INFONAVIT. INICIO DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO PARA DETERMINAR EL IMPORTE DE LAS APORTACIONES, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES INSCRITOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de abril del dos mil uno el amparo directo número DA. 1313/2001-66, promovido por Neumáticos Muevetierra, Sociedad Anónima de Capital Variable, sostuvo, en la parte que interesa a la presente denuncia de contradicción, lo siguiente:
"SEXTO.- ... En este tenor, resulta procedente analizar el segundo concepto de violación que versa sobre la indebida aplicación del artículo relativo a la caducidad, en virtud de que al referirse a la extinción de las atribuciones de las autoridades para ejercer sus facultades de comprobación y determinar un crédito fiscal, debe estudiarse con primacía.-Alega en síntesis la quejosa la indebida interpretación del artículo 30, fracción I, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por parte de la Sala, toda vez que el término ‘hecho generador’ se aplica cuando nos ubicamos en el supuesto normativo, por tanto, desde que el tercero perjudicado tuvo conocimiento de que la quejosa tenía la obligación de aportar al instituto el 5% correspondiente al Fondo Nacional de la Vivienda, se debe computar el término para ejercer las facultades del tercero perjudicado y, en consecuencia, las mismas han caducado, y no como lo pretende hacer valer la responsable en el sentido de que las facultades del Infonavit, para ejercer sus cobros, inicia cuando dicho instituto tuvo conocimiento a través de la información proporcionada por la Administración Local de Auditoría Fiscal No. 62 del Norte del Distrito Federal.-Entrando al estudio, tenemos que el artículo 30, fracción I, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, a la letra indica: ‘Artículo 30. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro, tienen el carácter de fiscales.-(Reformado, D.O. 24 de febrero de 1992). El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en los términos del Código Fiscal de la Federación, para: (Reformado primer párrafo, D.O. 22 de julio de 1994). I. Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular su actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta ley.-(Adicionado, D.O. 24 de febrero de 1992). Las facultades del instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, así como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años no sujeto a interrupción contado a partir de la fecha en que el propio instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. El plazo señalado en este párrafo sólo se suspenderá cuando se interponga el recurso de inconformidad previsto en esta ley o se entable juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación.-(Adicionado, D.O. 24 de febrero de 1992). La prescripción de los créditos fiscales correspondientes se sujetará a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.’.-En el presente punto, la litis se circunscribe a determinar la fecha a partir de la cual debe de correr el plazo para la extinción de las atribuciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, si es a partir de la realización del hecho imponible o de su conocimiento de esta realización por parte del instituto.-Pues bien, debe iniciarse diciendo que este precepto regula un supuesto de caducidad. La caducidad en materia tributaria, contrariamente a sus rasgos procesales en otros ámbitos jurídicos, es una institución de naturaleza administrativa al servicio del valor de seguridad jurídica. Merced a ella no basta que la autoridad hacendaria se halle habilitada jurídicamente para producir determinados actos por poseer determinadas potestades, sino que, además, es preciso actuar dichas potestades dentro de un determinado horizonte temporal, ello a efecto de dar seguridad al administrado de que un poder no ejercido dentro de un lapso determinado es un poder extinto.-Las potestades susceptibles de extinción a través de tal figura son las de determinación y liquidación de tributos y la sancionatoria, por consiguiente, no es suficiente con que el ordenamiento jurídico haya conferido a la autoridad hacendaria la potestad de determinación y de imponer sanciones, ni tampoco lo será el que el administrado haya incurrido en algunos supuestos de omisión de pagos de tributos o cometido determinadas infracciones para que la autoridad pueda emitir el acto liquidatorio y sancionador, sino que es preciso que tales omisiones e infracciones hayan acaecido no más allá de ciertos límites temporales que en cada caso prevé el legislador.-Ahora bien, para dilucidar el problema planteado acudiremos a la interpretación literal, teleológica y sistemática del citado precepto legal.-Desde un punto de vista estrictamente literal, encontramos que el precepto en comento prevé la extinción en un plazo de cinco años un (sic) sujeto a interrupción ‘contado a partir de la fecha en que el propio instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación’.-Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que la norma utiliza la expresión ‘tenga conocimiento del hecho generador de la obligación’ lo que puede suceder por medio de visitas domiciliarias, requerimiento de documentación, etcétera, y no la expresión ‘a partir de la actualización del hecho generador’, esto es, de la realización del supuesto previsto en el hecho imponible, razón por la cual desde este punto de vista resulta correcta la interpretación adoptada por la Sala Regional Metropolitana del otrora Tribunal Fiscal de la Federación, pues supedita el inicio del cómputo a la fecha en que el instituto tenga conocimiento de la realización del hecho imponible.