DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2001-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el recurso de queja número 22/99, en sesión de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de votos sostuvo, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción, lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los agravios transcritos en el considerando que antecede, los cuales se estudian de manera conjunta dada su íntima vinculación.
"En efecto, contrariamente a lo que el inconforme sostiene, el Juez de Distrito no se excedió en sus funciones al establecer en el auto aclaratorio de la demanda, la obligación que tenía de señalar su domicilio particular.
"Lo anterior es así, porque el texto de la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo no admite una interpretación distinta de la que deriva de su contenido, el cual resulta bastante específico al disponer que en la demanda de amparo debe expresarse tanto el nombre como el domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. Al contemplar expresa mente la norma como requisito de la demanda el señalamiento del domicilio del quejoso, debe estimarse que el legislador lo hizo tomando en cuenta la connotación que tanto en el ámbito legal como en el ordinario corresponde al término 'domicilio' y, por este motivo, no se vio en la necesidad de especificar que como tal debía entenderse el particular del quejoso y no otro distinto. Ciertamente, debe tenerse en cuenta que domicilio significa, según el diccionario de la Real Academia Española: 'Morada fija y permanente'. El artículo 29 del Código Civil Federal establece: 'El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar a donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses.'. Sobre esto mismo, la tesis número 709, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 1917 a 1988, Segunda Parte, página 1175, literal mente dice: 'DOMICILIO. Los elementos principales para determinar el domicilio son: la residencia constante y el asiento principal de los negocios, unidos a la voluntad de permanecer en el lugar en que se reside.'. Luego, si por domicilio ha de entenderse el lugar en que por voluntad se establece la residencia constante, fija y permanente de una persona, es claro que al exigir el artículo 116, fracción I, de la Ley Amparo, la mención del domicilio del quejoso, se refiere al particular y no a uno convencional, ya que éste no reúne las características anotadas.
"En este sentido, cabe decir que no es atinada la aseveración del inconforme en cuanto a que, conforme a lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo procedente era prevenirlo para que en el caso de que no cumpliera con el requerimiento, las notificaciones respectivas se le harían por lista de acuerdos.
"Esto es inexacto, porque la aplicación de dicho precepto es exclusiva para cuestiones relacionadas con las notificaciones dentro del trámite del juicio de garantías, y si bien no se desconoce que una de las razones principales por las que resulta necesario expresar en la demanda el domicilio del quejoso es, precisamente, para que el órgano jurisdiccional cuente con un lugar donde pueda practicar este tipo de diligencias, la mención de ese dato no se circunscribe a las notificaciones, sino que también resulta necesario para dilucidar otro tipo de cuestiones de igual trascendencia dentro del trámite del amparo, como podría ser, por ejemplo, determinar la oportunidad en la presentación de la demanda cuando se está en la hipótesis del artículo 22, fracción III, de la Ley de Amparo; para establecer la fecha a partir de la cual debe empezar a correr un término, según lo dispuesto por el numeral 24, fracción VI, del mismo cuerpo de normas; para lograr la efectividad no sólo de las multas que prevé la Ley de Amparo, sino de otros medios de apremio que llegaren a imponerse conforme al artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como para la localización del quejoso cuando llegue a incurrir en la comisión de alguno de los delitos que contempla la propia Ley de Amparo; pues en cada una de estas situaciones el conocimiento de su domicilio particular es un dato que incide en el sentido del procedimiento, lo que se hace necesario para la eficacia de las resoluciones que dicte el órgano de control constitucional.
"A estas reflexiones debe añadirse que la misma redacción del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, deja ver con claridad, como acertada mente lo destaca el Juez de Distrito, que el legislador previó el señalamiento de dos domicilios, el particular del quejoso y el despacho o casa para oír notificaciones, y este último sí puede ser opcional indicarlo en la demanda, puesto que de no hacerlo las notificaciones se realizarían por lista, aun las que debieran ser personales, pero la circunstancia de que en torno a este hecho la omisión del domicilio particular puede ser soslayado, no llega al extremo de pretender que al examinar el escrito de demanda el Juez de Distrito no deba exigir el cabal cumplimiento de los requisitos que literal mente consigna el artículo 116 de la Ley de Amparo; de tal manera que si en uso de la facultad que le otorga el numeral 146 del propio cuerpo de normas, el a quo tuvo por no interpuesta la demanda de garantías promovida por el ahora inconforme, lejos de excederse en sus facultades, se ciñó a la correcta aplicación de las normas que rigen el procedimiento del juicio constitucional.
