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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE NULIDAD. ES OBLIGACIÓN DE LA SALA FISCAL, AL ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DEL ESCRITO POR EL QUE SE CONTESTA, OTORGAR AL DEMANDANTE EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA AMPLIARLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2001-SS. · Registro digital (IUS): 7544
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 1258.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: JOSÉ MANUEL QUINTERO MONTES.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Debe examinarse en primer lugar si existe la contradicción denunciada.

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 542/2000, promovido por Operadora Taboada, S.A. de C.V., en contra de la sentencia de tres de abril de dos mil, dictada por la Primera Sala Regional del Centro del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, en el juicio de nulidad 1710/99-05-01-5, en la parte que interesa, dictó la resolución siguiente:

"QUINTO.-El argumento que se contiene en el cuarto concepto de violación, relativo a una cuestión de índole formal, sobre la omisión del Magistrado instructor de pronunciarse al momento de acordar la contestación de la demanda, de dar vista a la actora para que si así lo deseara ampliara su demanda, resulta esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo en la medida que se precisará, lo cual hará innecesario el análisis de los demás motivos de inconformidad, en atención a que su examen es secundario y a nada práctico conduciría.

"Asiste razón jurídica a la parte quejosa al señalar que el Magistrado instructor, al acordar la contestación de demanda de la autoridad hacendaria, debió dar vista a la parte actora y requerirle sobre si era su intención ampliar su original demanda, en atención de las constancias que acompañó (a su contestación) la parte demandada, las cuales la propia sociedad demandante manifestó desconocer.

"Por lo cual, el Magistrado instructor estaba obligado, en términos del artículo 210, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, a conceder a la actora un plazo de veinte días, para el efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de dichas documentales y si era su deseo ampliar su demanda, lo cual no aconteció, dado que en el auto de ocho de febrero del dos mil (foja 139 del juicio de nulidad), sólo se acordó la contestación, se admitieron las documentales anexas a la misma, se indicó que con la contestación se corriera traslado a la contribuyente y que, con apoyo en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, se daba a las partes el plazo de cinco días para que formularan sus alegatos, el que correría diez días después de que surtiera efectos la notificación de ese proveído; finalmente, se les señaló que vencido ese término, con o sin alegatos, quedaría cerrada la instrucción.

"En la especie, la parte actora señaló desconocer el acto que originó el crédito fiscal, la autoridad exactora lo acompañó a su contestación, así como su notificación, por ello, se reitera, se actualizó la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 210 del código tributario federal, que a la letra dice:

"'Artículo 210. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:

"'...

"'II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación.'

"De ahí que al no existir pronunciamiento alguno del Magistrado instructor respecto de esa posibilidad que a favor de la parte actora existía (para que si así lo deseaba ampliara su demanda), se considera que existió una violación a las normas que rigen el procedimiento del juicio natural, hecho que trascendió al resultado de fallo, puesto que se le dejó en estado de indefensión, con la consiguiente violación de las garantías individuales de la parte quejosa.

"Orienta la anterior decisión, el criterio compartido del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 124, Tomo IX, enero de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD, ES ATRIBUIBLE A LA SALA FISCAL LA OMISIÓN DE NO CONCEDER EL PLAZO PARA LA.-La violación procesal consistente en la omisión en que incurre el Magistrado instructor de no conceder a la actora el plazo señalado en el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, para ampliar su demanda, aun cuando cometida por el Magistrado instructor es atribuible a la Sala Fiscal del conocimiento, pues en primer lugar, la demandante no está en posibilidad de combatirla porque en contra de la misma no procede ningún medio de defensa ordinario ni tampoco el recurso de reclamación, el que de conformidad con el artículo 242 del ordenamiento invocado, sólo puede hacerse valer en contra de desechamientos de demanda, de contestación, de pruebas, de resoluciones que decreten el sobreseimiento del juicio o aquellas que rechacen la intervención del tercero, mas no en contra de las omisiones de no otorgar a las partes los plazos establecidos en la ley de la materia para ampliar las demandas y contestar dichas ampliaciones. En segundo lugar, ya que en términos de los artículos 210, 212 y 237 del código tributario federal, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis contenidas en el primero de esos preceptos y sea el caso de ampliar la demanda por la parte actora y de contestar dicha ampliación por parte de la autoridad administrativa, la litis ante la Sala responsable, se integra con los conceptos de nulidad vertidos en contra del acto impugnado, con la contestación a la demanda, con los argumentos que conforman la ampliación y los que le dan contestación. Así, para dar cumplimiento al artículo 237 del código invocado, al emitir sus sentencias o resoluciones, tales Salas deben analizar si en el juicio contencioso administrativo se han cumplido o no las reglas que norman el procedimiento en tratándose de los asuntos en que proceda la ampliación de la demanda, a fin de asegurarse de que en dicho procedimiento no se vaya a dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, pues de otra manera no acatan lo dispuesto por este precepto y con esa omisión reducen indebidamente la litis fiscal, dejando en estado de indefensión a una de las partes al evitarle cuestionar lo manifestado y exhibido en su contra.'.

