni motivado, ya que en el presente juicio aun cuando también se reclama todo lo actuado dentro del expediente 355/92 del índice de la responsable, el acto que esencialmente se combate es precisamente el auto de ejecución para llevar a cabo el lanzamiento, emitido en contra de Carlos Rincón el ocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, y que al no haberse aún emitido o al menos notificado personalmente en aquel entonces dentro del juicio 355/92, además de tener el suscrito el carácter de tercero perjudicado (sic), se consideró por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que no me deparaba ningún agravio, concluyendo en el sobreseimiento del juicio 548/93-I, lo que de ninguna manera puede considerarse que este nuevo acto haya sido materia de una ejecutoria de amparo diversa, por lo que la sentencia que se recurre en el presente asunto es ilegal, como lo es también la multa impuesta al suscrito y a sus abogados, consistente en veinte días de salario en el Distrito Federal, la cual, al no estar debidamente fundada y motivada la sentencia recurrida, muchos menos lo puede estar la multa señalada.’.-CUARTO.-En relación con los dos primeros agravios que expresa el recurrente, cabe señalar que resultan inoperantes por las siguientes razones: Por lo que atañe al desechamiento de la prueba testimonial propuesta por el quejoso, debe señalarse que en los motivos de inconformidad se dejan de atacar los fundamentos esenciales del acuerdo desechatorio de dicha prueba, pronunciado en la audiencia constitucional y que hizo consistir la Juez Federal en que el ofrecimiento no cumplió con los requisitos del artículo 151 de la Ley de Amparo, de exhibir todos los interrogatorios para las partes en el juicio de garantías, dentro del término de cinco días previsto en ese numeral, sin contar el día de la propuesta y el de la audiencia constitucional, especificando concretamente a qué partes se destinarían las copias de dichos interrogatorios, consideraciones estas que deben permanecer incólumes como base del referido acuerdo, sin que sea procedente suplir la deficiencia del agravio, por tratarse de un amparo civil que es de estricto derecho y en el que no se advierte una violación manifiesta de algún precepto legal.-Además debe de tenerse en consideración que, contrariamente a lo que manifiesta el recurrente, aun cuando hubiera propuesto a sus testigos comprometiéndose a presentarlos el día de la audiencia constitucional, ello no desestima la necesidad de que se proporcionaran los nombres de los testigos, habida cuenta que la correcta interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo, en concordancia con el principio procesal de certeza jurídica, permite evidenciar que tanto para las partes en el juicio de garantías, como para el Juez Federal del conocimiento, se requiere que se encuentren enterados con precisión de las personas que prestarán sus testimonios, a efecto de poder determinar los elementos relativos a su idoneidad, basados en cuestiones tales como su preparación cultural, su edad, su parentesco o amistad que pudieran tener con alguna de las partes y sobre todo su imparcialidad y espontaneidad que puedan tener en las declaraciones que se rindan ante el juzgador; dándose la oportunidad de preparar en tiempo las repreguntas y la posible impugnación de dicha idoneidad, circunstancias estas que no pueden tenerse por satisfechas si la probanza se ofrece sin indicar los nombres de los testigos, razones todas estas que conllevan a establecer la falta de cumplimiento a las formalidades esenciales del anuncio de la prueba testimonial en el amparo y su correcto desechamiento por la Juez Federal a quo.-En lo concerniente a la prueba de inspección, debe decirse que fue también correcto que se expeliera en el acuerdo dictado en la audiencia constitucional, habida cuenta que no se indicó en su ofrecimiento sobre qué hechos versaría esa probanza, de tal manera que no se pueden tener por satisfechas las formalidades previstas por el artículo 151 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en consideración que la inspección no es prueba apta para acreditar la posesión, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número 216, publicada en la página 628 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de 1985, que textualmente dice: ‘POSESIÓN. NO PUEDE PROBARSE POR LA INSPECCIÓN OCULAR.-La prueba de inspección ocular no es bastante para acreditar el hecho de la posesión de un inmueble.’.-QUINTO.-Los motivos de inconformidad expresados en contra de la sentencia sujeta a revisión son inoperantes porque aun cuando sea cierto que al haberse promovido el diverso juicio de garantías número 548/93, del que conoció la Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, no se había dictado en el juicio natural auto de ejecución, ya que la demanda del diverso juicio constitucional se presentó el cuatro de octubre del año próximo anterior, en tanto que el auto de ejecución se pronunció el día ocho de octubre del citado año, ello no es causa eficiente para provocar la revocación de la sentencia recurrida. En efecto, si bien no se trataba en ambos juicios de garantías de los mismos actos reclamados, dado el pronunciamiento ulterior del auto de ejecución emitido en el juicio natural, ello sólo puede traer como consecuencia la inaplicabilidad de la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, pero no hace procedente el juicio constitucional, dada la operancia de diversa causal que se precisará en líneas posteriores.-Se afirma lo anterior porque el quejoso, con los elementos que aportó en el juicio de garantías, no acreditó tener la posesión del inmueble materia de la controversia en el juicio natural. En efecto, como constancias para tratar de demostrar su posesión, el quejoso exhibió recibos de rentas fechados en los años de mil novecientos ochenta y uno a mil novecientos ochenta y siete, que refieren a una etapa anterior a la celebración del contrato fundatorio de la acción en el juicio natural que fue de fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, según se advierte de las copias certificadas del juicio origen del amparo que obran en el expediente seguido ante la Juez Federal y que tienen plena eficacia probatoria, con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, y que descartan el alcance probatorio de los instrumentos privados a que se ha hecho mérito. Asimismo, los recibos de pago de servicio telefónico que se aportaron, no pueden ser elementos probatorios para acreditar la posesión que se arguye por el quejoso, habida cuenta que sólo son demostrativos de la celebración del contrato de suministro de ese servicio, el cual es independiente de la detentación de un inmueble.