"Por las razones que antes se expresan, los Magistrados que actual mente integran este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, no comparten el criterio sustentado por quienes anteriormente eran titulares de este órgano jurisdiccional, en la tesis que el inconforme hace valer como apoyo de sus agravios, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, correspondiente al mes de agosto de 1997, página 715, cuyo texto dice: 'DOMICILIO PARTICULAR. ES INCORRECTO EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR NO SEÑALARLO. Es incorrecto el proceder del Juez de Distrito al desechar la demanda de garantías con base en que el quejoso no señaló su domicilio particular, en razón de que, aun en el supuesto de que no señale domicilio alguno, lo procedente es proveer en el sentido de que al prevenir al promovente la aclaración de su demanda, se le aperciba de que de no cumplir, las notificaciones respectivas, aun las de carácter personal, se le harán por lista, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, que en la primera parte establece: «Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se le hará por lista ...».'. Ello es así, porque con independencia de que no se expresa ninguna razón acerca de si es correcto o no que la finalidad del artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo, es la de que se proporcione el domicilio particular del quejoso u otro distinto, o bien, si ese dato es o no un requisito necesario para admitir la demanda de garantías en términos de dicho precepto legal, que son cuestiones fundamentales que debieron analizarse para decidir si el desechamiento por parte del Juez de Distrito se ajusta a derecho; en la tesis de mérito se analiza el aspecto que aquí se destaca exclusivamente desde las consecuencias que puede tener en la forma como han de efectuarse las notificaciones al quejoso en el juicio de garantías, lo cual, como antes quedó visto, es solamente uno de los varios puntos procedimentales con los que se relaciona la necesidad de cumplir la exigencia de señalar el domicilio particular del peticionario del amparo.
"Lo mismo cabe decir acerca de la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que de igual modo cita el recurrente en sus agravios pues, como en el anterior criterio, no se vierten razones jurídicas que expliquen porqué el señalamiento del domicilio particular del quejoso no es un requisito esencial para la admisión de la demanda. De ahí que al no ser de observancia obligatoria, además de apoyarse en consideraciones que este Tribunal Colegiado no comparte, dadas la razones ya expuestas, debe considerarse que los agravios apoyados en este criterio son del mismo modo ineficaces.
"Consecuentemente, al no apreciarse violación a ningún precepto de la Ley de Amparo debe declararse infundada la queja que promueve el inconforme Arturo Sánchez Ruiz, en contra del auto de fecha uno de febrero del año en curso. ..." (fojas 39 vuelta a 42 vuelta del expediente relativo a la contradicción de tesis).
El anterior criterio dio lugar a la tesis que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 1260, que señala:
"DEMANDA DE AMPARO. ES CORRECTO TENERLA POR NO INTERPUESTA SI NO SE EXPRESA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO, PESE A HABERSE PREVENIDO AL RESPECTO. El texto de la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo es específico al disponer que en la demanda de amparo debe expresarse tanto el nombre como el domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. Al contemplar expresamente la norma como requisito de la demanda el señalamiento del domicilio del quejoso, debe estimarse que el legislador lo hizo tomando en cuenta la connotación que tanto en el ámbito legal como en el ordinario corresponde al vocablo 'domicilio' y por ese motivo no se vio en la necesidad de especificar que como tal debía entenderse el particular del quejoso y no otro distinto, ya que según el Diccionario de la Real Academia Española, domicilio significa 'morada fija y permanente' y el artículo 29 del Código Civil Federal establece: 'El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses.'. La tesis número 709 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1175, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, literalmente dice: 'DOMICILIO. Los elementos principales para determinar el domicilio son: la residencia constante y el asiento principal de los negocios, unidos a la voluntad de permanecer en el lugar en que se reside.'