"Por tanto, al existir violación a las normas que regulan el procedimiento conforme a lo antes expuesto, se violaron en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que debe concederse el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala del conocimiento deje insubsistente la sentencia reclamada y ordene la reposición del procedimiento; a partir de la contestación de la demanda prevenga a la parte actora para que, si es su deseo, amplíe su inicial demanda y, seguido el juicio por todos sus trámites legales, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.

"Ante la circunstancia de que el amparo concedido deja insubsistente la sentencia reclamada, resulta innecesario estudiar los demás conceptos de violación que expone la parte quejosa, dado que se ha concedido la protección constitucional por una cuestión de forma preferente al fondo del asunto.

"En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa bajo el número 107, en la página 85, Tomo VI, Materia Común del Apéndice editado en el año 2000, que dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja.'."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante ejecutoria de fecha veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y siete, al resolver el amparo directo 1614/97, precisó:

"QUINTO.-Resultan ineficaces los conceptos de violación expresados.

"La quejosa aduce, medularmente, que la responsable indebidamente omitió concederle plazo para ampliar su demanda de nulidad, en los términos del artículo 210, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, dejándola en estado de indefensión.

"El anterior artículo, en la parte que interesa, señala: 'Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes: ... II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación.'.

"De la lectura del anterior numeral se desprenden, claramente, los casos de procedencia de la ampliación de demanda y señala que la misma podrá hacerse 'dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación' y no establece, respecto de la Sala Fiscal, ninguna obligación de comunicar o prevenir a la actora en el juicio que cuenta con el plazo indicado para promover esa ampliación, razón por la cual, si la ahora quejosa consideraba la procedencia de la misma, debió promoverla dentro del término establecido para ese efecto y que comenzó a computarse desde el momento en que surtió efectos la notificación del acuerdo admisorio de la contestación de demanda, sin necesidad de prevención alguna emitida por el órgano juzgador, ya que éste no está en aptitud legal de prevenir a las partes sobre las diferentes defensas o recursos que pueden promover durante la secuela procesal, pues ello implicaría una violación al principio de equidad procesal.

"En cuanto al escrito de la quejosa presentado el 6 de mayo de 1996, en que de nueva cuenta solicitó la concesión del término para promover la ampliación de demanda, debe decirse que resulta irrelevante el que la Sala no lo haya acordado con anterioridad a la emisión de la sentencia pues, se insiste, el término para presentar la ampliación de demanda empieza a computarse a partir de que surte efectos la notificación del acuerdo de admisión de la contestación de la demanda y, en todo caso, la actora debió promover esa ampliación de demanda dentro del término legal que establece el artículo 210 del código tributario, sin necesidad de acuerdo que la previniera para ello."

Del análisis de las resoluciones reproducidas se infiere que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que sobre el mismo problema jurídico, a saber, si es o no obligación de la Sala Fiscal requerir o prevenir a la demandante para que amplíe su escrito inicial de demanda cuando acuerda sobre la admisión del escrito de contestación a la demanda, se sustentan criterios opuestos, toda vez que mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito lo resuelve en sentido afirmativo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo soluciona en sentido negativo.

Corroboran lo anterior, las siguientes jurisprudencias sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismas que a la letra dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.-Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."

Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XI, junio de 2000. Tesis: 1a./J. 5/2000. Página: 49.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 26/2001. Página: 76.