-Las consideraciones que anteceden se refuerzan si se acude a la interpretación sistemática de los demás artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en relación con el precepto en cuestión.-Efectivamente, el artículo 30 de la ley en análisis, otorga la calidad de organismo fiscal autónomo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a partir de la reforma a este precepto publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos, regulando por seguridad jurídica los supuestos de caducidad y de prescripción.-Sin embargo, es de hacer notar que en el caso de la prescripción de los créditos fiscales, el último párrafo de la fracción I remite a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, de lo que tenemos que la ley regula de forma diferente la prescripción y la caducidad, regulando un régimen especial para esta última institución, distinto al del Código Fiscal de la Federación.-Si a lo anterior agregamos que el plazo de la caducidad que regula la fracción I del artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a diferencia de lo que sucede con el Código Fiscal de la Federación, establece un plazo ‘no sujeto a interrupción’, se obtiene que se refuerza la interpretación en el sentido de que el plazo de la caducidad se debe iniciar a partir de que el instituto tenga conocimiento de la realización del hecho imponible, pues si bien existe esta última desventaja, en cambio, dicho plazo no está sujeto a interrupción.-Por último, acudiendo al aspecto teleológico, tenemos que la importante reforma de febrero de 1992 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tuvo por objeto reiterar la facultad receptora de cuotas del instituto, pero incrementando sus facultades como organismo fiscal autónomo para contar con un procedimiento económico coactivo en contra de los patrones.-En efecto, acudiendo a la exposición de motivos tenemos que la iniciativa del Ejecutivo indicaba lo siguiente: ‘... Debe hacerse notar, además, que a pesar de haber sido definido el instituto como un organismo fiscal autónomo, tanto por limitaciones presupuestales como por el diseño de su estructura, no pudo sino cumplir parcialmente con ese cometido. Las principales limitaciones están relacionadas con la imposibilidad de hacer efectiva la cobranza. Ello provocó que se presentara una inadecuada captación de las aportaciones e incumplimiento en su pago al instituto, así como deficiencias en la entrega al mismo de los descuentos que se deberían haber aplicado al pago de abonos para cubrir créditos otorgados por el propio organismo. En consecuencia, la iniciativa propone dotar al instituto de todas las facultades necesarias para que pueda desempeñar cabalmente su función de organismo fiscal autónomo.-Con el paso del tiempo, la modernización del régimen de operación del instituto permitirá el financiamiento de un mayor número de viviendas, ante una creciente demanda de las mismas por parte de los trabajadores.-Por todo lo anterior, la iniciativa tiene por objeto adecuar la normatividad aplicable al organismo citado, a los depósitos a favor de los trabajadores y a los sistemas de crédito a la vivienda, con vistas a los propósitos específicos siguientes: 1. Modificar las características de los créditos que otorga el instituto, de tal forma que pueda construirse un número creciente de viviendas; 2. Dar las bases para que se creen mecanismos de valoración objetiva para la asignación de los créditos que, al mismo tiempo que respeten los principios de equidad, permitan su recuperación; 3. Que los depósitos a favor de los trabajadores se constituyan en instituciones de crédito, a fin de que los mismos tengan conocimiento de los saldos a su favor y además que el instituto se encuentre en posibilidades de pagar a los trabajadores un mejor rendimiento sobre su ahorro; 4. Generar una mayor oferta de vivienda con más transparencia; y 5. Adecuar la organización y estructura del instituto a fin de que pueda cumplir de mejor manera los propósitos anteriores.-Al efecto, la iniciativa propone que: a) Las aportaciones del 5% destinadas al financiamiento de la vivienda se acrediten en una subcuenta relativa al Fondo Nacional de la Vivienda de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, previstas en la iniciativa de decreto que modifica la Ley del Seguro Social que se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión en esta misma fecha; b) Los saldos de la mencionada subcuenta causen intereses en función del remanente de operación del instituto; c) Se dote al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de facultades que le permitan ser un auténtico organismo fiscal autónomo, a fin de que cuente con la facultad económico coactiva para realizar el cobro forzoso de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos. Tales funciones permitirán disminuir el incumplimiento en el entero de dichas aportaciones y descuentos, lo que se traduciría en que el Fondo Nacional de la Vivienda cuente con una mayor cantidad de recursos para financiar vivienda; d) El monto de los créditos se determine de acuerdo a la capacidad de pago de los trabajadores, a cuyo efecto se aumenta el plazo máximo de pago de los créditos. ...’