. Por tanto, si por domicilio ha de entenderse el lugar en que por voluntad se establece la residencia constante, fija y permanente de una persona, es claro que al exigir el artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo, la mención del domicilio del quejoso, se refiere al particular y no a uno convencional, ya que éste no reúne las características anotadas. Además de lo expresado, debe señalarse que la redacción del artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, deja ver con claridad que el legislador previó el señalamiento de dos domicilios, el particular del quejoso y el del despacho o casa para oír notificaciones; y este último sí puede ser opcional que se mencione o no en la demanda, pues el no hacerlo sólo origina que las notificaciones se realicen por lista, aun las que debieran ser personales, pero la circunstancia de que el señalamiento de este último sea optativo, no puede llevar a establecer que el Juez de Distrito no deba exigir el cabal cumplimiento de los requisitos que literalmente consigna el artículo 116 de la Ley de Amparo y entre ellos el relativo a la indicación del domicilio particular del peticionario de garantías. De ahí que si en uso de la facultad que le otorga el diverso 146 del mismo ordenamiento legal, el a quo tuvo por no interpuesta la demanda de garantías promovida por el inconforme, al no haber dado cumplimiento a la prevención hecha sobre el particular, lejos de excederse en sus facultades, se ciñó a la correcta aplicación de las normas que rigen el procedimiento del juicio constitucional. Por las razones expuestas, los Magistrados que actualmente integran este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, se apartan del criterio que sostenía anteriormente este propio órgano colegiado, que se publicó en la foja 715, del Tomo VI, correspondiente al mes de agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es 'DOMICILIO PARTICULAR. ES INCORRECTO EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR NO SEÑALARLO.'.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
"Queja 22/99. Arturo Sánchez Ruiz y otra. 18 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Alcántara Moreno. Secretario: Francisco Eduardo Flores Sánchez."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar el recurso de revisión (improcedencia) número 354/2000, en sesión de veintitrés de noviembre del año dos mil, por unanimidad de votos sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados y suficientes para alcanzar los efectos pretendidos los agravios expresados por la recurrente en contra del acuerdo de fecha veintisiete de septiembre del año que transcurre, que tuvo por no interpuesta su demanda de garantías por considerar que no se cumplió con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de doce de septiembre anterior.
"En efecto, de las constancias remitidas a este Tribunal Colegiado para la resolución del presente asunto, se desprende que el once de septiembre de este año se presentó en la Oficialía de Partes Común de los Juzga dos de Distrito en Naucalpan y Tlalnepantla, en el Estado de México, un escrito de demanda de amparo promovida por la ahora recurrente, y mediante acuerdo de doce del mes y año mencionados, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Amparo requirió a la promovente para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación de ese acuerdo, y bajo protesta de decir verdad, señalara su domicilio particular como lo exigía la fracción I del artículo 116 de la Ley de Amparo, y aclarara si el acto reclamado marcado con el número tres en su demanda de amparo se refería a una orden verbal o escrita, apercibiéndola que de no cumplir con lo solicitado se tendría por no interpuesta su demanda.
"El veintiuno de septiembre siguiente, se presentó ante el Juzgado de Distrito del conocimiento un escrito mediante el cual la ahora recurrente pretendió desahogar la prevención que se le hizo, en el que manifestaba que no era un requisito para admitir a trámite la demanda de amparo el que el quejoso proporcionara su domicilio particular, pues bastaba que se proporcionara uno convencional para que en ese lugar se efectuaran las notificaciones, y en relación con el segundo punto de la prevención, manifestó que se trataba de una orden escrita.
"Mediante acuerdo de la misma fecha se ordenó agregar a los autos el escrito de referencia, y en atención a su contenido se tuvo por desahogada únicamente la prevención relativa al inciso marcado con la letra b), del acuerdo de doce de septiembre anterior, reservándose acordar lo procedente hasta en tanto se cumpliera en su totalidad con la prevención que se hizo en el acuerdo antes referido, o bien transcurriera el plazo que para tal efecto se le concedió.
"Finalmente, el veintisiete de septiembre de este año, al haber transcurrido el término que se otorgó a la ahora recurrente para cumplir con las prevenciones que se le hicieron por auto de doce de septiembre del mismo año, sin que hubiera dado cabal cumplimiento a los requerimientos de referencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tuvo por no interpuesta la demanda de garantías con apoyo en un criterio aislado sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
"En sus agravios, la recurrente afirma que su escrito de demanda satisface las exigencias del artículo 116 de la Ley de Amparo, y de acuerdo con el contenido de los diversos criterios que invoca en su escrito del recurso de revisión, se desprende que considera innecesario el señalar su domicilio particular cuando se ha señalado ya uno para oír y recibir notificaciones.