CUARTO.-Determinado que sí existe contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica especificada, debe determinarse cuál es la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Antes de abordar esa cuestión, se estima conveniente señalar que contrariamente a lo manifestado por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, en cuanto a que el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito comparte el mismo criterio que sustenta ese tribunal en la tesis aislada cuyo rubro es: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE NULIDAD, ES ATRIBUIBLE A LA SALA FISCAL LA OMISIÓN DE NO CONCEDER EL PLAZO PARA LA.", en virtud de que, en la especie, se trataron supuestos diversos, ya que a diferencia de lo resuelto por el tribunal denunciante en la ejecutoria transcrita, el ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito resolvió que al no proceder medio ordinario de defensa ni recurso de reclamación en contra del auto que tiene por contestada la demanda y que no otorga término para su ampliación, se deja en estado de indefensión a alguna de las partes, toda vez que el artículo 242 del Código Fiscal de la Federación vigente en esa época, establecía que dicho medio de impugnación sólo era procedente en contra del desechamiento de la demanda, de la contestación, de las pruebas, de la resolución que decretara el sobreseimiento o de aquellas que rechazaran la intervención del tercero, mas no en contra de esa situación.

Precisado lo anterior y a fin de determinar el criterio que debe prevalecer en la presente contradicción, es menester analizar lo dispuesto por el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, que establece:

"Artículo 210. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:

"I. Cuando se impugne una negativa ficta;

"II. Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación;

"III. En los casos previstos por el artículo 209 bis.

"IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 215 no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.

"En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten.

"Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 209 de este código.

"Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 209 de este código las mismas se tendrán por no ofrecidas."

Del numeral transcrito se desprende que para que sea procedente la ampliación de la demanda, es necesario que el actor se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

a) Que estuviere impugnando una resolución negativa ficta, esto es, que promoviera demanda de nulidad en contra de la omisión en que incurrieron las autoridades fiscales por no notificarle dentro del término de tres meses la resolución que al efecto hubiere recaído a su promoción.

b) Que manifestare desconocer el origen del acto de autoridad, así como su notificación, y éstos se los diera a conocer la demandada en su escrito de contestación.

c) Que alegue que el acto administrativo no le fue notificado al actor o que la notificación fue ilegal, con base en los argumentos y constancias que, en su caso, aporte la demandada al dar contestación a la demanda.

d) Que en la contestación se introduzcan elementos que no sean conocidos por el actor al presentar su escrito inicial de demanda.

En este sentido, conviene destacar que el hecho de que se le otorgue a la parte actora la posibilidad de ampliar el escrito inicial de demanda que promueve en contra de resoluciones o de situaciones que siéndole desconocidas le causan un agravio personal y directo, tiene como finalidad primordial permitirle controvertir precisamente esas determinaciones o probanzas que la demandada aporta en su escrito de contestación a la demanda, con la finalidad de garantizarle una adecuada impartición de justicia.

Por tanto, la oportunidad de ampliar la demanda de nulidad constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento contencioso administrativo que se encuentra regulado en el título VI del Código Fiscal de la Federación, pues conforma la litis sobre la cual las Salas del entonces Tribunal Fiscal de la Federación se encuentran obligadas a analizar, en términos de lo dispuesto por el artículo 237 del ordenamiento legal en comento, que, en su parte conducente, establece:

"Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios."

En efecto, las Salas del entonces Tribunal Fiscal de la Federación se encuentran obligadas a pronunciarse sobre las pretensiones de la actora que se deduzcan de su escrito inicial de demanda o del de ampliación (en caso de que se actualicen los supuestos que prevé el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación), así como respecto a las defensas que haga valer la demandada en su escrito de contestación a la demanda y en el de ampliación a su contestación, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes respecto de las argumentaciones y pruebas que fueron expuestas y ofrecidas por su contraria.

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el derecho a ampliar la demanda por parte del actor constituye una formalidad esencial del procedimiento en el juicio contencioso administrativo, que permite lograr una adecuada impartición de justicia.