.-Por otra parte, el último párrafo del artículo 5o. de la multicitada ley indica: ‘Artículo 5o. El patrimonio del instituto se integra: ... Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda son patrimonio de los trabajadores.’.-Atendiendo a la exposición de motivos y al contenido del artículo arriba citado, tenemos que la Ley del Infonavit regula un régimen menos rígido para la caducidad, atendiendo a la naturaleza social de la ley, pues establece que las aportaciones de los patrones son patrimonio de los trabajadores, razón por la cual supedita el inicio del cómputo de la caducidad al conocimiento del hecho imponible por parte del instituto, por lo que al ser correcta la interpretación de la Sala no vulnera el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo cual el concepto de violación en estudio resulta infundado.-En esta tesitura, el criterio de este tribunal es contradictorio a la tesis XXI.1o.46 A del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1375, que a la letra indica: ‘CADUCIDAD. MOMENTO EN QUE COMIENZA A CONTAR EL TÉRMINO RELATIVO CONFORME AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.’ (Se transcribe).-Bajo este tenor, y con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se ordena la denuncia la (sic) contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida la que debe prevaler (sic) ..."
CUARTO.-Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el diecisiete de agosto del año dos mil el amparo directo número 328/2000, promovido por Centro Escolar Reina Center, S.C., sostuvo, en la parte que interesa, las siguientes consideraciones:
"SEXTO.-Los conceptos de violación planteados por la quejosa, Centro Escolar Reina Center, S.C., son infundados ... .-Ahora bien, la impetrante de manera toral sostiene que la resolución reclamada es violatoria del cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, así como del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, en razón de haberse considerado que en tratándose del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las facultades para determinar aportaciones caducan de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 30 de su propia ley y no conforme al numeral 67 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, refiere la quejosa que es incorrecto que se afirme que la empresa actora sostuvo lo contrario puesto que, en todo caso, no debe perderse de vista que la función de la responsable es impartir justicia, y el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación la faculta para corregir los errores en la cita de los preceptos; por tanto, el hecho de que la accionante haya señalado un artículo inaplicable, no significa que su argumento sea infundado.-Al respecto, no causa perjuicio alguno a la quejosa, el que la Sala Fiscal hubiera expresado que resultaba infundado el concepto de impugnación en el sentido de haber operado la caducidad de las facultades de la autoridad demandada para determinar en cantidad líquida las obligaciones fiscales respecto de los bimestres correspondientes a los periodos de 1992 y 1993, porque la figura de la caducidad prevista en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, en que se fundó la actora, era inaplicable respecto a la determinación de créditos en tratándose de la omisión en el pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y esto es así, toda vez que enseguida efectuó el estudio correspondiente conforme a la ley aplicable; además, si la actora fue la que fundamentó de manera errónea su excepción de caducidad, es lógico que la responsable, previo al estudio correspondiente, tenía la obligación de hacer pronunciamiento al respecto y poner de manifiesto por qué es inaplicable a la caducidad el precepto legal señalado por la demandante.-Expresa la peticionaria de garantías que la responsable interpreta en forma incorrecta el artículo 30 de la Ley del Infonavit, porque de su contenido se desprende que en materia de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el plazo de caducidad deberá empezar a correr a partir de que el instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación, cuya definición según el maestro Humberto Delgadillo, contenida en la página 101 de su obra titulada ‘Principios de Derecho Tributario’, consiste en: ‘El hecho generador, por su parte, es la realización del supuesto previsto en la norma que dará lugar a la obligación tributaria en general, ya sea de dar, hacer o no hacer.’, de ahí que el hecho generador de la obligación de la quejosa de realizar aportaciones al Infonavit, no es otra cosa que la relación laboral, lo cual se desprende del artículo 29 de la ley del citado instituto, por lo que debe concluirse que el instituto tiene conocimiento de tal hecho generador con la inscripción que el patrón (en el caso la actora), hace de su trabajador ante él, instante en que el instituto registra al trabajador en sus archivos y empieza a considerar las obligaciones del patrón que surgen con motivo de la relación laboral entre él y sus trabajadores, emitiendo incluso las cédulas de liquidación correspondientes, de manera que la responsable confunde el hecho generador de la obligación, con la obligación misma y su incumplimiento pues, en todo caso, lo único que el instituto demandado conoció con la emisión del requerimiento contenido en el oficio DR/XX/12/AVC/1-06-01/274/96, del doce de noviembre de mil novecientos noventa y seis, fue el incumplimiento de la quejosa respecto de sus obligaciones.