-No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que las actuaciones que informan al juicio natural desvirtúan los motivos de su inconformidad expresados por el quejoso y las susodichas pruebas documentales privadas, en virtud de que no puede establecerse que el inconforme cuente con la posesión del inmueble controvertido, si se advierte que el demandado en el juicio natural fue emplazado en dicho domicilio, reconoció tener la posesión al contestar la demanda instaurada en su contra e inclusive, mediante promoción presentada el siete de octubre del año próximo pasado ante el Juez de la causa, señaló como domicilio el ubicado en el departamento cuatro del edificio número cincuenta y seis de las calles de Doctor Enrique González Martínez, colonia Santa María La Ribera de esta ciudad, constancia que obra a fojas ciento cincuenta y siete del expediente del juicio de garantías.-Por las anteriores razones, queda patente que el quejoso no probó tener la posesión que argumenta, de tal forma que no demuestra que los actos reclamados afecten su interés jurídico, motivo por el cual se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo y cobra aplicación la jurisprudencia número 70, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis número 8/90, publicada en la página 20 de la Gaceta Número 32, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: ‘POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUÉLLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PÁGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985).-De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica.’.-Las anteriores consideraciones y fundamentos son suficientes para confirmar el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo.-En lo concerniente a las multas impuestas al quejoso y a sus abogados, en el fallo recurrido, cabe indicar que encuentra su fundamento en el artículo 81 de la Ley de Amparo y que se basa en consideraciones no impugnadas, que se hacen consistir en que, según criterio de la Juez de Distrito, el juicio de garantías se promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto del que emana y de entorpecer la ejecución de la resolución respectiva, de tal manera que si no se atacan estos fundamentos esenciales, no hay causa eficiente para modificar la imposición de dicha sanción, máxime si se está confirmando por diversa causa el sobreseimiento del juicio de garantías.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.-SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por René Rincón Gordillo, contra los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, reclamados del Juez Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario y del director de la Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, ambas autoridades dependientes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.-TERCERO.-Se imponen al quejoso y a sus abogados las multas precisadas en el segundo punto resolutivo del fallo recurrido."
CUARTO.-Por razón de método debe advertirse, en principio, si en el caso existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero del Quinto Circuito y por el Tercero en Materia Civil del Primer Circuito.
Por una parte, debe decirse que del análisis realizado al considerando segundo de esta resolución, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la resolución que pronunció al resolver el recurso de queja 20/95, sustentó el criterio de que el artículo 151 de la Ley de Amparo no establece la obligación procesal de que el oferente de la prueba testimonial deba proporcionar el nombre de los testigos, así como ningún otro precepto de dicho ordenamiento reglamentario, y que la omisión de los nombres al ofrecer dicha probanza, deje en estado de indefensión a las otras partes del juicio, ni que con ello se impida al juzgador determinar los elementos relativos a la idoneidad de los testigos.
El anterior criterio dio origen a la tesis:
"PRUEBA TESTIMONIAL. OFRECIDA EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN DE SEÑALAR EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS, NO ES MOTIVO PARA SU DESECHAMIENTO.-El artículo 151 de la Ley de Amparo no establece la obligación procesal de que al ofrecerse la prueba testimonial, se deba indicar el nombre de los testigos, pues los únicos requisitos que deben satisfacerse, a saber son: que la prueba sea anunciada cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin que se computen el día del ofrecimiento ni el de la propia audiencia; que se exhiba copia del interrogatorio al tenor del cual serán examinados los testigos y que no sean más de tres testigos por cada hecho; por lo que, sólo en el caso de que no se cumplan estos requisitos, podrá el Juez no admitir la prueba. Por lo que resulta incorrecta la consideración del Juez de Distrito de desechar la prueba testimonial porque no se proporcionó el nombre de los testigos."
Por otra parte, del análisis realizado al tercer considerando de este fallo, se infiere que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 1613/94 estimó que la correcta interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo, en concordancia con el principio de certeza jurídica, permite evidenciar que tanto para las partes en el juicio como para el juzgador, se requiere que se encuentren enterados con precisión de las personas que prestarán sus testimonios a efecto de poder determinar los elementos relativos a su idoneidad, basados en cuestiones tales como su preparación cultural, su edad, su parentesco o amistad que pudieran tener con alguna de las partes y sobre todo su imparcialidad y espontaneidad que puedan tener en las declaraciones que se rindan ante el juzgador, las cuales no pueden tenerse por satisfechas si no se indican los nombres de los testigos.
El anterior criterio dio origen a la tesis:
"PRUEBA TESTIMONIAL, ES REQUISITO DE FORMA PROPORCIONAR EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS.-Aun cuando un quejoso proponga a sus testigos comprometiéndose a presentarlos el día de la audiencia constitucional, ello no lo releva de la necesidad de proporcionar los nombres de los testigos, habida cuenta que la correcta interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo, en concordancia con el principio procesal de certeza jurídica, permite evidenciar que tanto para las partes en el juicio de garantías, as
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7265-e0848392/testimonial-en-el-juicio-de-amparo-es-requisito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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