Precisado lo anterior, conviene señalar que si bien es cierto que el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación no establece obligación alguna a cargo de la Sala Fiscal de requerir o prevenir al actor para que amplíe su demanda, también lo es que al ser la ampliación de la demanda una formalidad esencial del procedimiento, su ejercicio no debe ser negado de plano, ni aun bajo el argumento de aparecer como notoriamente infundada la negativa que manifieste el actor, en cuanto a conocer las resoluciones, actuaciones o constancias que motivaron la presentación del escrito inicial de demanda, toda vez que no existe numeral alguno que así lo establezca, pues el que resulte o no infundada la ampliación de la demanda, sólo podrá dirimirse con las constancias que al efecto acompañe la contraria a su escrito de contestación a la demanda, así como con los conceptos de impugnación que haga valer la actora en su escrito de ampliación.

Por consiguiente, en todos aquellos casos en que se promueva juicio contencioso administrativo, las Salas Fiscales se encuentran obligadas a permitir a la parte actora ampliar su escrito inicial de demanda, mediante el otorgamiento del plazo de veinte días a que hace referencia el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación del acuerdo que admite la contestación de la demanda.

De esta forma, hasta en tanto no transcurra el plazo antes referido, la Sala Fiscal se encuentra impedida para notificar a las partes el término para formular alegatos y el cierre de la instrucción, pues de lo contrario se haría nugatorio el derecho de la parte actora para ampliar su demanda, contraviniendo con ello lo dispuesto por el numeral en comento.

Lo anterior es así, en virtud de que de no esperarse a que transcurra ese plazo, se estaría dejando a una de las partes en estado de indefensión.

A manera de ejemplo, piénsese en el supuesto marcado con el número IV del artículo 210 del Código Fiscal de la Federación, en el cual expresamente se establece que cuando se introduzcan cuestiones que sin mejorar la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, no sean conocidos por el actor al presentar su demanda, podrá ampliar su escrito inicial de demanda dentro de los veinte días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en el que por ministerio de ley se obliga a la Sala Fiscal a esperar a que transcurra dicho término antes de notificar a las partes el término para que formulen alegatos y quede cerrada la instrucción, pues de lo contrario se proscribiría el derecho de la actora para realizar manifestaciones en torno a esas cuestiones.

Por tanto, procede que la Sala Fiscal en todos los casos brinde a la actora la oportunidad de ampliar su escrito inicial de demanda, pues ese derecho constituye una formalidad esencial del procedimiento que permita una adecuada impartición de justicia, esto es, que espere a que transcurra el término de veinte días ya referido, en virtud de que de no hacerse así, se estaría dejando invariablemente en estado de indefensión a una de las partes.

En atención a todo lo anteriormente expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el criterio que debe regir con carácter jurisprudencial, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a si es o no obligación de la Sala Fiscal requerir o prevenir a la demandante para que amplíe su escrito inicial de demanda cuando acuerda sobre la admisión del escrito de contestación a la demanda, el criterio contenido en la tesis que deberá identificarse con el número que le corresponda y que queda redactada bajo el siguiente rubro y texto:

-Si bien es cierto que el artículo 210 del Código Fiscal de la Federación no establece obligación alguna a cargo de la Sala Fiscal de requerir o prevenir al actor para que amplíe su demanda, también lo es que tal ampliación constituye una formalidad esencial del procedimiento y su ejercicio no debe ser negado de plano, aun bajo el argumento de aparecer como notoriamente infundada la negativa que manifieste el actor en cuanto al conocimiento de las resoluciones, actuaciones o constancias que motivaron la presentación del escrito inicial de demanda, pues con independencia de que no existe numeral alguno que así lo establezca, el que resulte o no infundada la ampliación de la demanda sólo podrá dirimirse con las constancias que al efecto acompañe la contraria a su escrito de contestación, así como con los conceptos de impugnación que haga valer la actora en su escrito de ampliación, por lo que en todos los casos debe otorgarse a la actora el término de veinte días a que hace referencia el precepto en cita para ampliar su escrito inicial de demanda, ya que de lo contrario, se estaría dejando a una de las partes en estado de indefensión, al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que le son desconocidas o que son introducidas por la demandada en su contestación.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Sí existe contradicción de criterios entre el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito en el amparo directo número 542/2000, y el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 1614/97, respectivamente.

SEGUNDO.-Debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la tesis jurisprudencial redactada en el último considerando de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, José Vicente Aguinaco Alemán y presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Estuvo ausente el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por licencia concedida por el Pleno.

Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis 2a./J. 48/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 368.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7544-74cb7802/demanda-de-nulidad-es-obligacion-de-la-sala · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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