-Es incorrecto lo afirmado por la impetrante de amparo, puesto que si por hecho generador de una obligación, se entiende la realización del supuesto previsto en la norma que dará lugar a la obligación tributaria en general, luego entonces, como en el caso se atribuye a la quejosa haber omitido cubrir las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, por los periodos del segundo bimestre de mil novecientos noventa y dos al tercer bimestre de mil novecientos noventa y seis, es claro que, en contra de lo afirmado por la quejosa, el hecho generador de la obligación no lo constituye la fecha en que fueron inscritos los trabajadores ante el instituto, porque en esa época todavía no existía la obligación de efectuar pagos por concepto de aportaciones y, por ende, no es verdad que a partir de esa fecha (inscripción) el instituto emita las cédulas de determinación de aportaciones respectivas, porque esas cédulas se expiden en la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, precisamente cuando se causaron esas aportaciones no pagadas conforme a los plazos contemplados en el artículo 35, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, esto es, por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año; por tanto, es claro que la caducidad comienza a correr a partir del primer día hábil del mes siguiente al en que fenece cada periodo cuyo pago se omitió, pues es cuando se tiene conocimiento de que se generó la obligación del contribuyente de pagar las contribuciones, al haber obtenido el beneficio por el trabajo desempeñado de los trabajadores inscritos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y empieza la facultad o derecho del citado instituto para determinar o fijar la cantidad líquida de la obligación fiscal; a propósito de lo expuesto se transcriben los artículos 29, 30, fracción I y 35 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: ‘Artículo 29. Son obligaciones de los patrones: I. Proceder a inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el instituto y dar los avisos a que se refiere el artículo 31 de esta ley. ... II. Efectuar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda en instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para su abono en la subcuenta del Fondo Nacional de la Vivienda de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abiertas a nombre de los trabajadores en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas. A fin de que las instituciones de crédito o entidades financieras puedan individualizar dichas aportaciones, los patrones deberán proporcionarles, directamente o a través de los institutos de seguridad social o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro según lo determine ésta, información relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la citada comisión; y III. Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, conforme a lo previsto en los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, que se destinen al pago de abonos para cubrir préstamos otorgados por el instituto y a la administración, operación y mantenimiento de los conjuntos habitacionales, así como enterar el importe de dichos descuentos en la forma y términos que establecen esta ley y sus reglamentos.-A fin de que las instituciones de crédito y entidades financieras puedan individualizar dichos descuentos, los patrones deberán proporcionarles, directamente o a través de los institutos de seguridad social o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro según lo determine ésta, información relativa a cada trabajador con la forma y periodicidad que al efecto establezca la citada comisión.-Para los efectos de esta ley se entenderá por subcuenta de vivienda, a la subcuenta a que se refiere la fracción II del presente artículo.’.-‘Artículo 30. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro, tienen el carácter de fiscales.-El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en los términos del Código Fiscal de la Federación, para: I. Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular su actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta ley.-Las facultades del instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, así como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años no sujeto a interrupción contado a partir de la fecha en que el propio instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. El plazo señalado en este párrafo sólo se suspenderá cuando se interponga el recurso de inconformidad previsto en esta ley o se entable juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación.-La prescripción de los créditos fiscales correspondientes se sujetará a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.’.-‘Artículo 35. El pago de las aportaciones señaladas en la fracción II del artículo 29, será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año.-Los patrones efectuarán las entregas de los descuentos a que se refiere el artículo 29, en la institución de crédito o entidad financiera autorizada de su elección.-El instituto podrá emitir y notificar liquidaciones para el cobro de las aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29. Estas liquidaciones podrán ser emitidas conjuntamente con las liquidaciones del seguro de retiro y notificadas por el personal que realice la notificación de estas últimas, previo convenio de coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social.