"De la lectura del escrito inicial de demanda promovido por la ahora recurrente, se pone de manifiesto que en forma expresa precisó lo siguiente:
"'... señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, aun las de carácter personal, en la calle Calzada de la Naranja número 32, depto. 5, colonia Ahuizotla, Naucalpan de Juárez, Estado de México ...'
"Ahora bien, el artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo establece:
"'Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:
"'I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre.'
"De la lectura del precepto parcialmente transcrito se pone de manifiesto que el legislador no realizó una distinción en cuanto al domicilio que debía señalarse en el escrito de demanda, es decir, si éste debía ser el particular del quejoso o uno convencional para oír y recibir notificaciones, ni tampoco se exige en dicho precepto que se haga un señalamiento de ambos; por tanto, la distinción realizada por el Juez de Distrito y la exigencia de que deba señalarse, además del domicilio para oír y recibir notificaciones el particular del promovente del juicio, contraviene la disposición de referencia y se excede en cuanto a lo que la norma en forma expresa prescribe.
"Por tanto, si como se ha mencionado, en el escrito inicial de demanda la ahora recurrente señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones, resultaba innecesario el requerimiento de la precisión de su domicilio particular, dado que si bien es cierto el conocimiento del domicilio del promovente del juicio, por parte del órgano jurisdiccional, tiene como finalidad el que éste pueda en un momento dado entablar comunicación procesal con él, tratándose de notificaciones personales, también lo es que el juicio de amparo procede a instancia de parte agraviada y, por tanto, el que el órgano jurisdiccional tenga oportuno conocimiento del cambio de domicilio corresponde al quejoso, pues es a él a quien interesa recibir en forma eficaz y oportuna las comunicaciones procesales que dicho órgano deba realizar a su persona y, por ende, si el quejoso en lugar de señalar su domicilio particular señala uno para oír y recibir notificaciones, tal situación no tiene como consecuencia el que deba prevenirse al quejoso para que señale el particular e incluso se le aperciba para que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta su demanda, en atención a que éste tiene conocimiento de que el domicilio proporcionado al órgano jurisdiccional de quien insta la protección constitucional, es uno convencional que tiene como finalidad oír y recibir notificaciones y, por tanto, corresponde a él notificar oportunamente a dicho órgano el cambio que pudiera ocurrir de dicho domicilio para que, como se ha mencionado, pueda recibir eficaz y oportunamente las comunicaciones procesales que deban realizarse en forma personal con él.
"Aunado a lo anterior, el criterio que cita el Juez como apoyo de su determinación es un criterio aislado que no obliga a este Tribunal Colegiado y que tampoco comparte.
"En esas condiciones, al resultar fundados los agravios propuestos por la recurrente, lo que legalmente procede es revocar el acuerdo que se revisa y ordenar que se admita a trámite la demanda, siempre y cuando el a quo no advierta ningún otro motivo manifiesto e indudable de improcedencia." (fojas 19 vuelta a 23 del expediente relativo a la contradicción de tesis).
QUINTO. El análisis de las ejecutorias transcritas lleva a concluir que existe la contradicción de tesis denunciada.
Para poner de manifiesto lo anterior, es pertinente precisar las coincidencias que se actualizan en relación con la emisión de los criterios que se denuncian como divergentes:
1. Los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus respectivos criterios al fallar sendos recursos en los que se impugnaron actos de la misma naturaleza y contenido, a precisar: autos dictados por Jueces de Distrito, en los que éstos tuvieron por no interpuesta la demanda de amparo a consecuencia de que el quejoso no desahogó la prevención que le fue hecha a fin de que señalara su domicilio particular.
2. Al dictar esos acuerdos, los Tribunales Colegiados de Circuito analizaron, coincidentemente, el artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo.
A pesar de basarse en los mismos supuestos, los Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a conclusiones diferentes.