-El instituto podrá recibir el pago de las aportaciones y descuentos a que se refiere el artículo 29, sujetándose a las disposiciones que al respecto emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.’.-En apoyo a lo considerado se aplica, en lo conducente, la jurisprudencia 27/93, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis varios 26/90, publicada en la página 25 del tomo 72, diciembre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘IMPUESTOS, CAUSANTES DE, Y CAUSANTES EXENTOS, CONCEPTOS.’ (Se transcribe).-En las narradas condiciones es evidente que la extinción de las facultades del instituto demandado para determinar las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda omitidas, causadas en el segundo bimestre de mil novecientos noventa y dos, el cual comprende los meses de marzo y abril de ese año, no corre a partir de que se inscribe a los trabajadores ante el instituto, fecha señalada por la quejosa; tampoco en la fecha en que se requirió de pago a la contribuyente mediante oficio de doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis, como lo mencionó la responsable; pero es el caso, que aun analizada la caducidad en los términos precisados por este órgano colegiado en párrafos anteriores, esto es, a partir del día uno de mayo de mil novecientos noventa y dos, no beneficia a los intereses de la impetrante del amparo, porque considerando esa fecha, la caducidad debería fenecer el día uno de mayo de mil novecientos noventa y siete, por tanto, al treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, fecha en que se notificó la resolución impugnada que contiene la determinación del crédito fiscal a cargo de la empresa actora, Centro Escolar Reina Center, S.C., por la cantidad de ciento cincuenta y un mil novecientos treinta y ocho pesos con setenta y ocho centavos, por omisiones de sus aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no había transcurrido el término de los cinco años que señala el artículo 30 de la ley de la materia, para que se extinguieran las facultades de ese instituto, para determinar las aportaciones mencionadas y, como consecuencia, menos habían caducado las citadas facultades de comprobación, respecto de los restantes bimestres, esto es, del tercer bimestre de mil novecientos noventa y dos al tercer bimestre de mil novecientos noventa y seis, pues éstos son más recientes que el segundo bimestre de mil novecientos noventa y dos analizado.-Consecuentemente, al ser los conceptos de violación infundados, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal que se solicita."
El criterio anterior dio lugar a la aprobación de la tesis que seguidamente se transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Tesis: XXI.1o.46 A
"Página: 1375
"CADUCIDAD. MOMENTO EN QUE COMIENZA A CONTAR EL TÉRMINO RELATIVO CONFORME AL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.-El artículo 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece que las facultades del instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esa ley, así como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años no sujeto a interrupción, contado a partir de la fecha en que el propio instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación, plazo que sólo se suspenderá cuando se interponga el recurso de inconformidad previsto en esa ley o se entable juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación; por tanto, si aquel acto es la realización del supuesto previsto en la norma que dará lugar a la obligación tributaria en general, el cual es la base para iniciar el lapso de la caducidad, es claro que el hecho motivador de la obligación no lo constituye la fecha en que fueron inscritos los trabajadores ante el instituto, porque en esa época todavía no existía la obligación de efectuar pagos por concepto de aportaciones, ya que no es a partir de entonces (inscripción), cuando el instituto emite las cédulas de determinación de aportaciones respectivas, puesto que esos documentos se expiden en la fecha de nacimiento de la obligación tributaria, precisamente cuando se causaron las aportaciones no pagadas conforme a los plazos contemplados en el artículo 35, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, esto es, por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año; en consecuencia, resulta que la caducidad comienza a correr a partir del primer día hábil del mes siguiente al en que fenece cada periodo cuyo pago se omitió, pues es cuando se tiene conocimiento de que se generó la obligación del contribuyente de pagar las contribuciones, al haber obtenido el beneficio por el trabajo desempeñado por los trabajadores inscritos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y empieza la facultad o derecho del citado instituto para determinar o fijar la cantidad líquida de la obligación fiscal."
QUINTO.-Con la finalidad de establecer y delimitar la materia de la contradicción planteada, se estima conveniente realizar una síntesis de las características de los asuntos sometidos al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.
1. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7567-c58e7a35/infonavit-inicio-del-plazo-de-caducidad-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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