En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostuvo en la ejecutoria emitida en el recurso de queja 22/99, que al disponer el artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo, que en la demanda de garantías se exprese tanto el nombre como el domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, el legislador lo hizo tomando en cuenta la connotación que tanto en el ámbito legal como en el ordinario corresponde al vocablo "domicilio" y no uno convencional, ya que no se requiere única mente para practicar las notificaciones, sino también para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda cuando se está en la hipótesis del artículo 22, fracción III, de la Ley de Amparo; para establecer la fecha a partir de la cual debe empezar a correr un término, según lo dispuesto por el numeral 24, fracción IV, del mismo cuerpo de normas; y para lograr la efectividad no sólo de las multas que prevé la Ley de Amparo, sino de otros medios de apremio que llegaren a imponerse conforme al artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como para la localización del quejoso cuando llegue a incurrir en la comisión de alguno de los delitos que contempla la propia Ley de Amparo; además de que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, deja ver con claridad que el legislador previó el señalamiento de dos domicilios, el particular del quejoso y el del despacho o casa para oír notificaciones; y este último sí puede ser opcional que se mencione o no en la demanda, pues el no hacerlo sólo origina que las notificaciones se realicen por lista, aun las que debieran ser personales, pero la circunstancia de que el señalamiento de este último sea optativo, no puede llevar a establecer que el Juez de Distrito no deba exigir el cabal cumplimiento de los requisitos que literalmente consigna el artículo 116 de la Ley de Amparo y entre ellos el relativo a la indicación del domicilio particular del peticionario de garantías; de tal manera que si en uso de la facultad que le otorga el diverso 146 del mismo ordenamiento legal, el a quo tiene por no interpuesta la demanda de garantías promovida por el inconforme, al no haber dado cumplimiento a la prevención hecha sobre el particular, lejos de excederse en sus facultades, se ciñe a la correcta aplicación de las normas que rigen el procedimiento del juicio constitucional.
En cambio, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en el recurso de revisión (improcedencia) 354/2000, esencialmente sostiene: que de la lectura del artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que el legislador no realizó una distinción en cuanto al domicilio que debía señalarse en el escrito de demanda, es decir, si éste debía ser el particular del quejoso o uno convencional para oír y recibir notificaciones, ni tampoco se exige en dicho precepto que se haga un señalamiento de ambos; que por tanto, la distinción realizada por el Juez de Distrito y la exigencia de que deba señalarse, además del domicilio para oír y recibir notificaciones, el particular del promovente del juicio, contraviene la disposición de referencia y se excede en cuanto a lo que la norma en forma expresa dispone; de tal manera que si en el escrito inicial de demanda la recurrente señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones, resultaba innecesario el requerimiento de la precisión de su domicilio particular; que si bien es cierto que el conocimiento del domicilio del promovente del juicio, por parte del órgano jurisdiccional, tiene como finalidad el que éste pueda en un momento dado entablar comunicación procesal con él, tratándose de notificaciones personales, también lo es que el juicio de amparo procede a instancia de parte agraviada y, por tanto, el que el órgano jurisdiccional tenga oportuno conocimiento del cambio de domicilio corresponde al quejoso, pues es a él a quien interesa recibir en forma eficaz y oportuna las comunicaciones procesales que dicho órgano deba realizar a su persona y, por ende, si el quejoso en lugar de señalar su domicilio particular señala uno para oír y recibir notificaciones, tal situación no tiene como consecuencia el que deba prevenirse al quejoso para que señale el particular e incluso se le aperciba para que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta su demanda, en atención a que éste tiene conocimiento de que el domicilio proporcionado al órgano jurisdiccional de quien insta la protección constitucional, es uno convencional que tiene como finalidad oír y recibir notificaciones y, por tanto, corresponde a él notificar oportunamente a dicho órgano el cambio que pudiera ocurrir de dicho domicilio para que pueda recibir eficaz y oportunamente las comunicaciones procesales que deban realizar se en forma personal con él.
De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los respectivos medios de impugnación (revisión y queja), examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes, con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento, pues mientras uno sostiene que el artículo 116, fracción I, de la Ley de Amparo, exige al quejoso, de manera necesaria, el señalamiento de su domicilio particular como uno de los requisitos que debe reunir la demanda; el otro afirma que ese precepto no con tiene tal exigencia como condición sine qua non, sino que el quejoso puede señalar su domicilio particular o uno convencional para oír y recibir notificaciones, con lo cual se llena, en lo conducente, el requisito establecido en la citada disposición.
Sirve de apoyo a la anterior conclusión, la jurisprudencia cuyos datos de publicación y texto enseguida se transcriben:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
No es óbice a lo anterior, que los aludidos criterios hubiesen sido emitidos en distintos tipos de recursos, a saber, queja y revisión, pues para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la discrepancia de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que sea procedente la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales.
Resulta aplicable la tesis aislada 2a. III/95, de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 55 del Tomo I, abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalm
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17136-a041ef70/demanda-de-amparo-la-omision-del-quejoso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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